Chubut Online – Patagonia Argentina

El Imperio Británico: Historia de Piratas, Saqueos, Hipocresía y el Robo de Malvinas
La corona británica se aferra con desesperación a las Islas Malvinas porque atraviesa su peor momento económico en décadas, con una deuda pública que ronda el 95% del PBI. La historia del Imperio Británico no es más que un extenso relato de piratería, saqueos, robos de tierras y violaciones sistemáticas a la autodeterminación de los pueblos, todo disfrazado bajo una falsa superioridad moral.
Un imperio ladrón y pirata.
Desde su surgimiento como potencia marítima, la corona inglesa construyó su riqueza y poder sobre la base de la piratería y la expropiación. En el siglo XIX, controlaba casi una cuarta parte del territorio mundial, arrebatado por la fuerza a poblaciones nativas. Un ejemplo emblemático ocurrió en 1904, cuando los británicos despojaron a los maasai de Kenia de sus mejores tierras para entregarlas a colonos blancos. Siete años después, violando su propia promesa, los desplazaron nuevamente a punta de pistola hacia una reserva árida y plagada de enfermedades, causando la muerte de cientos de personas. Estos crímenes, lejos de ser excepciones, fueron la regla de un imperio que se apropió de territorios en África, Asia, América y Oceanía.
La hipocresía de la corona inglesa
El discurso británico sobre la autodeterminación es quizás la mayor hipocresía de su historia. Mientras hoy esgrimen ese principio para justificar la ocupación de Malvinas, argumentando que los isleños deben decidir su futuro, la corona nunca respetó la voluntad de los pueblos que sometió. Gales fue anexada por la fuerza en el siglo XVI, Escocia perdió su independencia en 1707, e Irlanda fue colonizada y sometida durante siglos hasta lograr una sangrienta independencia parcial recién en el siglo XX.
La corona inglesa suprimió idiomas, culturas y derechos de estos pueblos, negándoles exactamente lo que hoy exigen para los habitantes de Malvinas. Esta incongruencia revela que el principio de autodeterminación es solo una herramienta selectiva, utilizada cuando conviene a los intereses británicos y desechada cuando estorba.
El caso Malvinas
El caso de Malvinas es la culminación de esta historia de expoliación. Argentina heredó las islas de España tras su independencia en 1816, pero en 1833 una expedición británica desalojó por la fuerza la guarnición argentina e impuso su dominio. Desde entonces, el Reino Unido mantiene una ocupación ilegal, desoyendo todos los llamados de la comunidad internacional y las resoluciones de la ONU que instan a negociar la soberanía. La guerra de 1982, con 649 argentinos muertos， no fue más que la expresión trágica de una usurpación que se niega a ser reparada.
El museo del saqueo y la piratería
El Museo Británico es el símbolo más descarnado de esta mentalidad de saqueo. Sus salas están repletas de objetos arrebatados a sus dueños legítimos: los Mármoles del Partenón, sustraídos de Grecia por Lord Elgin a comienzos del siglo XIX; la Piedra Rosetta, tomada de Egipto por tropas británicas en 1801; y miles de piezas de África, Asia y América que hoy son exhibidas como trofeos de conquista. El museo se ampara en leyes británicas, como la British Museum Act de 1963, para negar su devolución, revelando que el robo cultural no es un accidente del pasado, sino una política sostenida en el tiempo.
Un imperio en situación crítica
Hoy, sin embargo, el imperio muestra sus fisuras. El Reino Unido enfrenta una crisis económica sin precedentes: su deuda pública alcanza niveles no vistos desde los años 60, el crecimiento se estanca, y la inestabilidad política se ha vuelto crónica, con un cambio de primer ministro cada diecisiete meses en promedio. La renuncia de Keir Starmer en 2026 es solo el último síntoma de un sistema que se desmorona. En este momento de debilidad, la corona británica se aferra a Malvinas como un náufrago a una tabla, sabiendo que perderlas sería el golpe definitivo a su ya golpeada imagen global.
Pero el problema no es con el pueblo inglés, trabajador y en muchos casos ajeno a las decisiones de su gobierno. La crítica debe dirigirse a la corona y a una clase política que durante siglos construyó su riqueza sobre el sufrimiento ajeno. Mientras los ciudadanos británicos sufren las consecuencias de una economía en recesión y servicios públicos colapsados, su gobierno prefiere gastar recursos en mantener ocupaciones ilegales en lugar de atender las necesidades de su propia población.
Las Malvinas son y serán siempre argentinas. La historia, el derecho internacional y la geografía así lo confirman. El imperio británico, con su pasado pirata y su presente hipócrita, no tiene autoridad moral ni legal para retener un territorio que nunca le perteneció. Es hora de que la corona inglesa devuelva lo que robó, no solo Malvinas, sino también las riquezas culturales y territoriales que aún exhibe como botín de guerra. La Argentina continuará alzando su voz hasta que la justicia sea restituida.
2 de septiembre de 2026
El lujo de Cristina: tobillera que no controla y un costo millonario para el bolsillo de los argentinos
Mientras cualquier ciudadano común, acusado de un delito menor, es hacinado en celdas precarias y olvidadas por el sistema, Cristina Fernández de Kirchner disfruta de una prisión domiciliaria de cinco estrellas con un «control» electrónico que ni siquiera es capaz de determinar en qué piso del edificio se encuentra.
Un informe oficial, al que tuvo acceso este medio y que ya obra en el Tribunal Oral Federal 2, acaba de exponer la farsa del sistema de vigilancia al que está sometida la líder de Unión por la Patria. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) reconoció sin ambages que la costosa tobillera que porta CFK no puede establecer con exactitud su ubicación dentro del inmueble de San José 1111. Es decir, el aparato no distingue si está en su departamento, tomando sol en la terraza, recorriendo un pasillo o, incluso, visitando a un vecino en otro piso. La tecnología, que promete ser infalible, es en la práctica un colador que genera una falsa sensación de seguridad jurídica.
El informe detalla que, para la tecnología GPS de la exmandataria, el edificio es una única mancha geográfica. La localización que arroja el sistema corresponde al inmueble o a sus «inmediaciones», sin discriminar espacios internos. Esto implica que, si la imputada por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública decidiera pasar la tarde en la terraza, como ya lo ha hecho en tres ocasiones según el propio informe (los días 9, 10 y 30 de marzo), el sistema no lo detecta como una violación del perímetro, sino como un simple evento.
Es necesario preguntarse: ¿cómo es posible que una persona condenada por corrupción tenga un régimen de «casa por cárcel» tan laxo que le permite deambular por zonas comunes? La respuesta es simple: el Estado argentino, en su afán de privilegiar a los poderosos, ha montado un sistema a medida para CFK que cualquier otro preso común en el país envidiaría. Mientras un delincuente común debe soportar el hacinamiento, la violencia y la falta de higiene en una penitenciaría, Cristina Kirchner se pasea por su edificio con una pulsera que es más un accesorio de moda que un instrumento de control efectivo.
El sistema de «cerca virtual»: una coartada para el privilegio
El mecanismo de control se basa en una tobillera de radiofrecuencia que se comunica con una unidad fija en su departamento. Esta configura una «cerca virtual» que, cuando se rompe, activa una alerta. Suena bien en el papel, pero el «perímetro fijado» es tan amplio que abarca todo el edificio y sus inmediaciones. Los propios técnicos de la DAPVE admiten que cualquier egreso del departamento queda registrado como un «evento», sin importar si fue al lavadero del subsuelo o a la terraza del último piso. El sistema no puede diferenciar entre un traslado permitido y uno prohibido, lo que deja un margen de maniobra enorme.
