Chubut Online – Patagonia Argentina

Caso Petris: ¿Manotazos de ahogado para desvirtuar la realidad? Se viene el juicio al juez de Esquel.
La defensa del juez Claudio Alejandro Petris –actualmente suspendido tras investigación de Chubut Online– difundió una solicitada para cuestionar las imputaciones que serán analizadas en el Jurado de Enjuiciamiento previsto para el 16, 17 y 18 de noviembre. En el escrito, tergiversaron la realidad de su situación de cara al Juicio, evitando referirse a la investigación penal en su contra, la cual corre por canales paralelos, en diferentes instancias, y ante diferentes autoridades del Poder Judicial.
Lo que manifestaron.
La defensa del juez Claudio Alejandro Petris salió públicamente en varios medios a cuestionar el proceso de enjuiciamiento que deberá afrontar en noviembre. En una solicitada, negó las imputaciones que considera falsas, rechazó que existan elementos para sostener un enriquecimiento ilícito y denunció una supuesta situación de “indefensión” por la falta de precisión de los hechos que serán debatidos.
La realidad.
Hay una cuestión fundamental: Una cosa es la línea de investigación en un tema específico que vaya a ser sometida ante un Jury -en un contexto de economía procesal-, y otra cosa es que no haya otra gran cantidad de irregularidades cuyo análisis jurídico conllevaría retrasos innecesarios para evaluar la destitución- o no- del juez.
En otras palabras, si de todo lo denunciado, se seleccionan uno o dos ejes sobre los cuales avanzar, no implica la inexistencia de otras irregularidades cuyo análisis dilatarían los plazos.
Tampoco hay que confundir el procedimiento del Jury con la investigación penal. Son cuestiones totalmente diferentes. Petris sigue siendo investigado por la fiscalía de Comodoro Rivadavia y recientemente se realizaron varios allanamientos en sus propiedades, con resultados positivos, según afirmó oportunamente el fiscal Cristian Olazábal a Chubut Online, en reportaje posterior a esos allanamientos.
La discusión sobre el inminente juicio no debería reducirse a una disputa de declaraciones entre la defensa y quienes cuestionan la conducta del magistrado. Lo que está en juego es la necesidad de esclarecer los hechos y establecer si la conducta de un juez resulta compatible con las exigencias éticas, funcionales y patrimoniales que impone el ejercicio de la magistratura. Lo penal, sigue un carril totalmente independiente.
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Abuso sexual: una cuestión que requiere precisión
En su solicitada, la defensa sostiene que Petris no será juzgado por abusos sexuales y afirma que las versiones sobre supuestos favores sexuales fueron descartadas por la investigación. Sin embargo, esa afirmación requiere una aclaración fundamental: que estos hechos no formen parte de la acusación en el juicio no significa que hayan sido descartados ni que se haya demostrado su inexistencia.
Según la información obtenida por este medio, la investigación sobre estos presuntos hechos no todavía no se inició debido a que la presunta víctima , cuyo testimonio obtuvo Chubut Online, todavía no habría presentado la denuncia correspondiente. Presentar entonces la falta de una denuncia formal como prueba de que los hechos nunca existieron supone confundir dos situaciones muy diferentes. Una cosa es que no se haya iniciado la investigación judicial y otra, muy distinta, que se haya demostrado que lo relatado sea falso. La persona que hizo declaraciones al respecto, tendría temor de realizar la denuncia.
Enriquecimiento ilícito: una causa en trámite no es lo mismo que una causa inexistente
Otro de los argumentos centrales de la defensa es que Petris enfrenta, en el marco del enjuiciamiento, una acusación penal formal por enriquecimiento ilícito. La solicitada sostiene, además, que, transcurrido más de un año y medio desde el inicio de la investigación penal, no habría avances que permitan sospechar la existencia de ese delito.
Sin embargo, la ausencia de una acusación penal formal (una apertura de la investigación) tampoco significa que no exista una investigación ni que sus hipótesis hayan sido descartadas.
Es más: conforme lo informara este medio, la causa patrimonial estaría en trámite y se habrían realizado medidas de investigación relevantes, entre ellas, allanamientos en propiedades vinculadas a Petris. También existirían actuaciones orientadas a reconstruir la composición de su patrimonio y las operaciones mediante las cuales determinados bienes fueron adquiridos o transferidos.
Volvemos a lo mismo: una causa en trámite no es lo mismo que una causa inexistente, como sugiere la defensa. El legajo fiscal sigue avanzando. No debe confundirse una imputación todavía no formalizada con una inexistencia comprobada de hechos. Y menos aún confundir a la sociedad haciendo una manifestación tan liviana al respecto.
El caso del Mini Cooper: La flecha que apuntaría a la cabeza del juez.
Mientras el juez Claudio Alejandro Petris intenta desacreditar las acusaciones en su contra mediante una solicitada en la que habla de hechos inexistentes y de una supuesta persecución, hay una serie de interrogantes sobre su patrimonio y determinadas operaciones con bienes que todavía esperan respuestas. La estrategia de presentar el enjuiciamiento como una ofensiva sin fundamentos omite aspectos que merecen ser examinados a la luz de la documentación disponible.
Uno de ellos es la llamativa historia de un Mini Cooper que habría pasado por las manos de un joven sin capacidad económica para adquirirlo, mientras el magistrado habría afrontado sus gastos y obtenido autorización para conducirlo, hasta que finalmente el vehículo terminó a nombre de su hija. El joven que figuró como titular del vehículo ni siquiera sabía conducir, ni tenía licencia.
La reconstrucción preliminar indica que el vehículo habría sido registrado a nombre de un joven cuya identidad se mantiene en reserva por razones de protección, el 27 de marzo de 2017. Ese día también se habría expedido una autorización para que Petris pudiera conducirlo. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2022, el automóvil habría sido transferido a nombre de Antonella Petris Gallelli, hija del magistrado.
¿Por qué el vehículo habría sido registrado inicialmente a nombre de un tercero y años después transferido a una hija del juez? ¿Quién pagó el automóvil, su mantenimiento, el seguro y los impuestos? ¿Quién lo utilizaba efectivamente? ¿Qué relación económica existía entre el titular registral y las personas que habrían dispuesto del vehículo?
Según la información recabada por este medio, el joven no sabía conducir, no tenía capacidad económica para comprar un vehículo de esas características y ni siquiera habría sabido qué estaba firmando cuando el automóvil fue puesto a su nombre. Tampoco se habría ocupado de pagar los impuestos, el seguro ni los services del Mini Cooper: esos gastos habrían sido afrontados por Petris.
No se trata de detalles menores ni de una simple irregularidad administrativa. Es precisamente esto lo que debe esclarecerse en el Jurado de Enjuiciamiento.
Lo que está en juego.
Todo esto trasciende la situación personal de Claudio Petris: está en juego la salud republicana, la transparencia de las instituciones, la integridad de quienes ejercen la magistratura y la confianza de la ciudadanía en una Justicia que debe dar el ejemplo.
El juicio no es una condena anticipada, pero tampoco puede convertirse en un trámite vacío de contenido. Su responsabilidad es determinar, con pruebas y garantías, si la conducta del magistrado fue compatible con la función que desempeñaba. Es mucho más simple que un proceso penal ordinario, simplemente, debe resolverse si este juez reúne las condiciones para seguir ejerciendo su cargo.
La relación con Duscher y el posible conflicto de intereses
El caso adquiere mayor gravedad por la relación de amistad que Petris habría mantenido con Aldo Pedro Duscher y su presunta intervención como juez en una causa judicial que involucraba al futbolista, sin haberse excusado.
De confirmarse estas circunstancias, no solo estaría en discusión el deber de imparcialidad, sino también la obligación de todo magistrado de evitar situaciones que comprometan la confianza pública en la Justicia. La pregunta es inevitable: ¿puede un juez intervenir en una causa que involucra a alguien con quien mantiene una relación personal y, al mismo tiempo, garantizar la plena transparencia de su actuación?
¿Por qué algunos hechos no llegaron a integrar la acusación?
La defensa presenta como inexistentes distintas situaciones que, según afirma, no forman parte de los cargos que serán debatidos. Sin embargo, la exclusión de un hecho de la acusación no demuestra necesariamente que haya sido falso: consultados varios especialistas, nos han señalado que ello por lo general responde a distintas razones procesales, probatorias o estratégicas: básicamente, concentrar el procedimiento en determinados cargos considerados centrales.
Así, la hipótesis de que se haya decidido avanzar sobre los cargos considerados más sólidos o relevantes no significa que toda cuestión excluida del enjuiciamiento quedó automáticamente desmentida.
De la supuesta persecución política a la discusión sobre los hechos
En un primer momento, desde el entorno de Petris se intentó instalar que el enjuiciamiento respondía a una supuesta persecución política y a maniobras de poder.
Pero el Mini Cooper no se lo plantó Nacho Torres, ni ningún “contrincante” judicial: es un hecho que está plasmado en papeles, en el registro del automotor, en expedientes judiciales, en fotografías, en testimonios, y algunos con la propia firma de Petris.
Ahora, frente a la proximidad del jury, la nueva solicitada parece redoblar esa estrategia: desacreditar el proceso, negar los hechos y presentarse como víctima de una conspiración.
Más que una explicación convincente, el planteo se asemeja a un manotazo de ahogado para correr el foco de las cuestiones de fondo y evitar que la discusión se concentre en los hechos que deben esclarecerse.
Ningún relato puede reemplazar a las pruebas, ni ninguna solicitada puede borrar las preguntas que siguen sin respuestas, o simplemente esas respuestas podrían estar plasmadas en documentación pública y eso sería lo que les preocupa.
El jury deberá determinar las responsabilidades que correspondan, con todas las garantías legales. Lo que no puede ocurrir es que la discusión pública se convierta en una cortina de humo para desviar la atención de los hechos que deben esclarecerse. Porque cuando lo que está en juego es la conducta de un juez, no alcanza con proclamarse víctima: hay que dar explicaciones. Y la sociedad tiene derecho a exigirlas.
Volver a creer en las instituciones
La discusión alrededor del Jurado de Enjuiciamiento de Claudio Petris excede la situación personal del magistrado. También pone a prueba la capacidad de las instituciones.
La sociedad tiene derecho a que las denuncias que involucran a un funcionario judicial sean investigadas con rigor y que las cuestiones vinculadas a su patrimonio, sus relaciones personales y su actuación profesional sean esclarecidas sin concesiones. Quien ejerce la magistratura no está por encima del escrutinio público ni exento de rendir cuentas por sus actos. La transparencia y la responsabilidad institucional son exigencias inherentes a la función judicial, y cualquier conducta que pueda comprometerlas debe ser examinada con la seriedad que merece.
Volver a creer en las instituciones exige mucho más que solicitadas y desmentidas: exige verdad, transparencia y respuestas concretas.
La credibilidad de la Justicia no se sostiene con discursos, sino con hechos, investigaciones serias y decisiones que estén a la altura de la responsabilidad institucional.
El Jurado de Enjuiciamiento tiene la oportunidad y la obligación de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan en un caso icónico como éste. Porque cuando las sospechas alcanzan a quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley, no alcanza con negar los hechos: hay que despejar las dudas.
La sociedad necesita una Justicia que no solo exija rendición de cuentas, sino que también esté dispuesta a rendirlas.
Estamos ante un hecho histórico para la provincia, una oportunidad decisiva para demostrar que ninguna función pública está por encima de la ley y que la transparencia no admite privilegios.
23 de octubre de 2026
La Cooperativa 16 de Octubre evitó un costo superior a $36 millones tras el fallo contra Sarquís
La Cooperativa 16 de Octubre de Esquel obtuvo un resultado judicial favorable que evitó un fuerte desembolso económico: la Justicia rechazó la demanda laboral de Héctor Sarquís y confirmó el fallo en segunda instancia, en un litigio que puso en discusión un reclamo millonario y el costo que podía representar para los socios.
La resolución de la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, dictada el 19 de octubre de 2026, confirmó el rechazo de la demanda promovida contra la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda. El resultado representa un alivio para las finanzas de la institución y sus asociados, con un ahorro superior a los $36 millones en honorarios, según la estimación económica planteada en torno al caso.
El desenlace judicial deja una cuestión que merece especial atención: una cooperativa de servicios públicos, sostenida por sus socios y por los usuarios de Esquel y Trevelin, no puede convertirse en una fuente de recursos para reclamos que no encuentran respaldo en la prueba judicial. Cada suma que una entidad de estas características debe afrontar repercute, directa o indirectamente, sobre el patrimonio que pertenece a sus asociados.
Un reclamo laboral que no prosperó
El conflicto comenzó con una demanda presentada por Héctor Andrés Sarquís, quien reclamó que su vínculo con la Cooperativa fuera reconocido como una relación laboral durante el período posterior a noviembre de 1995. La presentación inicial reclamaba $6.799.350, además de intereses, costas y otros conceptos indemnizatorios.
La posición del demandante sostenía que, pese a la formalización de contratos de prestación de servicios profesionales, había continuado desempeñando las mismas tareas que realizaba cuando estaba registrado como empleado. Según esa interpretación, el cambio de modalidad contractual habría encubierto una relación de dependencia.
La Cooperativa rechazó esa versión. Su defensa sostuvo que la relación laboral formal había finalizado en 1995 y que, a partir de entonces, Sarquís había prestado servicios profesionales de manera autónoma, mediante contratos específicos, facturación mensual y condiciones propias del ejercicio independiente de la abogacía.
La diferencia no era meramente formal. De la calificación jurídica del vínculo dependía la posibilidad de exigir indemnizaciones laborales, antigüedad, preaviso, vacaciones y otros rubros reclamados.
El 22 de abril de 2026, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel rechazó la demanda. La jueza consideró que no se había acreditado una relación laboral dependiente durante el período cuestionado y que correspondía encuadrar la prestación como un contrato de servicios profesionales.
La parte actora apeló. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión el 19 de octubre, con lo que quedó ratificado el criterio central del fallo de primera instancia.
Los contratos, las facturas y la autonomía profesional
Uno de los aspectos determinantes fue la documentación que describía la relación entre Sarquís y la Cooperativa durante más de dos décadas.
La sentencia distinguió dos etapas. En la primera, reconoció que existió una relación laboral formal, que finalizó en noviembre de 1995 con la renuncia del propio Sarquís. En la segunda, consideró acreditada una contratación de servicios profesionales, renovada periódicamente y sostenida bajo condiciones diferentes de las correspondientes a un empleo dependiente.
Entre los elementos valorados figuraron los contratos firmados, las facturas mensuales por los servicios prestados, los pagos mediante cheques o transferencias y el hecho de que el asesor desarrollara su actividad desde su propio estudio jurídico.
También se examinó que Sarquís contaba con otros profesionales en su estudio y que, cuando se ausentaba, podía organizar su reemplazo para atender las cuestiones de la Cooperativa.
La Justicia entendió que esos elementos eran relevantes para evaluar la existencia o ausencia de subordinación jurídica, técnica y económica, características que distinguen una relación laboral de una contratación profesional autónoma.
Otro elemento significativo fue un memorándum del 6 de julio de 2020, en el que el propio Sarquís reconoció que existía un contrato de locación de servicios profesionales vigente con la Cooperativa. La jueza consideró ese reconocimiento al analizar la coherencia entre la conducta mantenida durante la relación contractual y la pretensión formulada posteriormente.
No se trató, por lo tanto, de una decisión basada exclusivamente en el nombre que las partes dieron a los contratos. El fallo examinó la documentación, los testimonios y las circunstancias concretas de la prestación de servicios.
La Cámara ratificó los fundamentos del rechazo
En segunda instancia, los jueces analizaron los cuestionamientos presentados por la parte actora y concluyeron que no alcanzaban para modificar la sentencia.
Uno de los argumentos centrales fue que la apelación no había refutado de manera suficiente varios fundamentos de la decisión original. Entre ellos, el reconocimiento del contrato profesional vigente en 2020, la facturación de los servicios, la ausencia de pruebas sobre licencias y vacaciones propias de una relación laboral y la posibilidad de que otros abogados del estudio asumieran tareas durante las ausencias de Sarquís.
La Cámara también remarcó que la naturaleza de un vínculo no depende solamente de que una persona preste servicios durante muchos años o de que las tareas se mantengan relativamente estables. Lo decisivo es determinar si esos servicios se realizan bajo subordinación o mediante una organización profesional independiente.
