Chubut Online – Patagonia Argentina

Milei en la ONU: «Organización inútil» por Malvinas y defensa de la IA
Javier Milei criticó duramente a la ONU por la causa Malvinas, llamó al Reino Unido a dialogar y defendió el desarrollo de la IA en su tercer discurso ante la Asamblea General.
En una exposición que duró 19 minutos y que estuvo cargada de fuertes críticas, el presidente Javier Milei subió por tercera vez al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dejar en claro la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Con un tono encendido y sin medias tintas, el mandatario calificó al organismo internacional como «una organización inútil» que «miró para otro lado» frente al reclamo argentino, y reclamó al Reino Unido reabrir el diálogo para encontrar una solución pacífica a la disputa.
«Malvinas es para nosotros una causa nacional», sentenció Milei frente a una sala que lucía cercana a la mitad de su capacidad, en un contexto de renovada tensión diplomática con Londres. El Presidente no solo reiteró el llamado al diálogo, sino que fue más allá: advirtió que la Argentina no se quedará esperando que la ONU actúe y que tomará cartas en el asunto de manera directa.
Críticas frontales al organismo internacional
El discurso de Milei estuvo marcado por una profunda desilusión hacia el rol de Naciones Unidas. «Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados», lanzó el Presidente, mientras dos representantes británicos lo escuchaban desde sus asientos.
Milei consideró que quienes deberían «garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea» y, en su lugar, «permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional». En ese marco, cuestionó que una organización que se propuso defender la soberanía nacional de sus miembros haya decidido «mirar para otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas».
El mandatario recordó una resolución de la Asamblea que instaba a las partes en conflicto a «abstenerse de introducir modificaciones unilaterales» mientras la disputa permaneciera abierta. «Cincuenta años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan», denunció, y puso como ejemplo el proyecto Sea Lion, que avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas.
«¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?», se preguntó Milei, quien había preparado el discurso junto a su asesor Santiago Caputo.
Un llamado directo al Reino Unido
Lejos de conformarse con la crítica, el Presidente redobló la apuesta diplomática y llamó «una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica» y a debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa. «No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto», afirmó.
En ese sentido, el Gobierno argentino ya actuó con notas de desaliento, sanciones a empresas involucradas y el envío de una ley al Congreso. «Los gobiernos de la historia de la Argentina optaron por una defensa discursiva; nosotros, por una pacífica, práctica y efectiva», se congratuló Milei, en una clara crítica elíptica a las administraciones que le precedieron.
Respecto a los habitantes de las islas, el Presidente consideró que se trata de una «población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa», en línea con los planteos históricos argentinos ante el organismo. Además, aguijoneó a Londres por la reciente presentación de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en la que afirmaron su derecho a la autodeterminación. «Si el Reino Unido sostiene una interpretación selectiva al principio de libre determinación respecto de las Malvinas, deberá explicar también cómo concilia ese criterio con los debates dentro de su propio territorio», indicó.
Inteligencia artificial: «Una frontera, no una amenaza»
La segunda parte del discurso de Milei estuvo dedicada a uno de los temas que más pasión le despierta: el desarrollo de la inteligencia artificial. Alineado con la postura de Donald Trump, el Presidente rechazó de plano el control estatal de esta tecnología y sostuvo que «donde muchos ven una amenaza», la Argentina ve «una frontera».
«Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más», expresó Milei, quien lució un traje oscuro y una corbata de un modelo que usara el economista escocés.
El mandatario fue enfático al señalar que «prudencia no significa miedo» y que «el miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia». En ese marco, prometió que la Argentina se ubicará «en la vanguardia de la libertad» frente a la IA, con un marco jurídico de vanguardia y el «compromiso de no regular de manera preventiva».
«Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor y queremos ser el lugar más competitivo al mundo para desarrollarla», aseguró.
Vaca Muerta y las inversiones extranjeras
En otro tramo de su alocución, Milei hizo un llamado a las inversiones extranjeras en la Argentina, sobre todo en el sector energético, y afirmó que Vaca Muerta «es una oportunidad histórica». «Vengan, inviertan, desarrollen, háganlo con nosotros. Pero no seremos indiferentes ante quienes exploten recursos de un lugar ocupado ilegalmente», advirtió, con clara referencia a las Malvinas.
El Presidente también ratificó el fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, países con los que, dijo, la Argentina comparte «una profunda afinidad de valores y una complementariedad estratégica», y fustigó a la ONU por el manejo de la pandemia.
El cierre y la intimidad del regreso
Al final del discurso, Milei recibió algunos aplausos y lo cerró con su clásico «¡viva la libertad, carajo!». Lo siguieron en el recinto el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador ante la ONU Francisco Tropepi. También estaba presente el director de Realización Audiovisual de Presidencia, Santiago Oría.
Ya de regreso en el hotel, en diálogo con el canal TN, el Presidente se mostró «satisfecho» con el mensaje que llevó ante la ONU. «Es probable que, en algún momento, el Reino Unido se llame a la reflexión y nos devuelva las islas, que son nuestras», concluyó.
La previa del discurso había estado precedida por un inusual cruce entre la Argentina y el Reino Unido en este escenario global, tras la réplica del canciller Pablo Quirno al primer ministro británico Andy Burnham, quien había asegurado -al hablar de las islas- que su país estará «firme contra cualquier amenaza al orden de la ley».
El Gobierno argentino, mientras tanto, apuesta este año a impulsar la candidatura a secretario general del organismo del diplomático Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque en las votaciones indicativas del Consejo de Seguridad ha perdido terreno. La carrera aún no está cerrada.
23 de septiembre de 2026
Juez ordena a Bottini entregar sus mensajes con Bustos. Fueron de un teléfono de Comodoro Rivadavia.
En una audiencia judicial llevada a cabo hoy en la ciudad de Esquel, en el marco de la investigación por la falsa denuncia radicada por la fiscal Bottini y la procuradora Bagnato, y en la cual se victimizan constantemente por hechos inexistentes, las denunciantes tuvieron un revés judicial.
La negativa de Bottini Y Bagnato a que se investiguen mensajes claves.
Tanto Bottini Como Bagnato se oponían a que se realicen pericias en el teléfono de Bottini y que se acceda al contenido de los mensajes supuestamente amenazantes que recibía de un teléfono de Comodoro Rivadavia, cuyo autor sería el señor Ricardo Bustos, íntimo amigo de Bottini y reconocido manipulador de información en la FM del Lago, Esquel.
El juez O’Connor, a cargo de la audiencia, dio lugar al pedido que el Dr. Gerosa Lewis hiciera en una audiencia anterior, ya que es necesario conocer el contenido de los mensajes supuestamente intimidantes que dieran origen a la falsa denuncia de Bottini y Bagnato.
Una cuestión lógica, necesaria, y de sentido común.
Resultaba ilógico que, en una denuncia que se fundamentaba en mensajes amenazantes, no se incluyan esos mensajes en la investigación. Por algún motivo extraño, Bottini y Bagnato no querían que esos mensajes sean conocidos. ¿Acaso Bottini y Bagnato no quieren que se sepa la verdad?
Esa actitud, no sólo despierta sospechas, sino que impide el conocimiento de lo sucedido realmente, perjudicando a los que las denunciantes apuntaron como “sospechosos”, e incluso, como autores.
Sin verdad, no hay objetividad.
El contenido de los mensajes no es cosa menor: o bien revelaría la forma de actuar de Bustos; o revelaría las fantasías de las denunciantes para armar falsas denuncias; o bien, podría desenmascarar posibles estrategias conjuntas tendientes a armar causas y publicarlas por la radio de Bustos. La verdad sólo se sabrá si se tienen todas las fichas sobre la mesa, y no ocultándolas, como pretendían las denunciantes.
30 días para mostrar documentación oculta.
Uno de los temas que más incógnitas generó en las audiencias recientes, es que en el legajo fiscal hay, según se señaló en las audiencias públicas, entrevistas a Bottini y a Bagnato que están cortadas. Sí, así como lo leyó: se anunció que las entrevistas están parcializadas, impidiendo que las defensas de las partes puedan acceder a la totalidad de lo declarado por las denunciantes.
Bottini y Bagnato se negaron a que se conozcan las entrevistas enteras. Ellas y el fiscal Papini, a cargo de la investigación, adujeron que había información sensible e información que abría otra línea de investigación que no podía darse a conocer.
Sin embargo, el juez, atento a la afectación de derechos invocados por las defensas, expuso que el ocultamiento no podía ser eterno y puso un plazo de 30 días para que se mantenga esa reserva. Si la fiscalía y las denunciantes pretenden continuar con ese ocultamiento, deberán justificarlo antes del vencimiento de ese plazo y mostrarle al juez la totalidad de sus declaraciones, marcándole con precisión qué partes pretenden ocultar y por qué.
Tanto Chubut Online como Gerosa Lewis sospechan que en ese material oculto podría haber una revelación que dé cuenta de otros aspectos de la falsedad de la denuncia, de la motivación de las denunciantes, o la presunta comisión de delitos cometidos por terceros desconocidos que las denunciantes pudieran querer ocultar.
Otras pericias en el celular de Bottini.
Bottini también se negaba a entregar los mensajes -esporádicos- que durante años mantuvo con Gerosa Lewis. Bottini acusó en medios de prensa a Gerosa Lewis de tener actitudes hostiles a partir del surgimiento de la causa aonikenk.
Sin embargo, esos mensajes que Bottini se negaba a entregar, probarían que hubo una comunicación cordial entre ambos; incluso que Gerosa la habría invitado a Bottini a la presentación de uno de sus libros en épocas en que la causa aonikenk ya estaba abierta.
El juez dio lugar a que se conozcan las conversaciones entre las partes.
Pedido de informes a Movistar.
El juez actuante también validó el pedido que le realizó el titular de Chubut Online, Juan A. Zuoza, quien solicitó que se investigue si existieron a lo largo de los años vínculos telefónicos entre él y las personas imputadas en la causa aonikenk, ya que, según afirmó Zuoza, no existe vinculo alguno. A tal fin, se solicitará un informe a la empresa Movistar, sobre cuatro líneas telefónicas a su nombre.
Todas las coartadas de las denunciantes están a la deriva.
No existiendo incordialidad histórica entre Gerosa y Bottini; no existiendo ni la más mínima vinculación entre Chubut Online con la causa aonikenk, como así tampoco por parte de Gerosa Lewis; Conociéndose que los mensajes calificados de intimidatorios provenían de un celular de Ricardo Bustos, amigo de Bottini; la denuncia de Bagnato y Bottini se cae a pedazos.
Chubut Online quiere que se investigue a fondo
Desde Chubut Online no hemos solicitado aún, la desestimación de la denuncia; Gerosa Lewis, tampoco. Si bien, están dadas todas las condiciones para hacerlo, queremos que se siga investigando, y que se investigue a fondo, ya que de esa investigación puede surgir la motivación que tuvieron las denunciantes para hacer semejante aberración jurídica con su falsa denuncia.
Por eso, ya que las denunciantes se tomaron el trabajo de redactar una falsa denuncia que ya le está costando muy cara al Estado en recursos varios, pérdidas de tiempo, etc., queremos que las denunciantes dejen de esconder sus cartas y pongan todo sobre la mesa, así el panorama se puede aclarar de una vez por todas.
La sociedad también necesita saber la verdad y cómo se maneja la justicia en esta provincia, que tan cara nos cuesta.
Nota aclaratoria: La información aquí publicada surge enteramente de las audiencias públicas e información difundida con anterioridad, sin violarse de ninguna manera el secreto que rige sobre el legajo fiscal.
22 de septiembre de 2026
Chubut refinancia deudas en mora: 25% TNA y hasta 72 meses
Chubut refinancia deudas en mora de tarjetas de crédito para empleados públicos con 25% de TNA, hasta 72 meses de plazo y un año de gracia. La provincia integra un grupo de 17 jurisdicciones que activaron planes similares ante el avance de la morosidad.
Una posible solución ante situaciones de morosidad.
En un escenario económico que combina inflación, caída del poder adquisitivo y creciente atraso en los pagos, al menos 17 provincias argentinas decidieron avanzar con mecanismos de refinanciación para personas que acumulan deudas en mora. Chubut es una de ellas, y su plan ya está vigente para un sector específico: los empleados públicos con tarjetas de crédito impagas.
La morosidad dejó de ser un dato marginal para transformarse en una preocupación concreta. Si bien los especialistas coinciden en que el fenómeno no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, sí advierten que el crecimiento sostenido de las deudas impagas puede convertirse en una barrera real para acceder al crédito formal. Y ese acceso, en una economía como la argentina, suele ser clave para sostener el consumo, invertir o atravesar momentos de estrechez.
Qué ofrece Chubut a los empleados públicos
El plan provincial está diseñado para empleados públicos que arrastran deudas de tarjetas de crédito. Las condiciones son las siguientes:
- Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% durante los primeros 24 meses.
- Plazo total de hasta 72 meses para completar el pago.
- Un año de gracia, es decir, un período inicial sin exigencia de amortización de capital.
Se trata de un esquema que combina una tasa relativamente baja en comparación con las alternativas del mercado y un plazo extenso que permite licuar el peso de las cuotas. El año de gracia funciona como un alivio inicial para quienes necesitan recomponer sus finanzas antes de empezar a pagar.
Un mapa federal de planes de refinanciación
El abanico de alternativas que se desplegó en el país es amplio y heterogéneo. Cada provincia diseñó su propio esquema, con tasas, plazos y beneficiarios distintos. Algunos ejemplos permiten dimensionar la diversidad:
- Buenos Aires: el Banco Provincia refinancia según la antigüedad de la mora.
- CABA: el Banco Ciudad implementó un plan con tasa fija máxima del 35% TNA.
- Chaco: refinanciación de préstamos personales y tarjetas con tasas de entre 35% y 50% TNA.
- Córdoba: alternativas para deudores en determinadas categorías del BCRA, con tasas de hasta 35% TNA.
- Corrientes: tasas diferenciadas para familias y empresas, hasta 12 cuotas.
- Entre Ríos: cuotas de hasta el 40% del sueldo, hasta 60 meses y dos meses de gracia.
- Jujuy: tasas inferiores a las vigentes para empleados públicos con mora menor a 90 días.