Este informe no solo revela la imprecisión técnica, sino que confirma la complicidad pasiva de un Estado que permite esta situación. La realidad es que con el dinero que se gasta en el mantenimiento de este sistema de vigilancia electrónica de lujo, se podrían construir decenas de plazas en penales de máxima seguridad para albergar a delincuentes comunes.
Las tres salidas a la terraza que el informe admite (32 minutos, 18 minutos y 10 minutos) son un acto de burla. No se trata de un error técnico; es una demostración de poder. CFK, al salir a la terraza, está diciéndole a la sociedad que las reglas no aplican para ella, que el sistema está comprado o es tan ineficiente que permite estos «paseos» sin consecuencias. Es una humillación diaria a los argentinos que pagan sus sueldos y, peor aún, pagan el costo de su detención domiciliaria premium.
El informe es lapidario: la tecnología es incapaz de establecer si la reclusa está en el departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso. Ante esta confesión de parte, la Justicia debería actuar con la contundencia que no tuvo hasta ahora. No se puede tolerar que el símbolo máximo de la corrupción kirchnerista tenga un trato VIP mientras la inseguridad y el hacinamiento carcelario son moneda corriente en el resto del país.
Es hora de que los argentinos abran los ojos y exijan el fin de este privilegio inadmisible. Cristina Kirchner debe ser tratada como cualquier otro ciudadano condenado por la Justicia, sin los lujos y los beneficios que le otorga un sistema que, como demuestra este informe, es una farsa.
1 de septiembre de 2026
Milei este jueves hablará en cadena nacional por Malvinas tras giro de Trump sobre soberanía
El presidente Javier Milei confirmó una cadena nacional para el jueves por la noche para abordar la cuestión Malvinas, luego de que Donald Trump abriera la puerta a revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago.
El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en la que repasó los resultados del plan económico, las políticas de los distintos ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Fue en ese contexto que el mandatario sorprendió a sus ministros con un anuncio: el jueves por la noche emitirá una cadena nacional para brindar mayores detalles sobre la cuestión Malvinas.
La decisión se conoció luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expusiera ante el Gabinete los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. «Lo anunció ante nosotros», reconoció una figura del Gabinete que estuvo presente esta mañana en el Salón Eva Perón, minutos antes de que la información se hiciera pública de manera oficial.
El anuncio de Milei no es casualidad. Se produce apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara desde el Despacho Oval que no descarta revisar la postura histórica de neutralidad de su país respecto de la soberanía de las Malvinas. «Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas», declaró Trump ante periodistas, en lo que constituye la primera vez que el mandatario estadounidense se pronuncia públicamente sobre esa disputa territorial.
La pregunta del periodista estadounidense a Trump se produjo luego de que el diario británico The Telegraph revelara que Washington está revisando sus compromisos con los socios del Atlántico en función de las nuevas metas de gasto en defensa que exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según esa publicación, un alto funcionario estadounidense señaló que el Reino Unido recibirá especial atención dentro de esa revisión, dado que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no presentó aún una hoja de ruta creíble para alcanzar el objetivo del 5% del Producto Bruto Interno en gasto militar. «Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos», habría declarado el funcionario a The Telegraph.
La reacción del Reino Unido no se hizo esperar. Desde Downing Street, el gobierno británico rechazó con contundencia las declaraciones de Trump y ratificó su postura histórica sobre el archipiélago. A través de un vocero oficial, Londres remarcó que mantiene un compromiso absoluto con los habitantes de las islas y con el principio de autodeterminación. «Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable», sentenció el portavoz. El ministro de Defensa británico fue incluso más tajante: «Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen».
Este giro en la posición estadounidense representa un movimiento inédito en la diplomacia internacional sobre el Atlántico Sur. En los últimos años, la postura de la Casa Blanca sobre la soberanía del archipiélago fue de neutralidad, aunque con gestos concretos hacia Londres. De hecho, a mediados de este mes, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, había descartado cualquier modificación: «Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado». Sin embargo, las declaraciones de Trump abren ahora un escenario de incertidumbre que podría alterar la discusión estratégica sobre la región.
El canciller Pablo Quirno, consultado sobre las palabras de Trump, remarcó la necesidad de contar con «acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos» para responder a lo que calificó como «situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos». El jefe de la diplomacia argentina sostuvo que la resolución del conflicto pasa por la vía diplomática y por el trabajo interno del país. «Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países. Pero de la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo, tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado», explicó Quirno.
En su alocución por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei ya había reafirmado «el derecho al ejercicio pleno de la soberanía» argentina sobre las islas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. El mandatario recordó en esa ocasión que las Naciones Unidas reconocen la disputa como una «situación colonial especial» que debe resolverse mediante «el diálogo maduro y sincero» entre la Argentina y el Reino Unido, y agradeció el respaldo recibido en foros como el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.
Precisamente, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó recientemente una nueva resolución sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y renovó el llamado para que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar una solución a la disputa de soberanía. En esa instancia, el canciller Quirno ratificó el compromiso «irrenunciable» de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Otro de los temas que Milei abordará en su mensaje del jueves está vinculado con la actividad petrolera en la zona. El mandatario ya había advertido sobre la decisión de inversión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte y afirmó que el país adoptará «todas las medidas diplomáticas necesarias» para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades «unilaterales e ilegítimas». Las compañías, que avanzan con la instalación de infraestructura a gran escala sobre la plataforma continental argentina, planean perforar 23 pozos submarinos sin la evaluación ambiental del Estado argentino. Incluso, excombatientes de la guerra de 1982 presentaron una demanda contra este proyecto petrolero.
El presidente Milei tiene previsto brindar su mensaje este jueves por la noche, en un horario aún no confirmado, y se espera que profundice en los detalles de las gestiones diplomáticas que viene llevando adelante su administración. La cadena nacional representará la primera oportunidad en la que el mandatario se dirija de manera exclusiva a la ciudadanía sobre este tema, luego de las repercusiones generadas por las declaraciones de Trump y la firme respuesta del Reino Unido.
El escenario que se abre con la posibilidad de un cambio en la posición estadounidense es de alto voltaje diplomático. Estados Unidos mantiene formalmente una postura de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Un giro en ese posicionamiento no solo podría alterar la discusión estratégica sobre el Atlántico Sur, sino también tensar la relación de Washington con su aliado histórico, Londres, en un momento en que la OTAN exige a sus miembros mayores niveles de gasto en defensa.
Mientras tanto, el gobierno argentino espera con expectativa el mensaje presidencial del jueves, que promete ser un hito en la estrategia diplomática de la administración Milei en torno a la causa Malvinas. La comunidad internacional, los veteranos de guerra y la sociedad argentina en su conjunto estarán atentos a las palabras del Presidente, que llegan en un momento de renovado protagonismo de la cuestión Malvinas en la agenda global.
1 de septiembre de 2026
A 4 años del supuesto atentado a Cristina Kirchner: ¿Intento de asesinato o simulación?
A cuatro años del 1 de septiembre de 2022, la fecha en que Fernando Sabag Montiel gatilló una pistola –que no estaba lista para disparar– a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, el expediente judicial sigue dejando más preguntas que respuestas. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio, y a Brenda Uliarte a 8 años como partícipe necesaria. Sin embargo, la sentencia no disipa la inquietud central que atraviesa este caso: ¿realmente estuvo Cristina Kirchner en peligro de muerte, o asistimos a una puesta en escena cuidadosamente calculada?
El arma que no disparó: ¿error o advertencia?
El dato técnico más relevante del caso es, paradójicamente, el que lo desnuda: la pistola no disparó. Según las pericias de la Policía Federal, el arma —una Bersa Lusber 84 calibre .32 (7.65 mm)— era apta para el disparo y contenía munición real en el cargador . ¿Qué impidió entonces la detonación?