Este criterio fue determinante para desestimar la apelación y confirmar el rechazo de la demanda.
La resolución no implica que toda contratación profesional prolongada sea necesariamente autónoma. Lo que establece es que, en este caso concreto, los elementos examinados no permitieron acreditar la relación laboral invocada para el período cuestionado.
El ahorro de más de $36 millones y el costo que deben evitar los socios
El resultado económico es uno de los aspectos más importantes de este caso. La estimación de un ahorro superior a los $36 millones en costas y honorarios permite dimensionar la relevancia que pueden adquirir los litigios para una entidad que administra recursos destinados a prestar servicios públicos.
Conviene distinguir las cifras: la demanda laboral original fue presentada por $6.799.350, mientras que los más de $36 millones corresponden al ahorro, intereses y honorarios. No son conceptos equivalentes ni deben confundirse.
La sentencia también reguló los honorarios profesionales de quienes intervinieron en el expediente, con porcentajes sobre el monto del proceso y mínimos legales, además de los honorarios del perito contador. Por eso, el ahorro señalado no debe interpretarse como una declaración judicial que haya fijado expresamente esa suma como indemnización evitada, sino como una estimación económica asociada al desenlace favorable del litigio.
Aun con esa precisión, el resultado deja una enseñanza fundamental para la administración de la Cooperativa: la defensa del patrimonio institucional no es una cuestión secundaria. Evitar obligaciones que no corresponden puede significar preservar recursos que pertenecen a los socios y que deben destinarse al funcionamiento de los servicios.
Una cooperativa no es una empresa privada cuyo patrimonio pertenece a un único dueño. Sus recursos están vinculados a una comunidad de usuarios y asociados que necesita que cada peso sea administrado con responsabilidad. Por eso, los reclamos que pueden generar obligaciones millonarias deben examinarse con rigor, tanto en sus fundamentos jurídicos como en sus consecuencias económicas.
La institución no puede quedar expuesta a avivadas que terminen costándoles mucho dinero a sus socios. Esa afirmación no equivale a atribuir un delito ni a sostener que la Justicia haya declarado que existió mala fe en este caso. Es una advertencia sobre la necesidad de impedir que pretensiones económicas sin sustento suficiente terminen trasladando sus costos a quienes mantienen los servicios públicos.
20 de octubre de 2026
¿Qué pasaría si la Prefectura Naval Argentina pudiera hundir las plataformas de Sea Lion?
Si Argentina hunde plataformas de Sea Lion vía Prefectura, el golpe es administrativo, no bélico: UK multiplicaría su gasto en defensa por las dudas, siendo imposible de sostener a largo plazo.
Una hipótesis sancionatoria, no bélica.
La posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina actúe contra las plataformas del proyecto Sea Lion, en el mar argentino, no es un escenario de guerra. Tampoco es un escenario actual que pueda llevarse a cabo en este momento. Es una hipótesis de sanción administrativa en flagrancia, similar a la que ya se aplicó contra buques pesqueros ilegales, y su sola existencia ya altera el cálculo estratégico británico. El Reino Unido, que sostiene un despliegue militar permanente en Malvinas por cientos de millones de dólares anuales, se vería obligado a elevar ese presupuesto de forma exponencial si la Argentina decide escalar en el terreno sancionatorio, sin recurrir a las Fuerzas Armadas.
Una fuerza no bélica.
La Prefectura Naval Argentina no es una fuerza de combate. Su Ley Orgánica N° 18.398 la define como policía de seguridad de la navegación, con facultades para hacer cumplir las leyes, dictar ordenanzas y entender en la extracción, remoción o demolición de buques que obstaculicen aguas jurisdiccionales. Esa habilitación legal es la que ya se utilizó en 2016, cuando un guardacostas persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yuan Yu 10 en la zona de Puerto Madryn tras reiteradas advertencias y maniobras evasivas. El precedente existe y es administrativo: no hubo declaración de guerra ni intervención de la Armada.
El proyecto Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, se ubica a 220 kilómetros al norte de las islas, en un sector de la plataforma continental Argentina. La justicia federal de Río Grande ya ordenó cautelarmente a las empresas abstenerse de iniciar o continuar las operaciones, mientras se debate el impacto ambiental y soberano.
Si esa cautelar se incumple o si la vía judicial se agota, la Prefectura podría intervenir por flagrancia administrativa contra las plataformas flotantes, no contra el Estado británico. El encuadre jurídico no sería el de un acto de guerra, sino el de una sanción por infracción a las normas de navegación y explotación en aguas bajo jurisdicción argentina.
Argentina se rearma.
La compra de armamento por parte de Argentina apunta, en parte, a ese escenario. La Prefectura proyecta incorporar tres patrulleros oceánicos clase Gowind financiados por Francia, con un valor estimado de 278 millones de euros, destinados a reemplazar a los buques clase Mantilla. No son buques de guerra, pero sí plataformas con capacidad de interdicción y disuasión suficientes para ejecutar una sanción en flagrancia contra infraestructura privada rebelde. No obstante, sería tonto una operar una maniobra desde ese tipo de buques, la hipótesis debiera apuntar a la utilización de aeronaves, o tecnología de drones que ya estaría en manos argentinas, amén de cambios de normativas que pudieran permitir a la Prefectura utilizar otro tipo de armamento.
El encuadre legal internacional.
El cuadro legal internacional juegaría a favor de Argentina. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), incorporada al derecho argentino por la Ley 24.543, habilita el derecho de persecución cuando un buque extranjero infringe normas en aguas bajo jurisdicción del Estado ribereño. El hundimiento de un buque pesquero ilegal ya generó reparos diplomáticos, pero no una condena del Consejo de Seguridad ni una respuesta militar. La OTAN, por su parte, no tendría mandato para intervenir en un conflicto no bélico. El Reino Unido es miembro, Argentina no. Y Estados Unidos, en su posición oficial, reconoce la administración británica de las islas pero mantiene una postura neutral respecto de la soberanía, lo que le permite oficiar de mediador antes que de garante de una represalia.
Un dolor de cabeza para la UK, aún sin hundimiento.
El verdadero impacto, sin embargo, es económico. El Reino Unido cerró 2025 con un gasto de defensa de 89.000 millones de dólares, una reducción del 2% respecto del año anterior, mientras enfrenta un agujero presupuestario en el Ministerio de Defensa superior a los 2.000 millones de libras y compromisos militares en Ucrania que absorben 3.000 millones de libras anuales. Sostener la defensa de Malvinas ya es difícil de justificar ante el Tesoro británico. Si la Prefectura tuviese el poder de hundir plataformas en flagrancia, el Reino Unido debería desplegar más medios navales y aéreos de forma permanente, no para combatir, sino para disuadir una sanción administrativa que puede repetirse. Ese despliegue “por las dudas” no tiene techo claro y llega en el peor momento fiscal para Londres.
Argentina ni siquiera tendría que efectuar un hundimiento de una plataforma, la sola posibilidad de tener la capacidad hacerlo hunde a Londres en un conflicto económico y afectaría enormemente la rentabilidad del proyecto Sea Lion.
La ofensiva argentina, si ocurre, no sería bélica. Sería una sucesión de actos administrativos contra empresas privadas, con respaldo legal interno y un precedente que ya funcionó con buques pesqueros. El desgaste para el Reino Unido no vendría de un conflicto armado, sino de la necesidad de sostener un despliegue militar preventivo frente a una potestad sancionatoria que no requiere declaración de guerra. En términos estratégicos, la sola posibilidad de que la Prefectura actúe ya le cuesta a Londres muchísimo más de lo que le cuesta a Buenos Aires.
19 de octubre de 2026
Revés judicial para la Fiscalía de Esquel y a favor de Chubut Online y de la libertad de prensa.
La justicia falló a favor de Chubut Online en un caso que enciende nuevamente las alarmas sobre el funcionamiento de la fiscalía de Esquel.
En horas del mediodía de hoy, se realizó una audiencia judicial en los tribunales de Esquel, a pedido de Chubut Online, a raíz de la negatoria del procurador de fiscalía Ismael Cerda a entregar información pública a este medio que la había solicitado formalmente.
El caso sienta un precedente histórico para la libertad de prensa, la transparencia institucional y el control de parte de la ciudadanía.
Los hechos.
Todo comenzó el día 2 de octubre de este año, con una nota formal presentada por Chubut Online ante la fiscalía de Esquel, solicitando una copia de un legajo fiscal relativo a una denuncia en contra del “geriátrico del terror”, clausurado en Trevelin y reabierto en Esquel, sin habilitaciones.
Pero el procurador fiscal Ismael Cerda se negó contundentemente -aunque sin argumentos legales atendibles– a entregarnos la documentación. Ante tal actuación inconcebible, tratándose de información de carácter público, y en el legítimo derecho de este medio a conocer el contenido del legajo, el titular de Chubut Online, Juan Zuoza, con el patrocinio del Dr. Ricardo Gerosa Lewis, solicitó una audiencia de control de decisión fiscal, la cual estuvo a cargo del juez penal Ricardo Raúl Rolón.
Durante la audiencia, el abogado de Chubut Online expuso claramente el cuadro de situación, resaltando derechos constitucionales, convenciones internacionales, legislación, doctrina y jurisprudencia que avalan el derecho de Chubut Online a acceder a la información solicitada.
Por su parte, el procurador Ismael Cerda, quien se mostró notoriamente molesto, mantuvo sus precarios y confusos fundamentos para continuar con su denegación, dando muestras de un desconocimiento de la normativa superior aludida por nuestra defensa.
Asimismo, ante la falta de argumentos técnicos y legales, Cerda se dedicó a desviar el eje del planteo de fondo, intentando vincular el motivo de la audiencia a hechos ajenos a la causa, acusando a Chubut Online de “hostigamiento” contra la fiscalía, hecho que carece de toda prueba y veracidad.
En definitiva, la postura del procurador iba en línea con el cercenamiento de los derechos a la libertad de prensa, al ocultamiento de la información a la sociedad, al control social de los actos públicos, es decir, en contra de principios que hacen bien a la democracia.
La decisión del juez.
El Dr. Rolón, por su parte, dio una verdadera cátedra de lo que significa la prensa y el derecho a la información pública en una sociedad republicana, resaltando que todo lo que hacen los funcionarios e inclusive los propios jueces y fiscales debe ser público, excepto en algunos casos muy puntuales en donde se pongan en juego cuestiones íntimas de menores de edad y otras pocas excepciones que la ley contempla. Resaltó la importancia de dar acceso a la información y a la publicidad como un valor esencial de la democracia.
El procurador Cerda no pudo de ninguna manera probar que la información que denegaba se encuadraba dentro de esas excepciones, mas se negaba enfáticamente a entregar la información, incluso si así se lo ordenaban.
El juez tomó la decisión de ordenarle a la procuración hacer entrega de la información solicitada por Chubut Online en el plazo de tres días.
Previamente, el Dr. Rolón, había manifestado que anteriormente a la audiencia, había realizado una consulta a un Colegio de Jueces a fin de obtener opiniones sobre la problemática a tratar, por ser un caso novedoso, señalando que la respuesta ponía en valor el derecho de libre acceso a la información por un medio de prensa, lo que sienta un precedente sumamente valioso a la hora de transparentar la labor de las autoridades del Poder Judicial.
El caso del “geriátrico del terror”.
El caso de este deplorable geriátrico, clausurado por serias irregularidades, también estaría vinculado a funcionarios de la propia fiscalía, habiéndose constatado que al menos un vehículo propiedad del geriátrico había sido transferido al marido de la Fiscal Bottini en situación llamativa y dudosa.
Ante la nota publicada oportunamente por Chubut Online sobre esas transacciones, la fiscal afirmó que el vehículo había sido entregado a su marido en parte de pago de honorarios, ya que el marido, era contador del geriátrico.
La desproporción aparente de esos supuestos honorarios multimillonarios, más la inscripción del vehículo por parte del marido de la fiscal Bottini como “soltero” (estando casado con la fiscal que en principio participó en otra denuncia contra el geriátrico y además ella era la Fiscal Jefe de Esquel) y otros datos obtenidos en la investigación periodística realizada, hizo que Chubut Online radicara una denuncia penal por este tema, la cual está siendo investigada.
Además, esta situación también fue puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura en la ampliación que realizara este medio en el día de ayer, acompañando prueba muy importante que comprometería a varios funcionarios.
Chubut Online hace periodismo de investigación, orientado a indagar y difundir información sobre asuntos políticos, judiciales e institucionales de interés público para nuestra comunidad y nuestra provincia.
Ese es nuestro trabajo: investigar, preguntar, cuestionar y publicar hechos, aunque puedan resultar incómodos para quienes ejercen posiciones de poder.
La investigación es nuestro compromiso editorial, caiga quien caiga.
CHUBUT ONLINE HACIENDO HISTORIA.
Ampliaremos.
16 de octubre de 2026
La Legislatura de Chubut declaró inadmisible la denuncia contra Raidán. Analizamos el texto.
La Legislatura de Chubut declaró formalmente inadmisible el pedido de juicio político contra Javier Raidan, presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, por considerar que la denuncia no individualizó adecuadamente los hechos atribuidos, no precisó la responsabilidad personal del magistrado y presentó deficiencias en la acreditación de la representación de las entidades denunciantes. La decisión dispone el archivo de las actuaciones, sin resolver el fondo de las acusaciones.
La decisión se apoya en una cuestión central: la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia entendió que la presentación no cumplía los requisitos mínimos exigidos por la Constitución provincial y la Ley V N.º 79 para poner en marcha un procedimiento de semejante trascendencia institucional. El fundamento no fue declarar que las conductas denunciadas fueran verdaderas o falsas, sino sostener que no estaban formuladas con el grado de precisión necesario para habilitar el trámite.
El dictamen aborda distintos aspectos de la presentación impulsada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial. Entre los principales obstáculos identificados figuran la falta de una descripción completa y circunstanciada de los hechos, la ausencia de una atribución individualizada de conductas a Raidan, las insuficiencias en la identificación de la prueba ofrecida y las dudas sobre la acreditación de la representación institucional con la que se promovió el pedido.
La resolución legislativa tiene un alcance concreto: cerrar esta presentación por inadmisibilidad formal y disponer el archivo. No equivale a una absolución del magistrado respecto de cada cuestionamiento planteado ni constituye una evaluación integral sobre el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia.
Juicio político a Raidan: el requisito de describir hechos concretos
Uno de los fundamentos principales del dictamen es la exigencia prevista en el artículo 5 de la Ley V N.º 79, que establece que la denuncia debe contener una relación completa y circunstanciada de los hechos en los que se fundamenta, suscripta por los solicitantes, además de los datos personales y domicilios correspondientes.
Para la Comisión, este requisito no puede considerarse una formalidad secundaria. La descripción de los hechos determina qué se pretende investigar, delimita el alcance de una eventual acusación y permite que el funcionario denunciado conozca con claridad las conductas que se le atribuyen para ejercer su defensa.
En términos prácticos, no alcanza con expresar desacuerdo con una gestión, cuestionar decisiones institucionales o describir una situación general que se considera perjudicial para el sistema judicial. La denuncia debe identificar episodios concretos, explicar qué habría sucedido y aportar información suficiente para determinar cuándo, dónde y de qué manera se produjo la conducta cuestionada.
El dictamen considera que la presentación contra Raidan no alcanzó ese umbral de precisión. Según el análisis de la Comisión, el escrito incluyó reproches generales sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero no desarrolló con el grado de detalle requerido todos los hechos específicos que permitirían investigar una eventual causal de destitución.
La diferencia es sustancial. Una denuncia puede expresar una preocupación institucional legítima y plantear interrogantes relevantes sobre la administración de justicia, pero eso no significa automáticamente que reúna los requisitos legales necesarios para iniciar un juicio político.
La Comisión sostuvo que su tarea, en esta etapa, no consistía en determinar si los cuestionamientos eran ciertos, sino en verificar si estaban presentados de una manera que permitiera abrir válidamente el procedimiento.
Las críticas generales no reemplazan la identificación de conductas
Otro de los puntos centrales del dictamen es la diferencia entre formular valoraciones sobre una gestión y describir acciones concretas atribuibles a un funcionario.
La presentación contenía expresiones relacionadas con un supuesto sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, una presunta manipulación de la Constitución mediante regulaciones internas y un deterioro del funcionamiento institucional. Para la Comisión, ese tipo de afirmaciones, por su alcance general, no bastaba para satisfacer las exigencias de la ley.