- La Pampa: refinanciación de tarjetas con tasas de entre 40% y 49% TNA y hasta 72 meses.
- La Rioja: plan para deudas con 90 días o más de mora en Mastercard del Banco Rioja.
- Mendoza: refinanciación con tasas de hasta 20% TNA y beneficios impositivos.
- Misiones: alternativas para empleados públicos, retirados y pensionados de hasta 60 meses.
- Neuquén: tasas fijas del 35% TNA o alternativas UVA.
- Salta: planes para empleados públicos provinciales y municipales según antigüedad de la mora.
- Santa Cruz: hasta 120 meses para determinados trabajadores y jubilados del sector público.
- Santa Fe: tasas bonificadas y hasta 60 cuotas.
- Tierra del Fuego: esquemas de prevención y regularización con plazos de hasta 72 meses.
La comparación deja en evidencia que Chubut se ubica entre las jurisdicciones con tasas más bajas del lote, junto con Mendoza (20% TNA) y por debajo de la mayoría de los distritos que fijaron pisos del 35% o superiores.
El límite de las soluciones provinciales
Los planes provinciales, sin embargo, tienen un alcance acotado. En la mayoría de los casos están dirigidos a empleados públicos, jubilados o determinados segmentos de deudores, lo que deja afuera a una porción considerable de la población endeudada. Trabajadores informales, monotributistas, autónomos y empleados del sector privado rara vez entran en los esquemas diseñados por los gobiernos provinciales.
Ese límite es el que alimenta el debate sobre la necesidad de una solución de alcance nacional. El Congreso analiza distintas propuestas para abordar el problema de manera integral, y los especialistas sugieren que las iniciativas ya en marcha podrían servir como base para articular una estrategia común.
Qué se propone para una solución nacional
El debate legislativo gira en torno a la posibilidad de sancionar una ley que facilite acuerdos voluntarios entre bancos y personas endeudadas. La idea central no es modificar compulsivamente las condiciones de los préstamos, sino reducir los costos que hoy dificultan la refinanciación.
Entre las alternativas que se discuten aparecen:
- Eliminar o reducir impuestos sobre los créditos destinados a refinanciar deudas, incluyendo el IVA sobre intereses y, eventualmente, Ingresos Brutos y Sellos.
- Facilitar créditos UVA más una tasa de interés moderada como instrumento para refinanciar pasivos en mora.
- Analizar una reducción de encajes para las entidades financieras que destinen los fondos liberados a este tipo de operaciones.
El objetivo declarado es que refinanciar no sea tan caro como entrar en mora, y que el sistema financiero pueda recuperar parte de los créditos otorgados sin recurrir a mecanismos compulsivos que desincentiven el pago.
22 de septiembre de 2026
Mujer atacada por dos dogos en Trelew habló: «En dos segundos me cambió todo»
La víctima del ataque de dos dogos en Trelew relató cómo fue la agresión que le destrozó el brazo izquierdo y cómo continúa su recuperación tras la cirugía. Vecinos ya habían advertido sobre los animales sueltos.
La mujer atacada por dos perros de raza dogo en Trelew, provincia de Chubut, rompió el silencio y contó con crudeza cómo fueron los minutos previos a la agresión que le cambió la vida para siempre. Según su testimonio, caminaba tranquilamente por el barrio cuando se topó con los animales, que se encontraban sueltos y sin ningún tipo de control por parte de sus dueños. Lo que parecía una mañana rutinaria terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que todavía intenta recuperarse.
La víctima explicó que instantes antes había dejado a uno de sus hijos en la escuela y se dirigía de regreso a su casa. Ese día tenía pensado continuar con sus actividades habituales antes de asistir a sus prácticas como estudiante de acompañante terapéutico. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba que jamás imaginó. Al ver a los perros, intentó seguir caminando sin molestarlos, manteniendo la calma y evitando cualquier gesto que pudiera alterar a los animales. «Yo venía caminando, caminaba así y los vi que estaban parados ahí, pero atiné a caminar no más, seguir caminando lenta, obviamente sin molestarlos, porque yo veo un perro y es como que le tengo respeto, no atino a correr ni nada, pero me atacaron», relató con evidente angustia.
Cómo fue la brutal agresión
El ataque fue repentino y violento. La mujer intentó protegerse el rostro utilizando uno de sus brazos, un reflejo instintivo que terminó provocándole una lesión de gravedad extrema cuando uno de los dogos la mordió con fuerza. «Venía uno y me puse el brazo sobre mi cara y el otro me empujó, el otro perro, porque eran dos, y me tiró al piso. En donde me tiró al piso, el brazo que me cubría la cara me destrozó el brazo», narró la víctima, quien aún intenta procesar la magnitud de lo ocurrido.
Como consecuencia del ataque, sufrió una lesión severa en el brazo izquierdo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente continúa bajo tratamiento médico y deberá atravesar un largo proceso de recuperación para determinar cómo evolucionará la zona afectada. «Sí, el brazo izquierdo que me rompió el músculo y obviamente después me tuvieron que operar cuando me llevaron al hospital. Y después tengo control y no sé cómo irá a quedar, esperemos que sí, pero bueno, es todo un proceso. Ahora todo me cambió, en dos segundos me cambió todo», expresó con dolor.
La mujer también contó que las consecuencias no terminaron con la operación. El dolor persiste y la medicación se convirtió en parte de su rutina diaria. «Aparte el dolor que se siente después de esto, el dolor que queda en las partes afectadas, porque no es que yo salí del hospital, me operaron y ya está. No, esto me duele, estoy con medicación, pero es todo un procedimiento nuevo que tengo que seguir debido a esto», señaló.
Las advertencias que nadie escuchó
Uno de los puntos más alarmantes del relato es que los vecinos ya habían advertido en múltiples oportunidades sobre la presencia de estos perros sueltos en el sector. Según contó la víctima, los animales eran vistos con frecuencia circulando sin sus responsables, lo que generaba temor entre los residentes de la zona. «Sí, dos por tres andaban sueltos y es como que varias personas, varios vecinos incluso habían advertido a los dueños que por lo menos le pongan un bozal o no sé, que le pongan una soga, porque no podían andar sueltos, porque es como solamente en esa cuadra pasan niños, gente muy adulta a veces, porque tenemos una verdulería cerca y es muy concurrida, y va la mayoría que va a comprar a la verdulería son gente grande. Entonces como que se le había advertido al dueño que más o menos o los deje en su casa o si salen que le pongan un bozal, un collar», detalló.
A pesar de las reiteradas advertencias, nada se hizo para prevenir el ataque. La situación se tornó insostenible y terminó en una tragedia que pudo haberse evitado con una tenencia responsable de los animales.
El pedido de auxilio y la ayuda de los vecinos
Durante el ataque, el pedido de auxilio de la mujer fue escuchado por una vecina que se encontraba descansando en su vivienda. Junto con otro vecino, lograron apartar a los animales y luego dieron aviso a su marido. «Lo único que recuerdo que grité, yo grité despacito, va, a lo que me salía, porque con los nervios tampoco me salió un grito fuerte. Y esa calle es como que algunos vecinos están trabajando, porque acá nos conocemos los vecinos y hoy más o menos todos sabemos las actividades de cada uno. Esa calle es como que a la mañana son dos o tres personas que están o las otras no sé, o están en su casa o están en sus actividades. Y decí que me escuchó una vecina que estaba durmiendo, hay un vecino también que gracias a Dios ellos fueron los que me sacaron los perros de encima», rememoró con gratitud hacia quienes le tendieron la mano en un momento crítico.
Tras el pedido de auxilio, llegaron al lugar la ambulancia y la Policía, y la mujer fue trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue fundamental para estabilizar su condición.
Denuncia y situación de los animales
La víctima confirmó que ya realizó las denuncias correspondientes y que aguarda ahora los próximos pasos del procedimiento judicial. «Sí, sí, ya están todas las denuncias correspondientes, ya en eso estoy tranquila porque ya hicimos todo lo que teníamos que más o menos hacer. Así que bueno, ahora estoy esperando bueno, que después me digan qué paso sigo, pero en eso ya estoy tranquila», manifestó.
Según su relato, los animales ya no se encontrarían en el lugar donde ocurrió el ataque. También señaló que la responsable habría concurrido una sola vez y que, de acuerdo con su recuerdo, reclamaba que le devolvieran los perros. Esta situación genera indignación entre los vecinos, quienes consideran que la prioridad debería ser la recuperación de la víctima y no la devolución de los animales que causaron semejante daño.
Un llamado a la responsabilidad
El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos en Trelew y en toda la provincia de Chubut. La falta de acciones concretas por parte de los dueños y la ausencia de respuestas efectivas ante las advertencias vecinales son factores que contribuyeron a esta tragedia. La mujer continúa con controles y medicación mientras atraviesa la recuperación de las heridas sufridas durante el ataque, con la esperanza de que su caso sirva para que ninguna otra persona pase por lo mismo.
La historia de esta vecina de Trelew es un recordatorio doloroso de que la tenencia responsable de mascotas no es solo una obligación legal, sino un deber moral con la comunidad. Los perros, sin importar su raza, necesitan cuidados, control y supervisión. Cuando eso falla, las consecuencias pueden ser devastadoras.
22 de septiembre de 2026
Positivo canje de deuda: Gobierno despeja 75% de bono dólar linked y alivia el fixing
El Gobierno canjeó el 75% de la letra D30S6 atada al dólar y despejó USD 3.332 millones antes del fixing. La operación reduce vencimientos, baja la tensión cambiaria de fin de mes y mejora las expectativas financieras en Argentina, con lectura atenta en Chubut.
La tensión cambiaria que suele aparecer cuando se acerca el llamado fixing de fin de mes encontró esta semana una respuesta concreta. A través de un canje de bonos atados a la evolución del dólar, el Gobierno retiró del mercado el 75,02% de la Letra D30S6, un instrumento que vencía el 30 de septiembre y cuyo pago dependía del tipo de cambio oficial que se defina el viernes.
El dato central es contundente: se canjearon USD 3.332 millones. La adhesión fue alta. Se recibieron ofertas por USD 3.591 millones, aunque la adjudicación final fue de USD 3.332 millones. Con eso, el Tesoro reemplazó una parte importante de la D30S6 por otros instrumentos atados al dólar con vencimientos posteriores. La medida apunta a despejar uno de los focos habituales de presión sobre el mercado cambiario.
Qué es el fixing y por qué importa
El fixing es la fecha en la que se fija el tipo de cambio oficial mayorista que se toma como referencia para calcular cuánto deben pagar los bonos atados a la evolución del dólar. Cuando se acerca ese día y hay un volumen elevado de títulos por vencer, aumenta la atención sobre la cotización que se usará para el pago. Si el tipo de cambio de referencia es más alto, mayor será el monto que recibirán los tenedores al vencimiento.
Por eso, el canje buscó reducir la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fije el viernes. Al retirar el 75% de la D30S6, el Gobierno bajó de manera marcada el monto expuesto al próximo fixing. El valor nominal remanente de la D30S6 sería de USD 1.098 millones al 25 de septiembre, una cifra menor a la de anteriores fechas de fijación del tipo de cambio.
Los tenedores optaron por tres títulos
La mayor adhesión se concentró en la letra con vencimiento el 30 de octubre, la D30O6, que recibió USD 2.419 millones, equivalente al 72,6% del total adjudicado. La segunda alternativa fue la D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, que captó USD 843 millones. El resto, USD 70 millones, fue al TZV28, un bono con vencimiento en junio de 2028.
La inclusión de esa opción más larga, además de las dos letras de corto plazo, contribuyó a ampliar la participación. El resultado quedó muy por encima del 35% registrado en la última conversión de un título similar. En comparaciones previas, la D31G6 había tenido una adhesión de 34,1%, la D31L6 de 45,2% y la TZV26 de 57,8%.
Impacto en el Tesoro y en la licitación de fin de mes
El canje no solo impacta sobre el tipo de cambio de referencia. También alivia los compromisos que el Tesoro deberá afrontar el 30 de septiembre, fecha de la próxima licitación de deuda en pesos. Los vencimientos de ese día ascienden ahora a 8,6 billones de pesos. La mayor parte corresponde a la S30S6, con 5,6 billones de pesos, seguida por la X30S6, con 1,3 billones, y la D30S6, con 1,6 billones de pesos.
Con la conversión, el vencimiento total bajaría de 13,3 billones de pesos a unos 8,4 billones. La operación deja una menor cantidad de bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing del viernes y reduce el peso de la D30S6 dentro de los pagos que el Tesoro deberá refinanciar en la subasta de fin de mes.
Lectura para Chubut: previsibilidad y expectativas
Aunque se trata de una operación de deuda nacional, sus efectos se sienten en las expectativas financieras de todo el país. En Chubut, provincia con sectores ligados a hidrocarburos, pesca, aluminio, turismo, comercio y economías regionales, una menor tensión cambiaria ayuda a planificar costos, inversiones y precios.
No significa que la provincia reciba fondos directos por este canje. Sin embargo, sí influye en el clima económico que observan empresas, comercios, pymes y ahorristas chubutenses. El fixing era una señal a seguir de cerca. Menor incertidumbre cambiaria puede traducirse en mayor previsibilidad para la actividad productiva y para el consumo.
La evolución del dólar oficial seguirá influyendo en insumos importados, viajes, turismo, costos logísticos y expectativas de inversión. Para Chubut, como para el resto de Argentina, una fecha clave llega con algo menos de presión, aunque la atención del mercado no desaparece.
Qué sigue para el mercado
El viernes se conocerá el tipo de cambio de referencia que se usará para el pago de los bonos dólar linked. Luego, el 30 de septiembre, el Tesoro enfrentará la licitación de deuda en pesos. El canje deja menos bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing y reduce el peso de la D30S6 en los compromisos de fin de mes.
Aun así, persisten desafíos de refinanciamiento y la necesidad de sostener orden fiscal y financiamiento. La operación es una muy buena noticia porque despeja un foco de tensión cambiaria, pero no elimina por completo los interrogantes sobre la deuda de corto plazo.
En síntesis:
El Gobierno logró canjear el 75% de un bono dólar linked, redujo USD 3.332 millones de vencimientos y bajó la tensión antes del fixing. Para el mercado, es una señal de mejor manejo de la deuda de corto plazo. Para Chubut y el resto del país, implica mirar con algo más de calma una fecha clave, aunque la atención seguirá puesta en el dólar oficial y en la próxima licitación.