Los peritos concluyeron que Sabag Montiel no accionó la corredera de manera manual, por lo cual ninguna bala se montó en la recámara. En otras palabras: el gatillo fue apretado, pero el arma no estaba preparada para disparar.
Expertos en armas de fuego consultados coincidieron en que «lo más seguro es que se olvidara de amartillar el arma. Es un error de novato». Pero aquí reside el primer interrogante: ¿cómo es posible que un individuo que, según la fiscalía, sabía manipular el arma —como lo demuestran fotos y videos previos al atentado— cometiera un error tan elemental en el momento clave?
La defensa de Sabag Montiel apostó a la teoría del «delito imposible», argumentando que el arma no presentaba las condiciones para que el disparo saliera. Sin embargo, los peritos balísticos realizaron 51 disparos de prueba con la misma arma y todos salieron al primer intento. La contradicción es evidente: el arma funcionaba perfectamente, pero en el momento del atentado, no.
¿Simulación programada o marginalidad desesperada?
Frente a esta evidencia, una hipótesis cobra fuerza: ¿podría tratarse de una simulación programada? Si el objetivo hubiera sido realmente asesinar a la vicepresidenta, ¿por qué utilizar un arma que, en manos de un pistolero inexperto, tenía altas probabilidades de fallar? ¿Acaso alguien que planea un magnicidio no se asegura de que el arma esté en condiciones de disparar?
La otra posibilidad, igualmente inquietante, es que quienes ejecutaron el acto no fueran más que marginales, individuos al borde de la sociedad, hartos de una corrupción kirchnerista que durante años fue grosera y vergonzosa. Sabag Montiel, un brasileño afincado en Argentina de 35 años, y Uliarte, su pareja, no tenían antecedentes políticos relevantes. Uliarte participó en marchas de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, pero no existe evidencia concluyente de que la organización haya planificado el ataque. Eran, en definitiva, personas sin un aparato político detrás, movilizadas por un odio visceral alimentado por discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.
El propio Sabag Montiel declaró: «Supe que si mataba a Cristina Kirchner venía una guerra civil», y negó tener un móvil político o económico. Sus palabras revelan a un individuo que actuó por convicción propia, no por encargo de una estructura.
La corrupción kirchnerista como caldo de cultivo
No puede analizarse este atentado sin considerar el contexto de corrupción que rodeaba al kirchnerismo. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La fiscalía la acusó de encabezar una «matriz de corrupción extraordinaria» para defraudar al Estado a través de obras públicas en Santa Cruz.
Durante años, los argentinos fueron testigos de una corrupción sistemática y descarada que alimentó el descontento popular. En ese contexto de indignación, no resulta descabellado pensar que individuos marginales, impulsados por la bronca y la desesperación, decidieran tomar justicia por mano propia. No eran sicarios profesionales ni militantes orgánicos: eran personas que, como tantos otros, estaban hartas.
Las sombras que persisten
A cuatro años del hecho, el caso sigue sin esclarecerse por completo. La Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver si corresponde aplicar el agravante de femicidio al ataque, y el gobernador Axel Kicillof cuestionó la falta de avances en la investigación sobre los autores intelectuales.
Pero más allá de las condenas judiciales, las preguntas incómodas persisten: ¿por qué el arma no estaba lista para disparar? ¿Por qué un atacante que sabía usar el arma cometió un error tan básico? ¿Fue realmente un intento de asesinato o una simulación diseñada para generar un relato de víctima y victimización?
La verdad, como la bala que nunca salió, sigue sin dispararse.
1 de septiembre de 2026
Tareas pasivas en Chubut: el agujero negro del sistema educativo. ¿Necesidad o avivadas?
El sistema educativo de la provincia del Chubut atraviesa una crisis silenciosa que pocos se animan a mencionar: la figura de las tareas pasivas se ha convertido en un refugio para algunos docentes que, amparados en normativas laxas y controles prácticamente inexistentes, cobran mes a mes su salario completo sin pisar un aula. La ley lo permite, pero lo que debió ser una excepción para casos de salud grave se ha transformado en una modalidad de vida laboral para muchos.
El Estatuto del Personal Docente (Ley VIII N° 20) define la situación pasiva como aquella en la que se encuentra el personal que “pasa a desempeñar funciones no comprendidas en el artículo 2º” o es “destinado a las funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para la docencia activa”. En teoría, el espíritu de la norma es proteger a aquellos educadores que, por una enfermedad física o mental grave, ya no pueden estar frente a un curso. El problema es que la práctica ha desvirtuado por completo esa intención original.
El Ministerio de Educación debería proteger a docentes con amplia trayectoria, pero no tiene que funcionar como bolsa de trabajo, o como agencia de subsidios a personas que no quieren trabajar. El que no tenga antigüedad real en el aula y haya vivido casi toda su vida en tareas pasivas, debería ser dado de baja y que busque trabajo por fuera del Estado.
Los casos legítimos
Existen, y es necesario reconocerlo, casos legítimos que justifican plenamente el pase a tareas pasivas. Docentes que han dedicado décadas de su vida a la educación y que, por un accidente, una enfermedad oncológica, un problema neurológico invalidante o cualquier otra patología severa, ven truncada su carrera en el aula. Esos casos merecen toda la protección del Estado. Personas que construyeron su trayectoria frente a alumnos, que formaron generaciones y que, por causas ajenas a su voluntad, necesitan un cambio de funciones sin perder su sustento. Esa es la esencia de la norma y nadie debería cuestionarla.
Los abusos en el sistema
Pero el abuso es monstruoso y ocurre generalmente cuando la causal es una “cuestión psicológica” que, en la práctica, se convierte en un comodín para dejar de trabajar. La vaguedad de los diagnósticos de salud mental, sumada a la ausencia de controles rigurosos, permite que cualquier docente que no quiera enfrentar el aula, que no quiera cumplir con su horario o que simplemente prefiera cobrar sin dar clases, obtenga un pase a tareas pasivas con la misma remuneración que percibía en actividad.
La reasignación de tareas innecesarias.
El problema se agrava cuando esos mismos docentes en tareas pasivas son reasignados a funciones dentro de las propias escuelas. Allí cumplen tareas administrativas o auxiliares que, en muchos casos, ya tienen personal designado o que deberían cubrirse por concurso. No hay razón para que una persona que no puede dar clases por una supuesta incapacidad psicológica pueda, sin embargo, desempeñarse en una biblioteca pedagógica, en una delegación administrativa o en cualquier otro espacio dentro del sistema educativo. Si no está en condiciones de estar frente a alumnos, ¿por qué sí está en condiciones de realizar otras tareas?
Casos escandalosos
La incongruencia es aún más escandalosa cuando se conocen casos de docentes en tareas pasivas que, en su vida privada, han tenido prohibiciones de acercamiento a sus propios hijos o no pasan las cuotas alimentarias que les corresponden.
¿Cómo puede el Ministerio de Educación sostener que una persona que no es responsable de sus propios hijos está en condiciones de “trabajar” en una escuela, aunque sea en tareas pasivas? La respuesta es simple: no debería. Pero el sistema lo permite porque nadie cruza los datos, porque nadie investiga, porque nadie se anima a dar de baja a quien no debería estar cobrando un salario del Estado.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia ya había detectado hace años que varios docentes en tareas pasivas percibían el incentivo docente, un beneficio que debería estar reservado para quienes efectivamente están en actividad. Eso demuestra que el problema no es nuevo, que las alertas existen y que la falta de controles es sistémica.
La normativa establece que “en ningún caso podrá haber más de dos docentes en situación pasiva en una misma escuela” y que el beneficio se extingue “al desaparecer las causas que lo motivaron, convenientemente certificado por la Junta Médica”. Pero en la práctica, ¿quién controla que esas causas sigan existiendo después de cinco, diez o veinte años? ¿Quién revisa periódicamente si un diagnóstico psicológico sigue siendo válido o si, por el contrario, el docente podría perfectamente reincorporarse a la actividad?