El problema señalado no consiste en que esas cuestiones no puedan debatirse públicamente ni en que el funcionamiento de la Justicia esté exento de críticas. El punto jurídico es otro: para promover la destitución de un magistrado, las objeciones deben traducirse en hechos individualizados, susceptibles de comprobación y vinculados con alguna de las causales constitucionales previstas.
En otras palabras, una denuncia debe explicar qué decisión se considera irregular, qué norma se habría vulnerado, cuál habría sido la intervención del funcionario y de qué manera esa conducta podría configurar mal desempeño u otra causal de juicio político.
La Comisión entendió que el escrito no establecía de forma suficiente esa relación entre las críticas institucionales y los actos personales atribuidos al presidente del Superior Tribunal.
Este razonamiento constituye uno de los ejes jurídicos del rechazo: la gravedad de una acusación no se mide únicamente por la contundencia de las expresiones utilizadas, sino también por la precisión de los hechos que la sostienen.
La responsabilidad de Raidan debía distinguirse de las decisiones del Superior Tribunal
El dictamen dedica especial atención a la naturaleza colegiada del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Se trata de un órgano cuyas decisiones institucionales pueden surgir de acuerdos adoptados por sus integrantes, mientras que la presidencia tiene funciones propias dentro de esa estructura.
Por esa razón, la Comisión consideró insuficiente atribuir responsabilidad personal a Raidan por decisiones del tribunal sin precisar cuál habría sido su intervención concreta.
Para que una imputación de ese tipo pudiera superar el examen formal, el escrito debía permitir distinguir, por ejemplo, si el magistrado propuso una medida, votó a favor de ella, dictó un acto individual, ejecutó una decisión colegiada o realizó alguna otra conducta específica que justificara atribuirle responsabilidad personal.
También debía identificar las constancias documentales que respaldaran esa atribución, como el acuerdo correspondiente, la resolución, el expediente o el acto administrativo involucrado.
La cuestión resulta especialmente importante porque el juicio político contra un integrante del Superior Tribunal no puede fundarse automáticamente en la existencia de una decisión institucional controvertida. Es necesario establecer qué conducta se reprocha a la persona sometida al procedimiento.
La Comisión observó que varias imputaciones estaban dirigidas al Superior Tribunal en su conjunto o a sus ministros en términos generales, sin precisar de manera suficiente la participación individual del presidente.
Desde esa perspectiva, el problema no era solamente la falta de detalles sobre determinadas decisiones, sino también la ausencia de una delimitación clara de quién habría hecho qué.
La prueba ofrecida también fue cuestionada
El dictamen identifica, además, deficiencias en la presentación de los elementos probatorios.
Según el análisis de la Comisión, el escrito mencionaba documentación, pedidos de informes pendientes y posibles testimonios, pero no acompañaba toda la documentación disponible ni individualizaba con precisión suficiente algunas de las constancias consideradas relevantes.
El artículo 6 de la Ley V N.º 79 establece, según el dictamen, que la prueba documental debe acompañarse cuando esté disponible o identificarse de manera precisa cuando se encuentre en otro expediente, organismo o ámbito de consulta.
La diferencia entre ofrecer una prueba concreta y anunciar que se intentará obtenerla es importante para este procedimiento. Identificar una resolución determinada, un expediente o un acuerdo permite reconocer qué elemento debe examinarse. En cambio, una referencia genérica a documentación anexa o a informes todavía pendientes puede dejar indeterminado el sustento de la imputación.
La Comisión vinculó esta exigencia con los plazos constitucionales del procedimiento. La Comisión Investigadora cuenta con un término perentorio de cuarenta días para investigar los hechos en los que se funde la acusación. De acuerdo con el razonamiento del dictamen, ese plazo presupone que la denuncia ya haya delimitado los episodios que deben examinarse y haya identificado las pruebas relevantes.
Por lo tanto, la etapa de investigación no debería comenzar con la tarea de reconstruir qué hechos se pretendía denunciar, localizar decisiones que no fueron identificadas o determinar qué documentación podría respaldar una imputación formulada en términos generales.
La Comisión concluyó que las falencias probatorias advertidas reforzaban la insuficiencia de la denuncia para superar el examen de admisibilidad.
Las dudas sobre la representación de las entidades denunciantes
El dictamen también señaló deficiencias vinculadas con la acreditación de la representación de las organizaciones que promovieron el pedido de juicio político.
En particular, cuestionó la falta de incorporación del testimonio del Poder N.º 126 y de las actas de las asambleas celebradas el 11 de junio de 2025 y el 4 de julio de 2025, documentación que consideró necesaria para verificar la decisión institucional de impulsar la presentación y el alcance del mandato otorgado.
La Comisión entendió que, sin esos instrumentos, no podía comprobar adecuadamente si la decisión de promover el juicio político había sido adoptada por la asociación correspondiente, si se habían respetado el quórum y las mayorías exigibles y qué facultades se habían conferido a quienes actuaron en su nombre.
Este aspecto introduce una cuestión distinta de la referida al contenido de las acusaciones. No se trata de establecer si los hechos denunciados ocurrieron, sino de verificar que quienes promovieron el procedimiento estuvieran debidamente habilitados para hacerlo en representación de las entidades invocadas.
La Comisión consideró que estas deficiencias afectaban el estándar de admisibilidad previsto por la normativa. Agregó que, aun si esos problemas se consideraran subsanables por separado, su eventual corrección no resolvería el defecto que juzgó determinante: la insuficiente descripción de los hechos atribuidos al magistrado.
En consecuencia, el dictamen no apoyó su recomendación de rechazo exclusivamente en una cuestión de representación. La presentó como un fundamento adicional dentro de un conjunto de incumplimientos formales.
Por qué la Comisión consideró que no correspondía subsanar la denuncia
La posibilidad de convocar a los denunciantes para su identificación, ratificación o aclaración de omisiones y oscuridades también fue examinada en el dictamen.
La Comisión distinguió entre corregir una deficiencia puntual y reconstruir el contenido esencial de una denuncia. Según su interpretación, las facultades para subsanar omisiones no autorizan a reemplazar una relación de hechos incompleta por otra nueva que recién delimite las conductas que se pretenden investigar.
En este caso, sostuvo que las deficiencias no se limitaban a una fecha omitida, un documento mal individualizado o una explicación susceptible de aclaración. A su criterio, faltaba una delimitación suficientemente precisa del objeto fáctico de la acusación.
Por eso consideró que convocar a los presentantes para que completaran sustancialmente el relato habría excedido el alcance de una subsanación formal y alterado la distribución de funciones establecida por la Constitución.
La Comisión también señaló que no le correspondía investigar por iniciativa propia si habían ocurrido los hechos mencionados en la denuncia. Esa tarea pertenece a las instancias previstas para la investigación una vez superado el control de admisibilidad.
La decisión se apoya, por lo tanto, en una interpretación restrictiva de las facultades de la Comisión durante esta etapa: controlar que la presentación reúna los requisitos legales, pero no elaborar la acusación que los denunciantes no habrían formulado con suficiente precisión.
El dictamen recordó los antecedentes de pedidos de juicio político
Para fundamentar su criterio, la Comisión repasó antecedentes de la propia Legislatura relacionados con pedidos anteriores de juicio político contra integrantes del Superior Tribunal.
En particular, mencionó las actuaciones que dieron lugar a las resoluciones N.º 158/23 y N.º 002/24, en las que se había examinado la admisibilidad formal de las presentaciones.
Según el dictamen, en esos casos se había considerado necesario verificar que los denunciantes estuvieran debidamente identificados, que las conductas cuestionadas estuvieran formuladas de manera concreta y que las pruebas ofrecidas estuvieran individualizadas.
La Comisión sostuvo que el criterio aplicado al caso Raidan no representaba un cambio de exigencias ni un endurecimiento selectivo de las condiciones de admisibilidad. Su argumento fue que los requisitos legales eran los mismos y que la diferencia residía en las características de la presentación examinada.
Esta referencia a los antecedentes cumple una función institucional: procura demostrar que el examen formal no se estableció específicamente para este caso, sino que responde a una interpretación que la Comisión afirma haber aplicado con anterioridad.
La denuncia penal desestimada y su alcance dentro del análisis
El dictamen también hizo referencia a una denuncia penal relacionada con cuestionamientos sobre la administración de fondos del Poder Judicial, incluidos haberes, pasajes y contrataciones.
Según el documento, esa denuncia había sido promovida por la misma asociación contra integrantes del Superior Tribunal y fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal en julio de 2025, al considerar que no se había configurado una conducta encuadrable en una figura penal.
La Comisión aclaró que esa decisión no cerraba por sí misma la posibilidad de promover un juicio político. La razón es que las causales de responsabilidad política no se limitan necesariamente a la comisión de delitos: el mal desempeño puede constituir una causal autónoma.
Sin embargo, el dictamen utilizó ese antecedente para reforzar su argumento sobre la necesidad de precisar las imputaciones. A su entender, si los cuestionamientos pretendían sostener una causal de mal desempeño distinta de una infracción penal, debían identificar de manera concreta los actos y las conductas personales que la justificarían.
Es importante distinguir ambos planos. La desestimación de una denuncia penal no demuestra automáticamente que una conducta sea adecuada desde el punto de vista institucional, del mismo modo que la formulación de una denuncia no acredita por sí misma que exista responsabilidad política. Cada vía tiene sus propias condiciones y finalidades.
En este caso, la referencia a la decisión fiscal fue un elemento complementario del razonamiento de la Comisión, no el único fundamento de la inadmisibilidad.
La independencia judicial y las garantías del debido proceso
Otro de los ejes del dictamen es la necesidad de compatibilizar los mecanismos de control político con la independencia del Poder Judicial.
La Constitución de Chubut reconoce la autonomía del Poder Judicial y establece condiciones para la permanencia de sus integrantes en los cargos. Al mismo tiempo, contempla la posibilidad de promover juicios políticos cuando se configuran las causales previstas constitucionalmente.
El desafío institucional consiste en preservar ambas garantías: que los magistrados puedan ser sometidos a los mecanismos de responsabilidad establecidos por la Constitución y que esos mecanismos no se activen sin respetar las condiciones legales que los regulan.
La Comisión sostuvo que una denuncia imprecisa puede afectar el derecho de defensa del funcionario y comprometer la legitimidad del procedimiento. Si no se identifica con claridad la conducta cuestionada, el denunciado no dispone de una delimitación adecuada de los hechos frente a los cuales debe responder.
El dictamen también advirtió sobre el riesgo de que un procedimiento de destitución se convierta en una herramienta de presión sobre los jueces si se lo activa a partir de cuestionamientos generales, sin hechos específicos debidamente individualizados.
Ese argumento no supone que los integrantes del Poder Judicial estén exentos de controles ni que sus decisiones no puedan ser cuestionadas. Significa, en la interpretación de la Comisión, que la exigencia de precisión constituye una garantía tanto para el magistrado denunciado como para la propia Legislatura, que debe conocer con exactitud qué se le solicita investigar.
La cuestión es especialmente relevante en el caso de los integrantes del máximo tribunal provincial, cuya eventual remoción tiene consecuencias que exceden la situación individual del funcionario y pueden repercutir sobre la estabilidad y la independencia institucional.
La inadmisibilidad no resuelve si hubo o no mal desempeño
Uno de los puntos más importantes para comprender el alcance de la decisión es la diferencia entre inadmisibilidad formal y análisis de fondo.
La Comisión no concluyó, mediante esta resolución, que todas las conductas mencionadas por las entidades denunciantes fueran inexistentes, correctas o ajenas a cualquier cuestionamiento institucional. Lo que sostuvo fue que la presentación no cumplía las condiciones necesarias para habilitar el procedimiento de juicio político.
Por esa razón, el archivo no debe interpretarse como una sentencia que absuelve a Raidan de todas las acusaciones ni como una declaración de que el desempeño del Superior Tribunal es irreprochable.
Tampoco corresponde presentar la inadmisibilidad como una demostración de que los denunciantes actuaron de mala fe. El dictamen aclaró expresamente que su análisis no implicaba juzgar las motivaciones de las entidades peticionantes ni desconocer su derecho constitucional a denunciar.
La conclusión fue de carácter procedimental: la existencia del derecho a formular una denuncia no elimina la obligación de hacerlo conforme a las condiciones establecidas por la ley.
Esta distinción es esencial para una lectura equilibrada del caso. La decisión resuelve si la presentación podía avanzar en los términos en que fue formulada, no si cada una de las críticas dirigidas contra el magistrado estaba justificada.
Qué resolvió la Legislatura de Chubut
La resolución legislativa declaró formalmente inadmisible la solicitud de inicio de juicio político contra Javier Raidan, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, promovida por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial.
Además, dispuso remitir la resolución y los antecedentes al archivo, con las comunicaciones y publicaciones correspondientes.
El fundamento central fue la falta de cumplimiento de los requisitos de formalidad y especificidad que, según la Comisión, imponen la Constitución provincial y la Ley V N.º 79. En particular, se consideró insuficiente la descripción de los hechos, la atribución individual de conductas a Raidan y la identificación de la prueba. A ello se sumaron las observaciones sobre la acreditación de la representación de las entidades denunciantes.
La Comisión entendió que esos defectos no podían resolverse mediante una simple aclaración, porque afectaban la delimitación misma del objeto de la denuncia. Por ello recomendó cerrar el trámite sin avanzar hacia la etapa investigativa.
El resultado inmediato es que este pedido de juicio político no continuará su curso a partir de la presentación examinada. La decisión no constituye, sin embargo, una evaluación definitiva sobre la totalidad de las cuestiones institucionales planteadas ni reemplaza los análisis que pudieran corresponder en otros ámbitos y bajo otros procedimientos.
Un debate institucional que excede el resultado del trámite
El caso vuelve a poner en discusión la relación entre el control de los funcionarios judiciales, la responsabilidad política y las garantías que deben regir los procedimientos de destitución.
Por un lado, el juicio político es una herramienta constitucional destinada a exigir responsabilidad a funcionarios de alta jerarquía cuando se presentan las causales previstas. Su existencia permite que el ejercicio de funciones públicas no quede al margen de los mecanismos institucionales de control.
Por otro lado, la posibilidad de promover ese procedimiento no significa que cualquier denuncia deba avanzar automáticamente. La Constitución y la ley establecen condiciones que buscan evitar acusaciones indeterminadas y garantizar que una eventual investigación tenga un objeto concreto.
La decisión sobre Raidan se ubicó precisamente en ese punto de tensión. La Comisión consideró que las entidades tenían derecho a denunciar, pero que la presentación no reunía los requisitos necesarios para habilitar el proceso solicitado.
La cuestión de fondo que deja planteada el caso es cómo asegurar que los mecanismos de control sobre el Poder Judicial sean efectivos, sin que se debiliten las garantías del debido proceso ni la independencia de los magistrados.
La inadmisibilidad formal cierra este trámite en particular. La discusión más amplia sobre los controles institucionales, la rendición de cuentas y la calidad de las denuncias contra funcionarios públicos sigue dependiendo de la aplicación rigurosa de las normas y de la capacidad de las instituciones para distinguir entre las críticas legítimas, los hechos comprobables y las responsabilidades que efectivamente puedan atribuirse a cada funcionario.
16 de octubre de 2026
Hipocresía K: Massa, Alberto y Cristina recortaron $70 mil millones en educación y no les hacían paro.
Hay una escena que se repite con una obstinación que ya roza el ridículo. Miles de personas marchan, toman facultades, cortan calles y vociferan contra el gobierno de Javier Milei acusándolo de «ajustar la educación pública». Lo hacen con bombos, con pancartas, con la liturgia habitual de un progresismo que se cree dueño de la verdad revelada. Pero en ese teatro de operaciones hay un detalle que se omite sistemáticamente: quienes hoy lloran por las universidades son los mismos que, hace apenas unos meses, firmaron el recorte más brutal que sufrió el sistema educativo en la última década.
No hace falta retroceder a los años noventa ni invocar fantasmas neoliberales. Basta con revisar lo que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner como vicepresidenta y Sergio Massa como ministro de Economía.
En agosto de 2022, a pocas semanas de asumir al frente del Palacio de Hacienda, Massa tomó una decisión administrativa que borró $70.000 millones del presupuesto educativo. No fue un rumor, no fue una operación de prensa opositora: fue un acto de gobierno.