22 de septiembre de 2026
Llegan seis F-16 a Argentina: el segundo lote ya cruza el Atlántico hacia Río Cuarto
Seis nuevos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Argentina ya están en camino desde Dinamarca hacia el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. La operación, que suma 12 aeronaves incorporadas al país y podría completar los 24 aviones antes de fin de 2027, incluye escalas en España, Islas Canarias y Brasil, con reabastecimiento en vuelo sobre el Atlántico a cargo de aviones cisterna de Estados Unidos.
La segunda tanda de aviones de combate F-16 Fighting Falcon despegó este martes desde la Base Aérea de Skrydstrup, en la península de Jutlandia, Dinamarca. El grupo está integrado por cuatro monoplazas F-16AM y dos biplazas F-16BM, que arribarán al país entre el sábado 26 y el domingo 28 de septiembre si las condiciones climáticas acompañan. Con esta entrega, la Argentina alcanza la mitad de los 24 cazas adquiridos al Reino de Dinamarca, en el marco del programa Peace Condor, que busca recuperar la capacidad supersónica de defensa aérea prácticamente perdida desde el retiro de los Mirage en 2015.
El vuelo ferry, como se denomina a este tipo de traslado entre puntos distantes, no constituye una misión militar ni un ejercicio de combate. Durante la travesía, los F-16 mantienen velocidades y altitudes cercanas a las de un vuelo comercial, lo que permite a las tripulaciones practicar el reabastecimiento de combustible en vuelo, una maniobra esencial para cubrir distancias extensas que los cazas no suelen afrontar en sus operaciones habituales.
La ruta del segundo lote replica el esquema empleado en diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones. La formación realizó una escala breve en Zaragoza, España, y continuó hacia Gando, en Gran Canaria. Desde allí, los cazas seguirán hasta Natal, en el norte de Brasil, donde las autoridades brasileñas autorizaron el ingreso de las aeronaves argentinas a su territorio y la habilitación de un puesto aduanero militar para recibir a la escuadrilla antes del último tramo hacia Córdoba.
El tramo entre Gando y Natal concentra la etapa más exigente de la travesía. Tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integrarán a la formación en Canarias y abastecerán de combustible a los F-16 durante el cruce del Atlántico. Los cazas no tienen autonomía suficiente para cubrir esa distancia sin asistencia aérea, por lo que la operación requiere una coordinación precisa entre los aviones de combate, los cisternas estadounidenses y las aeronaves argentinas de apoyo.
Los F-16 viajan acompañados por un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, que transporta técnicos, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller. También participa el KC-130H TC-69 Puerto Argentino, destinado al respaldo logístico y a tareas de búsqueda y rescate ante eventuales contingencias. El Boeing T-99 se convierte además en la referencia pública del recorrido, ya que los F-16 no tendrán activado el transpondedor y no podrán ser seguidos en plataformas abiertas de rastreo aéreo como Flightradar. Durante el vuelo hacia Canarias, la aeronave de apoyo registró una velocidad de crucero de 796 km/h y una altitud cercana a los 11.600 metros.
La cobertura de seguimiento puede ser incompleta durante el cruce oceánico, debido a que algunos sectores del Atlántico no cuentan con señal suficiente para mostrar la ubicación precisa de los aviones argentinos durante toda la ruta. Durante una transferencia anterior, cazas Gripen de la Fuerza Aérea Brasileña acompañaron en formación a los aviones argentinos sobre territorio brasileño, aunque el analista Andrei Serbin Pont no confirmó que ese acompañamiento vuelva a producirse en esta oportunidad.
Río Cuarto recibirá a las seis aeronaves tras la escala en Natal y funcionará como base temporal mientras avanzan las obras de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que será la base permanente de la flota en tiempos de paz. En Tandil ya se inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves (CICMA) F-16, un pilar estratégico para garantizar la autosuficiencia en el sostenimiento de la nueva flota. La empresa estadounidense Top Aces lleva adelante el entrenamiento de pilotos y técnicos, con instructores que acumulan más de 2.300 horas de vuelo en F-16, para que la Fuerza Aérea Argentina alcance la plena capacidad operativa del sistema de armas.
El adelanto del segundo lote, originalmente previsto para diciembre, responde a una decisión estratégica que podría replicarse con los dos grupos restantes. Según anticipó el analista Andrei Serbin Pont, los lotes pendientes podrían concentrarse durante 2027, lo que permitiría a la Argentina completar la incorporación de 24 F-16 operativos antes de finalizar ese año. El plan original contemplaba una entrega posterior y otra a comienzos de 2028.
El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, destacó la magnitud del hito: «Este nuevo lote de aeronaves nos permite acelerar de manera considerable los plazos de adiestramiento de nuestros pilotos y técnicos en el sistema F-16». Valverde enfatizó que la incorporación va más allá de la llegada material de las máquinas: «No se trata simplemente de recibir aviones, sino de estructurar todo el ecosistema operativo que nos conducirá a la Capacidad Operativa Inicial para defender la soberanía de nuestro cielo».
El programa Peace Condor, que enmarca la incorporación de los F-16, contempla una serie de etapas que incluyen la firma de contratos, la recepción de una unidad de entrenamiento terrestre —presentada en febrero de 2025 en Tandil—, la puesta a punto de las instalaciones en Río Cuarto y Tandil, y la formación de pilotos y personal técnico bajo los mismos estándares que reciben las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. La Fuerza Aérea Argentina ya inició sus operaciones de vuelo con los F-16AM en Río Cuarto en marzo de 2026, marcando un nuevo hito en la evolución de la defensa aeroespacial del país.
La llegada del segundo lote de F-16 no solo refuerza la capacidad disuasoria de la Argentina, sino que también consolida una cooperación bilateral con Estados Unidos y Dinamarca que se extiende al ámbito logístico, técnico y de entrenamiento. El Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ratificó que las aeronaves serán destinadas a las unidades operativas asignadas para su puesta en servicio una vez que aterricen en suelo argentino.
22 de septiembre de 2026
Feriado Nacional 9 de Noviembre: Todo sobre la Visita del Papa León XIV a Argentina
El Gobierno confirmó feriado nacional para el 9 de noviembre por la visita del Papa León XIV. El Sumo Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján en una gira histórica de cuatro días que incluye misas multitudinarias y encuentros institucionales.
La espera terminó para los fieles argentinos. Tras una cumbre encabezada por la Secretaría General de la Presidencia, se oficializó el cronograma y las medidas operativas para la visita apostólica del Papa León XIV al país. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien detalló que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, permitiendo así que miles de ciudadanos puedan participar de las actividades previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un Operativo Interjurisdiccional e Institucional
El anuncio se realizó tras una reunión clave en la que participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Karina Milei, quien lideró el encuentro, destacó el espíritu de colaboración entre las distintas fuerzas políticas: «El Papa es para todos los argentinos. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones».
En este marco, se definió que el martes 10 de noviembre será jornada especial en Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, adaptando la actividad administrativa y laboral a la presencia del Sumo Pontífice en cada distrito.
Agenda Oficial: Día por Día de la Visita Papal
El itinerario de León XIV es intenso y abarca cuatro días de actividades pastorales y protocolares.
Domingo 8 de noviembre (Llegada y Recepción Oficial)
El avión papal aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo. La primera actividad oficial será a las 17:00 con una visita al Monumento al General San Martín en Plaza San Martín. Posteriormente, el Papa se dirigirá a la Casa Rosada para un encuentro privado con el presidente de la Nación. La jornada culminará a las 18:30 con una reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Ese mismo día, por la tarde, se realizará un acto institucional con la presencia de los 24 gobernadores provinciales y legisladores nacionales.
Lunes 9 de noviembre (Feriado Nacional – Buenos Aires)
La jornada central comenzará temprano con la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde saludará al personal y a las personas asistidas. A las 11:30, el evento principal: una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Por la tarde, León XIV se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Martes 10 de noviembre (Córdoba)
El Pontífice despegará a las 7:30 rumbo a Córdoba. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Miércoles 11 de noviembre (Luján y Despedida)
El último día iniciará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00, el Papa presidirá la misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto de Ezeiza, partiendo luego hacia Lima, Perú.
Voluntariado y Financiamiento: Cómo Participar
Para garantizar el éxito de los eventos masivos, las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado urgente a la solidaridad. El arzobispo Jorge García Cuerva informó que se necesitan 20.000 voluntarios para tareas de logística y apoyo a los peregrinos. «Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse», afirmó.
Aquellos que se registren como voluntarios a través de la plataforma oficial del Episcopado contarán con un beneficio clave: pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita, facilitando su traslado por la ciudad.
En cuanto a los costos, se estableció que cada jurisdicción (Nación, CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba) asumirá la partida presupuestaria de los eventos que se desarrollen en su territorio, evitando que el gasto recaiga exclusivamente en las arcas nacionales.
22 de septiembre de 2026
INSÓLITO: El marido de la fiscal Bottini quiere censurar a Chubut Online con carta documento.
En la mañana de hoy, recibimos una insólita carta documento suscripta por el marido de la fiscal jefe María Bottini, el contador Juan Martín Sandoval Martínez, en un intento por censurar la libertad de prensa y libertad de expresión que amparan a este medio.
*Opinión, por Juan A. Zuoza
Por esas casualidades de la vida, pasé por las oficinas del Correo Argentino de la ciudad de Esquel y me enteré que había una carta documento aguardándome en ese lugar. Lógicamente, la carta nunca me iba a llegar porque el remitente ni siquiera supo escribir correctamente la dirección postal. No obstante, como hombre de bien que soy, decidí recibir la CD, imaginándome quién podría ser el flamante intelectual que haría una cosa así, habida cuenta de que la semana pasada este mismo personaje le envió una CD a una colega de otro medio, la señora María Elena Paggi.
Renglón más, renglón menos, es una suerte de copy-paste sin tecnicismo legal alguno, por lo que, si fue redactado por un abogado, me permito aconsejarle que busque uno mejor.
El señor Martín Sandoval, el mismo del escándalo con “La Chechu” Otárola; el mismo del escándalo con “la masajista”; el mismo del escándalo con “el geriátrico del terror”; el mismo que puso a su nombre un vehículo del geriátrico y lo inscribió como “soltero”, ocultando los bienes de la sociedad conyugal; el mismo de los mensajes que ventilaban cuestiones judiciales graves; el mismo que se jactaba de manejar a su antojo la justicia penal y de tener un “monje negro” en el Superior tribunal de justicia; el mismo que fue funcionario público y que ya estaba repartiendo boletas digitales con su imagen para candidatearse a concejal de Esquel; el mismo que… tantas cosas…
Bueno, ese mismo es el que puso el grito en el cielo en la carta documento para salvaguardar su “honor, reputación, dignidad imagen y buen nombre” intimando a Chubut Online a que se retracte de todas las publicaciones, las retire de internet, y realice una serie de peripecias algorítmicas de imposible cumplimiento para que la retractación llegue a cada uno de los lectores que leyeron los artículos en donde se lo menciona. Fueron decenas de miles, Martincito… No way!
Desde Chubut Online estamos por organizar una “vaquita” para comprarle al Sr. Martín Sandoval una silla muy cómoda para que pueda esperar tranquilo.
Parece que el ejercicio del periodismo no le sienta bien al remitente; especialmente cuando se ponen en evidencia graves irregularidades que debieran ser investigadas por la fiscalía. Pero bueno, ya sabemos quiénes están en la fiscalía. Todo es un mar de engranajes cuando se trata de investigar a personas fuertemente vinculadas con el Poder Judicial. Igualmente, estamos dotados de paciencia. ¡Gracias, Confucio!
En estos momentos, estamos analizando si le respondemos la CD. El correo nos queda lejos y nuestro presupuesto no es el mismo con el que cuenta un marido de una fiscal o el de un contador que cobra decenas de millones de «honorarios» por parte de un geriátrico de mala muerte, pagados mediante transferencia de un vehículo casi 0km.
Somos un medio pobre, leído por decenas de miles de chubutenses, por todo el Poder Judicial y por todo el Poder Político de la provincia y de mucho más allá, también. Somos sólo eso. Su esposa y el amigote de su esposa dijeron que no nos lee nadie, así que no se preocupe, señor remitente.
Y como evidenciamos que el señor Martín Sandoval también es un fiel lector de Chubut Online, quizás nos ahorremos la plata que cuesta una CD, o nos la gastemos en tortas fritas para esperar, mate en mano, el próximo capítulo de esta telenovela bizarra tercermundista en la que está en juego nada menos que la justicia de toda una provincia.
Por último, y por si no le quedó claro, no sólo no vamos a borrar un sólo artículo periodístico de nuestro portal, sino que publicaremos todo lo que consideremos que tenga valor periodístico. Y si el señor Martín Sandoval forma parte de esas noticias, seguiremos haciendo nuestro trabajo bajo el amparo de la Ley y de los derechos que nos asisten, tal como siempre lo hemos hecho, aunque al ofendido no le guste.
PD: Quizás le pidamos consejos a Torta Frita & Champagne sobre qué hacer con la carta documento.
Bye!
21 de septiembre de 2026
Falsa denuncia de Bottini y Bagnato: Se realizó audiencia a pedido de Gerosa Lewis.
A pedido del Dr. Ricardo Gerosa Lewis, se realizó una audiencia en los tribunales de Esquel, en el marco de la falsa denuncia que radicaron la fiscal jefe María Bottini y la Procuradora Cecilia Bagnato por presuntas amenazas.
La audiencia fue de carácter público, abierta a medios de prensa. Estuvieron presentes el abogado convocante, abogados de la matrícula, el titular de Chubut Online, Juan Zuoza, el medio Noticias de Esquel, y en forma virtual las Dras. Bottini y Bagnato, el fiscal Lucas Papini, y la Dra. Betina Feld. La audiencia fue llevada a cabo por el juez de garantías Dr. Martín O’Connor.
Qué se pidió en la audiencia.
El abogado Gerosa Lewis solicitó al juez que se ponga a disposición de las partes la totalidad de las actuaciones investigativas, las cuales estarían incompletas, según surgió de los datos aportados en la audiencia.