Lo que es y lo que debería ser.
Lo que debería ocurrir es radicalmente diferente. El Ministerio de Educación debería implementar un sistema de control riguroso y periódico de todas las personas en situación pasiva. Aquellos que realmente no pueden trabajar por una enfermedad grave y que acumulan años de servicio deberían ser protegidos, pero también deberían ser evaluados para determinar si corresponde una pensión por incapacidad en lugar de mantenerlos en una situación que no es ni activa ni jubilada.
Para quienes han pasado casi toda su vida laboral en tareas pasivas, la situación es insostenible. Personas que prácticamente no han dado clases, que no han formado alumnos, que no han construido trayectoria pedagógica alguna, y que sin embargo cobran mes a mes el mismo salario que un docente que está todos los días frente a un curso. Eso no es un beneficio, es un fraude al sistema y una afrenta a los educadores que realmente trabajan.
Si una persona no tiene las capacidades para cumplir con las funciones para las que se le paga, el Estado debería darle de baja y, en caso de corresponder, otorgarle una pensión por discapacidad. Pero no puede seguir pagando un sueldo completo por décadas a alguien que no trabaja. Eso no es solidaridad, es derroche de recursos públicos en un contexto donde los docentes activos reclaman salarios dignos y las escuelas carecen de infraestructura.
El problema de las tareas pasivas en Chubut no es un tema menor. Es un síntoma de una administración pública que premia la ineficiencia, que protege a los que menos deberían ser protegidos y que castiga a los que realmente trabajan. La discusión no es eliminar la figura, sino ponerle límites claros, controles efectivos y, sobre todo, sentido común. Que un docente con una enfermedad grave sea cuidado es algo entendible. Que un docente que no quiere trabajar se escude en un diagnóstico psicológico para cobrar sin dar clases es un abuso que debe terminar.
El Ministerio de Educación de Chubut tiene la responsabilidad de auditar uno por uno los casos de tareas pasivas, de revisar los diagnósticos, de cruzar datos con otros organismos y de tomar decisiones. No puede seguir mirando para otro lado mientras el sistema educativo se desangra y los recursos se diluyen en sueldos que no deberían estar pagándose.
Las escuelas necesitan docentes en las aulas, no en tareas pasivas eternas. Los alumnos necesitan educación de calidad, no que sus maestros estén en una biblioteca haciendo tareas que no deberían hacer. Y la provincia necesita un sistema educativo que funcione, no un agujero negro donde los recursos desaparecen sin que nadie sepa bien para qué.
Es hora de que Chubut ponga orden en sus tareas pasivas. Por los que realmente trabajan, por los que realmente necesitan protección y por los alumnos que esperan una educación digna.
31 de agosto de 2026
La CGT y la CTA abandonan el Consejo del Salario y dejan a los trabajadores sin aumento consensuado
En un nuevo capítulo de confrontación gremial, la CGT y las dos CTA decidieron retirarse de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, dejando al Gobierno y a la UIA como únicos interlocutores. Esta acción unilateral frustra nuevamente la posibilidad de un acuerdo consensuado y demuestra que el interés real de estas centrales sindicales no es el bienestar de los trabajadores, sino su agenda política de confrontación.
El escándalo se desató este viernes cuando los representantes de la CGT y la CTA abandonaron la sesión virtual del Consejo, tras la negativa de la Secretaría de Trabajo a permitir un encuentro presencial. La decisión, lejos de ser una protesta por una cuestión de forma, revela la verdadera intención de estos dirigentes: generar conflicto, desestabilizar y mantener su rol de oposición radicalizada al gobierno nacional.
Los sindicalistas, conocidos por su histórica afinidad con el kirchnerismo, no toleraron que el diálogo se desarrolle en un ámbito virtual. La virtualidad, que permite un debate ordenado y civilizado, les impide recurrir a las habituales tácticas de presión física y patoteriles que han caracterizado su accionar en las últimas décadas. Al no poder imponer su presencia física, optaron por la huida, abandonando cualquier posibilidad de negociar mejoras reales para los trabajadores.
Resulta paradigmático que quienes se autoproclaman defensores de los derechos laborales hayan sido los primeros en retirarse, desistiendo de participar en la comisión técnica donde se definen los incrementos del salario mínimo. Mientras tanto, el Gobierno y la Unión Industrial Argentina permanecieron en la mesa de diálogo, demostrando su compromiso con la búsqueda de consensos y soluciones concretas.
La postura de los gremios es una muestra más de su doble discurso: mientras exigen mejoras salariales para los trabajadores, boicotean sistemáticamente los espacios de negociación legítima. Su accionar está guiado únicamente por intereses políticos, buscando erosionar la gobernabilidad y mantener un conflicto permanente que les permita justificar su existencia como aparato de poder.
La decisión de los sindicalistas de denunciar la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un acto de hipocresía. Pretenden internacionalizar un conflicto que ellos mismos generaron, buscando victimizarse cuando en realidad son los responsables de frustrar el diálogo. Esta maniobra es típica de quienes han hecho de la confrontación su principal herramienta política.
El gobierno se ve ahora obligado a fijar el incremento del salario mínimo por decreto, una medida que podría haberse evitado si los representantes sindicales hubieran actuado con responsabilidad. Los trabajadores argentinos son los principales perjudicados por esta actitud intransigente, que prioriza los intereses partidarios por encima del bienestar de quienes dicen representar.
La insistencia de la CGT y la CTA en la presencialidad es una excusa para evitar el debate sustancial. En el ámbito virtual, donde las palabras deben ser medidas y los argumentos prevalecen sobre la fuerza física, estos dirigentes se sienten incómodos. No están acostumbrados a debatir en igualdad de condiciones; su método histórico ha sido la presión, la amenaza y la confrontación callejera.
Mientras el país necesita acuerdos y estabilidad para salir de la crisis, estos sectores siguen anclados en prácticas del pasado. La dirigencia sindical kirchnerista demuestra una vez más que no le importa el futuro de los trabajadores ni el desarrollo productivo de la Nación. Su única prioridad es mantenerse en el centro de la escena política, aunque sea a costa del bienestar de aquellos a quienes deben proteger.
El episodio de este viernes debe ser una alerta para la sociedad sobre el verdadero rol de estos líderes sindicales. Lejos de ser defensores de los derechos laborales, son operadores políticos disfrazados, dispuestos a sacrificar los intereses de los trabajadores en aras de su agenda de confrontación.
28 de agosto de 2026
Juicio político al juez García Maañón: acusado de acoso sexual
En un giro significativo dentro del ámbito judicial bonaerense, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha decidido apartar de sus funciones de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, miembro de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida, que se tomó en el marco de un jury político que enfrenta el magistrado, responde a una serie de graves acusaciones que van desde el acoso sexual hasta el uso indebido de recursos del Estado, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder en los estrados judiciales.
El proceso, que ahora se adentra en la etapa de análisis de pruebas y cargos específicos, tiene al magistrado Sergio Gabriel Torres, titular de la Suprema Corte provincial, al frente del jurado. Junto a él, un cuerpo colegiado compuesto por conjueces abogados y legisladores deberá determinar la responsabilidad de García Maañón en cada una de las seis imputaciones que pesan sobre su espalda. La decisión de apartarlo preventivamente ya había sido anticipada por una licencia otorgada por la Suprema Corte, pero esta resolución consolida la gravedad de la situación y la determinación del sistema judicial por actuar con celeridad y transparencia.