Ese recorte golpeó directamente programas emblemáticos como Conectar Igualdad, que perdió alrededor de $50.000 millones, y fondos destinados a infraestructura escolar, jardines de infantes y equipamiento educativo. Las universidades, por supuesto, también lo sintieron.
¿Hubo marchas multitudinarias entonces? ¿Se tomaron facultades? ¿Los gremios docentes y los centros de estudiantes se abrazaron a las rejas de los ministerios? No. Silencio. Aplausos, en todo caso. Los mismos militantes que hoy acusan a Milei de «destruir la educación pública» miraban para otro lado cuando el ajuste lo firmaba un ministro peronista. La coherencia, al parecer, es un bien que solo se exige a los adversarios.
La cosa no terminó ahí. Durante todo 2023, ya con la campaña electoral en marcha y Massa como candidato presidencial, el presupuesto universitario se mantuvo congelado en términos nominales. Es decir: los fondos no se actualizaron al ritmo de una inflación que superó el 300% anual. El resultado fue una licuación real devastadora, un recorte silencioso que dejó a las casas de altos estudios funcionando con recursos de un año anterior que valían la mitad. Ese ajuste no tuvo marchas. No tuvo tapas de diarios. No tuvo «pañuelazos». Tuvo, en cambio, la complicidad de quienes ahora se rasgan las vestiduras.
La pregunta que emerge con fuerza es inevitable: ¿por qué el kirchnerismo no defendió la educación cuando gobernaba? La respuesta es tan incómoda como simple. Porque el kirchnerismo no defiende la educación pública: defiende el poder que se ejerce a través de ella. Las universidades nacionales, en la lógica de la casta política que las capturó, son mucho más que centros de formación. Son aparatos de militancia, cajas de recursos discrecionales, feudos electorales donde se reparten cargos, se financian campañas y se sostienen estructuras partidarias con dinero de todos los argentinos.
No es una exageración. Basta con mirar los números que la propia Sindicatura General de la Nación puso sobre la mesa. Entre 2015 y 2022, el 89% de los aportes del Tesoro destinados a universidades nacionales no fue rendido. Es decir: miles de millones de pesos ingresaron a esas casas de estudio sin que nadie sepa con precisión en qué se gastaron. Se firmaron más de 2.500 convenios con dependencias del Estado por servicios que van desde auditorías y call centers hasta investigaciones de mercado y publicaciones. Todo bajo la excusa de la «autonomía universitaria», que en la práctica se convirtió en un escudo para la opacidad más absoluta. Los rectores manejan esas cajas sin control, los gremios cobran su parte, y los estudiantes —los verdaderos estudiantes, los que quieren aprender— quedan atrapados en el medio de un sistema que los usa como carne de cañón en cada movilización.
Hoy, cuando el gobierno de Milei intenta poner un mínimo de orden en ese desmadre, la reacción es la esperada: paros, tomas, marchas, y un coro de voces que acusa al presidente de «ajustar» cuando lo único que hace es intentar auditar lo que durante dos décadas nadie quiso auditar.
Los mismos que aplaudieron el recorte de $70.000 millones ahora bloquean calles para impedir que se sepa adónde va la plata.
Los mismos que callaron cuando Massa congeló el presupuesto universitario hoy gritan «la educación no se vende». Y lo hacen, además, con el respaldo explícito de una ex presidenta que visitó una universidad del conurbano para arengar a los manifestantes, como si su gobierno no hubiera sido parte central del problema.
El kirchnerismo y sus satélites de izquierda no defienden la educación pública. Defienden el control político de las universidades, la continuidad de un sistema de cajas negras que les permite financiar su militancia y sostener un relato de superioridad moral mientras los verdaderos perjudicados —los pibes que no terminan el secundario, los que abandonan la facultad en el primer año, los que no tienen una computadora o una conexión a internet— siguen esperando respuestas que nunca llegan. Es hora de decirlo sin eufemismos: los paros universitarios que hoy paralizan el país no son en defensa de la educación. Son en defensa de un curro. Y quienes los financian y los alientan saben perfectamente que si se abre la caja, se les termina el negocio.
15 de octubre de 2026
Mortandad de ballenas en Chubut: un especialista analizó el cuadro de situación.
El licenciado Victor Fratto, especialista en manejo de fauna silvestre y biodiversidad, explicó en las redes sociales de qué se trata este fenómeno y las implicancias de ello.
Mirá el video en el siguiente link: https://www.facebook.com/reel/1968187537474294
https://www.facebook.com/reel/1968187537474294
https://www.facebook.com/reel/1968187537474294
15 de octubre de 2026
Muere marinero atrapado en aparejo pesquero. Había zarpado de Puerto Madryn
Un marinero de 53 años murió tras quedar atrapado por un aparejo de pesca en el pesquero Cabo Vírgenes, que había zarpado de Puerto Madryn. La víctima fue identificada como Alejandro Silva. El hecho ocurrió mientras la embarcación de bandera argentina, operada por Red Chamber Argentina S.A., realizaba tareas de pesca de merluza común a unas 200 millas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Su madre lo despidió en redes sociales con un mensaje doloroso.
El trabajador sufrió el accidente mientras cumplía tareas a bordo del buque Cabo Vírgenes. La embarcación había zarpado desde Puerto Madryn el pasado 4 de octubre y, al momento del hecho, se encontraba en plena actividad pesquera. Silva quedó aprisionado por un portón del aparejo de pesca. Las circunstancias exactas aún no fueron establecidas de manera oficial.
LA EMERGENCIA Y EL PEDIDO DE AUXILIO
El capitán dio aviso inmediato a la estación costera L3A Comodoro Rivadavia y solicitó asistencia médica por radio. En un primer momento, el marinero permanecía consciente, aunque presentaba fuertes dolores y vómitos. Sin embargo, su estado se agravó y perdió el conocimiento.
Ante la emergencia, Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de aeroevacuación con un helicóptero Dauphin y un avión de apoyo. Mientras las aeronaves se dirigían hacia el pesquero, el capitán informó que el marinero había dejado de presentar pulso. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y al uso de un desfibrilador, no fue posible recuperar sus signos vitales. Se confirmó el fallecimiento y el operativo de evacuación quedó sin efecto.
INVESTIGACIÓN FEDERAL Y TESTIMONIOS
La Justicia federal tomó conocimiento del caso. Se deberán realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente. Prefectura también prevé tomar declaraciones a la tripulación una vez que el buque regrese a Puerto Madryn, donde tenía previsto arribar este jueves a las 4 de la madrugada.
El regreso del pesquero a Puerto Madryn será clave para la investigación. La causa buscará determinar si hubo una falla humana, mecánica o de procedimiento en el uso del aparejo de pesca. La declaración de los compañeros de tripulación y los peritajes técnicos serán centrales para reconstruir los momentos previos al accidente.
IMPACTO EN LA COMUNIDAD PESQUERA DE CHUBUT
La muerte de Alejandro Silva generó conmoción en el ámbito pesquero. Puerto Madryn es uno de los principales puertos de Argentina y la actividad pesquera representa un motor económico para Chubut. Aunque el accidente ocurrió en aguas cercanas a Puerto Deseado, el buque había zarpado desde la provincia, lo que vinculó directamente la tragedia con la comunidad portuaria chubutense.
Familiares, compañeros y trabajadores del sector esperan respuestas. La madre del marinero lo despidió en las redes sociales con un mensaje cargado de dolor, que rápidamente circuló entre quienes conocen la dura vida en el mar. La pesca de merluza común, una de las actividades más importantes de la flota argentina, vuelve a quedar bajo la lupa por los riesgos que implica.
SEGURIDAD LABORAL EN EL MAR, UN TEMA CRÍTICO
La pesca en alta mar es una de las actividades laborales más riesgosas. Los aparejos, portones y sistemas de arrastre son equipos pesados que exigen protocolos estrictos, capacitación permanente y mantenimiento adecuado. La tragedia reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad a bordo y la necesidad de reforzar los controles en toda la cadena pesquera.
Gremios, autoridades y empresas del sector suelen coincidir en que cada accidente fatal debe derivar en una revisión profunda de los procedimientos. En este caso, la investigación federal deberá precisar cómo quedó atrapado el marinero y si existieron fallas en la manipulación del aparejo o en las medidas de prevención.
QUÉ SE SABE HASTA AHORA
- Víctima: Alejandro Silva, de 53 años.
- Buque: Cabo Vírgenes, de bandera argentina.
- Operador: Red Chamber Argentina S.A.
- Zarpó: desde Puerto Madryn, el 4 de octubre.
- Lugar del hecho: a unas 200 millas de Puerto Deseado, Santa Cruz.
- Tarea: pesca de merluza común.
- Causa: quedó aprisionado por un portón del aparejo de pesca.
- Emergencia: aviso a la estación costera L3A Comodoro Rivadavia y pedido de asistencia médica.
- Operativo: aeroevacuación de Prefectura Naval Argentina con helicóptero Dauphin y avión de apoyo.
- Desenlace: falleció tras perder el conocimiento; no respondió a las maniobras de reanimación.
- Investigación: Justicia federal; se tomarán declaraciones a la tripulación cuando el buque regrese a Puerto Madryn.
EL REGRESO DEL BUQUE Y LA EXPECTATIVA JUDICIAL
El pesquero tenía previsto arribar a Puerto Madryn este jueves a las 4 de la madrugada. Con el buque en puerto, la Justicia federal y Prefectura podrán avanzar con las testimoniales y las pericias. La comunidad pesquera de Chubut espera que la investigación esclarezca lo ocurrido y permita evitar que hechos similares se repitan.
Mientras tanto, la muerte de Alejandro Silva deja un profundo dolor en su familia, en sus compañeros de trabajo y en el sector pesquero. La tragedia vuelve a poner en primer plano la seguridad de los trabajadores del mar y la necesidad de respuestas concretas para una actividad clave para Puerto Madryn y toda la provincia.
14 de octubre de 2026
Ricardo Bustos en situación “irrecuperable” en la Central de Deudores del BCRA
De acuerdo a la información brindada por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, el flamante (hecho flamas) charlatán radial de la FM del Lago Esquel, Ricardo Bustos, se encontraría en paupérrima situación crediticia, figurando en situación irrecuperable en dos bancos y al borde de ser declarado irrecuperable en un tercero.
*Opinión.
La fachada de este personaje se viene cayendo a pedazos desde hace bastante tiempo. El falso liberal que quiso entrar por la ventana al partido comandado César Treffinger y que fuera rechazado fuertemente desde las entrañas de ese partido por todos los afiliados, parece que no cumpliría con un requisito básico para su admisión: que en su propia economía hogareña gaste menos de lo que le ingresa. Es fácil, no hay mucho secreto detrás de esa fórmula, pero a la vista de los acontecimientos, parece que Bustos no la entiende; una regla de oro que cualquier persona que se jacte de liberal debiera predicar con el ejemplo.
El personaje, que hasta hace poco se jactaba por los medios de la plata que gana en publicidad y de su “éxito” empresarial, auto adulándose como un supuesto emprendedor privado, pareciera que tiene la billetera mucho más grande de lo que verdaderamente tiene adentro: números en rojo en la central de deudores de la máxima entidad de contralor nacional.
Y cuando decimos números en rojo, nos referimos a un rojo fuego, el más intenso. Bustos está en la peor calificación del BCRA: situación 5 (irrecuperable) en dos bancos y en situación 4 (al borde del abismo) en un tercer banco. Varios millones en rojo.
¿Busca un salvavidas del Estado?
Según información que hemos recibido, Bustos estaría entusiasmado con la idea de que el Banco Chubut le pudiera dar un crédito para tapar deudas… de esos que en principio fueran pensados para personas humildes, de bajos recursos, que por una u otra situación se vieron imposibilitados de pagar sus tarjetas y el banco se las pagaría a través de créditos blandos.
Si ese fuese el caso, no sería la primera vez que este personaje pretendiera recurrir al Estado para que le saque las papas del fuego. Lo insólito sería que todos los chubutenses le terminemos pagando el financiamiento de sus pésimos manejos económicos. Sería muy triste.
Cabe recordar que la FM del lago desde donde escupe sus habladurías venenosas a la comunidad de Esquel, tiene un registro histórico de décadas de publicidad oficial multimillonaria, y una denuncia penal por presunta estafa al Estado por facturarle publicidad por programas inexistentes; investigación que está en curso.
¿Un cargo político para salvarlo?
Quizás ahora podamos comprender por qué el falso libertario estaba desesperado por ser candidato a algo y querer matar a Treffinger… un puestito en el Estado le podría haber sacado las papas del fuego. Pero, no way, Bustos no tiene cabida en ese espacio.
Quizás, por eso habría querido que su amigota, la fiscal Bottini, le dé un carguito en su fiscalía a un pariente directo. Lamentablemente para él, Chubut Online se enteró antes de que se concretara y… “no se pudió”, como diría un dirigente partidario.
¿Ostentación de una vida ficticia?
Quizás, sus números en rojo se deban a altos gastos para aparentar una forma de vida que no puede tener; un status social al que siempre quiso pertenecer, pero no pudo.
Fotitos en viajes costosos, saunas de hoteles, casa en villa Ayelén, y discursos de los que algunos señalarían, en chiste, como de “piojo resucitado”.
El charlatán que se jactaba de haber ahorrado en dólares y en negro, quizás, simplemente no tenga voluntad de pagar nada…
Su impostura de una voz seria para escupir barbaridades radiales parece que no le fue suficiente para estar enterrado hasta el infierno en esos números que arden.
Bienes a nombre de…
Una cosa que nos llama mucho la atención es su constante ocultamiento de algunos bienes, como su casa de Villa Ayelén, el barrio más coqueto o más “top” de Esquel. ¿Cómo una estrella «exitosa» como él no iba a tener una propiedad inmueble allí; en un lugar donde evidentemente no lo puede pagar?
En este tema, Bustos parece poner cara de distraído (por no usar otra adjetivación más acorde y mejor descriptiva). En todos sus escritos recurre a dos domicilios: una casa vieja, de plan, del barrio Peña, en la calle AP. Justo, donde vivió hace más de 30 años, y si no, al propio domicilio de la FM del Lago en la calle Urquiza. Nunca menciona su domicilio real en Villa Ayelén… ¿Habrá puesto la casa a nombre de otro?… quién sabe… quizás, algún allegado de los tribunales a los que siempre recurre lo asesoró sobre cómo ocultar bienes, o generar una especie de insolvencia fraudulenta… un tema del que posiblemente haya novedades alarmantes. ¿Tendrá miedo que se la embarguen por las deudas?
Nosotros no sabemos nada; como siempre, hablaremos cuando la prueba esté en nuestras manos… aunque no vamos a negar que algunos papeles ya tenemos.
El pez por la boca muere.
Lo más insólito es que, Chubut Online, este humilde medio, en tan solo un año de existencia revolucionó al periodismo en Chubut con investigaciones contundentes sobre temas de los que nadie hablaba, fue duramente criticado por Bustitos. Incluso se burlaba a viva voz de este medio y mintió descaradamente para denostarnos.
Pero Chubut Online, lejos de pretender ostentar algo, tiene, además de profesionalismo, otra cosa que Bustos no tiene: los números en regla, sin deudas y en situación 1 ante el BCRA.
Que pase el que sigue.
13 de octubre de 2026
Acusado de matar a un peón rural enfrenta otra causa por amenazas
El acusado de matar a un peón rural en Chubut enfrenta otra causa por amenazas. Carlos Omar Llaipen, de 66 años, está acusado por el homicidio de Pedro Segundo Quilodrán en una estancia de Chubut y, en paralelo, la Justicia analiza si lo lleva a juicio por presuntas amenazas contra un compañero de trabajo de la víctima. La definición quedó en manos del juez penal Ariel Quiroga, que resolverá por escrito.
El caso mantiene en vilo a la zona rural de Sarmiento y Ricardo Rojas, donde ocurrieron los hechos. Mientras Llaipen permanece bajo prisión preventiva en la comisaría de Sarmiento, el sistema judicial debe resolver dos frentes: la causa principal por el homicidio de Quilodrán y el expediente separado por las amenazas que habría proferido contra otra persona que participó en el hallazgo del cuerpo.
Una audiencia preliminar en Sarmiento
La discusión por la causa de las amenazas se desarrolló en la sala de audiencias N.º 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Allí, ante el juez Ariel Quiroga, el Ministerio Público Fiscal pidió que el expediente avance a juicio oral y público. La procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla sostuvieron que existen elementos suficientes para continuar con el proceso, incluso aunque el denunciante falleció durante este año.