Asimismo, pidió medidas de prueba en torno a los supuestos mensajes intimidatorios o amenazantes que dieron origen a esta falsa denuncia, los cuales, según lo expuesto en la audiencia pública, y según lo había anticipado semanas atrás Chubut Online mediante una investigación independiente, serían de autoría de Ricardo Bustos, íntimo amigo de la fiscal Bottini.
Sin Imputados.
Si bien, en términos muy generales, se utiliza el término “imputado” para referirse a cualquier persona señalada en una denuncia, ninguna persona fue formalmente imputada ni se solicitó hasta el momento la apertura de la investigación.
Es más: atento a lo expuesto en la audiencia, no habría ni el más mínimo elemento que pudiera dar origen a una imputación de las personas señaladas en la denuncia de Bottini y Bagnato.
La palabra del titular de Chubut Online
El titular de Chubut Online, Juan Zuoza, hizo uso de la palabra en reiteradas oportunidades. El juez de garantías le señaló que no tenía ninguna obligación de declarar ni de responder preguntas. No obstante, Zuoza le manifestó al juez actuante y a los presentes, que no tenía ningún problema en responder cualquier pregunta que se le hiciera, porque no tenía absolutamente nada que ocultar y que la transparencia de la investigación lo beneficiaría, ya que también entiende que se trata de una falsa denuncia. Señaló, además, una de sus hipótesis sobre las motivaciones que las funcionarias podrían haber tenido para haber radicado su falsa denuncia. Esa hipótesis, las vincularía a otra causa… la del caso Petris…
Sobre la difusión de información del legajo.
En el marco de la audiencia el fiscal Papini señaló que Chubut Online había publicado información vinculada al legajo fiscal. Hizo mención a nuestro artículo periodístico del día 26 de agosto de 2026 en donde publicamos que el autor de los mensajes intimidatorios que Bottini dijo recibir provenían de un celular de Ricardo Bustos.
Sin embargo, el titular de Chubut Online aclaró contundentemente que la nota del 26 de agosto fue publicada una semana antes de haber tenido acceso al legajo fiscal. El propio MPF fue quien le dio acceso al titular de Chubut Online a esa parte del legajo, una semana después de haber sido publicada la noticia.
Chubut Online no extrajo esa información del legajo ni de ninguna de las personas con acceso al mismo. Si bien este medio no tiene obligación alguna (por expresas garantías constitucionales) de brindar la fuente de información de donde provinieron esos datos, para tranquilidad de las partes, se aclara que Chubut Online la obtuvo de manera independiente, de círculos vinculados a los presuntos protagonistas de todas estas maniobras, que se jactan a viva voz de cómo las hacen.
Asimismo, el titular de Chubut Online señaló que, si de filtraciones se trata, también debieran investigarse filtraciones de información que ocurrirían bajo la jefatura de Bottini, especialmente hacia su amigo Bustos, que habría obtenido copia de esta denuncia, sin dejarse registro en los legajos y sin presentación previa de nota formal alguna.
Una denuncia sin fundamentos.
Según la información surgida de la audiencia, nada de lo denunciado se correspondería con la realidad de los hechos.
Sin embargo, un dato clave es que ni Zuoza ni Gerosa pidieron formalmente en la audiencia la desestimación de la denuncia. Es que pretenden que se siga investigando y que la investigación llegue a fondo, para que se vislumbren los motivos y el trasfondo del accionar de las denunciantes. Por eso, justamente, Gerosa Lewis pidió la realización de esas medidas de prueba y las reclamó en la audiencia.
Ambos, inclusive, manifestaron que eran los más interesados en que todo se aclare y que cada uno de los involucrados debía hacerse responsable de lo que hubiera hecho, de sus actos y de sus consecuencias.
La desesperación de Bustos.
Bustos aparece claramente desesperado en este esquema en el que quedó expuesta la manera en la que se maneja, y la vinculación que mantiene con la fiscal jefe.
La autoría de sus mensajes, calificados de intimidantes por Bottini, y que dieran origen a la falsa denuncia, se suman a mensajes intimidantes que, a través de un celular con característica de la provincia de Buenos Aires con la imagen del propio hijo de Bustos, recibió el titular de Chubut Online en su celular privado. Esos mensajes ya fueron enviados a la justicia, en el marco de otra investigación.
A pesar de las publicaciones que realiza esta persona y las aseveraciones que manifiesta en su radio, la realidad lo choca de frente y dice otra cosa: No hay apertura de la investigación formalizada, la audiencia fue pedida por Gerosa Lewis, y la verdad parece estar saliendo a la luz.
20 de septiembre de 2026
TixGo!, la plataforma chubutense que busca transformar la promoción turística.
TixGo! es una red de prestadores turísticos creada en Trevelin con el objetivo de responder a un problema frecuente en los destinos: muchos emprendimientos realizan un gran esfuerzo para promocionarse, pero trabajan de manera aislada y no siempre logran llegar a los turistas que ya se encuentran en la zona.
enlace a TixGo!: https://tixgo.ar/guia
El proyecto, desarrollado en Trevelin, fue seleccionado para participar de la segunda instancia del Concurso Nacional Soluciones Innovadoras, organizado por Fundación Empretec y Banco Nación. La plataforma conecta a prestadores turísticos para aumentar su visibilidad y favorecer la circulación de visitantes dentro del destino.
A esto se suma que la información sobre actividades, comercios y servicios suele estar dispersa, lo que dificulta que los visitantes conozcan todo lo que pueden hacer durante su estadía. Como resultado, la demanda tiende a concentrarse en los atractivos más conocidos, mientras otras propuestas permanecen fuera del recorrido turístico.
Frente a esta situación, TixGo! propone convertir cada consumo en una nueva oportunidad para descubrir el destino. A través de una ticketera digital, el turista recibe un beneficio para utilizar en otro prestador de la red. De esta manera, los emprendimientos se recomiendan entre sí de forma automática y cada punto de atención se transforma en una puerta de entrada hacia nuevas experiencias.
La plataforma también permite medir los resultados de esta circulación: cuántos tickets se emiten, cuántos se utilizan y cuántas personas llegan a cada establecimiento a través de la red. Así, los prestadores pueden conocer el impacto concreto de su participación y acceder a información útil para tomar decisiones.
TixGo! apunta especialmente a pequeños y medianos emprendimientos turísticos que necesitan ampliar su visibilidad sin depender exclusivamente de sus propias redes sociales o de acciones publicitarias individuales.
Actualmente, el proyecto se encuentra dando un nuevo paso en su desarrollo: fue seleccionado para participar de la segunda instancia del Concurso Nacional Soluciones Innovadoras, impulsado por Fundación Empretec y Banco Nación.
Este reconocimiento permite que una iniciativa nacida en la cordillera chubutense continúe avanzando en un espacio de alcance nacional, con una propuesta que integra tecnología, cooperación entre prestadores y desarrollo turístico local.
Desde Trevelin, TixGo! busca demostrar que la innovación también consiste en generar nuevas formas de trabajar en conjunto para distribuir mejor las oportunidades dentro de un destino.
20 de septiembre de 2026
ALLANARON MANSIÓN DEL JUEZ PETRIS EN ESQUEL POR INVESTIGACIÓN DE CHUBUT ONLINE
En el día de hoy, viernes 18 de septiembre se están realizando allanamientos en domicilios varios de propiedades del juez de Cámara Claudio Petris, en el marco de la investigación penal llevada a cabo tras la investigación de Chubut Online en relación a serias y graves irregularidades en torno al juez. (hacé click y conocé los detalles)
Los allanamientos fueron realizados tras el pedido del fiscal Cristian Olazábal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la investigación penal.
En Esquel se allanaron cuatro propiedades, incluyendo la mansión que el juez posee en el barrio de Villa Ayelén, de un lujo descomunal.
En diálogo con Chubut Online el fiscal afirmó que los resultados serían positivos, aunque los detalles se encuentran bajo secreto de sumario.
También se llevaron a cabo procedimientos en la Ciudad de Puerto Madryn en el marco de la misma investigación.
Habría una presunción de enriquecimiento ilícito.
Noticia en elaboración.
AMPLIAREMOS.
18 de septiembre de 2026
Ley de Defensa de la Soberanía: penas de 20 años, derribo y multas por Malvinas
El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que reforma el sistema de seguridad con penas de hasta 20 años y régimen de derribo. La iniciativa, que nació vinculada al conflicto por las Islas Malvinas y la explotación petrolera en el Atlántico Sur, terminó convirtiéndose en una reforma integral del sistema de seguridad y defensa argentino.
El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales, crea un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades, incorpora un régimen de derribo, regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones y redefine conceptos centrales como los de Defensa Nacional y Seguridad Nacional. La fundamentación oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada mediante organismos que actúen de manera aislada y afirma que existen «herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe». A partir de esa premisa, el Gobierno propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica en una conducción común.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. En su elaboración participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal y el canciller Quirno, mientras que Presti realizó aportes específicos sobre los capítulos vinculados con las Fuerzas Armadas y las capacidades militares.
Malvinas y un régimen ampliado para proteger los recursos naturales
El primer título de la ley está dedicado a Malvinas y a los recursos naturales. El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y establece que cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en esos territorios, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.
El cambio es significativo respecto de la Ley 26.659, que será derogada si se aprueba el proyecto. El régimen actual está concentrado fundamentalmente en actividades hidrocarburíferas. El nuevo texto extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, con impacto directo sobre la pesca. Además, la responsabilidad deja de limitarse a la empresa que desarrolla directamente la actividad. También quedan alcanzadas las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas. La lógica es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.
Multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años
El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de inhabilitar al infractor por un período de entre cinco y 20 años. La inhabilitación implica mucho más que impedir una actividad puntual. Puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales, y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino. También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados.
El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser castigada con 15 a 20 años de cárcel. Para las personas jurídicas se contemplan, entre otras consecuencias, suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, revocaciones de permisos y, en determinadas condiciones extremas, la disolución de la sociedad. El proyecto incluye además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a esos delitos.
Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
Uno de los cambios institucionales centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Será presidido por el Presidente de la Nación. Como miembros permanentes estarán también el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas cuando la cuestión analizada lo requiera.
El organismo elaborará la Política de Seguridad Nacional y coordinará su ejecución. Defensa deberá presentar su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, la Política de Inteligencia Nacional. Todos esos documentos quedarán sometidos a los lineamientos definidos por el Consejo. También tendrá amplias facultades para exigir información y asistencia a cualquier organismo del Sector Público Nacional y podrá requerir cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca que decisiones que actualmente pueden estar distribuidas entre distintos ministerios pasen a formar parte de una estrategia común dirigida desde la Presidencia.
Bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas
El Consejo tendrá además herramientas económicas concretas. Cuando considere acreditada la existencia de un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, podrá adoptar medidas incluso antes de iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio. Entre ellas aparecen la restricción temporal de operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones o exportaciones; suspensión de permisos, concesiones y contrataciones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.
El instrumento más novedoso permite aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo del 75%. La herramienta introduce en el sistema argentino una lógica que tiene puntos de contacto con mecanismos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos: emplear la política comercial y los aranceles como instrumentos vinculados con objetivos de seguridad nacional.
El regreso del régimen de derribo
El proyecto establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles. Primero deberá identificarse el avión o vector. Luego podrá ser declarado Tránsito Aéreo Irregular y recibir advertencias y órdenes. Si persiste en una conducta considerada hostil, el comandante operacional podrá declararlo Tránsito Aéreo Hostil. El escalón siguiente permite una demostración de fuerza mediante medios militares, que incluso podrá incorporar fuego no dirigido contra la aeronave con una finalidad exclusivamente intimidatoria.
Finalmente aparece el uso de la fuerza como «acción de último recurso». Para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuación del vuelo será necesaria una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque el jefe del Estado podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional deberá asesorar a quien adopte la decisión. La Argentina ya tuvo una normativa permanente de derribo. Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles. En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y «excesivamente punitivo» conservar determinadas disposiciones. Milei busca ahora restablecer esa capacidad mediante una ley del Congreso, con una cadena de intervención definida y autorización política para el último escalón del uso de la fuerza.
Nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas
Otro capítulo apunta a la influencia extranjera. El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros que no tengan residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda. Además, crea nuevas figuras penales. Una de ellas establece entre cinco y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La pena aumenta a entre ocho y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
También se incorporan delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y con la transmisión de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En este último caso, las penas pueden alcanzar 20 años cuando la conducta se produzca durante un conflicto armado o una agresión extranjera.
Una nueva definición de Seguridad Nacional
El proyecto crea formalmente un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de infraestructura crítica y de la soberanía. El alcance territorial y funcional también es amplio. La seguridad nacional comprende el territorio argentino, pero también ciudadanos y representaciones diplomáticas en el exterior, bienes e intereses nacionales ubicados en terceros países, alta mar, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio electromagnético. La conducción política quedará en manos del Presidente.
El proyecto incorpora principios como anticipación estratégica, proporcionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y capacidad de recuperación. La definición muestra que el Ejecutivo busca correr la discusión de seguridad nacional del plano exclusivamente militar. La economía, la tecnología, las redes digitales, la infraestructura y las decisiones diplomáticas pasan a integrar expresamente el mismo sistema.
Cambia el concepto de Defensa y el papel de las Fuerzas Armadas
La iniciativa modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional. El nuevo artículo 2 define la Defensa Nacional como la función destinada a proteger soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y los intereses nacionales frente a amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas. El cambio tiene efectos sobre la preparación de las Fuerzas Armadas. El proyecto establece que deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas frente a riesgos y amenazas externas y preparadas para operaciones militares convencionales y no convencionales, así como para otras operaciones militares distintas de la guerra. También podrán ser empleadas, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica identificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La reforma incorpora así fenómenos como ataques cibernéticos, sabotajes externos y agresiones contra redes o infraestructura estratégica dentro del análisis de Defensa Nacional, siempre que se trate de riesgos o amenazas de origen externo.
Protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos
Otro capítulo crea un régimen nacional específico para los bienes e instalaciones considerados indispensables para el funcionamiento del país. El texto define como Infraestructuras Críticas a estructuras físicas, redes o sistemas públicos o privados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación pueda producir un impacto significativo. El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional que determine pautas de protección. Ambos deberán actualizarse cada cinco años o antes cuando lo justifiquen cambios tecnológicos o circunstancias excepcionales.