Los seis cargos que podrían sellar su destino judicial
El representante del Ministerio Público Fiscal ha sido contundente al formular seis imputaciones específicas que delinean un patrón de conducta inapropiada y contraria a los principios que rigen la función judicial. El primer y más resonante de los cargos señala a García Maañón por situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres en el ámbito laboral, un delito que ha cobrado especial relevancia en la agenda pública y judicial. La acusación detalla comentarios sobre el aspecto físico de una funcionaria, como el ya célebre «esos pantalones te quedan muy bien», así como propuestas de encuentros personales que traspasan los límites de lo profesional.
Más allá del acoso sexual, la acusación incluye malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, manifestados a través de expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias y un comportamiento autoritario que habría creado un clima de hostilidad laboral. El abuso de poder es otro de los ejes de la imputación, evidenciado en la utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal y un trato irrespetuoso hacia sus superiores, utilizando su investidura como herramienta de intimidación. La situación se agrava con la presunta presión sobre testigos para evitar declaraciones perjudiciales y la delegación irregular de su firma digital, una falta administrativa grave que pone en entredicho la seguridad y transparencia de los procedimientos judiciales.
El origen de la denuncia y el papel de la denunciante en la trama
El caso se destapó en julio de 2025, cuando una funcionaria judicial de la Cámara de Apelación de San Isidro decidió romper el silencio y presentar una denuncia formal ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Los episodios, que se habían gestado durante meses, quedaron plasmados en chats y audios que la víctima aportó como prueba fehaciente de la conducta del juez. La denuncia no solo activó un sumario administrativo, sino que también derivó en una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo, quien deberá determinar si los hechos constituyen delito.
Sin embargo, un aspecto que ha generado controversia y análisis en el expediente es el tono de las respuestas de la denunciante. Según las pesquisas, la funcionaria respondía los mensajes del juez en un tono informal, con risas y comentarios alegres, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la claridad de su rechazo. En el texto de la acusación se menciona que esta actitud «convierte a los mensajes en una situación que por un lado muestra la desubicación del juez, pero también una especie de permisión por parte de la denunciante a que los comentarios continúen». Este matiz, lejos de restar peso a la acusación, ha sido interpretado como un reflejo de las complejas dinámicas de poder en el ámbito judicial, donde las víctimas a menudo se ven obligadas a manejar estas situaciones con ambigüedad por temor a represalias o por la asimetría de poder existente.
Instituciones en acción y el camino hacia un desenlace
La Procuración General bonaerense, bajo la dirección de Julio Conte-Grand, no tardó en actuar y en noviembre de 2025 presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, ampliando el espectro de la acusación más allá del acoso sexual para incluir violencia laboral y abuso de poder. Esta presentación fue el detonante formal para el inicio del jury que ahora conmueve al Poder Judicial. Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro se sumó a la causa con su propia denuncia, acumulando más presión sobre el magistrado y demostrando la preocupación de la comunidad jurídica por su comportamiento.
Con el apartamiento preventivo ya en marcha, el Jurado de Enjuiciamiento se enfoca en el análisis pormenorizado de los cargos y la valoración de la prueba. Este proceso, que se desarrolla bajo la mirada atenta de la opinión pública y de los operadores judiciales, definirá no solo el futuro de García Maañón como juez, sino que sentará un precedente clave sobre la tolerancia cero hacia el acoso y el abuso de poder en la justicia bonaerense. La resolución final, que se espera en las próximas semanas, podría implicar desde una severa sanción hasta la destitución del magistrado, enviando un mensaje claro sobre la integridad y la ética que deben regir la función judicial.
Reacciones en el ámbito judicial y la espera por la sentencia
La decisión del jurado ha resonado con fuerza en los pasillos de los tribunales y entre los gremios judiciales, que han seguido de cerca el desarrollo del caso. Mientras algunos sectores celebran la celeridad y firmeza del proceso, otros aguardan con cautela el desarrollo de las pruebas y la posibilidad de que el magistrado pueda presentar su descargo. Lo que es innegable es que este caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de mecanismos más eficaces para prevenir y sancionar el acoso y el abuso de poder en todos los niveles del Estado.
El jury político, con su composición plural y su carácter interdisciplinario, se enfrenta ahora al desafío de dirimir la verdad jurídica. La presencia de conjueces abogados y legisladores garantiza una perspectiva amplia que trasciende lo puramente técnico, incorporando la dimensión ética y social de las acusaciones. La sociedad, y especialmente las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, espera que este proceso no solo haga justicia en el caso particular, sino que sirva como un catalizador para la transformación cultural necesaria en los ámbitos laborales, donde el respeto y la igualdad deben ser la norma y no la excepción.
27 de agosto de 2026
Francia: Reconocen el cáncer de mama de una azafata como enfermedad profesional
En una decisión sin precedentes que marca un antes y un después en el ámbito laboral aeronáutico, la justicia francesa ha dictaminado que el cáncer de mama diagnosticado a una expiloto de cabina de Air France debe ser considerado como una enfermedad profesional. Este fallo, que ya es firme y no ha sido recurrido por las partes implicadas, abre una puerta a la esperanza para miles de trabajadores del sector que durante décadas estuvieron expuestos a condiciones de riesgo sin la debida protección reglamentaria.
Sophie Lainault, de 59 años y actualmente en remisión, dedicó tres décadas de su vida a los cielos. Entre 1989 y 2019, esta azafata primero y jefa de cabina después, surcó rutas de largo recorrido acumulando más de 12.600 horas de vuelo. De esa abrumadora cifra, más de la mitad, exactamente 6.500 horas, fueron realizadas en horario nocturno, un factor determinante que el tribunal de Bayona tuvo en cuenta para emitir su veredicto a principios de julio.
Pero el fallo no se basa únicamente en la desregulación del sueño. Los magistrados también consideraron la exposición continua a radiaciones ionizantes propias de la altitud y, un factor que muchos podrían considerar cosa del pasado, el tabaquismo pasivo. Hasta el año 2000, fumar a bordo de los aviones de Air France era una práctica permitida, lo que convirtió las cabinas en espacios cargados de humo durante años, afectando gravemente la salud de los tripulantes.
Un fallo que desafía los protocolos establecidos
Lo que hace especialmente relevante esta resolución es que el cáncer de mama no está incluido en los cuadros oficiales de enfermedades profesionales en Francia. Para obtener este reconocimiento, Sophie Lainault tuvo que recorrer un camino procesal complejo y lleno de obstáculos. Durante dos años y medio, y con el respaldo de los militantes de la CFDT, la expiloto libró una batalla contra los dictámenes de dos comités regionales que, en primera instancia, negaron el vínculo entre su dolencia y su vida laboral.
La defensa, liderada por la abogada Elisabeth Leroux, logró desmontar los argumentos contrarios al demostrar que ningún factor genético o relacionado con hábitos de vida personal podía explicar la aparición del tumor. Al no existir una causa endógena que justificara el cáncer, la balanza se inclinó hacia el entorno laboral como desencadenante principal.
Implicancias para el futuro y la industria
La relevancia de este dictamen trasciende el caso particular de Sophie. Según su propia defensora, esta sentencia firme «podría sentar jurisprudencia» y allanar el camino para que otras tripulantes de cabina que padecen la misma enfermedad puedan reclamar sus derechos sin temor a ser desestimadas.
«Mi mayor deseo es que esto abra el camino a otras mujeres que, hasta ahora, quizá no se habrían atrevido a dar este paso», declaró Sophie Lainault, visiblemente emocionada tras conocer el resultado. Este reconocimiento no solo tiene un valor simbólico y de justicia, sino que también tendrá un impacto práctico directo en su vida, ya que le permitirá acceder a una jubilación anticipada.
Por su parte, Air France, que no fue parte demandada en este procedimiento específico, ha emitido un comunicado en el que asegura no tener conocimiento de los fundamentos del fallo, pero reafirma que «la salud y la seguridad de los empleados en el trabajo constituyen una prioridad absoluta».