Para la acusación, las circunstancias que rodearon la presunta amenaza son centrales. El hecho habría ocurrido un día después del homicidio de Quilodrán, en la estancia La Fuencisla, ubicada a unos 50 kilómetros de Ricardo Rojas. Ese contexto, atravesado por la conmoción del crimen y por el hallazgo del cuerpo, es uno de los puntos que la Fiscalía considera relevantes para sostener el pedido de elevación a juicio.
La defensa pidió el sobreseimiento
El abogado defensor Guillermo Iglesias cuestionó la solidez de las pruebas reunidas y consideró que no alcanzan para llevar el caso a un debate oral y público. Por ese motivo, solicitó que Carlos Omar Llaipen sea sobreseído, es decir, que se cierre definitivamente la causa por las presuntas amenazas.
Durante la audiencia, el juez rechazó el pedido de la Fiscalía para incorporar como prueba un video de una entrevista policial en la que había quedado registrado el testimonio del denunciante. Esa decisión procesal podría influir en el peso de la acusación, aunque las partes todavía esperan la resolución final.
Luego de escuchar los argumentos, Quiroga informó que comunicará su decisión por escrito dentro del plazo legal. La resolución determinará si continúa la audiencia preliminar o si corresponde finalizar el proceso penal por las presuntas amenazas. Hasta entonces, Llaipen sigue detenido en la comisaría de Sarmiento.
El hecho que originó la investigación
De acuerdo con la acusación pública, las presuntas amenazas ocurrieron el 17 de marzo de 2025, cerca de las 9. Ese día, el denunciante y otras cuatro personas recorrían en una camioneta un camino cercano al casco de la estancia La Fuencisla, donde buscaban a Quilodrán.
El grupo encontró el cuerpo sin vida del trabajador rural y dio aviso a la Policía de Ricardo Rojas. Cuando los efectivos llegaron, constataron el fallecimiento. Poco después, según la reconstrucción de la causa, Llaipen se presentó caminando en ese sector del campo y habría reconocido su participación en el crimen ante las personas que estaban allí.
“Yo le pegué un tiro en el pecho con una carabina”, habría manifestado. Luego, presuntamente se dirigió a uno de los presentes y lo amenazó: “y vos, cuidate, porque te va a pasar lo mismo”. Esa frase dio origen al expediente paralelo por amenazas, que ahora está en manos del juez Quiroga.
El homicidio de Quilodrán ocurrió el 16 de marzo de 2025. La investigación por las amenazas avanza por una vía judicial separada y depende de la resolución que se notifique por escrito. La causa principal por el crimen continúa su propio recorrido, con Llaipen imputado por haber disparado contra el peón rural.
Qué puede pasar ahora
Si el juez hace lugar al pedido de la Fiscalía, la causa por amenazas podría avanzar hacia un juicio oral y público. En cambio, si acepta el planteo de la defensa, Llaipen podría ser sobreseído en este expediente. La decisión no modifica por sí sola la situación en la causa por homicidio, donde el acusado sigue bajo prisión preventiva.
El caso presenta además una particularidad: el denunciante falleció durante este año, lo que obligó a las partes a discutir la validez y el peso de las pruebas disponibles. La Fiscalía sostiene que los elementos reunidos permiten mantener la acusación; la defensa afirma lo contrario y pide el cierre del proceso.
Impacto en la zona rural
La causa se sigue con atención en Sarmiento, Ricardo Rojas y el resto de Chubut, no solo por la gravedad del homicidio de Pedro Segundo Quilodrán, sino también por las derivaciones judiciales que involucran a Carlos Omar Llaipen. El hecho ocurrió en un ámbito rural, en una estancia, y puso el foco en las relaciones laborales y de convivencia en el campo.
Mientras la Justicia define el futuro del expediente por amenazas, la comunidad espera una resolución que aclare los hechos y determine las responsabilidades penales. La decisión del juez Ariel Quiroga será clave para saber si el caso avanza a juicio o si se cierra esta parte del proceso.
9 de octubre de 2026
Casación Penal rechazó suspender el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner en Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó suspender el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Vialidad. La Sala IV validó el avance patrimonial sobre los hijos de Cristina Fernández de Kirchner, las empresas Hotesur y Los Sauces, mientras sigue pendiente un reclamo en la Corte Suprema. La decisión fue unánime y respalda las medidas cautelares del Tribunal Oral Federal N° 2, que busca recuperar 685.000 millones de pesos por la corrupción en la obra pública.
El fallo representa un nuevo capítulo en una de las causas más sensibles de la política argentina. A cuatro años de la condena, la Justicia avanza sobre el patrimonio que, según determinó, habría tenido origen ilícito. Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron sentenciados en el juicio principal, sus bienes quedaron alcanzados por la ejecución del decomiso porque la Justicia los consideró parte de la maniobra delictiva.
LA DECISIÓN DE LA SALA IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, convalidó el proceso de decomiso y autorizó a avanzar sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. El tribunal de alzada respaldó así las medidas cautelares que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de la ejecución patrimonial.
Los magistrados analizaron las impugnaciones presentadas contra una resolución previa del TOF N° 2, dictada el 14 de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso habían rechazado los recursos que pretendían frenar las actuaciones patrimoniales y cuestionaban el diferimiento de la participación societaria en el expediente.
La defensa de los hijos de la ex presidenta apeló esa decisión ante Casación. Su estrategia buscaba suspender el trámite de ejecución y las medidas cautelares vigentes hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un recurso de queja vinculado con la procedencia del decomiso. Según ese planteo, avanzar antes del pronunciamiento del máximo tribunal podría frustrar la jurisdicción de la Corte y tornar ilusorio cualquier fallo favorable posterior.
También se argumentó que la continuidad de estas acciones afectaba garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. La defensa invocó además el principio de trascendencia de la pena, al sostener que los efectos económicos del decomiso se proyectarían sobre el patrimonio de personas que no resultaron condenadas en el juicio de Vialidad.
QUÉ RESPONDIÓ CASACIÓN
Al evaluar la admisibilidad de los recursos, los magistrados de la Sala IV determinaron que las presentaciones no cumplían con los requisitos formales para habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Gustavo Hornos precisó en su voto que la resolución del tribunal oral que rechazó las reposiciones no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella, de acuerdo con las exigencias del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación.
El fallo cuestionado no pone fin al proceso, no extingue la pena ni impide que continúen las actuaciones judiciales. La Cámara de Casación subrayó que el tribunal de origen no rechazó de manera permanente las peticiones de las partes, sino que postergó su tratamiento. En ese sentido, los jueces señalaron que las defensas no lograron demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.
Respecto de los embargos, el tribunal recordó que estas medidas poseen un carácter estrictamente preventivo. Por eso, no alteran la titularidad registral de los inmuebles ni anticipan una definición sobre el destino final de los bienes afectados. La resolución también indicó que la existencia de una queja en trámite ante la Corte Suprema no suspende la potestad del tribunal oral para realizar actos preparatorios o trabar las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia del decomiso.
HOTESUR Y LOS SAUCES
En paralelo, Sebastián José Sánchez, en su carácter de director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., presentó su propio recurso de casación, patrocinado por el mismo abogado de los hermanos Kirchner. Máximo y Florencia son accionistas mayoritarios de esas empresas.
Las firmas comerciales alegaron que el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles de su propiedad, en paralelo a la postergación de su derecho a defenderse en el expediente, resulta contradictorio y perjudicial. El directivo societario sostuvo que las medidas cautelares producen un congelamiento de los activos más valiosos de las empresas, lo que paraliza en la práctica su funcionamiento comercial.
En su presentación, remarcó que las sociedades poseen una personería jurídica y un patrimonio diferenciados de los socios individuales. Por ese motivo, argumentó que la Justicia no tiene derecho a embargarles sus propiedades sin antes realizar un juicio o debate previo donde las empresas puedan defenderse y explicar por qué no se deben decomisar sus bienes.
La resolución judicial aclaró que el requerimiento del Ministerio Público Fiscal sobre los bienes de estas firmas aún no fue objeto de traslado ni de debate entre las partes. El tribunal oral difirió la participación de las empresas hasta el momento en que se sustancie formalmente dicha solicitud fiscal. Los camaristas concluyeron que esta postergación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las empresas de la familia Kirchner tendrán la oportunidad de formular todos sus planteos y defensas cuando se discuta específicamente la afectación de sus bienes.
El juez Mariano Borinsky adhirió al rechazo de los recursos y recordó que la Sala IV ya había convalidado anteriormente los parámetros para llevar adelante el trámite ejecutivo del decomiso. En aquellas actuaciones, se delegó en los representantes del Ministerio Público Fiscal la tarea de identificar los bienes a decomisar y proponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la pena pecuniaria impuesta. El magistrado Diego Barroetaveña coincidió en lo sustancial con los votos de sus colegas, lo que consolidó la unanimidad del pronunciamiento.
EL DECOMISO DE 685.000 MILLONES DE PESOS
La causa Vialidad gira en torno a la corrupción en la obra pública y a un entramado de bienes, empresas y contratos que la Justicia considera parte de una maniobra delictiva. El decomiso apunta a recuperar 685.000 millones de pesos, una cifra que convierte a este proceso en uno de los más relevantes por el impacto patrimonial que busca recuperar el Estado.
Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el juicio, la Justicia sostiene que sus posesiones provienen de un origen ilícito y que, por lo tanto, pueden ser alcanzadas por la ejecución patrimonial. Ese punto es central en la disputa judicial y seguirá siendo motivo de debate en las próximas instancias.
CORTE SUPREMA Y PRÓXIMO ESCENARIO
El caso aún tiene un reclamo pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa sostiene que el máximo tribunal debe pronunciarse antes de que avance el decomiso, mientras que la Cámara de Casación entiende que la queja en trámite no suspende las medidas preparatorias ni cautelares.
Con la decisión de la Sala IV, el Tribunal Oral Federal N° 2 queda habilitado para continuar con la ejecución patrimonial. El proceso no está cerrado: restan definiciones sobre la participación de Hotesur y Los Sauces, sobre el destino final de los bienes embargados y sobre el alcance que tendrá la Corte Suprema cuando resuelva el recurso pendiente.
El fallo también tiene una fuerte lectura política. La causa Vialidad atraviesa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos y a empresas familiares, en un contexto de alta atención pública sobre los casos de corrupción y sobre el funcionamiento de la Justicia argentina. Para los lectores de Chubut y de todo el país, se trata de un expediente que marca un precedente sobre decomisos, bienes de terceros no condenados y ejecución de sentencias en causas de corrupción.
En definitiva, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó suspender el decomiso y habilitó que la Justicia avance sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de las firmas Hotesur y Los Sauces. La discusión de fondo, sin embargo, continúa en la Corte Suprema y en el tribunal oral que debe ejecutar la recuperación de 685.000 millones de pesos.
9 de octubre de 2026
Acciones argentinas suben y riesgo país baja: Merval, YPF y petróleo
Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 584 puntos, impulsadas por Wall Street y Brasil, mientras el petróleo cae y YPF avanza. El S&P Merval gana 0,5%, los bonos en dólares suben 0,1% y la Bolsa de San Pablo trepa 1,6%, en una jornada que combina optimismo financiero global con señales mixtas para la economía real y el sector energético.
La rueda financiera argentina encontró este viernes un respaldo externo. Los principales indicadores de Wall Street suben 0,3%, cerca de sus máximos históricos, aunque con una semana errática en precios. La referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años rinde 5,26% anual, cerca de sus máximos desde 2003, un dato que mantiene presión sobre el costo global del dinero.
En ese contexto, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 0,5%, hasta 2.840.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Nueva York hay números mixtos. Se destacan las ganancias de Ternium (+3,4%) e YPF (+2,6%, a USD 51,20). Los bonos soberanos en dólares se negocian con una suba promedio de 0,1%, mientras el riesgo país desciende cuatro unidades y se ubica en 584 puntos básicos.
El impulso regional también suma. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 1,6%, cerca de los 210.000 puntos, y acumula una ganancia semanal de 8,9% tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Para los inversores argentinos, el clima externo funciona como una señal de apetito por riesgo, aunque no elimina la volatilidad local.
Petróleo en baja: alivio y presión
Los precios del petróleo caían alrededor de 1% al disiparse las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no atacará Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura y habló de conversaciones productivas para poner fin al conflicto. Esa combinación de señales bajó la prima de riesgo geopolítico en el crudo.
Los futuros del Brent del Mar del Norte bajaban 1%, a USD 103,30 el barril para entrega en diciembre. Los futuros del WTI estadounidense cedían 0,6%, a USD 90,99. En términos semanales, el Brent apunta a subir después de cerrar el jueves con alza de 4%, mientras el WTI se encamina hacia un ligero descenso.
También ayuda la reanudación de exportaciones de combustibles refinados por parte de China, principal importador mundial de petróleo, tras una breve interrupción durante las vacaciones de la Semana Dorada. La medida contribuye a aliviar la tensión del mercado. Al mismo tiempo, el huracán Isaías en el Golfo de México mantiene suspendida la producción de unos 1,3 millones de barriles diarios, equivalente al 62,9% de la producción hasta el jueves, lo que limita una caída mayor.
En paralelo, Teherán analiza la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días. Washington mantiene sanciones contra personas, redes y 17 buques por transportar crudo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes. El conflicto con Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania siguen interrumpiendo el suministro de combustibles refinados, como naftas, combustible para aviones y, especialmente, gasóil.
Impacto en la economía real y el sector energético
Para las provincias productoras de hidrocarburos, la jornada deja un mensaje ambivalente. La suba de YPF en Nueva York y el avance de los activos argentinos mejoran las expectativas de inversión en el sector energético. Las cuencas petroleras observan con atención cualquier cambio en el precio internacional del crudo, porque impacta en exportaciones, regalías y empleo.
Si el Brent se mantiene en niveles elevados, aunque baje en la jornada, las cuentas provinciales y las empresas del sector conservan cierto alivio. Si la caída se profundiza, el valor de las exportaciones y los ingresos por regalías pueden resentirse. En el corto plazo, un petróleo más bajo también puede traducirse en menor presión sobre los costos de combustibles importados, un dato sensible para el transporte, la industria y los hogares.
La baja del riesgo país a 584 puntos básicos, además, reduce el costo de financiamiento para el Estado nacional y las provincias, y mejora la percepción de los inversores sobre la Argentina. Eso puede abrir oportunidades de crédito, aunque el efecto depende de la estabilidad fiscal y de la marcha de la actividad petrolera.
Qué mirar en las próximas ruedas
Los operadores seguirán de cerca tres frentes: la evolución de Wall Street y de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el comportamiento del Bovespa tras el proceso electoral brasileño y las señales geopolíticas en Oriente Medio. En el plano local, el Merval, los ADR de YPF y Ternium, los bonos en dólares y el riesgo país marcarán el termómetro de la confianza inversora.
Para la economía argentina, la agenda pasa por el petróleo, el gas, las regalías y el empleo en las cuencas productoras. La combinación de acciones argentinas en alza, riesgo país en baja y crudo volátil deja un escenario de oportunidades y cautela: el mercado celebra el impulso externo, pero la economía real espera señales más firmes para sostener la actividad y la inversión.
9 de octubre de 2026
Hipocresía y pena de muerte: falló la inyección y la curan para volver a matarla
La hipocresía del sistema legal queda al desnudo: una condenada a muerte sobrevivió a la inyección letal y ahora la curan para volver a ejecutarla. Christa Pike, de 50 años, pasó décadas en el corredor de la muerte. Fue condenada por un asesinato atroz cometido cuando tenía 18. En Tennessee intentaron aplicarle dos dosis letales. No murió. Entró en coma, quedó conectada a un respirador y despertó días después. Hoy permanece esposada y atada a una cama de hospital, en terapia intensiva, sin recordar el intento de ejecución. El Estado que quiso matarla ahora la somete a cuidados intensivos. La quiere muerta, pero como el método falló, primero la cura. Esa imagen condensa la hipocresía del ser humano y de un sistema legal que a veces parece más preocupado por el ritual burocrático que por la justicia real.
