El sistema judicial chubutense vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Pero lo que hoy indigna a la ciudadanía no es un hecho aislado ni una sorpresa: es la consecuencia de una lógica de funcionamiento que hace tiempo viene mostrando señales de desconexión, privilegio y falta de compromiso.

Información obtenida recientemente por Chubut Online da cuenta de que, en noviembre del año pasado, varios integrantes del Ministerio Público Fiscal provincial viajaron a San Francisco, Estados Unidos, en el marco de una capacitación sobre juicio por jurados con una duración de cinco días. Hasta allí, el argumento institucional podría resultar atendible, pero…

En los pasillos de los tribunales comenzaron a aparecer comentarios sobre fotografías de un par de participantes subidas a las redes sociales, donde se las ve disfrutando de las playas de Hawai, a unos miles de kilómetros de distancia de San Francisco, el lugar sede del curso.

Mientras la gran mayoría de los viajantes volvió al trabajo, al menos dos decidieron tomarse unas vacaciones en playas paradisíacas de Hawái, al tiempo que las víctimas de delitos en Chubut se preguntan por qué la justicia no funciona.

Como anticipo del viaje, algunas imágenes publicadas en redes sociales mostraban a dos de las viajantes arriba del avión en una actitud más cercana a un viaje de egresados que a la seriedad que requiere la administración de justicia, con abierta referencia escrita a que la imagen se trataba de fiscales en viaje.

Una llamativa suma de dinero.

Desde Esquel participaron la fiscal jefe, una funcionaria de fiscalía y una abogada del organismo. Según la información que obtuvimos desde Chubut Online, Por el viaje se abonaron viáticos por cinco días que totalizaron una suma nada despreciable de $3.728.891,40, además de pasajes de cabotaje por $1.380.000 correspondientes a la funcionaria y la abogada. En cuanto a la fiscal jefe, su pasaje habría sido cubierto por la Asociación Argentina de Fiscales, en virtud de su carácter de autoridad dentro de dicha entidad.

Ante un pedido de información formulado por Chubut Online, el Procurador Fiscal, Dr. Miquelarena respondió que los datos vinculados al viaje constaban en los registros informáticos del propio Ministerio Público, y que cada una de las erogaciones se tramitó conforme a la ley y a los reglamentos vigentes, bajo los controles internos y del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, lejos de aportar claridad, la respuesta se cerró sobre sí misma: sostuvo que “brindar cualquier otra información adicional, más allá de las actividades realizadas, podría implicar una violación a la Ley de Protección de Datos Personales”.

Entre lo ético y lo legal.

Las respuestas recibidas desde el MPF nos han generado más dudas, pero dejemos por ahora de lado el derecho a la información y la enorme equivocación -¿equivocación?- de la respuesta. Hasta allí, todo pareciera encuadrar dentro de la legalidad. Y, en efecto, lo estaría. No habría —al menos en lo legal— irregularidades que objetar. Pero es precisamente por eso que la mirada debe ampliarse. Y es en ese punto donde aparecen situaciones que, cuanto menos, llaman la atención.

La fiscal de Esquel, María Bottini, conocida por acumular cuestionamientos públicos sobre su accionar a lo largo de su carrera como fiscal, decidió que inmediatamente después del curso sobre “juicio por jurados”, era un buen momento para conocer las playas de Honolulu, Diamond Head y Kuhio Beach, en el paradisíaco Hawai, a casi 4000km del lugar del curso. No fue sola, se llevó al menos a una acompañante, también del MPF. Y no lo hizo en sus días libres teóricos: se tomó una licencia ordinaria que, si bien resultaría legal, expone la laxitud de un reglamento que permite a funcionarios de alto rango ausentarse cuando la sociedad más necesita de su presencia.

Si bien la gran mayoría de los participantes del curso volvieron en tiempo y forma a sus trabajos, el caso de Bottini no se trató de un regreso inmediato ni de una reanudación de funciones en un contexto que ya entonces requería respuestas. Por el contrario, la extensión del viaje evidenció que, más allá de la cobertura formal de licencias, existía margen —y decisión— para priorizar lo personal por sobre lo institucional.

Y es justamente ahí donde el análisis deja de ser meramente administrativo para ingresar en un terreno más incómodo, pero necesario: el ético. Porque aun cuando todo haya sido formalmente correcto, surgen preguntas que no pueden descartarse con una simple invocación a la legalidad.

En primer lugar, el modo en que se aprovechan oportunidades que, en definitiva, existen exclusivamente por el ejercicio de un cargo público. El viaje a Estados Unidos no fue una circunstancia privada: fue posible gracias a la función desempeñada. Y, en ese marco, la extensión posterior hacia Hawái no aparece como un hecho completamente desligado, sino como una derivación directa de esa misma oportunidad.