Antecedentes y contexto actual
No es la primera vez que un cáncer de mama es reconocido como enfermedad profesional en el país galo. En 2023, una enfermera que había trabajado en turnos nocturnos durante 28 años y estaba expuesta a radiaciones logró un reconocimiento similar. Sin embargo, el caso de Sophie Lainault es el primero que afecta directamente al sector de la aviación comercial, lo que podría incentivar una revisión de los protocolos de seguridad y salud laboral en las aerolíneas.
Este fallo llega en un momento crítico, ya que el cáncer de mama sigue siendo el más mortal entre las mujeres en Francia, con cerca de 13.000 fallecimientos anuales. La exposición a factores de riesgo como el trabajo nocturno (clasificado como probablemente carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud) y las radiaciones ionizantes coloca a las tripulaciones en una situación de vulnerabilidad que, hasta ahora, había sido sistemáticamente ignorada por los sistemas de prevención y compensación.
27 de agosto de 2026
Exclusivo: Los mensajes intimidatorios que habría recibido Bottini eran de un celular de Bustos.
Se trata de un hecho de gravedad extrema: Los mensajes intimidantes que la fiscal jefe María Bottini manifestó recibir de “teléfonos desconocidos”, eran en realidad, de un teléfono de propiedad de Ricardo Bustos, amigo íntimo de Bottini y conductor radial de FM del Lago, Esquel.
Una trama terrible de armado de causas.
Todo comenzó con una actuación repudiable y vergonzosa de la fiscal jefe María Bottini, que el día 8 de julio de este año protagonizó un escándalo sin precedentes en una audiencia judicial. En esa audiencia, la fiscal se montó un papel de víctima de hostigamientos y amenazas, acusando a este medio, Chubut Online, y al abogado Gerosa Lewis de “enviarle mensajes de números desconocidos”, que manifestó que eran intimidatorios y en el que basó todo su acting.
Ante semejante actuación, tanto Chubut Online como Gerosa Lewis radicaron la denuncia penal correspondiente para que se investiguen los dichos de la fiscal y que se investiguen los números de celulares desde donde recibía mensajes amenazantes.
Nuestra denuncia obligó a Bottini a presentar ella misma una denuncia por las amenazas que decía recibir, ya que, por ser funcionaria, tenía la obligación de hacerlo.
Pero en su denuncia, Bottini tuvo una actitud totalmente desconcertante y antijurídica: no presentó una sola prueba de los mensajes amenazantes y destinó 17 páginas de su escrito a ensuciar a cuanta persona se le ocurrió, incluyendo colegas fiscales, abogados y hasta un juez federal. Acusó de gravísimos delitos, sin que el relato encaje ni mínimamente con alguna figura delictiva.
Dijo, en su denuncia, que los mensajes los había recibido de un celular con característica de Comodoro Rivadavia. Ya no eran “celulares” (en plural) -como gritó en la audiencia- sino que redujo el número a tan solo uno, SIN PRESENTAR EL NÚMERO de celular, ni presentar el contenido de los mensajes; algo ridículo e inentendible para una fiscal, ya que la prueba siempre es la base de cualquier denuncia. Pero Bottini, en realidad, habría estado encubriendo al autor de los mensajes.
Resulta ser, que, gracias a las investigaciones de Chubut Online, hemos podido acreditar que el teléfono celular del que se enviaron los mensajes que, según la propia Bottini, eran desconocidos e intimidatorios, pertenece nada más ni nada menos que al Sr. Ricardo Alejandro Bustos, íntimo amigo de la propia fiscal.
¿Un modus operandi? ¿Una jugada planificada?
Ricardo Bustos es conocido por generar escándalos mediáticos, y por mentir descarada y direccionadamente en su programa radial de FM del Lago, Esquel, propiedad de Daniel Almendra.
Bustos, antes de apellido Matos, se caracterizó por efectuar actos desesperados para inflar su imagen y porque habría comprando bots para simular seguidores en las redes sociales, auto enviarse mensajes en vivo en su programa para aparentar ser mensajes de los oyentes, y realizar todo tipo de artimañas para generar escándalo y dañar reputaciones, de una manera repudiable, anti periodística, y sin atisbo de seriedad u objetividad.
Por otra parte, cabe señalar que Bustos y la fiscal Bottini mantienen una amistad íntima de manera confesa.
No es casual ver a Bottini dando declaraciones a la prensa en FM del Lago, Esquel, y también al medio Jornada; ambos medios evidentemente ligados a la fiscal y que muchas veces, como en el caso de la denuncia realizada contra este portal, obtienen datos e información mucho antes que cualquier otro medio y que cualquier persona vinculada a una causa.
Al mismo tiempo, el propio marido de Bottini, el contador Juan Martín Sandoval, participó activamente de la difusión de información sensible de la fiscalía a diferentes personas, tal como lo hemos publicado días atrás.
En este juego de bots, llamadas falsas y medios bizarros, las víctimas han sufrido un acoso mucho peor al inexistente hostigamiento que la propia Bottini manifiesta hoy sufrir, cuando se publican noticias reales que nunca han sido desmentidas.
Fue así como armaron una causa falsa contra Chubut Online y el abogado Gerosa Lewis: Bottini armó la actuación y Bustos y Jornada se encargaron de amplificar el sketch de Bottini; todo en perfecta sincronía.
Pero el acting de Bottini comenzó un poco antes: Ricardo Bustos le mandaba mensajes desde un “teléfono desconocido” con característica de otra ciudad (Comodoro Rivadavia) para que la fiscal pudiera tener argumentos para armar una causa penal falsa contra Chubut Online y Gerosa Lewis. Hoy pudimos confirmar esta información con la investigación realizada.
El silencio de Bustos
Repentinamente, luego de difamar activamente a Chubut Online desde FM del Lago durante varios días, hubo un silencio por parte de Bustos; es que se enteró que Chubut Online estaba bajo la pista del origen de los mensajes que decía recibir Bottini, y de la titularidad del número de celular.
Ello, junto con la desmentida que realizara en su propio programa el Dr. Daniel Sandoval sobre las falsedades esgrimidas por este, hacen que la situación de Bustos sea ahora muy complicada, al igual que el de la fiscal Bottini, la procuradora Bagnato (que firmó la denuncia radicada contra Chubut Online conjuntamente con Bottini), y la del marido de Bottini, el contador Juan Martín Sandoval.
Todos deberán dar explicaciones ante una justicia que está embarrada por acomodos y brazos de procuradores amigos que sostienen a este tipo de personas dentro del Poder Judicial.
Las preguntas sin respuestas…
Si Bottini y Bustos son íntimos amigos desde hace muchos años, ¿Acaso Bottini no sabía que Bustos tenía varias líneas de telefonía celular? ¿Por qué Bustos no le enviaba mensajes desde su celular habitual? ¿Por qué Bottini dijo que era un teléfono desconocido?
Ahora tendrán tiempo para inventar excusas, pero no sirve de mucho intentar tapar el sol con las manos.
Ampliaremos.
26 de agosto de 2026
Carne argentina: exportaciones crecieron 29,9% en julio y China lidera la demanda
El mercado internacional de carnes argentinas atraviesa su mejor momento en los últimos dos años. Durante julio de 2026, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada totalizaron 64.900 toneladas, generando ingresos cercanos a los US$461,9 millones, según los datos más recientes del sector. Si bien los volúmenes experimentaron una leve caída del 1,6% respecto de junio, el valor obtenido se mantuvo prácticamente estable con una disminución mínima del 0,3%, lo que evidencia la solidez de los precios internacionales.
El dato más relevante surge al comparar el desempeño con julio de 2025. En ese período, los volúmenes exportados crecieron un 1,8%, mientras que el valor de las ventas exteriores se disparó un impresionante 29,9%. Esta diferencia sustancial refleja la notable mejora en la cotización de la carne argentina en los mercados globales, un fenómeno que viene consolidándose mes a mes y que posiciona al país como un actor cada vez más relevante en el abastecimiento mundial de proteína bovina.