El caso de Christa Pike no es una ficción. Es un retrato incómodo. La mujer fue condenada por golpear, torturar y asesinar a Colleen Slemmer, de 19 años, junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp. La víctima sufrió. Su familia sufrió. La sociedad también debería recordarlo. Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, por lo que evitó la pena de muerte y permanece en prisión. Pike, en cambio, fue sentenciada a morir. Desde entonces, acumuló décadas de apelaciones, revisiones, esperas y costos emocionales. La pregunta que sobrevuela no es menor: ¿cuánto tiempo puede una sociedad sostener un castigo que nunca llega? ¿Y qué dice de nosotros que, cuando finalmente intenta aplicarlo, el resultado sea una escena de hospital?
La ejecución fallida ocurrió el 30 de septiembre. Le inyectaron sustancias letales. No funcionaron. Pike no murió. Fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente mientras el personal médico intentaba extraerle del cuerpo el químico administrado. Los especialistas hablan de una recuperación larga e incierta. Algunos recuerdos vagos, confusión con las fechas, comunicación básica. Nada de memoria sobre la cámara de la muerte. La única persona que ha sobrevivido a una inyección letal con toxina inyectada es ella. Otros reclusos sobrevivieron a ejecuciones porque no lograron canalizarles nada en las venas. En su caso, el procedimiento se completó. Y aun así, no murió.
Ese detalle debería sacudir cualquier conciencia. No porque Pike merezca compasión automática, sino porque revela la irracionalidad de un mecanismo que se pretende infalible. El Estado no solo ejecuta: también falla. Y cuando falla, no se detiene. La lógica se invierte: si la inyección no mató, hay que estabilizar a la condenada, sacarla del coma, retirarle el respirador, recuperarla. ¿Para qué? Para volver a intentarlo. Es decir, se invierte tiempo, dinero y recursos médicos en curar a una asesina condenada para luego matarla otra vez. La contradicción es tan brutal que roza el absurdo.
Mientras tanto, en otras partes del mundo, miles de inocentes mueren sin piedad. Niños, mujeres, ancianos, civiles anónimos. Caen bajo bombardeos, balas perdidas, ataques terroristas, violencia criminal. No reciben terapia intensiva. No tienen abogados que pidan informes. No aparecen en portadas durante semanas. No se suspenden guerras por ellos. No se investiga cada detalle de su muerte con la minuciosidad con que se revisa una ejecución fallida. La hipocresía no está solo en el sistema legal: está en la mirada colectiva. Nos escandaliza una inyección que no funcionó, pero naturalizamos bombardeos que destruyen barrios enteros. Nos conmueve el cuerpo esposado de una condenada, pero pasamos de largo ante fosas comunes, hospitales bombardeados o niños asesinados en guerras que parecen eternas.
En el caso de Christa Pike, además, hay un elemento que muchos prefieren evitar: ella no es una víctima inocente. Fue parte de un crimen atroz. Colleen Slemmer fue torturada y asesinada. Su madre esperó décadas para que se hiciera justicia. Cuando el intento de ejecución falló, describió el episodio como un desastre. No es difícil entender su frustración. El sistema le prometió una respuesta y le entregó una función grotesca. La condenada vivió más de treinta años después del crimen. La víctima no tuvo ese tiempo. La víctima no tuvo apelaciones. La víctima no tuvo hospital. La víctima no tuvo otra oportunidad.
Entonces, ¿por qué tanta contemplación con la asesina? No se trata de reclamar tortura ni de pedir ejecuciones sumarias. Se trata de señalar una incoherencia. Si una sociedad decide abolir la pena de muerte, debe hacerlo con coherencia: cadena perpetua real, sin excarcelaciones sorpresivas, con reparación para las víctimas. Si una sociedad decide mantenerla, no puede convertirla en un espectáculo médico interminable. No puede fallar, curar y volver a intentar. No puede tratar a un condenado a muerte con más cuidado que a un inocente que muere en la calle. Esa es la hipocresía que el caso expone.
El episodio también tuvo consecuencias institucionales. Las ejecuciones fueron suspendidas por el resto del año y el director de prisiones renunció. Son gestos que admiten, sin decirlo, que algo salió mal.
Pero el problema no es solo técnico. No se arregla con una mejor dosis, una vena más visible o un protocolo más detallado. El problema es moral. Una sociedad que quiere matar, pero no se anima a reconocerlo; que quiere castigar, pero no sabe cuándo termina el castigo; que quiere proteger a las víctimas, pero llega tarde; que quiere ser humanitaria, pero solo con algunos. Esa mezcla de crueldad y sentimentalismo selectivo es la marca de una hipocresía profunda.
En Argentina, aunque no exista pena de muerte, el debate resuena. La inseguridad, la reincidencia, la lentitud judicial y la sensación de impunidad alimentan reclamos de mano dura. Muchas veces, esos reclamos nacen del dolor real de víctimas que no encuentran respuestas. Otras veces, se convierten en consignas vacías. Pero el caso de Christa Pike muestra que ni la mano dura ni la contemplación infinita resuelven el fondo. Un sistema que tarda décadas en aplicar una condena y luego la convierte en un experimento fallido no es un sistema ejemplar. Es un sistema quebrado. En Argentina, como en el resto del país, la discusión debería centrarse en algo más simple y más difícil: que la justicia llegue a tiempo, que las víctimas sean el centro, que los culpables paguen sin convertirse en celebridades, y que los inocentes dejen de morir.
No se trata de odiar a Christa Pike ni de santificarla. Se trata de mirar el cuadro completo. Una mujer condenada por un asesinato horrible sobrevive a una ejecución fallida y ahora es curada para volver a ser ejecutada. Mientras eso ocurre, miles de inocentes mueren en manos de asesinos o bajo bombardeos, sin contemplaciones, sin médicos, sin titulares. La pregunta no es si ella merece morir. La pregunta es qué clase de sociedad somos cuando dedicamos tanta energía a matar correctamente a una asesina, y tan poca a evitar que sigan muriendo los inocentes. Esa es la hipocresía. Esa es la grieta que ningún protocolo puede cerrar.
7 de octubre de 2026
Esquel: Operativo contra construcciones ilegales en el cerro La Cruz generó conflictos con ocupantes.
El Municipio de Esquel desmantela construcciones precarias en tierras fiscales del barrio Badén, camino al cerro La Cruz, y genera tensión con ocupantes. El operativo comenzó este miércoles en la parte alta del barrio Badén, sobre el faldeo que asciende hacia el cerro La Cruz. En el lugar hay vehículos oficiales, un móvil policial y personal de la Dirección General de Inspecciones del Municipio. También está presente el secretario de Gobierno de Esquel, Diego Austin.
La intervención apunta a varias estructuras precarias levantadas en tierras fiscales. Algunas no estarían habitadas, sino en proceso de construcción. Esa condición llevó a que, en el plano técnico, se evitara la palabra “desalojo” y se hablara de “expulsión”, porque no se trata de viviendas con ocupación permanente.
Un procedimiento incómodo.
El operativo se desarrolla en un sector sensible de Esquel: la parte alta del barrio Badén, sobre el camino al cerro La Cruz. Allí, las construcciones se mezclan con el paisaje de faldeo y con una trama urbana que, desde hace años, muestra tensiones por la falta de títulos de propiedad, la ocupación de tierras fiscales y las dificultades para acceder a servicios básicos.
Mientras avanzaba el desmantelamiento, la presencia oficial y policial marcó el clima de la jornada. Los vecinos se acercaron al lugar y comenzaron a discutir con los funcionarios municipales. Algunos intentaron impedir la destrucción de una de las estructuras y reclamaron que se exhibiera una orden judicial antes de continuar, aunque ésta no sería necesaria para este tipo de operativo.
Ocupantes reclaman orden judicial y cuestionan el accionar
La discusión entre ocupantes y autoridades fue uno de los puntos más tensos del procedimiento. Las personas presentes cuestionaron la intervención municipal y sostuvieron que el joven que estaba construyendo la vivienda lo había hecho con esfuerzo propio. También plantearon que la falta de títulos de propiedad no es un problema exclusivo de esa construcción, sino que alcanza a distintos sectores del barrio Badén.
En medio del reclamo, le pidieron a Diego Austin que mostrara una orden firmada por un juez. Además, cuestionaron que la documentación que se intentaba exhibir desde un teléfono celular fuera suficiente para avanzar con el desmantelamiento. La escena reflejó la desconfianza de parte de los reclamantes hacia el procedimiento y la necesidad de respuestas claras sobre el marco legal de la intervención.
Es claro que, muchas veces, actores políticos asesoran mal a los ocupantes y les hacen creer que tienen derechos sobre las tierras ocupadas y eso genera muchos conflictos entre quienes creen tener un derecho y las autoridades que cumplen con lo que la ley les exige.
Tierras fiscales, habilitaciones y factibilidad de servicios
El Municipio de Esquel sostiene que las construcciones están sobre tierras fiscales y que no cuentan con la habilitación correspondiente ni con factibilidad de servicios. Ese argumento es central para justificar el operativo en el faldeo del cerro La Cruz.
La cuestión de las tierras fiscales en Esquel no es menor. Se trata de terrenos del Estado que, en muchos casos, fueron ocupados de manera ilegal y que luego entraron en un circuito de conflictividad por la falta de regularización dominial. A esto se suma la dificultad para acceder a redes de agua, cloacas, electricidad y gas, servicios que condicionan cualquier proceso de urbanización.
Para los vecinos, la falta de títulos y de servicios es parte de una realidad más amplia que excede a una sola vivienda. Para el Municipio, en cambio, el avance sobre tierras fiscales sin autorización ni factibilidad técnica no puede consolidarse. Esa diferencia de lecturas explica buena parte de la tensión.
¿Desalojo o expulsión? La precisión técnica que marca el operativo
Uno de los puntos que surgió durante el procedimiento fue la denominación correcta de la medida. Desde el ámbito policial se indicó que, técnicamente, no correspondería hablar de “desalojo” cuando las construcciones no se encuentran habitadas. En esos casos, se utiliza el término “expulsión” para referirse al procedimiento.
La distinción no es solo semántica. El desalojo suele involucrar a personas que viven en el lugar, mientras que la expulsión se aplica a estructuras sin ocupación permanente o en proceso de construcción. Esa diferencia puede incidir en los protocolos, en los plazos y en los requisitos legales que debe cumplir el Estado antes de avanzar.
El operativo continúa y la tensión no baja
El procedimiento sigue en la zona del faldeo del cerro La Cruz. La presencia policial se mantiene y el reclamo de los vecinos persiste. Hasta el momento, no se vislumbra una salida rápida al conflicto, que combina un operativo municipal, la discusión por tierras fiscales, la falta de habilitaciones y la demanda de los habitantes por una solución habitacional y legal.
En Esquel, el caso del barrio Badén volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la provincia del Chubut: cómo ordenar el crecimiento urbano, cómo regularizar tierras fiscales y cómo garantizar servicios sin dejar de lado la necesidad de viviendas. La respuesta no parece sencilla, y la tensión en el cerro La Cruz es una muestra de ello.
7 de octubre de 2026
Droga al volante: con cocaína y marihuana en sangre mató a dos personas con su camión.
Un camionero que protagonizó un choque fatal en la Ruta 3 de Chubut dio positivo por marihuana y cocaína; dos hermanos murieron y una joven resultó herida. El caso estremece a Trelew, Comodoro Rivadavia y a toda la provincia, y vuelve a encender la alarma sobre las drogas al volante.
El siniestro ocurrió pasadas las 20 horas del domingo 4 de octubre, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde. Un Volkswagen Gol que circulaba desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew chocó de manera frontal contra uno de los camiones que transitaban por el sector. El impacto fue de una violencia extrema. El automóvil quedó completamente destruido. En su interior viajaban tres personas.
Dos hermanos de 28 y 30 años, ambos oriundos de Trelew y de apellido Díaz, murieron en el lugar. La tercera ocupante, una joven de 22 años, sufrió lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro. Los hermanos habían viajado desde Trelew a Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil y que integra las divisiones de Racing Club de Trelew. El regreso hacia el Valle terminó de manera trágica en la zona de Garayalde.
UN POSITIVO QUE COMPLICA AL CAMIONERO
El conductor del camión fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego del accidente debido a las lesiones que sufrió, entre ellas un golpe en la cabeza. Este miércoles recibió el alta médica. En el marco de la investigación se le realizó una extracción sanguínea para efectuar los análisis toxicológicos correspondientes.
El resultado fue positivo para marihuana y cocaína. Ese dato ahora forma parte central de la investigación que busca determinar las circunstancias exactas del choque y las eventuales responsabilidades penales. En principio, al camionero se le atribuiría el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito. Sin embargo, la Fiscalía no resolvió en el momento del alta hospitalaria su detención ni su situación procesal. Esas decisiones quedaron para ser analizadas posteriormente en sede judicial. Por el momento, se dispuso que el hombre fije domicilio legal y permanezca sujeto al proceso mientras avanza la investigación.
Tras el procedimiento realizado en el lugar del accidente, los camiones involucrados fueron secuestrados y posteriormente entregados en carácter de depositarios judiciales a las empresas propietarias. En tanto, el vehículo involucrado directamente en el impacto quedó secuestrado en la sede de la Comisaría de Próspero Palazzo, a disposición de la Justicia y de las medidas que puedan surgir durante la investigación. El choque involucró al Volkswagen Gol y a tres camiones.
Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Comodoro Rivadavia para las correspondientes autopsias y posteriormente fueron entregados a sus familiares. La investigación busca ahora establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades en una tragedia que dejó dos víctimas fatales y una joven internada.
DOS VIDAS INOCENTES, UNA FAMILIA DESTROZADA
No hay forma de maquillar el dolor. Dos hermanos que volvían a casa después de acompañar a un chico en un torneo de fútbol infantil murieron sobre el asfalto. La muerte los encontró en una ruta que debía llevarlos de regreso a Trelew. Una joven de 22 años sobrevivió, pero cargará para siempre con el peso de haber estado en ese auto destruido.
La causa penal seguirá su curso. La presunción de inocencia existe y debe respetarse. Pero hay algo que no admite discusión: manejar bajo los efectos de drogas es una conducta profundamente irresponsable. Quien consume marihuana o cocaína y después se pone al volante no solo se pone en riesgo a sí mismo. Convierte un vehículo en un arma capaz de destruir familias enteras. En este caso, el resultado toxicológico positivo encendió todas las alarmas.
La sociedad no puede seguir naturalizando estas conductas. No se trata de un accidente menor ni de una fatalidad inevitable. Cuando hay drogas en el organismo, los reflejos se alteran, la percepción del riesgo se distorsiona y la capacidad de reacción se deteriora. En una ruta nacional, con camiones de gran porte, autos particulares y cientos de kilómetros de por medio, esa combinación es letal. Los inconscientes al volante no matan solo por imprudencia: matan por decidir drogarse y conducir.
CONSECUENCIAS QUE NO SE BORRAN
Las consecuencias de estos hechos son irreversibles. Dos hermanos de Trelew ya no están. Una joven de 22 años sufrió lesiones y vive con el trauma de un choque frontal. Una familia entera quedó rota. Los padres, los amigos, los compañeros de equipo, los vecinos: todos cargan con un dolor que ninguna sentencia podrá reparar. La Justicia podrá determinar responsabilidades, pero no devolverá la vida de los hermanos Díaz.
Además, el impacto golpea a toda la comunidad. Trelew, Comodoro Rivadavia, Garayalde y cada localidad de Chubut sienten el peso de una tragedia que pudo evitarse. La Ruta Nacional N° 3 es una vía central para la provincia. Por allí circulan trabajadores, familias, deportistas, estudiantes y transportistas. Cada siniestro fatal deja una marca en el territorio y una advertencia que no debería repetirse.
La investigación también deberá reconstruir la mecánica del choque. Se secuestraron los camiones, se preservó el Volkswagen Gol y se realizaron las autopsias correspondientes. El objetivo es claro: saber cómo ocurrió el impacto, a qué velocidad circulaban los vehículos, en qué condiciones se produjo el cruce y qué responsabilidad le cabe a cada involucrado. Pero incluso antes de cualquier fallo, el positivo por marihuana y cocaína ya instaló una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias más tienen que ocurrir para que se controle con dureza a quienes manejan drogados?
SEGURIDAD VIAL: TOLERANCIA CERO A LAS DROGAS AL VOLANTE
Chubut necesita controles más estrictos. Argentina necesita controles más estrictos. No alcanza con campañas de concientización. Hacen falta operativos permanentes, tests toxicológicos, sanciones severas y un sistema judicial que no permita que los responsables eludan consecuencias. El mensaje debe ser único y contundente: el que consume drogas y conduce, debe quedar fuera de las rutas.