Las provincias y la Ciudad deberán identificar las infraestructuras de sus jurisdicciones. Sus propietarios u operadores tendrán que elaborar planes particulares de seguridad, que deberán ser evaluados periódicamente. El Consejo podrá determinar cuáles son de interés nacional y ordenar la intervención de los organismos necesarios para protegerlas. La ley menciona especialmente centros de datos e infraestructura de tecnologías de la información. La información sobre ubicación, propietarios, características y medidas de seguridad podrá quedar clasificada.
Un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos
El proyecto también regula el procedimiento de actuación sobre embarcaciones. Crea la categoría de «Buque de Interés» para aquellos que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes, falta de reportes, simulación de identidad o comportamiento anómalo requieran seguimiento. Pero aclara expresamente que esa clasificación no significa que exista una infracción ni habilita por sí sola medidas coercitivas. También establece que la evasión o desobediencia de un buque no alcanza por sí sola para considerarlo hostil. Para eso debe existir un acto material de fuerza o una amenaza de agresión externa suficientemente concreta.
El procedimiento comienza con identificación y orden de detención. Si el barco no obedece, podrá iniciarse una persecución dentro de las condiciones del derecho internacional. Luego podrán realizarse visitas e inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia. Agotadas las medidas menos lesivas, podrán efectuarse disparos destinados a inutilizar el buque, procurando afectar sistemas de propulsión o gobierno y evitando muertes, contaminación o hundimiento. El hundimiento queda reservado como una medida militar extrema contra un buque hostil. El texto prohíbe expresamente hundir un barco civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga. Cualquier hundimiento requerirá autorización previa y expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.
Una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas
La dureza de las sanciones convive con un mecanismo destinado a incentivar que las empresas abandonen actividades realizadas sin autorización argentina. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que un sujeto involucrado solicite su incorporación incluso después de haber recibido una sanción administrativa. Debe demostrar que cesó la actividad, comprometerse a no reincidir y elegir entre pagar una multa específica o reconvertir las inversiones hacia actividades legales que se desarrollen en territorio argentino. Si cumple las condiciones, se suspenden los procedimientos administrativos y las acciones penales. Cumplido el pago o realizada la inversión comprometida, se archivan las actuaciones y puede extinguirse la acción penal.
El beneficio no estará disponible para quienes tengan una sentencia firme por los delitos de la ley ni para reincidentes, y solo podrá utilizarse una vez. El mecanismo muestra una segunda finalidad de la norma: además de castigar la explotación considerada ilegal, busca generar incentivos económicos para que empresas internacionales abandonen esos proyectos y trasladen inversiones hacia actividades autorizadas por la Argentina.
El RePET pasa a tener rango legal y se endurece el régimen contra el terrorismo
El último gran bloque eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera. El registro incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. La incorporación no requerirá necesariamente que exista previamente una causa penal: el proyecto exige que haya motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades o una designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los sujetos obligados por las normas antilavado deberán inmovilizar inmediatamente fondos y activos vinculados con personas o entidades inscriptas y comunicar la situación a la UIF. La propia UIF podrá disponer la inmovilización y deberá comunicarla al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para que la ratifique, rectifique o revoque. El proyecto crea además un delito específico con penas de cinco a 15 años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a una organización o persona vinculada con actividades terroristas o con proliferación de armas de destrucción masiva.
Un proyecto que excede Malvinas y redefine la seguridad nacional
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llega así al Congreso como una iniciativa considerablemente más extensa que el paquete originalmente asociado al conflicto por Malvinas. La disputa por los recursos del Atlántico Sur fue el punto de partida y continúa ocupando el primer capítulo del proyecto. La explotación petrolera de Sea Lion y la decisión del Gobierno de aumentar los costos para empresas, accionistas, proveedores y operadores vinculados con actividades no autorizadas actuaron como detonante de la nueva legislación.
Pero, durante el proceso de elaboración, el texto avanzó hacia una redefinición más profunda de las herramientas que podrá utilizar el Estado frente a amenazas externas. El resultado es un proyecto que reúne bajo la misma estructura Malvinas, Defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo. La iniciativa propone pasar de una legislación concentrada en determinadas infracciones vinculadas con los recursos naturales a un esquema permanente de Seguridad Nacional, dirigido políticamente por el Presidente y con un Consejo facultado para coordinar desde la respuesta militar hasta medidas financieras, comerciales y diplomáticas.
Impacto en Chubut y la Patagonia
Para Chubut y el conjunto de la Patagonia, la ley tiene implicancias directas. La extensión de las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, impacta de lleno en la actividad pesquera que se desarrolla en el Atlántico Sur, uno de los principales motores económicos de la provincia. Asimismo, el endurecimiento de las sanciones para quienes participen en operaciones no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina alcanza a proveedores, financistas y operadores logísticos, un entramado en el que participan empresas que operan en puertos patagónicos.
La creación del Consejo de Seguridad Nacional y la posibilidad de que las provincias deban identificar sus infraestructuras críticas abre un nuevo frente de coordinación entre la Nación y Chubut, especialmente en lo que respecta a puertos, centros de datos, redes energéticas y comunicaciones. La norma también faculta al Consejo a requerir cooperación a las provincias, lo que anticipa una agenda de trabajo conjunta en materia de seguridad estratégica para la región.
17 de septiembre de 2026
Malvinas: ordenan a Rockhopper y Navitas paralizar el proyecto Sea Lion
La Justicia Federal de Río Grande, a través de una medida cautelar de la jueza Mariel Borruto, ordenó a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum detener de inmediato todas las obras del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. La decisión responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), y constituye un punto de inflexión en la disputa por los recursos hidrocarburíferos de la cuenca Malvinas Norte.
La resolución, dictada este miércoles, prohíbe a las compañías iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar cualquier acto material de ejecución del emprendimiento, que en el expediente judicial figura como «León Marino». La prohibición abarca un amplio espectro de actividades: desde la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control, hasta la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), el inicio de la extracción comercial y la ejecución de obras terrestres o portuarias de apoyo.
Un proyecto de miles de millones de dólares en el Atlántico Sur
Sea Lion es un proyecto de extracción de petróleo offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es operada por un consorcio internacional: la israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
El proyecto aprobó su Decisión Final de Inversión en diciembre de 2025 y contempla una inversión estimada en 1.800 millones de dólares para su primera fase, con un esquema de financiamiento que incluye cerca de 1.000 millones de dólares de deuda senior. Las compañías proyectaban comenzar la extracción comercial de crudo en el primer trimestre de 2028. El desarrollo previsto comprende 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo y embarcaciones auxiliares.
El fallo: «el riesgo no es hipotético ni remoto»
Al analizar el peligro en la demora, la jueza Borruto sostuvo que el riesgo ambiental «no es hipotético ni remoto». Según la resolución, la documentación incorporada al expediente demuestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución: la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados, dan cuenta de un avance concreto. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado.
» Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada», indicó Borruto. La magistrada también advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.
La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. «No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso», precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.
La dimensión ambiental y los riesgos identificados
El fallo cita un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026, según el cual no se había presentado «ningún aviso de proyecto» ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas. Sobre esa base, la jueza aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental argentina.
Entre los riesgos planteados en la demanda aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.
Soberanía: un bien colectivo indivisible
La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace «la defensa de la soberanía nacional», a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.
La medida también intimó a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion. Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados. También se les exige información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
La causa penal en Comodoro Py
En paralelo a la causa civil y ambiental de Río Grande, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, impulsó una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
El objeto de la investigación es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina. El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas. La resolución dispuso que «igual información» se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper.
Un fallo con implicancias geopolíticas
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. El gobierno británico había publicado, apenas un día antes, un documento titulado «Doing business with the Falkland Islands», en el que sostiene que «el derecho argentino no se aplica en las islas» y que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
El presidente Javier Milei, por su parte, había anunciado días antes una serie de medidas para proteger los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur, incluyendo el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley para modificar la Ley 26.659 de Hidrocarburos, con el objetivo de endurecer las sanciones contra las empresas que operen en la zona sin autorización argentina. El mandatario también confirmó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.
Navitas Petroleum, por su parte, emitió un comunicado en el que sostuvo que opera mediante licencias «válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas» y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina «tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo» de Sea Lion.
Próximos pasos
Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las compañías, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la medida cautelar. La jueza Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías, al considerar que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados. También postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante.
En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper. Ambas causas, por vías diferentes, marcan un nuevo capítulo en la disputa por los recursos hidrocarburíferos que yacen bajo las aguas del Atlántico Sur, un territorio cuya soberanía Argentina reclama desde hace más de un siglo.
16 de septiembre de 2026
Jones Huala aceptó 5 años y 2 meses de prisión y podría seguir preso hasta 2030
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche reconoció haber conducido la organización y firmó un juicio abreviado por el artículo 213 bis del Código Penal. La pena efectiva, que aún debe homologar la Justicia Federal de Bariloche, se extendería hasta agosto de 2030.
Facundo Jones Huala, referente máximo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), admitió ante la Justicia Federal haber liderado la organización y aceptó una condena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que todavía debe ser homologado por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla. Si el magistrado aprueba el entendimiento esta semana, el dirigente mapuche —detenido desde el 6 de junio de 2025— podría permanecer tras las rejas hasta agosto de 2030, según el cómputo que ya realizan las partes.
La resolución representa el cierre de una investigación compleja que durante casi un año mantuvo en vilo a la región patagónica y que tuvo como epicentro las ciudades de Bariloche, El Bolsón y Esquel. El expediente, caratulado inicialmente por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y presunta asociación ilícita, derivó finalmente en una acusación más acotada pero contundente: la conducción de una agrupación destinada a imponer sus ideas mediante la fuerza o el temor.
El rol central de la RAM en la acusación
De acuerdo con la investigación fiscal, Jones Huala habría integrado y conducido la RAM desde 2011 con el objetivo declarado de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Ese accionar fue encuadrado en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. La pena prevista para ese delito oscila entre 3 y 8 años de prisión, y el acuerdo fijó para el líder mapuche una condena de 5 años y 2 meses.
El Ministerio Público Fiscal había intentado inicialmente una calificación más grave: la presunta integración de una organización destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, contemplada en el artículo 210 bis del Código Penal. Esa figura, que contempla penas más severas, finalmente quedó fuera del acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. También se había señalado presuntos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que opera en Chile.
Un dato que refuerza la posición del Estado argentino es que la RAM figura desde febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa inclusión fue determinante para sostener la acusación por asociación ilícita con fines de imposición violenta de ideas.
Una detención que marcó un antes y un después
La captura de Jones Huala se produjo el 6 de junio de 2025 en la localidad rionegrina de El Bolsón, minutos después de que el dirigente presentara su libro en una biblioteca de Bariloche. La detención generó una fuerte conmoción en la región y reactivó el debate sobre la seguridad en la Patagonia. En ese momento, Jones Huala llevaba apenas cinco meses en libertad, tras haber cumplido una condena en Chile.
Desde entonces permanece privado de su libertad. Primero fue alojado en la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, y luego fue trasladado a la Unidad 16 de Esquel, también en territorio chubutense, donde actualmente espera la resolución judicial. La prisión preventiva fue prorrogada en distintas oportunidades mientras avanzaban las medidas de prueba, en el marco de una causa declarada de investigación compleja.
La última extensión de la preventiva se produjo a fines de agosto, cuando el juez Gómez Constenla —en su primera audiencia al frente del caso— autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo. Sin embargo, el acuerdo de juicio abreviado podría poner fin a esa instancia y dar paso a la condena definitiva.
Los antecedentes que pesan en su contra
Jones Huala no es un desconocido para la Justicia. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, lo condenó por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas. Ese antecedente tiene una relevancia crucial en la nueva causa: su condición de reincidente impediría que acceda al beneficio de la libertad condicional.
De acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo, la reincidencia —sumada a la pena pactada en la causa federal de Bariloche— determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido y luego perdido durante su detención en Chile. Esto significa que, si el juez homologa el acuerdo, el líder de la RAM no podrá solicitar salidas transitorias ni libertad condicional hasta agotar los 5 años y 2 meses de pena efectiva.
El futuro judicial inmediato
El próximo paso procesal será la homologación del acuerdo por parte del juez federal Leandro Gómez Constenla. Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del entendimiento entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo apruebe formalmente.
Si la homologación se concreta esta semana, como estiman fuentes judiciales, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena. Tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025, los 5 años y 2 meses se agotarían en agosto de 2030.
La resolución judicial tendrá un impacto directo en la situación de la RAM y en el mapa de las organizaciones mapuches en la Patagonia. Para las comunidades de Chubut y Río Negro, el desenlace de esta causa representa un mensaje contundente sobre el accionar de las agrupaciones que utilizan la fuerza como método de reivindicación territorial. Para Jones Huala, significa la confirmación de que pasará los próximos años tras las rejas, lejos de la libertad que recuperó brevemente en 2025 y que, según el acuerdo alcanzado, no volverá a ver hasta 2030.
16 de septiembre de 2026
Periodista de C5N: el ridículo de comparar helicópteros con la velocidad de la luz
El periodista Antonio Fernández Llorente, de C5N, protagonizó un papelón al criticar la compra de helicópteros militares argumentando que «no alcanzan la velocidad de la luz». Su desconocimiento sobre las funciones tácticas de estas aeronaves y sobre física básica expone la profundidad de la ignorancia que se disfraza de periodismo en el canal opositor al gobierno.
El papelón de C5N
Antonio Fernández Llorente, periodista de C5N, quiso pegarle al Gobierno por la incorporación de helicópteros para las Fuerzas Armadas y terminó protagonizando uno de los papelones mediáticos más grandes del año. Durante una transmisión del canal, el periodista sostuvo que «el helicóptero es el vehículo aéreo más lento» y argumentó que, por sus características, no podría alcanzar determinados objetivos marítimos con la misma rapidez que un avión, llegando a calificarlos como «helicópteros chatarra». Hasta ahí, el planteo buscaba instalar la idea de que el Gobierno estaría priorizando material de escasa utilidad frente a la necesidad de contar con aviones de combate. Pero la explicación rápidamente derivó en una confusa referencia a la velocidad de los aviones de guerra y la mismísima velocidad de la luz, un pasaje que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.