Acumulado anual récord
El balance de los primeros siete meses de 2026 confirma la tendencia alcista. Entre enero y julio, las exportaciones sumaron 403.100 toneladas por un valor aproximado de US$2.768,6 millones. Comparado con el mismo período de 2025, el incremento en volumen fue del 6,7%, mientras que el ingreso de divisas creció un contundente 41,8%. Esta diferencia porcentual evidencia no solo un mayor dinamismo exportador, sino también un contexto internacional favorable para la comercialización de carnes argentinas.
El precio promedio de exportación se ubicó en julio en US$7.123 por tonelada, lo que representa un incremento del 1,3% respecto de junio y un salto del 27,5% frente a julio de 2025, cuando el valor apenas alcanzaba los US$5.585. La evolución de los precios confirma la recuperación sostenida luego del piso crítico de US$3.740 registrado a mediados de 2024, momento en el cual el sector atravesaba una de sus peores crisis de rentabilidad.
China, el socio estratégico
El gigante asiático continúa consolidándose como el principal destino de la carne bovina argentina, concentrando durante julio el 57,9% de los volúmenes exportados. En términos concretos, China adquirió 16.500 toneladas de carne con hueso y huesos por US$46,3 millones, además de 21.000 toneladas de carne deshuesada por US$126,3 millones. En el acumulado de los primeros siete meses, la participación del mercado chino alcanzó el 59,8%, reafirmando la dependencia estratégica de la industria exportadora local respecto de este destino.
Pero el buen desempeño exportador no se limita a la carne bovina tradicional. Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina también mostraron resultados destacados. Durante julio, este segmento sumó 9.500 toneladas por US$26,5 millones, mientras que en el acumulado del año alcanzó 62.700 toneladas y generó US$163,3 millones, diversificando la oferta exportable y agregando valor a la cadena productiva.
Segmentos que marcan la diferencia
En el rubro de carne bovina refrigerada, considerada de mayor valor agregado por su presentación y destino, las exportaciones alcanzaron en julio 9.700 toneladas por un valor de US$132,6 millones. Este segmento tiene como principales compradores a los países europeos, que adquirieron 4.200 toneladas por US$65 millones, seguidos por Israel con 2.800 toneladas y Chile con 1.000 toneladas. En los primeros siete meses del año, este rubro generó US$882,2 millones, un 37,1% más que en el mismo período de 2025, evidenciando el crecimiento en los mercados de alto poder adquisitivo.
Por su parte, el mercado de carne congelada deshuesada, que representa el volumen más significativo de las exportaciones totales, alcanzó en julio 38.300 toneladas por US$280,1 millones. China fue el principal comprador con 21.000 toneladas, seguida por Estados Unidos con 10.700 toneladas e Israel con 4.400 toneladas. En el acumulado anual, esta categoría sumó 232.700 toneladas y US$1.590,6 millones, con incrementos interanuales del 7,2% en volumen y del 42,2% en valor.
Finalmente, las exportaciones de carne congelada con hueso y huesos producto de la despostada totalizaron 16.900 toneladas en julio por US$48,6 millones, destinadas casi en su totalidad a China, lo que demuestra la capacidad del mercado asiático para absorber diferentes presentaciones del producto cárnico argentino.
Balance anual y perspectivas
En los últimos doce meses, comprendidos entre agosto de 2025 y julio de 2026, las exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron 739.100 toneladas, generando ingresos cercanos a los US$4.704 millones. Estas cifras consolidan la recuperación del sector exportador de carnes y proyectan un escenario optimista para el cierre del año, siempre que se mantengan las condiciones favorables en los mercados internacionales y la competitividad del producto argentino.
El desafío para la industria argentina será sostener esta tendencia ascendente en un contexto global volátil, diversificando destinos y agregando valor a las exportaciones. La recuperación de los precios internacionales, sumada a la calidad reconocida de la carne argentina y la apertura de nuevos mercados, posiciona al sector como uno de los motores de la economía nacional en términos de generación de divisas y desarrollo de las economías regionales.
26 de agosto de 2026
Pesca ilegal en Argentina: sanciones superan los $5.381 millones en 2026
El Gobierno argentino aplicó sanciones por más de $5.381 millones contra buques extranjeros por pesca ilegal en el Mar Argentino, en el marco de una política de tolerancia cero.
El Estado argentino lleva aplicadas sanciones por un total de $5.381.374.680 en lo que va de 2026 contra embarcaciones extranjeras sorprendidas operando ilegalmente en aguas jurisdiccionales nacionales. La cifra, que marca un récord en la materia, es el resultado de una estrategia de “tolerancia cero” impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que busca proteger los recursos del Mar Argentino y desalentar el accionar de quienes operan al margen de la ley.
El último caso en sumarse a esta lista de sanciones fue el del buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, al que se le impuso una multa de $1.833 millones luego de comprobarse que realizaba tareas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida se oficializó mediante la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y convierte al “Hai Xiang 2” en el cuarto buque extranjero sancionado durante el presente año.
Previamente, las autoridades habían multado a los pesqueros “Bao Feng” y “Bao Win”, ambos también de bandera de Vanuatu, así como al “Coimbra”, de bandera portuguesa. Este último fue detectado a la altura de Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut, cuando realizaba maniobras de arrastre a baja velocidad dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. El caso del “Coimbra” cobró especial relevancia por tratarse de una embarcación de bandera europea, lo que demuestra que la pesca ilegal en el Mar Argentino no es un fenómeno exclusivo de ciertas regiones del mundo.
La política de tolerancia cero no solo se traduce en sanciones económicas, sino que también contempla un esquema de fiscalización permanente que combina tecnología de punta y operativos en el mar. El Gobierno nacional implementó en 2026 un nuevo protocolo de control digital que otorga validez jurídica a las pruebas obtenidas por medios satelitales, lo que permite detectar con mayor precisión las maniobras ilegales y fortalecer los procesos sancionatorios. Además, se trabaja en un abordaje interministerial que involucra a distintas áreas del Estado para coordinar acciones de vigilancia y disuasión.
Desde el Gobierno remarcaron que estas medidas buscan defender la soberanía sobre los recursos marinos y, al mismo tiempo, proteger a la actividad pesquera nacional frente a quienes compiten en condiciones de desventaja al operar fuera de la normativa. La pesca ilegal no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino también un grave daño ambiental al extraer especies sin control ni respeto por los ciclos biológicos. El impacto de esta actividad irregular afecta directamente la sustentabilidad de los caladeros nacionales y pone en riesgo el futuro de la flota pesquera artesanal e industrial que cumple con la ley.
El monto recuperado por el Estado, superior a los $5.381 millones, refleja el impacto económico concreto de las medidas adoptadas durante 2026 y envía una señal clara a los operadores extranjeros: el Mar Argentino no es tierra de nadie. La estrategia de tolerancia cero llegó para quedarse, y las sanciones continuarán aplicándose con el mismo rigor ante cada infracción que sea detectada, garantizando un aprovechamiento responsable de los recursos en beneficio de todos los argentinos.
26 de agosto de 2026
Nuevos requisitos de seguridad para autos 0km: el Gobierno equipara estándares con EE.UU.
El Gobierno nacional modificó las condiciones de seguridad que deben cumplir los vehículos 0 kilómetro, tanto de fabricación nacional como importados, mediante el Decreto 796/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida actualiza la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y establece un nuevo mecanismo de homologación que reconoce estándares internacionales, permitiendo que los vehículos certificados bajo normas de Estados Unidos puedan ser habilitados para circular en Argentina sin requisitos adicionales.