Mientras la idiotez persigue al que tomó un vaso de vino, otros manejan con drogas en sangre; una triste realidad que nadie quiere mirar.
No se trata de perseguir a nadie sin pruebas. Se trata de proteger a los inocentes. Los hermanos que murieron en la Ruta 3 no tenían ninguna responsabilidad en el consumo de drogas de otro. La joven herida tampoco. Sus familias tampoco. Por eso, la sociedad tiene derecho a exigir justicia y a reclamar que hechos como este no vuelvan a repetirse.
La muerte de dos hermanos de Trelew no puede quedar como una estadística. Debe convertirse en un llamado de atención para las autoridades, para los conductores y para toda la comunidad. Quien maneja drogrado no comete una simple infracción: decide poner en riesgo la vida de los demás. Y cuando ese riesgo termina en muerte, el dolor es irreparable.
La causa continuará. La Justicia deberá pronunciarse. Pero mientras tanto, Chubut llora a dos víctimas inocentes y acompaña a una joven que sobrevivió a una tragedia que pudo evitarse. La memoria de los hermanos Díaz exige verdad, justicia y, sobre todo, que nunca más una familia tenga que recibir la noticia de que un conductor drogado destruyó su mundo sobre el asfalto.
7 de octubre de 2026
Plantearon irregularidades en torno a Bottini y Bagnato por una causa armada sin sustento.
*Opinión
En horas de la mañana se llevó a cabo una audiencia para formalizar el inicio de una investigación penal por un caballo flaco –sí, así de ridículo como lo leyó-. En esa audiencia se plantearon serias irregularidades cometidas por la fiscal María Bottini y la procuradora Cecilia Bagnato.
Un caballo flaco. Un falso delito. Muchas irregularidades.
La fiscalía de Esquel en manos de Bottini y Bagnato pareciera perder su tiempo, y por ende, el dinero de todos los contribuyentes, en armarle una causa penal a un gaucho por tener su caballo momentáneamente flaco.
Si esto por sí solo ya le parece un sinsentido, espere a leer los demás detalles.
Ya les habíamos adelantado, tiempo atrás, sobre estas aventuras pseudo proteccionistas de las fiscales, que arman causas sin sustento alguno.
En la insólita audiencia de hoy quedó confirmado, que las eruditas del poder judicial secuestraron, le cambiaron el nombre, lo entregaron en tenencia permanente (lo regalaron, dicho en criollo) sin orden judicial, al caballo de una familia que lo tenía en Gualjaina. Todo, basado en un certificado veterinario que decía que estaba un poco más flaco de lo habitual. Ni enfermo, ni maltratado, ni lastimado, ni desnutrido: simplemente flaco.
Al pobre Canelo, como lo bautizaron sus dueños, las eruditas hasta le cambiaron su nombre, poniéndole el ridículo (para un caballo) nombre de «René», bajo el que las fiscales hacen su marketing jurídico, tergiversando los hechos, para mostrarse como defensoras de animales.
Para el secuestro del animal, ni siquiera hubo un examen riguroso, ni análisis básicos de sangre para establecer si existía alguna anemia, parásitos, o cualquier cosa básica que le puede pasar a cualquier animal doméstico de cualquier hogar que pudieran hacer adelgazar a las mascotas, sin que ello constituya un descuido o un maltrato.
Pareciera que en Esquel no hay perros flacos, ni abandonados en las calles, y las eruditas se vieron en la obligación de montar un mega operativo para allanar un campo en Gualjaina, y secuestrar y trasladar a un caballo que tenía hogar y dueños.
O quizás, para su marketing judicial era más fácil buscar una víctima lejos de Esquel, con cero conocimientos de sus derechos, para que no les rompan las pelotas cerquita de sus oficinas, y así lucirse como defensoras de los animales.
Si fue así, se equivocaron, porque el dueño del caballo buscó un abogado y ahora las eruditas de la fiscalía de Esquel van a tener que dar explicaciones. La defensa estuvo en un primer término en manos de una defensora del Poder Judicial y luego, en manos del Dr. Juan Manuel Zapata, el cual expuso varias irregularidades muy graves que, a prima facie, serían constitutivas de delitos por parte de las fiscales.
Un ser sintiente, como elemento de marketing.
Tiempo atrás, las eruditas se sintieron gloriosas de haber obtenido un ridículo fallo que declaró al caballo como “ser sintiente”, “sujeto de derecho”.
Genial. A partir de ahora que se cuiden los dueños de los frigoríficos porque, siguiendo esa línea de “pensamiento” (si se lo puede calificar como pensamiento), podrían ser culpables de genocidio agravado por la búsqueda de un lucro inhumano. Después de todo, una vaca, un chancho, una liebre, no son menos sintientes que un caballo, ¿o sí?
Suponemos que tanto los jueces actuantes como las eruditas fiscales deben ser veganos.
Esperemos que el día de mañana no se les ocurra declarar “ser sintiente” a una lechuga, porque las piedras son muy duras para ser comidas. Al menos, que avisen con tiempo, así me pongo a estudiar odontología y me lleno de plata.
Tal como dijimos hace un tiempo atrás, y hoy ratificamos, bajo esta lógica, hasta una mosca podría ser declarada sujeto de derecho y ser sintiente. ¡Vivamos entonces entre las moscas!
Es interesante ver, también, que en todo este ámbito habría personas que no se ocupan de sus propios hijos, pero se preocupan por animales ajenos. Un tema para analizar desde la psicología social.
Los sentimientos del caballo.
Pero parece que a las eruditas no les importaron tanto los sentimientos del pobre caballo: lo arrancaron de su hogar, se lo enchufaron en propiedad a una entidad protectora de animales, y ésta, a su vez, se lo regaló a un tercero, publicándolo por las redes sociales como un triunfo.
No faltaron los lobotomizados, que, sin conocer el trasfondo, celebraban el acto en las redes sociales.
Pareciera que poco les importó el estrés del animal que no tenía ni la más pálida idea de por qué lo cambiaban de casa constantemente. De hecho, cosificaron al caballo. El “ser sintiente” fue tratado como un objeto sin sentimientos por las propias eruditas de la fiscalía; como una caja o una cosa pasible de estar en cualquier lugar cuando a ellas se les ocurra, y bajo el supuesto cuidado de un desconocido.
Los hechos.
Un problema entre vecinos de Gualjaina (uno aparentemente le quería comprar el caballo a otro y el dueño se negó a vendérselo) terminó en una denuncia por maltrato animal, acusando que el animal estaba flaco.
Fue la oportunidad para que las eruditas de la fiscalía den un golpe mediático y tapar así otras tantas irregularidades mucho más graves que suceden en esa fiscalía, como el caso del geriátrico del terror, que podría terminar encarcelando a varios de ese entorno, entre otros temas.
Y cuando Chubut Online publicó la verdad de la milanesa sobre este caballo, ardieron en llamas defenestrando a este medio, inventando para sí, un papel de víctimas al peor estilo de Andrea del Boca. Pero lo cierto, es que la realidad se las lleva puestas. Si, la realidad. Ni un medio, ni un abogado, ni nadie; la realidad misma; incluso, su inexistente prueba contra el gaucho.
El tema es que, en base a un relato de un denunciante, secuestraron el caballo, sin siquiera analizar las imágenes de días anteriores donde se lo veía al caballo felizmente alimentado, tomando agua, y compartiendo el extenso campo con otros animales. Cero abandono evidente.
En el certificado veterinario no consta ningún maltrato, ninguna lesión, ninguna enfermedad, ningún análisis clínico. Nada, absolutamente nada. Sólo dice que estaba un poco más flaco del peso ideal.
A pesar de no contarse con evidencia alguna de maltrato, golpes, lastimaduras, desnutrición, enfermedad de la piel, ni nada, la erudita Bagnato lo entregó en tenencia DEFINITIVA a un tercero, bajo la supervisión de la otra erudita, Bottini.
Todo, sin autorización de juez alguno. Básicamente, eso sería constitutivo del delito de abuso de autoridad, y yendo en contra de la propiedad privada, tal lo establece el CCyC. Ya no importa si el juez más tarde revirtiera esa situación ante semejante bochorno y abuso: la falta de marco legal para ese acto existió. Por más que les quieran sacar las papas del fuego a las fiscales, quedó demostrado cómo actúan.
Así y todo, si esto no constituyera delito, sería un caso muy grave que debería dar inicio a los respectivos sumarios y posible destitución de ambas. ¿Realmente merecemos como ciudadanos pagarle el sueldo mediante nuestros impuestos a funcionarios que se manejan de esa manera?
Pero como en el Poder Judicial se encuentran jueces proteccionistas, no de los animales, sino de las falacias de los propios, pareciera que se las quisieran dejar pasar… si, como si nada hubiese ocurrido… que las fiscales se sientan libres de regalar los bienes ajenos sin orden judicial… total… el que se jode es un pobre gaucho… y el caballo declarado “ser sintiente” al que tampoco respetaron sus sentimientos, querencia, ni hogar.
Cualquier fiscal en su sano juicio ya hubiera desestimado la denuncia, amén de que tampoco hubiese emprendido un secuestro de un caballo por el simple hecho de estar flaco.
Pero en este caso, no ocurrió. El empecinamiento continúa y a pesar de no tener prueba alguna, quieren extender el martirio del gaucho insistiendo en una investigación en la que ya no pueden investigar ni probar nada, ya que el caballo hace meses que fue entregado a un tercero y ya no existe forma de hacerle un análisis que pruebe un estado anterior.
Lo peor de todo,es que el tipo de delito por maltrato animal, también necesita, en términos jurídicos, de una intencionalidad de hacerle daño al animal… intencionalidad que, evidentemente, jamás existió. Ni los daños, ni la intención. Nada. De hecho, la familia propietaria del caballo da muestra del cariño que tiene por el animal, no solo en su actitud actual, sino en registro fotográficos que tienen del caballo, donde sólo se los ve brindándole cariño. Si el caballo no les importaba ni siquiera hubieran contratado un abogado para recuperarlo. Que se lo lleven y listo.
La pregunta es… ¿Qué tipo de ser puede entonces pretender dañar la reputación de una familia de bien, mediante acciones claramente infundadas?
Vulneración del derecho a defensa.
Otro enfoque, también planteado en la audiencia, es la vulneración del derecho de defensa de los propietarios. Les arrebataron el caballo, se lo entregaron en propiedad a un tercero, ese tercero, a la vez, se lo regaló a otro, imposibilitando cualquier contacto del dueño original con su animal e imposibilitándole hacerle pericias que demuestren su inocencia.
La co-propietaria del animal, según nos contó, se reunió con el tenedor del caballo, quien actuaría como propietario y se habría negado terminantemente a devolverlo.
En la audiencia de hoy, el juez a cargo dejó en claro que la entrega a un tercero de la custodia era provisoria… pero habría otro dato de color… la eruditas Bagnato ni Bottini no habrían notificado a las partes a las que les fuera entregado en “tenencia DEFINITIVA” el caballo, de que ya no eran dueños, sino simple tenedores provisorios… al menos así surge de lo que hemos podido averiguar. Y si el tercero que lo recibió lo entregó a otro tercero en custodia permanente, la cosa se complica más.
En definitiva, hoy no se dio muestra alguna de que el juez supiera quien tiene realmente al caballo, ni a quien se lo dieron, ni bajo qué título u orden.
Y todo es un viva la pepa en el Poder Judicial.
Mientras tanto, las paradojas judiciales siguen más vigentes que nunca. A un pobre gaucho le secuestran su caballo, se lo entregan en propiedad a otro, con la simple presentación de un certificado veterinario que dice que está un poco flaco. Al mismo tiempo, hay documentación fehaciente que afirma que el marido de Bottini recibe un vehículo multimillonario a cambio de supuestos honorarios adeudados por el geriátrico del terror, hecho convalidado con la firma de Bagnato… parece que hay que ocultar las irregularidades en torno a fiscal Bottini y Bagnato. Las eruditas pareciera que quieren seguir dando cátedra de Derecho. Un derecho no tan derecho, sino que pareciera estar bastante retorcido. En fin.
Que siga la joda y el sufrimiento de los inocentes.
La IA del juez de garantías pareciera que le sugirió al juez simpaticón que el gaucho puede seguir padeciendo su malestar y sufrimiento por los atropellos de la fiscalía, total, más adelante, va a tener la oportunidad de validarle su pedido de sobreseimiento.
Eso sí, cuando alguien denuncia a Bottini y a Bagnato, con pruebas y documentos… ¡Agarrate Catalina! Porque el show de victimizaciones inicia, con lo más bizarro de sus actuaciones. “Pobrecitas ellas”, que son denunciadas. Los demás no importan.
6 de octubre de 2026
Bolsonaro ganó en Brasil: irá a balotaje, pero Lula no tendría chances de ganar. Te contamos por qué.
La victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta brasileña y su paso al balotaje contra Lula da Silva confirman el encarrilamiento de América Latina hacia la derecha. El rechazo a las políticas de izquierda que fomentan la dependencia estatal y atentan contra la meritocracia impulsa un cambio de época en la región.
El escrutinio de los últimos comicios en Brasil dejó un resultado contundente: Bolsonaro no solo superó las expectativas de las encuestas, sino que capitalizó el descontento de una sociedad harta de gobiernos que premian la vagancia y castigan el esfuerzo individual. La izquierda brasileña, representada por el Partido de los Trabajadores, sufrió una derrota que trasciende fronteras y anticipa un ciclo conservador en todo el continente.
El análisis de los partidos minoritarios refuerza esta tendencia. Formaciones de centro-derecha y derecha como el Partido Novo —la sigla más derechista del país según el GPS Partidário de Folha—, junto con el PL de Bolsonaro, concentran un electorado que rechaza el estatismo y la ingeniería social. Incluso partidos de centro como el PSDB, que se define como oposición al «lulopetismo» y a todo radicalismo, han virado hacia posiciones liberales en economía y conservadoras en pautas sociales. Simone Tebet, figura del establishment político, se autodefine como «centro-derecha en economía y centro-izquierda en costumbres», una ambigüedad que refleja el agotamiento del relato progresista.
Ciro Gomes, otrora referente de la centro-izquierda, ha virado hacia el bolsonarismo y hoy abraza pautas de seguridad, religiosidad y críticas al ambientalismo radical. Este realineamiento ideológico no es casual: responde a una demanda social que ya no tolera gobiernos que promueven la vagancia subsidiada, atacan las costumbres tradicionales y desprecian la cultura del trabajo.
Los resultados del balotaje, en este contexto, aparecen como un escenario favorable para Bolsonaro. Los votos de los partidos minoritarios de derecha —Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema— se inclinarán naturalmente hacia el candidato liberal-conservador, mientras que Lula apenas retendrá el apoyo de la izquierda más radicalizada, hoy en franca minoría.
América Latina observa con atención. Argentina, con Javier Milei a la cabeza, ya marcó el camino. Brasil, la economía más grande de la región, parece dispuesta a seguir sus pasos. El rechazo a las ideologías que fomentan la dependencia del Estado y que van en contra de las costumbres sociales y la meritocracia se traduce en un movimiento continental imparable.
La izquierda latinoamericana, acorralada por sus propios abusos —inflación, corrupción, inseguridad, adoctrinamiento— enfrenta su ocaso. El balotaje brasileño no es solo una elección entre dos candidatos: es un plebiscito sobre el modelo de sociedad que la región quiere para las próximas décadas. Y las señales apuntan en una sola dirección: hacia la derecha.
4 de octubre de 2026
Crematorio en Esquel: obra clave en zona industrial y beneficio para toda la región
El crematorio de Esquel se construirá en una zona industrial habilitada, sin riesgo técnico presumible y con amplio respaldo regional. La obra, esperada desde hace décadas por la comunidad, avanza en el Parque Tecnológico Industrial y promete resolver una necesidad histórica de servicios para toda la zona. El proyecto, denominado Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales, fue aprobado por el Concejo Deliberante con siete votos a favor y tres en contra, y representa una oportunidad concreta para el desarrollo productivo, ambiental y social de Chubut.
Una demanda histórica que no admite más demoras
Esquel y su región arrastran desde hace décadas una carencia elemental: no existe un servicio de cremación humana. Eso obliga a las familias a trasladarse a otras localidades en los momentos más difíciles, con costos elevados y trámites engorrosos. La comunidad viene reclamando hace años una solución y el crematorio aparece como una respuesta ampliamente beneficiosa para toda la región.