El problema es evidente para cualquiera con dos dedos de frente: ningún avión de combate puede acercarse siquiera remotamente a la velocidad de la luz. La luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad completamente fuera de escala respecto de cualquier aeronave construida por el hombre. Que un periodista que conduce un programa de noticias en un canal de alcance nacional desconozca este principio básico de física debería ser motivo de vergüenza profesional. Pero Llorente no solo demostró no entender nada de física: tampoco entiende absolutamente nada de doctrina militar.
Periodismo ignorante.
La ignorancia de Llorente sobre las capacidades de los helicópteros militares es tan profunda que resulta casi cómica. El periodista desestima a los helicópteros porque no son rápidos como los aviones, desconociendo por completo que su uso no depende de la velocidad, sino de otras virtudes tácticas que los hacen irremplazables en el campo de batalla.
Los helicópteros militares pueden ser utilizados para transporte de tropas a lugares remotos e inaccesibles, operaciones tácticas de apoyo, evacuaciones médicas, apoyo logístico, búsqueda y rescate, vigilancia y ataque aéreo, y otras misiones que requieren capacidad de operar a baja velocidad y, en determinados modelos, incluso aterrizar en zonas donde un avión jamás podría hacerlo. Los cazas, en cambio, están diseñados para operaciones aéreas de alta velocidad, interceptación, superioridad aérea y ataque. Son plataformas complementarias, no sustitutas. Presentarlas como si fueran intercambiables revela una ignorancia supina sobre cómo funcionan las Fuerzas Armadas.
Los helicópteros que no teníamos.
Los helicópteros que el Gobierno incorporó no son «chatarra», como pretende instalar la opereta de C5N. Los helicópteros adquiridos para el Ejército Argentino también pueden ser configurados para transporte de personal, búsqueda y rescate, evacuación sanitaria, vigilancia y lucha contra incendios, además de admitir sistemas como grúas de rescate, gancho para carga externa y helibaldes.
La Argentina llegó a las últimas décadas con un fuerte deterioro de sus capacidades militares, producto de años de desinversión, falta de mantenimiento y ausencia de una política sostenida de modernización. La administración de Milei comenzó a revertir parte de esa situación con la incorporación de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas, y en lugar de analizar seriamente qué capacidades necesita recuperar el país, C5N decide hacer un sketch cómico sobre la velocidad de la luz.
Eso no es periodismo: es militancia disfrazada de análisis, es operación política disfrazada de información.
C5N es un canal que ha hecho de la defensa del kirchnerismo y de la corrupción su marca editorial. Sus conductores y panelistas repiten como loros las consignas del Instituto Patria, atacan sistemáticamente a todo gobierno que no sea peronista y construyen relatos que nada tienen que ver con la realidad. La cobertura crítica hacia la política de Defensa implementada por Milei no es más que un capítulo más de esa estrategia de desgaste permanente. Pero cuando el intento de pegarle al Gobierno los lleva a hablar de «la velocidad de la luz» en relación con helicópteros militares, ya no estamos ante una operación política: estamos ante un papelón que roza el ridículo más absoluto.
Llorente cree que los aviones superan la velocidad de la luz. Llorente cree que los helicópteros son inútiles porque son «lentos». Llorente cree que puede hacer periodismo de opinión sobre temas militares sin tener la más mínima idea de doctrina, táctica o capacidades aeronáuticas. Cada una de esas creencias es más absurda que la anterior, y todas juntas configuran una demostración cabal de por qué el periodismo argentino está en crisis.
La discusión seria sobre defensa debería centrarse en qué capacidades necesita recuperar la Argentina y qué tipo de material permite hacerlo, no en presentar helicópteros y aviones como si fueran sustitutos directos. Pero claro, una discusión seria requiere conocimiento, rigor y honestidad intelectual. Tres cosas que brillan por su ausencia en el programa de Antonio Fernández Llorente y en la grilla de C5N.
El papelón de Llorente no es una anécdota menor. Es la demostración más nítida de que en C5N no se hace periodismo: se hace militancia. Y cuando la militancia se disfraza de periodismo sin el más mínimo sustento técnico, el resultado es un bochorno que deslegitima no solo al periodista que lo protagoniza, sino a todo el canal que lo ampara. Llorente no solo confunde helicópteros con aviones: confunde la realidad con el relato que su canal necesita construir para sostener a la oposición kirchnerista. Y en ese afán, terminó hablando de la velocidad de la luz como si fuera un atributo que debería tener un helicóptero militar. Un ridículo mediático de proporciones que quedará en los anales del mal periodismo argentino.
15 de septiembre de 2026
Efecto Malvinas: El Reino Unido se desmorona: Escocia, Gales e Irlanda quieren independizarse.
La autodeterminación que el Reino Unido invocó para retener Malvinas hoy se vuelve en su contra. Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan hacia la independencia y dejan al descubierto una contradicción histórica que Argentina no piensa dejar pasar.
¿El final de la UK?
La autodeterminación que el Reino Unido invocó durante décadas para justificar su posesión de las Islas Malvinas hoy se vuelve en su contra. Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un memorando conjunto para impulsar su independencia de la corona británica, y el argumento que Londres usó para aferrarse al archipiélago del Atlántico Sur se transformó en una paradoja que expone su hipocresía. Argentina, con la estrategia de Javier Milei a la cabeza, redobla su reclamo soberano mientras observa cómo el propio principio que el Reino Unido esgrimió para negar la discusión sobre Malvinas termina erosionando su integridad territorial.
El documento de 1833: la prueba que la historia no olvida
El Archivo Histórico de Tucumán recuperó una carta inédita fechada el 26 de enero de 1833, apenas días después de la ocupación británica. El oficio, firmado por el gobernador de Buenos Aires Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza, relata paso a paso cómo la corbeta HMS Clio, al mando del comandante John Onslow, arrió la bandera argentina del territorio. El documento califica la acción como “violencia y abuso de la fuerza” ejecutada por un buque de guerra de Su Majestad Británica contra un Estado con el que el Reino Unido mantenía tratados de amistad y comercio vigentes. Para el director del archivo, Javier Critto, se trata de “un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas”. La prueba documental desmorona cualquier relato de “descubrimiento” o “terra nullius” y confirma que la presencia argentina en las islas era anterior, legítima y soberana.
El efecto boomerang de la autodeterminación
Durante décadas, el gobierno británico sostuvo que la voluntad de los isleños —expresada en el referéndum de 2013— era el argumento definitivo para mantener el control de Malvinas. Ese mismo principio, aplicado ahora a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, amenaza con desmembrar el Reino Unido. Por primera vez en la historia, los tres territorios están gobernados por partidos proindependentistas. El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, recibió en Cardiff al escocés John Swinney y a la norirlandesa Michelle O’Neill para firmar un memorando de entendimiento que exige al gobierno británico la convocatoria de referendos. “El actual statu quo no es sostenible”, declaró Swinney.
La paradoja es evidente: Londres no puede invocar la autodeterminación para retener Malvinas mientras la niega a sus propias naciones constituyentes.
Trump, el factor inesperado
El expresidente estadounidense Donald Trump sacudió el tablero al afirmar que le “encantaría” ver una Irlanda unida y que la unificación ocurrirá “tarde o temprano”. Además, advirtió que un nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial” y se ofreció como mediador si ambos países lo solicitaran. “Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, declaró en Dublín. Trump también puso en duda la capacidad británica de defender las islas: “Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, estamos hablando de semanas en barcos”. Para la Casa Rosada, estas declaraciones fortalecen la estrategia argentina y abren la puerta a una posible mediación de Washington en la disputa.
La economía británica: el telón de fondo de una crisis múltiple
El Reino Unido atraviesa un escenario económico frágil que condiciona cualquier aventura militar o diplomática. La economía creció apenas un 1% en cada uno de los últimos dos años y las proyecciones para 2026 no son mejores: se espera un crecimiento similar o incluso menor, con una inflación que, aunque moderada respecto de picos anteriores, se mantiene por encima de la meta del 2% del Banco de Inglaterra. El país enfrenta un cuadro de estanflación —crecimiento débil combinado con inflación persistente—, y el nuevo primer ministro Andy Burnham heredó una situación económica difícil que limita su margen de maniobra. La deuda pública ronda el 100% del PIB y los costos de financiamiento del gobierno están entre los más altos de las economías avanzadas, con rendimientos de los bonos a diez años cercanos al 5%. En ese contexto, sostener una disputa territorial a miles de kilómetros de distancia resulta cada vez más difícil.
Milei redobla la apuesta
El gobierno argentino no se limita a esperar el curso de los acontecimientos. Milei anunció en cadena nacional una batería de medidas que incluye la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, presentada como un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur y la proyección antártica. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa recorrieron el predio donde se levantará la base, prevista para comenzar en enero. Además, el Ejecutivo endureció las sanciones contra empresas que operan en la exploración hidrocarburífera cerca de las islas, en particular el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Milei advirtió que Argentina desplegará herramientas “diplomáticas, económicas, judiciales y legales” contra quienes vulneren su soberanía, y ya sancionó a 45 empresas y personas vinculadas con actividades no autorizadas en el archipiélago. En paralelo, el gobierno creó un Sistema de Articulación de la Política Exterior para coordinar todos los frentes del reclamo soberano.
La paradoja que Londres no puede resolver
El Reino Unido construyó su defensa de Malvinas sobre un principio que ahora se le vuelve en contra. La autodeterminación de los isleños fue el escudo que esgrimió durante décadas para negar cualquier negociación sobre soberanía. Pero ese mismo derecho, reclamado por Escocia, Gales e Irlanda del Norte, amenaza con desintegrar el propio Reino Unido. La crisis independentista, sumada a la fragilidad económica y al creciente aislamiento diplomático, deja a Londres en una posición incómoda: no puede negar a sus naciones lo que exige para sí en el Atlántico Sur. Argentina observa el escenario con la convicción de que la historia, la evidencia documental y la coherencia jurídica están de su lado. La hipocresía británica quedó al descubierto, y la causa Malvinas, lejos de apagarse, se fortalece en el nuevo tablero internacional.
14 de septiembre de 2026
Amparo PAMI en Esquel: la Justicia rechazó la acción tras restablecerse la atención
La Justicia Federal de Esquel rechazó el amparo colectivo contra PAMI y CIMOCH porque la atención médica ya había sido restablecida en la región.
La Justicia Federal de Esquel resolvió rechazar la acción de amparo colectivo promovida en representación de los afiliados de PAMI de Esquel y su zona de influencia, luego de determinar que la interrupción de las prestaciones médicas que había originado el reclamo había cesado antes de que el juzgado dictara su resolución.
La decisión fue adoptada por el juez federal Guido S. Otranto, en una causa iniciada por el Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores de la Provincia del Chubut, Héctor Daniel Silva, contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH).
El punto central del fallo no fue establecer que el conflicto entre PAMI y los prestadores médicos careciera de importancia. Tampoco implicó desconocer la relevancia de garantizar las prestaciones sanitarias a las personas mayores. La cuestión decisiva para el juez fue otra: determinar si, al momento de resolver, todavía existía una situación concreta, actual y jurídicamente susceptible de ser corregida mediante un amparo.
La respuesta fue negativa.
El conflicto que llevó a la Justicia
La acción había sido presentada luego de una interrupción generalizada de prestaciones médicas para afiliados de PAMI en Esquel y localidades de la zona cordillerana.
El planteo judicial describió una situación que afectaba especialmente a las personas mayores, consideradas un colectivo particularmente vulnerable frente a la interrupción de tratamientos, controles médicos, estudios, medicamentos y distintas prácticas asistenciales.
Según el planteo llevado ante la Justicia, el origen de la interrupción se encontraba en un conflicto entre PAMI y CIMOCH, entidad que nuclea a profesionales médicos de la región, relacionado con cuestiones vinculadas al funcionamiento y organización del sistema de prestaciones.
La consecuencia concreta fue la afectación de la red de atención habitual de los afiliados de PAMI, que en ese contexto debieron recurrir, entre otras alternativas, al Hospital Zonal de Esquel.
El amparo pretendía que se ordenara el restablecimiento de las prestaciones médico-asistenciales, farmacológicas, bioquímicas, odontológicas, de diagnóstico por imágenes, internación, cirugía, rehabilitación y las demás prestaciones comprendidas dentro del Programa Médico Obligatorio.
Además, se solicitaba que cesara cualquier conducta que pudiera impedir, restringir, dificultar o demorar el acceso de los afiliados de PAMI a la atención sanitaria.
Junto con la acción principal se pidió una medida cautelar innovativa para garantizar la continuidad de las prestaciones mientras avanzara el proceso judicial.
Por qué el reclamo siguió adelante aunque el servicio había sido restablecido
Un elemento importante del caso fue que el conflicto prestacional comenzó a modificarse rápidamente después de presentada la demanda.
El amparo fue promovido el 18 de agosto de 2026. Al día siguiente, frente a la información sobre un entendimiento entre PAMI y CIMOCH destinado a restablecer la atención médica, el juzgado requirió al representante de los adultos mayores que informara si mantenía su interés en continuar con la acción.
La respuesta fue afirmativa.
El Defensor sostuvo que quería que el proceso continuara con el objetivo de evitar que una situación similar pudiera repetirse en el futuro y que los servicios médicos volvieran a interrumpirse.
Ese planteo llevó al juzgado a analizar una cuestión jurídica particularmente relevante: si un amparo colectivo puede continuar cuando el hecho que originó la demanda ya dejó de existir, pero quien promovió la acción sostiene que existe un riesgo de que vuelva a producirse.
El juez entendió que, en este caso concreto, la respuesta era negativa.
Qué comprobó el juez sobre la situación de PAMI en Esquel
Para resolver, el juzgado analizó la información presentada por las partes y los elementos incorporados al expediente.
Uno de los aspectos considerados fue la relación entre PAMI y CIMOCH. El fallo señala que el Círculo Médico del Oeste del Chubut tenía el carácter de prestador alternativo del organismo desde mayo de 2015.