Dicho de otro modo: si no se hubieran utilizado las ventajas propias del cargo —incluso cuando parte de los costos hayan sido cubiertos por una asociación profesional—, ese desplazamiento difícilmente se habría producido en esas condiciones. El costo real de un pasaje internacional de esas características, asumido íntegramente de manera particular, habría sido sensiblemente mayor y, en rigor, debería haber salido del propio peculio del funcionario, que, dicho sea de paso, cobra mensualmente un salario jugoso muy alejado de la gran mayoría de la gente, que le permite viajar sin tener que caer en estos presuntos “oportunismos” de ética muy cuestionable.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿resulta correcto capitalizar una oportunidad generada por la función pública para obtener un beneficio personal? La respuesta, al menos desde una perspectiva ética, dista de ser sencilla. Porque lo que está en juego no es la legalidad del acto, sino el estándar de conducta que se espera de quienes ejercen responsabilidades institucionales.

La ética cuestionable y los cargos jerárquicos.

Esa exigencia no es abstracta ni declamativa: adquiere una dimensión concreta cuando quien adopta este tipo de decisiones ocupa, además, un rol de representación institucional. No es un dato menor que la misma funcionaria integre hoy el Consejo de la Magistratura del Chubut en representación de los magistrados. Desde allí, participa en la selección y evaluación de jueces, es decir, en la definición de los perfiles que deben ajustarse —justamente— a los más altos estándares de idoneidad, responsabilidad y conducta pública. La pregunta, entonces, se proyecta inevitablemente: ¿con qué vara se mide?

Las licencias nuevamente en debate.

El curso terminó en la tarde/noche del viernes 14 de noviembre y el día 15 por la mañana Bottini y su colega ya estaban en las playas de Hawái, tomándose licencia a partir del día lunes 17 hasta el día 26 de ese mes. Cabe señalar que los días 15 y 16 eran días previstos para el regreso a la Argentina, bajo el paraguas de la cobertura legal y reglamentaria que la misma Procuración General señaló por nota a Chubut Online. Esos días parece que entraron en un abismo reglamentario, porque, si bien era un fin de semana, la cobertura legal reglamentaria suponía que en esos días debían emprender el regreso a la Argentina.

Tampoco se trata de un episodio completamente aislado. En los últimos años se han conocido situaciones que, aun con diferencias entre sí, vuelven a colocar el foco en el uso de licencias y en los criterios con los que se ejercen las responsabilidades públicas.

Tal es el caso de una funcionaria del Ministerio Público de Esquel que, según está investigando este medio de comunicación, hace un tiempo habría utilizado una licencia médica para viajar a Europa; o el del juez de Cámara Claudio Petris, quien atravesó períodos de licencia en el marco de su investigación disciplinaria, con certificaciones médicas que habrían generado cuestionamientos e interrogantes por la forma en que habrían sido expedidas.

La sociedad chubutense, en ese marco, empieza a plantear un límite claro. No desde la ilegalidad —que aquí no se discute—, sino desde algo más básico: la coherencia entre el rol que se ejerce y las conductas que se adoptan. Porque la justicia no puede permitirse aparecer como un espacio de privilegios donde la formalidad alcanza para justificar cualquier decisión. –

No se trata de Hawái. Se trata de algo mucho más profundo: de una dirigencia judicial que parece haber olvidado que su legitimidad no se sostiene en lo que puede hacer, sino en lo que debería hacer.

En otras palabras, cualquier persona puede comer y saborear caviar delante de un indigente desnutrido, ya que no hay ilegalidad en ello; sin embargo, nadie lo hace, por respeto, o empatía. Menos lógico sería aún, que eso lo haga alguien con responsabilidad sobre la situación del mendigo. Sin duda, algo similar a lo vivido por el mendigo deben sentir todos aquellos que esperan que la justicia funcione, al ver a fiscales de vacaciones en playas de Hawái en época de trabajo.

¿Realmente capacitan esos cursos?

Desde el Ministerio Público Fiscal se defiende el viaje: curso intensivo, visitas a laboratorios, encuentro con la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, y hasta una visita al FBI. Todo muy técnico, todo muy relevante para el sistema de juicio por jurados que ya rige en Chubut. Pero entonces cabe preguntarse: si la capacitación fue tan valiosa, ¿por qué el accionar cotidiano de la fiscal Bottini deja tantas dudas? No hace falta ir muy lejos en el tiempo para ver su último papelón jurídico: en Esquel, la fiscalía, con la intervención de Bottini, intentó inventar un juicio contra un abogado por hechos en los que no tenía ninguna participación. ¿Eso es aplicar lo aprendido en San Francisco?¿ Valió la pena el costo del viaje?

La justicia no puede darse el lujo de parecer un club de privilegiados que viajan, se “capacitan” y, de paso, se toman vacaciones en el Pacífico mientras las víctimas de delitos buscan justicia. Si el reglamento de licencias lo permite, entonces hay que cambiar el reglamento. Y si quienes lo conceden no aplican criterios de razonabilidad y compromiso social, entonces hay que preguntarse si están a la altura de la función que ocupan.

Porque al final del día, una fiscal no es una turista más. Es la representante del Estado en la persecución del delito. Y cuando ese Estado se toma vacaciones, la víctima queda sola.