El proyecto no solo cubre una necesidad sanitaria y social. También implica inversión, movimiento económico y creación de empleo. La adjudicación del terreno significó un ingreso de US$ 27.500 al Municipio y abre la puerta a un centro regional que puede prestar servicios a distintas localidades. Se trata de un emprendimiento privado local que apunta a consolidar actividad productiva en un sector preparado para ello.
Zona industrial: el lugar correcto
El crematorio se instalará en una zona destinada a emprendimientos industriales. Ese sector cuenta con aprobación para proyectos productivos desde hace muchos años y contempla todo tipo de actividades. No es un área residencial, no es territorio rural vulnerable y no es un espacio ajeno a la actividad industrial. Es, precisamente, el lugar donde deben radicarse este tipo de iniciativas.
La adjudicación de 5.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Industrial para el Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales respeta ese destino. La ubicación elegida permite separar la actividad industrial de las zonas pobladas y ordenar el crecimiento de Esquel con criterios técnicos y urbanísticos.
Sin elementos técnicos que presuman contaminación
No hay absolutamente ningún elemento técnico que pueda presuponer contaminación o perjuicio a ningún poblador rural de la zona. La adjudicación aprobada corresponde a una primera etapa: la entrega del inmueble. Las evaluaciones de factibilidad técnica y los estudios ambientales definitivos deberán avanzar después ante la autoridad municipal correspondiente.
Además, la adjudicación queda sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable. Si el proyecto incumple las condiciones establecidas, el terreno puede regresar al Municipio. Es decir, existen salvaguardas legales y técnicas. Hablar de contaminación sin fundamento técnico es instalar un temor infundado. La tecnología actual permite desarrollar este tipo de centros con altos estándares ambientales y sanitarios.
La consulta previa mal planteada
Integrantes de la Comunidad Nahuelpan reclamaron una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, en este caso no correspondería ninguna consulta de ese tipo, ya que hay autoridades elegidas democráticamente para decidir sobre el asunto. Alguien mal asesoró a los pobladores de Nahuelpan sobre supuestas consultas previas que se le debieran hacer y los hicieron exponerse a acciones legales, mientras los mentores se escondían detrás de ellos.
La comunidad sostuvo que hubo una reunión con representantes de la empresa, la Cámara de Comercio y funcionarios municipales, pero señaló que ese encuentro no constituyó una instancia formal de consulta. Es cierto que no fue una consulta formal, pero tampoco era exigible. El proyecto se emplaza en una zona industrial habilitada previamente y no afecta territorio comunitario. La consulta previa no puede convertirse en un mecanismo de veto ni en una herramienta para frenar el desarrollo de toda una región. Hubo quienes los mal asesoraron al respecto y los habrían usado para provocar disturbios en el Consejo Deliberante de Esquel.
Incitación política e interrupción de sesión
Algunas personas de la comunidad Nahuelpan habrían sido incitadas a interrumpir el cuerpo legislativo local por un par de integrantes de un partido vecinalista minoritario de izquierda. Esos dirigentes habrían mal asesorado a los pobladores, lo que habría sido el motor para que se generen disturbios en el Concejo Deliberante. No les habrían advertido a los pobladores rurales de la situación legal a la que se exponían.
Es lamentable que se incite a pobladores rurales a interrumpir sesiones legislativas. Hacerlo constituiría un delito. Quienes alientan a estos pobladores a actuar de esa manera no les advierten a esas personas del riesgo penal que corren. La política no puede utilizar a las comunidades rurales para sacar rédito partidario. El episodio incluyó gritos, insultos y acusaciones de “traidores” y “racistas” contra los concejales, mientras el presidente del cuerpo intentaba recuperar el orden.
Desde atrás, militantes políticos alentaban el desorden, al grito de «no pasarán», pero dejaron expuesta y desprotegida a una pobladora rural que emprendió un discusión habiendo estado mal asesorada.
Un proyecto que ordena y beneficia
El crematorio traerá beneficios concretos: servicio de cremación humana en Esquel, menos traslados forzosos, costos más bajos para las familias, empleo local, inversión privada y un centro regional de soluciones ambientales integrales. La oposición política cuestionó la bonificación del terreno, la falta de gas, el tiempo de tratamiento del expediente y un informe ambiental que habría obtenido 14 puntos sobre 30. Son objeciones políticas y administrativas, no pruebas técnicas de contaminación.
Al contrario al accionar de algunos militantes, la concejal Silvana Sánchez Albornoz acompañó el proyecto y a la vez pidió una consulta con la comunidad. Su voto afirmativo permitió avanzar con la adjudicación. Las instancias posteriores de evaluación y habilitación deberán seguir los procedimientos que correspondan. Pero frenar la obra por presiones o desinformación sería un error estratégico para Esquel y para Chubut.
Desarrollo con responsabilidad y ley
El crematorio debe avanzar. El diálogo con la comunidad es válido, pero dentro de la ley y sin interrupciones del cuerpo legislativo. La desinformación y la incitación política no pueden imponerse sobre las decisiones de las autoridades elegidas democráticamente. Esquel necesita este servicio desde hace décadas y la región no puede seguir postergando una obra clave.
Los pobladores circundantes deben ser informados correctamente, con datos técnicos y sin manipulaciones partidarias. El proyecto se ubica en una zona industrial apta, no presenta elementos técnicos que hagan presumir contaminación y cuenta con respaldo para el desarrollo regional. Chubut necesita inversión, empleo y servicios. El crematorio es un paso en esa dirección y beneficia a todos.
Críticas a Taccetta
Es natural que todos los políticos sean criticados, especialmente por los partidos opositores. El gobierno de Taccetta no escapa de ser criticado en algunos aspectos; sin embargo, cuando cualquier político, sea del partido que sea, impulsa una buena idea, debería naturalizarse el apoyo en esa cuestión específica. Nuevamente: sea del partido que sea.
El crematorio es beneficioso para toda la región. De hecho, sería bueno que existiera la posibilidad de que otro inversor decidiera hacer lo mismo y así generar una competencia sana de precios en beneficio de la comunidad. Pero ni siquiera debe haber volumen que justifique otra inversión.
Generar criticas para generar desorden es una costumbre que debería ser erradicada. No es democrático. Y los que alientan estas cuestiones dicen llevar las banderas de la democracia. Una paradoja hipócrita.
Y peor aún, cuando se aprovechan de pobladores rurales y los exponen a conflictos legales mientras los autores esconden la mano con la que tiraron la piedra.
4 de octubre de 2026
Vacunas VIP: Igón irá a juicio y la justicia debe frenar el privilegio kirchnerista
La Corte Suprema rechazó el último recurso y Santiago Igón irá a juicio por las vacunas VIP durante la pandemia en Chubut. El exdiputado nacional por Chubut, radicado en Esquel y referente del kirchnerismo, deberá sentarse ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por la acusación de aceptación de dádiva. La decisión judicial no es un detalle: marca que el privilegio de vacunarse por encima de los demás no puede cerrarse con un cheque ni con una salida elegante.
La causa contra Santiago Igón llegó a su punto más alto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja de la defensa y dejó firme la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el sobreseimiento y descartado la reparación económica como forma de extinguir la acción penal. Con eso, el camino al juicio oral y público quedó despejado. El exlegislador deberá responder por haber recibido la vacuna Sputnik V en febrero de 2021 en el Hospital Zonal de Esquel, cuando la campaña de inmunización estaba concentrada en los grupos prioritarios.
El episodio, conocido como vacunación VIP, es una herida abierta. Mientras miles de argentinos esperaban turno, rezaban por una dosis o veían morir familiares sin acceso a la vacuna, un puñado de dirigentes y allegados al poder se acomodó en la fila. No fue un error administrativo. Fue un abuso de cargo. Fue la vieja lógica de creer que el Estado es una propiedad privada y que los derechos de los demás se pueden pisotear con una firma, un llamado o una amistad política.
La defensa de Igón intentó llevar el caso hasta la Corte después de que Casación rechazara el recurso extraordinario. Presentó una queja directa, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti la declararon inadmisible por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Traducción: no hay más vueltas. El proceso sigue. El exdiputado tendrá que sentarse en el banquillo.
El intento de cerrar la causa con dinero es otro capítulo que indigna. En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había aceptado una propuesta de reparación integral: Igón ofrecía pagar 3 millones de pesos al Hospital Zonal de Esquel, mientras que Carlos Emiliano Biondo aportaría 1 millón. Era una salida para evitar el juicio oral. El fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso y la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto aquella resolución. El argumento fue contundente: no se puede aplicar una salida de ese tipo frente a un delito atribuido a un funcionario público en razón de su cargo.
Aquí aparece la hipocresía discursiva del kirchnerismo. Santiago Igón pertenece a ese espacio político que llena la boca hablando de los pobres, de los derechos humanos, de la salud pública y de la solidaridad. Pero a la hora de vacunarse, cuando el privilegio estaba en juego, la acusación sostiene que se priorizó a sí mismo. No esperó. No se puso en la fila de los que no tienen contactos. No pensó en el docente, en la enfermera, en el abuelo que hacía cola. Y después, cuando la Justicia lo alcanzó, intentó pagar para cerrar el expediente. Esa es la falsedad de un discurso que se dice popular mientras practica el privilegio más descarado.
Carlos Emiliano Biondo no queda afuera. Está procesado por su vinculación con la supervisión del operativo de vacunación. Si alguien tenía la responsabilidad de administrar dosis críticas en plena pandemia, su obligación era priorizar a la población, no a los amigos políticos. La medicina escaseaba. Las vacunas eran esperanza. Usar ese poder para facilitar el acceso a allegados es una traición a la confianza pública. La Justicia debe investigarlo a fondo y establecer responsabilidades.
No se trata de una condena anticipada. La Corte no declaró culpable a nadie. Lo que hizo fue habilitar el juicio oral y público. Eso es exactamente lo que corresponde en una democracia. Que se debata, que se pruebe, que se escuchen los argumentos. Pero también que no se permita que un funcionario acusado de abusar de su cargo compre una salida elegante. La sociedad exige que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia actúe con severidad y ponga límites claros.
El kirchnerismo nos tiene tristemente acostumbrados a estos episodios. Dirigentes que hablan de igualdad mientras viven en countries, que denuncian privilegios mientras se vacunan primero, que lloran por los pobres mientras acomodan a los amigos. El caso Igón es una muestra más. No es un hecho aislado. Es una práctica. Y por eso la respuesta judicial debe ser ejemplar.
Cinco años después de aquella vacunación en el Hospital Zonal de Esquel, la discusión vuelve al centro. La acusación deberá ser debatida en un juicio oral y público. La Corte cerró la última vía de apelación. Ahora la pelota está en la cancha del tribunal. Y la sociedad mira. Los que se creyeron por encima de los demás deben rendir cuentas. La impunidad no puede ser otra vez la salida.
3 de octubre de 2026
Mafia kirchnerista: Cristina escondía en su casa informes de la SIDE sobre jueces, opositores y otros.
La bóveda de Cristina Kirchner en El Calafate guardaba carpetas de espionaje sobre jueces, opositores, empresarios y agentes de inteligencia. El juicio por la Causa Cuadernos volvió a exhibir imágenes y videos de ese ambiente, encontrado durante el allanamiento de agosto de 2018, y reabrió una de las páginas más oscuras del kirchnerismo: la construcción de un aparato de inteligencia paralelo, orientado a perseguir, condicionar y garantizar impunidad.
No era un archivo doméstico. Era un arsenal de información. Allí había informes sobre integrantes del Poder Judicial, dirigentes políticos, empresarios, exagentes de inteligencia y documentación financiera. La escena, negada durante años por la expresidenta, quedó otra vez bajo la lupa del Tribunal Oral Federal 7, que observó las pruebas del procedimiento ordenado por el entonces juez Claudio Bonadio. El acta consignó indicios de una puerta blindada o de seguridad desmontada antes del allanamiento. Para Bonadio, el lugar era una “bóveda”. Para Cristina Kirchner, esa estructura nunca existió.
El detalle no es menor. Porque si algo muestra esta causa es que el kirchnerismo no toleraba controles, jueces independientes, opositores incómodos ni empresarios que no se sometieran. La vieja SIDE, luego transformada en AFI, dejó de ser un servicio de inteligencia del Estado para convertirse, según las hipótesis judiciales, en una usina de persecución política y protección de la corrupción. Las carpetas halladas en El Calafate son la prueba documental de ese entramado.
Entre los documentos secuestrados aparecía información sobre el propio Claudio Bonadio, el magistrado que encabezaba la investigación. También un dossier sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. Había papeles vinculados con Guillermo Elazar y datos patrimoniales provenientes de la AFIP. Es decir: jueces, fiscales, familiares de víctimas y organismos de control, todos dentro de un mismo archivo.
La lista se extendía al mundo de los servicios de inteligencia y a la guerra interna desatada durante el kirchnerismo. Los investigadores encontraron un informe sobre Antonio “Jaime” Stiuso, histórico agente desplazado durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y otro sobre Pedro Tomás “Lauchón” Viale, agente de contrainteligencia y hombre cercano a Stiuso, muerto en 2013. La inteligencia estatal había sido partida en dos: una parte resistía; la otra operaba para el poder político.
También aparecieron documentos relacionados con dirigentes opositores. Entre ellos, informes sobre Francisco de Narváez, quien derrotó electoralmente a Néstor Kirchner en las legislativas bonaerenses de 2009, y documentación identificada como “Reutemann agendas”. No eran simples recortes periodísticos. Eran carpetas de seguimiento, datos sensibles, material apto para extorsionar o neutralizar adversarios.
El material alcanzaba además a compañías privadas y operaciones económicas. Había documentación sobre Barrick Gold, Petrobras, una licitación de combustibles de ENARSA, la expropiación de YPF y movimientos bancarios de empresas. También fue encontrada una carpeta sobre Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La trama no distinguía entre espionaje político y negocios: todo formaba parte del mismo sistema de poder.
Entre los papeles secuestrados figuraban asimismo informes sobre el Grupo Clarín y un análisis de la Agencia Federal de Inteligencia sobre compras de dólares durante el cepo cambiario de 2014, que clasificaba distintos perfiles de compradores. La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad moral el kirchnerismo hablaba de democratizar la palabra mientras clasificaba ciudadanos, empresarios y medios desde una bóveda clandestina?
Durante su declaración, el comisario retirado Adrián Lotocki, a cargo del allanamiento, confirmó que del ambiente se retiraron numerosos documentos y objetos de valor. Mencionó biblioratos, bastones presidenciales y una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins. La imagen es brutal: junto a reliquias históricas, carpetas de espionaje. Un símbolo perfecto de un poder que se creía dueño del Estado, de la historia y de la verdad.
El kirchnerismo intentó minimizar el hallazgo. Dijo que no existía una bóveda. Dijo que era un depósito. Dijo que todo respondía a una operación judicial. Pero las imágenes, las actas y los documentos vuelven siempre al mismo punto: mientras denunciaba conspiraciones, construía una estructura de inteligencia ilegal para espiar jueces, opositores y empresarios. Mientras hablaba de derechos humanos, usaba la AFI para perseguir y proteger a los suyos.
Ese es el corazón del escándalo. No se trata solo de una bóveda en El Calafate. Se trata de un método. La corrupción kirchnerista no solo saqueó recursos, firmó contratos sospechosos y manejó el dinero público con criterios de caja política. También intentó blindarse con espionaje. Cada carpeta sobre un juez, un fiscal, un opositor o un empresario era una pieza de un mecanismo de impunidad. La información no se guardaba para cuidar al Estado: se guardaba para cuidar a los corruptos.
Para Chubut y para la Argentina, la causa Cuadernos es una advertencia. Las provincias no son ajenas a estos entramados. Cuando la inteligencia se usa para perseguir opositores, cuando los expedientes se fabrican desde el poder, cuando los jueces son vigilados y los empresarios extorsionados, la democracia se degrada. La transparencia no es un adorno: es la única barrera contra la impunidad.
La bóveda K ya no puede negarse. Las carpetas existen. Los nombres están. Las imágenes están. Ahora falta lo más importante: que la Justicia actúe sin presiones, que se sepa quién ordenó cada informe, quién los pagó, quién los usó y para qué. Porque si el espionaje kirchnerista queda impune, la corrupción vuelve a ganar. Y esta vez, con la complicidad del silencio.
2 de octubre de 2026