También se tuvo en cuenta que la interrupción de las prestaciones había estado vinculada con dificultades relacionadas con débitos practicados sobre la facturación presentada por CIMOCH y con demoras en el pago de prestaciones correspondientes a períodos anteriores.
En ese contexto, se produjo un cambio que resultó determinante para la decisión judicial.
El 18 de agosto se informó la implementación de un nuevo circuito para la presentación, recepción y auditoría de la facturación del prestador alternativo ante el nivel central de PAMI, con el objetivo de restablecer el servicio y normalizar las prestaciones en Esquel.
A partir de ese proceso, CIMOCH volvió a atender a los afiliados de PAMI desde el 19 de agosto de 2026.
El dato no quedó sustentado únicamente en las manifestaciones de las partes involucradas en el conflicto contractual. El juzgado valoró también constancias provenientes de distintos prestadores médicos de la ciudad, que informaron que la atención de los afiliados de PAMI se desarrollaba con normalidad.
Para el magistrado, ese elemento resultó especialmente relevante porque permitía comprobar de manera objetiva que la situación que había originado el amparo ya no se encontraba vigente.
La clave de la resolución: el amparo necesita una lesión actual
El razonamiento central del juez se apoyó en la propia naturaleza del amparo.
Se trata de una vía judicial excepcional y urgente destinada a proteger derechos frente a una lesión, restricción o amenaza que debe ser actual o inminente y cuya arbitrariedad o ilegalidad pueda ser examinada sin necesidad de un debate judicial prolongado.
Por eso, para que el amparo resulte procedente no alcanza con demostrar que en algún momento existió un problema.
El juez debe verificar que ese problema continúe existiendo —o que exista una amenaza actual— al momento de resolver.
En el expediente analizado, el magistrado concluyó que esa condición ya no se encontraba presente.
La interrupción de las prestaciones había cesado. La atención médica se había normalizado. PAMI y CIMOCH habían adoptado medidas para recomponer el funcionamiento de la prestación y las constancias incorporadas al expediente indicaban que los afiliados estaban siendo atendidos nuevamente.
En consecuencia, no existía al momento de la resolución una conducta actual que pudiera ser considerada arbitraria o manifiestamente ilegítima y que estuviera lesionando o amenazando los derechos invocados.
Esa conclusión fue decisiva para rechazar la vía del amparo.
Qué significa que el caso haya devenido abstracto
Uno de los conceptos jurídicos más importantes utilizados por el juez es el de “cuestión abstracta”.
En términos sencillos, significa que el tribunal puede encontrarse frente a un reclamo que tenía sentido cuando fue presentado, pero que deja de requerir una decisión concreta porque el hecho que debía corregirse ya desapareció.
Eso fue lo que el magistrado entendió que ocurrió en el caso PAMI de Esquel.
La demanda buscaba que se restablecieran las prestaciones médicas. Pero cuando el juzgado tuvo que resolver, esas prestaciones ya habían sido restablecidas.
Por lo tanto, ordenar judicialmente que se hiciera algo que ya estaba ocurriendo no habría producido un efecto concreto sobre la realidad.
El juez consideró que mantener abierto el proceso pese a que el hecho que le dio origen había cesado implicaría un dispendio jurisdiccional incompatible con la naturaleza rápida y excepcional del amparo.
La resolución aclara, además, que esto no significa que los afiliados queden sin protección jurídica ante una eventual nueva interrupción.
Si en el futuro volviera a producirse una afectación de las prestaciones, podrían evaluarse las acciones que correspondan frente a esa nueva situación.
Por qué tampoco prosperó el argumento del amparo colectivo
El juez incorporó otro elemento relevante a su análisis: la naturaleza colectiva de la acción.
El planteo no había sido presentado únicamente para resolver la situación individual de una persona, sino para proteger a un conjunto determinado de afiliados de PAMI: las personas mayores domiciliadas en Esquel y su zona de influencia.
Para que una acción pueda tramitar como amparo colectivo deben existir determinadas condiciones que permitan identificar un problema común que afecte de manera homogénea al grupo representado.
En este caso, el hecho que permitía identificar esa afectación común era precisamente la interrupción generalizada de las prestaciones.
Pero una vez que esa interrupción terminó, el juez entendió que también desapareció el presupuesto fáctico común que justificaba la continuidad de la acción colectiva.
La consecuencia fue particularmente importante: no solamente había desaparecido el hecho que motivó el reclamo individual o concreto, sino también la situación común que justificaba mantener el proceso bajo la modalidad de amparo colectivo.
El juez declaró competente al Juzgado Federal de Esquel
Antes de analizar el fondo de la cuestión, el magistrado también abordó la competencia del tribunal.
En este punto, la resolución fue favorable a la jurisdicción federal.
El juez consideró que correspondía la intervención de la Justicia Federal teniendo en cuenta la naturaleza de uno de los organismos demandados —PAMI— y la normativa aplicable a las obras sociales comprendidas dentro del régimen legal correspondiente.
También consideró que existía competencia territorial porque el colectivo representado estaba integrado por personas mayores afiliadas a PAMI que viven en Esquel y su zona de influencia.
Esto significa que el juzgado sí se consideró habilitado para intervenir en una controversia de estas características.
La decisión de rechazar el amparo no estuvo basada, por lo tanto, en que la Justicia Federal de Esquel careciera de competencia.
La razón estuvo en la falta de una situación actual que pudiera ser solucionada mediante la vía excepcional del amparo.
Qué pasó con la medida cautelar
La parte actora también había solicitado una medida cautelar para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas durante el trámite del proceso.
Sin embargo, al considerar que la situación que había motivado la presentación judicial ya había sido superada, el juzgado rechazó también esa medida.
La lógica es consistente con el razonamiento general de la resolución: si al momento de decidir no existe una interrupción actual del servicio que deba ser frenada o revertida, tampoco aparece una necesidad cautelar concreta que justifique imponer una orden judicial de esas características.
Por eso, la cautelar quedó alcanzada por la misma conclusión que la acción principal.
Las costas se distribuyeron entre las partes
Aunque el amparo fue rechazado, el juez no impuso las costas exclusivamente a la parte actora.
Dispuso que fueran distribuidas “en el orden causado”.
La decisión se fundamentó en que la desaparición del objeto del proceso se produjo por hechos posteriores a la presentación de la demanda y en la naturaleza de los derechos involucrados, relacionados con la salud de un colectivo de personas mayores.
Esto implica que cada parte afrontará sus propias costas, sin trasladar íntegramente las consecuencias económicas del proceso a quien promovió la acción.
Además, el juez reguló los honorarios del abogado de la parte actora en 20 UMA, equivalentes a $2.084.400 según el valor de la UMA vigente al momento de la resolución, sin incluir, de corresponder, el Impuesto al Valor Agregado.
Qué resolvió finalmente la Justicia Federal de Esquel
En la parte dispositiva, el juez Guido S. Otranto rechazó la acción de amparo colectivo y la medida cautelar promovidas por Héctor Daniel Silva contra PAMI y CIMOCH.
La resolución estableció que la vía intentada era inadmisible y que el objeto de la pretensión había devenido abstracto debido al restablecimiento de las prestaciones.
También dispuso que las costas fueran impuestas en el orden causado.
La causa quedó así cerrada a partir de una conclusión estrictamente vinculada con la situación existente al momento de resolver: el servicio médico para los afiliados de PAMI en Esquel y la zona de influencia había sido restablecido y se encontraba funcionando con normalidad.
11 de septiembre de 2026
Justicia en Chubut: dos fallos enfrentados y una causa que vuelve a abrirse contra un abogado
La Justicia de Chubut revocó el sobreseimiento de Daniel Sandoval y ordenó continuar una investigación penal que un juez había cerrado al considerar que su conducta no constituía delito.
Una resolución judicial que había cerrado la investigación contra el abogado Daniel Adrián Sandoval volvió a quedar en el centro de la discusión después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocara ese sobreseimiento y ordenara que el proceso continúe.
El caso plantea una situación difícil de explicar para cualquier ciudadano que observa desde afuera el funcionamiento de la Justicia: un juez penal consideró que la conducta atribuida al abogado no constituía delito y dispuso su sobreseimiento, mientras que una instancia superior entendió posteriormente que existían elementos suficientes para que la investigación penal siguiera adelante.
La controversia no es solamente procesal. En el fondo aparece una discusión sobre los límites de la actuación profesional de un abogado, la representación de personas con intereses contrapuestos, la interpretación del delito de prevaricato y, particularmente, sobre una cuestión que Sandoval considera determinante: sostiene que nunca aceptó el cargo de representante de la víctima.
El caso, además, involucra una situación especialmente delicada porque los hechos investigados se relacionan con una víctima que era menor de edad al momento de los acontecimientos. Por esa razón, esta nota omite deliberadamente cualquier dato que permita identificarla, así como la identidad de la persona condenada por los hechos de abuso sexual.
Qué resolvió inicialmente el juez
La investigación contra Sandoval se originó a partir de una serie de hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de junio de 2025.
Según la acusación que aparece en la resolución posterior, el abogado había sido designado como defensor de una persona que había sido condenada por delitos sexuales y, posteriormente, había mantenido una entrevista con la víctima.
La acusación sostuvo que durante ese encuentro Sandoval habría interrogado a la joven con el propósito de obtener elementos que favorecieran a su entonces defendido y que, una vez finalizada la entrevista, la habría asesorado y le habría solicitado consentimiento para realizar una denuncia penal que podía beneficiar a su propio cliente.
Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal entendió que podía existir una conducta encuadrable en el artículo 271 del Código Penal, norma que contempla, entre otras situaciones, la actuación de un abogado en representación de partes contrarias dentro de un mismo juicio.
Sin embargo, el juez penal Ricardo Raúl Rolón adoptó una posición diferente.
El 17 de marzo de 2026 resolvió sobreseer a Sandoval al considerar que la conducta que se le atribuía era atípica, es decir, que no configuraba el delito que se pretendía investigar.
Ese pronunciamiento cerró, en aquella instancia, la persecución penal contra el abogado.
La Fiscalía apeló esa decisión y planteó que el sobreseimiento había sido prematuro, contradictorio con la propia apertura de la investigación y contrario a las facultades que correspondían al juez durante esa etapa del proceso.
El Superior Tribunal revocó el sobreseimiento
La discusión llegó entonces al Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
El máximo tribunal provincial admitió el planteo de la Fiscalía y revocó el sobreseimiento.
En su resolución sostuvo que, después de haber sido designado como defensor del condenado, Sandoval había entrevistado a la víctima y que en ese contexto habría brindado consejos profesionales que, según la interpretación del Tribunal, podían favorecer los intereses de su defendido en perjuicio de los intereses de la joven.
El gran problema aquí es que Sandoval afirma que jamás aceptó la defensa del condenado. De ser así, todo el plateo judicial en contra de Sandoval sería un absurdo.
El Superior Tribunal consideró que la existencia de intereses enfrentados entre ambas partes, sumada a la intervención profesional de Sandoval, resultaba suficiente para que el Ministerio Público Fiscal continuara investigando la posible existencia del delito previsto por el artículo 271 del Código Penal.
Por esa razón, no cerró definitivamente el caso, sino que dejó sin efecto el sobreseimiento y ordenó devolver las actuaciones para que el trámite continuara.
La diferencia entre ambas decisiones es precisamente uno de los aspectos que más dificultades genera para quienes no están familiarizados con el funcionamiento del sistema judicial.
Un juez consideró que los hechos atribuidos no constituían delito. El tribunal superior, en cambio, entendió que existía una sospecha razonable que justificaba continuar la investigación.
Para el ciudadano común, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede una misma conducta ser considerada no delictiva por un juez y, posteriormente, suficientemente relevante como para justificar la continuidad de una investigación penal por un tribunal superior?
La cuestión central planteada por Sandoval
La postura del abogado introduce un elemento que resulta fundamental para comprender su versión de los hechos.
Sandoval sostiene que nunca aceptó el cargo de representante de la víctima.
Ese punto aparece como uno de los principales ejes de su cuestionamiento a la decisión del Superior Tribunal.
Según su planteo, una cosa es que un abogado escuche a una persona, reciba información, la asesore o incluso intervenga para poner determinados hechos en conocimiento de la Justicia, y otra muy diferente es que haya aceptado formalmente representarla como abogado.
Para Sandoval, esa diferencia no es meramente formal.
Su argumento es que, si nunca aceptó el cargo, no existía una representación profesional vigente de la víctima que pudiera colocarlo jurídicamente en la posición de representar simultáneamente a partes enfrentadas.
De acuerdo con su postura, el 9 de junio de 2025 presentó expresamente un escrito manifestando su imposibilidad de aceptar esa representación.
En consecuencia, rechaza la interpretación según la cual habría ejercido simultáneamente la representación de la persona condenada y de su víctima.
Esta cuestión adquiere especial importancia porque el artículo 271 del Código Penal contempla específicamente la actuación del abogado o mandatario judicial que defiende o representa partes contrarias en un mismo juicio, ya sea de manera simultánea o sucesiva, además de otras conductas relacionadas con el perjuicio deliberado de una causa confiada.
Por eso, determinar si existió efectivamente una representación aceptada por Sandoval o si, por el contrario, nunca asumió ese cargo, constituye un aspecto sustancial de la discusión jurídica.
Dos interpretaciones sobre los mismos hechos
El expediente presenta así dos interpretaciones sustancialmente diferentes.
La primera sostiene que Sandoval, luego de haber sido designado defensor del condenado, entrevistó a la víctima y posteriormente realizó una actuación que podía beneficiar a aquella persona en perjuicio de la víctima. Desde esa perspectiva, la existencia de intereses contrapuestos justificaría la investigación.
La segunda interpretación, sostenida por Sandoval, pone el acento en que el abogado nunca aceptó representar a la víctima y que, por lo tanto, no puede afirmarse que haya ejercido simultáneamente dos representaciones profesionales incompatibles.
La diferencia no es menor.
Es justamente el tipo de discusión que, llevada al lenguaje cotidiano, resulta extremadamente difícil de comprender.
Para una persona ajena al mundo jurídico puede parecer contradictorio que un mismo hecho permita llegar a conclusiones tan diferentes.
Pero la Justicia funciona mediante distintas instancias, recursos y mecanismos de revisión. Una decisión de un juez puede ser cuestionada por una de las partes y revisada por un tribunal superior. Esa revisión puede confirmar, modificar o revocar lo decidido anteriormente.
Lo que para el ciudadano aparece como una contradicción puede formar parte del funcionamiento «normal» de un sistema judicial basado en distintas instancias.
Sin embargo, el problema surge cuando las decisiones enfrentadas resultan difíciles de explicar en términos comprensibles para la sociedad, que no entiende estas incongruenciuas abismales entre jueces, amén de todos los duros cuestionamientos que existen sobre el accionar de esa fiscalía.
La pregunta que queda abierta
El caso Sandoval pone sobre la mesa una cuestión que excede los nombres propios y el expediente concreto.
¿Qué debe entender la sociedad cuando un juez sostiene que una conducta no constituye delito y, posteriormente, un tribunal superior considera que existen elementos suficientes para continuar investigándola?
La respuesta jurídica puede encontrarse en las reglas que determinan las competencias de cada instancia y los alcances de los recursos.
Pero desde el punto de vista ciudadano existe una dificultad evidente: comprender por qué una misma situación puede recibir valoraciones jurídicas tan diferentes.
En este caso, además, la discusión se desarrolla alrededor de una cuestión especialmente sensible: la actuación de un abogado frente a una víctima de un delito sexual y los límites de su intervención profesional.
El Superior Tribunal puso el foco en la existencia de intereses contrapuestos y en la posibilidad de que la actuación del abogado hubiera perjudicado los intereses de la víctima.
Sandoval, en cambio, sostiene que esa interpretación parte de una premisa que considera equivocada: que había asumido la representación de la víctima. Su posición es que nunca aceptó ese cargo y que, por lo tanto, no puede sostenerse que haya ejercido simultáneamente dos representaciones incompatibles.
La importancia de una discusión jurídica que continúa abierta
La resolución del Superior Tribunal no significa una condena contra Sandoval.
Lo que decidió el Tribunal fue revocar el sobreseimiento y permitir que la investigación continúe.
Esto es importante porque la diferencia entre ser investigado, ser imputado y ser condenado no puede perderse de vista.
La resolución habilita la continuidad del proceso y no equivale, por sí misma, a una declaración de culpabilidad.
11 de septiembre de 2026
Fallo ratifica remoción de consejero cooperativo en Esquel
La Cámara de Apelaciones de Esquel ratificó la legalidad de la remoción de un consejero de la Cooperativa 16 de Octubre por denuncias de violencia de género contra dos mujeres, sin necesidad de sumario previo.
La Justicia de Chubut consolidó un precedente de enorme relevancia institucional al confirmar que las asambleas de asociados de cooperativas tienen la potestad legal y absoluta de remover a sus consejeros de administración en cualquier momento y sin necesidad de sustanciar un sumario previo. El fallo, emitido por la Cámara de Apelaciones de Esquel, validó de este modo el desplazamiento de un dirigente de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. tras acreditarse denuncias por agresiones físicas contra dos mujeres.
La decisión judicial, adoptada de forma unánime por los magistrados Jorge Luis Früchtenicht y Ricardo Rubén Enrique Hayes, puso fin a una disputa que se inició a raíz de la asamblea ordinaria de asociados celebrada el 31 de octubre de 2023 por la cooperativa que brinda los servicios públicos en las localidades cordilleranas de Esquel y Trevelin.
El origen del conflicto
Durante aquella asamblea, los socios debatieron e incluyeron en el orden del día el comportamiento de uno de los consejeros de administración, quien había sido acusado formalmente de agredir físicamente a dos mujeres. Ante la gravedad de la situación y la consecuente pérdida de confianza de los asociados, la asamblea resolvió por votación su inmediata remoción del cargo de Consejero.
Lejos de aceptar la decisión soberana de los representantes de los socios, el consejero desplazado recurrió ante la Justicia Civil de Esquel exigiendo que se anulara el acta asamblearia. El actor argumentó que el desplazamiento era inconstitucional porque la cooperativa no le había sustanciado un sumario administrativo con derecho a defensa previa en su domicilio, señalando que la entidad debió aplicar el régimen de exclusión de asociados en lugar de removerlo de forma directa de su cargo.
Primera instancia: rechazo de la demanda
En febrero de 2026, la jueza de refuerzo Ana Lorena Beatove rechazó la demanda del exconsejero tras comprobar que el trámite asambleario no presentaba ninguna arbitrariedad y que la medida adoptada era plenamente proporcional con los hechos ocurridos. La magistrada entendió que la decisión de los socios se enmarcaba dentro de las atribuciones legales y estatutarias vigentes.
Disconforme con el fallo, el actor apeló ante la Cámara de Apelaciones de Esquel, órgano que el pasado 4 de septiembre ratificó plenamente el fallo original, dejando firme la decisión de la asamblea y la remoción del dirigente.
Los fundamentos de la Cámara
Los jueces de alzada explicaron que, de acuerdo con la Ley Nacional de Cooperativas y los estatutos sociales vigentes, las asambleas de asociados gozan de la atribución legal de remover a sus consejeros de administración en cualquier tiempo y sin expresión de causa. Para fundamentar su decisión, los camaristas aplicaron el clásico principio de derecho que establece que «quien puede realizar lo más, tiene la potestad de realizar lo menos».
En términos concretos, si los asociados de una cooperativa tienen el derecho absoluto de decidir el apartamiento de un consejero por simple pérdida de confianza y sin dar explicaciones, con mayor razón pueden decidir removerlo cuando existen causas reales e imputaciones graves en su contra. Los magistrados señalaron que no corresponde exigir un sumario de exclusión disciplinaria previo cuando la decisión asamblearia se limita a desplazar políticamente al administrador sin quitarle su condición de socio.
Validez de los edictos de prensa
Finalmente, el tribunal rechazó el planteo del exconsejero, quien alegaba que no había podido enterarse de la asamblea por no haber sido notificado en su casa. Los jueces indicaron que la convocatoria fue realizada con total validez formal mediante la publicación reglamentaria de edictos de prensa para todos los socios, agregando que un consejero no puede alegar el desconocimiento de los movimientos de su propia entidad, ni pretender ignorar las leyes cooperativas que aceptó cumplir de manera libre y voluntaria al candidatearse para el puesto.
Las costas del trámite ante la Cámara fueron impuestas al exconsejero desplazado al resultar vencido en sus recursos, lo que representa un nuevo revés judicial para el dirigente que intentó revertir su remoción por la vía judicial.
Un precedente para el cooperativismo argentino
Este fallo adquiere una dimensión que trasciende el caso particular y se proyecta como un precedente significativo para todo el movimiento cooperativo argentino. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Esquel reafirma la autonomía de las asambleas de asociados y la potestad de los socios para remover a sus dirigentes cuando la confianza se ha quebrado, especialmente en casos donde existen denuncias de violencia de género.
La resolución judicial también envía un mensaje claro respecto de la responsabilidad de las instituciones civiles en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia. El fallo sienta así un antecedente de relevancia para otras cooperativas y entidades civiles que enfrenten situaciones similares, donde la gravedad de los hechos denunciados y la pérdida de confianza de los asociados justifican la remoción inmediata de un dirigente sin necesidad de sumarios previos que dilaten la protección de las víctimas.
10 de septiembre de 2026
Eclipse y Turismo: Esquel y la zona serán los mejores lugares para apreciarlo en 2027.
Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces serán los mejores lugares del continente para apreciar un espectáculo natural único por su belleza: Un Eclipse de sol que espera convocar a multitudes a nuestra región.
El evento natural ya está en la agenda turística internacional y en boca de las principales agencias de turismo nacional. Es una oportunidad que nos regala la naturaleza, que generará un impacto turístico impresionante y sin precedentes.
El sector turístico regional deberá prepararse con antelación, para poder ofrecer servicios de calidad y poner en valor todos los atractivos turísticos de la zona, a fin de que las experiencias vividas por esta inusual cantidad de gente esperada, sea el puntapié para fortalecer la sana industria del turismo, motor económico de la región, que abunda en sus bellezas naturales de calidad internacional.
La empresa local Chubut Explorers activó los engranajes para poner en valor turístico a la región, brindando charlas informativas sobre el evento natural, ya que son especialistas en turismo astronómico; una forma inusual de turismo que invita a apreciar y entender el cielo, aprovechando la nitidez y claridad de los paisajes estelares que contemplamos desde la Patagonia chubutense.
Pero… ¿De qué se trata el Eclipse?
Un poco de historia.
El famosísimo libro “La Odisea”, del gran poeta griego Homero, describe las peripecias del héroe griego Ulises en su regreso al país del que es rey, Ítaca, después de haber luchado en la Guerra de Troya
Hacia el final de la historia, un vidente llamado Teoclímeno declara que durante un banquete, en el cual Ulises termina matando a todos sus oponentes, “el Sol desapareció del cielo y una horrible oscuridad se extiende por doquier”….
Es el 16 de abril del año 1178 ac. Sobre las islas jónicas esta teniendo lugar un espectáculo astronómico épico: un eclipse de sol.
Los griegos de esa época, hace ya 3200 años atrás, no sabían qué estaba pasando y este evento era, indudablemente, fuente de gran terror y estupor.
Hoy ya no nos asustan. Nos impresionan, nos impactan, podemos predecirlos con total exactitud y hasta recorremos medio mundo para verlos.
Por eso, sabemos perfectamente que el próximo 06 de febrero del año 2027, y en un recorrido que cruzará gran parte de la Argentina, seremos testigos privilegiados de un espectacular e inolvidable Eclipse Anular de Sol, el llamado “Anillo de Fuego” !!
¿Cómo ocurre un eclipse de sol?
Nuestro satélite natural, la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, cruza en ocasiones exactamente frente al sol. Cuando esto ocurre se produce un eclipse de sol. A veces la luna está un poco más lejos (ya que su órbita no es exactamente circular sino elíptica) y en esos casos el eclipse se llama “anular” dado que lo que se observa es un “anillo de fuego” alrededor de la sombra… es justamente el tipo de eclipse que tendrá lugar el próximo 6 de febrero de 2027.
Nuestro conocimiento científico actual es tan preciso que con total exactitud se pueden prever los lugares donde se podrán observar los eclipses, la magnitud de los mismos, su duración y todos los datos necesarios para disfrutar de este espectáculo astronómico al máximo.
¿Dónde observar el próximo eclipse anular de Argentina?
En la patagonia argentina, en la zona de la Comarca Andina de Chubut, los mejores lugares para disfrutar de este evento serán las localidades de Trevelin, Esquel y el Parque Nacional Los Alerces. La zona de sombra máxima pasará a muy pocos kilómetros de las plazas centrales de Esquel, Trevelin y el PNLA, convirtiéndose los tres lugares en los mejores lugares para la observación del evento.
Al tratarse de localidades con una muy fuerte impronta turística, están perfectamente preparadas para recibir al turismo, con gran cantidad de alojamientos (cabañas, hoteles, hosterías, campings), restaurantes y atractivos de gran espectacularidad. Existe también un muy completo desarrollo de servicios de Astroturismo, lo cual permitirá que los visitantes puedan además disfrutar de los increíbles cielos nocturnos de este sector de la patagonia.
¿Qué podemos esperar de la observación en las zonas de Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces?
La atmósfera sobre la comarca andina de Chubut es perfectamente limpia.. no existen industrias contaminantes en la zona, con lo que la observación del cielo es increíblemente nítida. Por eso, esta zona será de los mejores lugares del país para disfrutar el eclipse.
Horarios: El primer contacto del perfil de la luna con el disco solar ocurrirá a las 10:23 de la mañana. La totalidad comienza a las 11:52 y termina a las 12:00 y el último contacto de la luna con el sol ocurre a las 13:36, con lo que total el espectáculo dura unas 3 horas, al mediodía con lo que tendremos al sol alto en el cielo.
En el momento de máximo, la luna cubrirá un 96% del sol y la luz ambiental se reducirá en un impresionante 86%,
Con el fin de que todos puedan tener su lugar, diversos prestadores turísticos están organizando campamentos astronómicos tanto para el momento mismo del eclipse como para realizar actividades de astroturismo en las noches previas y posteriores al mismo.
¿Cómo observar correctamente un eclipse de sol?
Es fundamental entender que no debemos mirar NUNCA en forma directa el sol. Cometer este error puede producir daños oculares, desprendimiento de retina y otros problemas médicas de mucha gravedad. Por lo que no esta de mas repetirlo: Nunca mirar directamente al sol.
La manera correcta de observar un eclipse solar es usando anteojos o filtros especialmente diseñados. Esto permite disfrutar el evento de manera segura y sin ningún riesgo.
En las localidades mencionadas, los prestadores turísticos dispondrán de anteojos especiales para proveer a sus clientes, concentrando los mismos la empresa Chubut Explorers (Wap 2945-411734). Igualmente será importante reservar con tiempo para que la provisión de los mismos no se agote.
¿Que más hay para hacer en Esquel y Trevelin?
La zona de la Comarca Andina de Chubut se caracteriza por una gran belleza paisajística y natural. Lugares como las Áreas Naturales Piedra Parada y Lago Bagillt permiten conocer las bellezas tanto de la Estepa patagónica como del Bosque Andino Patagónico. Recorridos como La Trochita en Esquel o el Molino Nant Fatch en Trevelin, nos convierten en testigos presenciales de la historia de estos valles. La Ruta del Vino más austral del mundo es un mimo al paladar de los amantes del fruto de la uva, que les permite conocer un terroir único en el planeta. Comunidades originarias como Sierra Colorada o Alto Rio Percy nos introducen en la vida campestre y desafiante de las montañas. Y hay para todos los gustos: escalada, cabalgatas, kayak, exquisita gastronomía, espectaculares paisajes de lagos, ríos y cascadas… la lista es interminable. Fácilmente hay actividades para quedarse una semana recorriendo y conociendo.
En las páginas web oficiales de cada localidad se puede encontrar tanto las actividades para realizar como los alojamiento habilitados para disfrutar del merecido descanso luego de días de intensidad:
Página de Turismo Trevelin
Página de Turismo Esquel
Indudablemente este Gran Eclipse Patagónico es un excelente motivo para conocer la Comarca Andina del Chubut, si no has estado ahí antes, o para volver a recorrerla si ya la conocés.
9 de septiembre de 2026