Licencias obligatorias: LCM y LCA
A partir de esta nueva normativa, solo podrán ser librados al tránsito aquellos vehículos que cuenten con dos certificaciones fundamentales: la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). La primera acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, mientras que la segunda certifica las exigencias ambientales vinculadas a emisiones contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía será la responsable de otorgar la LCM, en tanto que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete tendrá competencia sobre la LCA. Ambas secretarías, junto con la Secretaría de Transporte, contarán con facultades para fiscalizar el cumplimiento de los artículos 28 al 33 de la Ley N° 24.449, que incluyen los detalles del sistema de iluminación y otros requisitos técnicos que deberán adoptar los vehículos.
Homologación con estándares de Estados Unidos
Uno de los cambios más significativos de la nueva reglamentación está vinculado con los vehículos fabricados bajo las normas estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). El nuevo régimen permite homologar en Argentina aquellos vehículos que cuenten con el aval denominado Blue Ribbon Letter, emitido por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el organismo encargado de la seguridad vial en Estados Unidos.
Esta documentación deberá identificar la marca, el modelo y los datos vinculados con el número de identificación vehicular (VIN). De esta manera, el Gobierno incorpora un mecanismo de reconocimiento de la certificación utilizada bajo el sistema estadounidense de autocertificación de los fabricantes. Según explicaron las autoridades, la adopción de este estándar garantizará un «idéntico nivel de calidad y seguridad al vendido en el mercado estadounidense», ya que la trazabilidad individual de las unidades mediante el VIN permite verificar la correspondencia entre los vehículos importados y las configuraciones técnicas comprendidas.
Si bien esta homologación no exigirá requisitos de seguridad adicionales a los establecidos por la NHTSA, las autoridades argentinas podrán definir condiciones específicas sobre el origen, categorías o realizar consultas al organismo emisor.
Procedimiento para fabricantes e importadores
Los fabricantes o importadores deberán acreditar que cada modelo se ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva, así como a las exigencias ambientales. El procedimiento incluye una declaración jurada y la presentación de documentación conforme al «Anexo P – Procedimiento para otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA)». Las solicitudes serán evaluadas y, si cumplen con los requisitos, se expedirán las licencias correspondientes.
También se prevé la posibilidad de validar certificaciones emitidas por organismos nacionales o internacionales reconocidos, lo que facilitará el proceso para aquellos modelos que ya cuenten con avales de seguridad en sus países de origen.
Obligaciones y sanciones
La nueva reglamentación también fija obligaciones específicas para los fabricantes e importadores. Quienes importen o fabriquen vehículos homologados bajo este sistema deberán informar inmediatamente a la autoridad local sobre sanciones, investigaciones, retiros del mercado o cualquier hecho relevante que afecte a esos vehículos en el país de origen. En caso de ocultamiento, omisión o falsedad en la información presentada, se aplicarán sanciones por falta grave, además de posibles responsabilidades civiles o penales, según corresponda.
Autopartes: libre producción e importación
En lo que respecta a los componentes, piezas y autopartes destinados a vehículos, acoplados y semiacoplados, el Gobierno dispuso que serán de libre producción e importación, sin necesidad de autorización previa. No obstante, los fabricantes e importadores serán responsables de que estos elementos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo C del decreto, garantizando así la calidad y seguridad de los repuestos que se utilicen en los vehículos que circulen por el país.
Impacto en el mercado automotor
La nueva normativa representa un cambio significativo en el mercado automotor argentino, ya que simplifica los procedimientos de homologación y abre la puerta a una mayor oferta de vehículos con estándares de seguridad equiparables a los del mercado estadounidense. Esta flexibilización podría traducirse en una mayor variedad de modelos disponibles para los consumidores argentinos, así como en una posible reducción de costos al eliminar trámites burocráticos redundantes.
26 de agosto de 2026
El «Gusano» Menocchio fue trasladado en secreto al penal de Ezeiza.
El dos veces condenado a prisión perpetua Luis Raúl «Gusano» Menocchio fue trasladado en secreto desde la Unidad Federal 6 de Rawson al penal de Ezeiza, en un operativo que respondió al reclamo del gobernador de Chubut, quien exigió su remoción luego de que una investigación policial confirmara que el criminal comandaba una organización narcotraficante desde el propio establecimiento penitenciario. El sorpresivo movimiento se produjo bajo total hermetismo y encontró a su propio abogado defensor sin conocimiento previo.
El abogado Javier Irazusta confirmó que el traslado de Menocchio se realizó con absoluta reserva y que tomó conocimiento del hecho varias horas después de que su cliente fuera sacado de la Unidad 6 de Rawson. Actualmente, el recluso se encuentra alojado en un pabellón de alto perfil del complejo penitenciario de Ezeiza, donde deberá continuar cumpliendo sus dos condenas a perpetuidad. «Me debe autorizar el juez para poder comunicarme con él», señaló Irazusta, quien mantiene vigente un hábeas corpus para que su cliente sea trasladado a una cárcel del norte del país, insistiendo en que debería estar en la unidad regional de Resistencia o en la cárcel de Corrientes.
El gobernador Torres había solicitado formalmente el traslado luego de una investigación de la Policía del Chubut que demostró que Menocchio, desde la unidad federal de Rawson, comandaba una estructura dedicada al narcotráfico con ramificaciones en varias provincias e incluso conexiones internacionales. «En Chubut no vamos a permitir que una cárcel federal se convierta en la base de operaciones de una organización narco», expresó Torres al momento de elevar el pedido. El mandatario provincial fue contundente: «Si estar preso no le impide seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia».
Según fuentes oficiales, antes de concretarse el traslado, tanto Chaco como Corrientes habían informado que no contaban con cupos disponibles para alojar a Menocchio, lo que derivó en su derivación al complejo penitenciario bonaerense .
La investigación que motivó el traslado fue el denominado Operativo Berlín, un megaoperativo que se extendió durante aproximadamente un año y que incluyó más de 40 allanamientos simultáneos en Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, además de un procedimiento dentro de la propia Unidad 6 de Rawson . La pesquisa determinó que Menocchio impartía instrucciones mediante teléfonos no registrados y que la organización contaba con integrantes externos encargados de la distribución de estupefacientes y el manejo del dinero. Los investigadores establecieron que la droga llegaba a Trelew y Rawson mediante empresas de encomiendas y era distribuida a través de distintos puntos, con parte de los estupefacientes ingresando incluso al propio establecimiento penitenciario, donde era comercializada entre internos .
Como resultado del operativo fueron detenidas 17 personas en la provincia de Chubut y otras 10 en procedimientos realizados en distintas jurisdicciones, con la colaboración de fuerzas federales. Además, se secuestraron aproximadamente 17 kilos de cannabis, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego, 30 teléfonos celulares, diez vehículos y cerca de un millón de pesos .
El caso Menocchio ya había tenido repercusión nacional con la detención de toda su familia. En esa oportunidad fueron detenidos sus hijos Luciano «El Gusanito» Menocchio y Lucas, además de su exesposa Graciela Binaghi y su nuera Anahí Aranda, nutricionista y dueña de un local de comidas saludables en Resistencia. Las detenciones se produjeron en distintos puntos del país, con allanamientos en Resistencia, Formosa y Corrientes, y derivaron en medidas de prisión domiciliaria para Binaghi y Aranda por razones de salud y cuidado de hijos menores.
En paralelo, Menocchio deberá declarar el jueves 27 de agosto de manera virtual ante el juez federal número 2 de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, quien días atrás indagó a toda la familia del supuesto cabecilla de la banda que operaba en distintas partes del país y se abastecía de droga proveniente de Paraguay.
Luis Raúl Menocchio, conocido como «El Gusano» o «El hombre de las mil caras», es un delincuente de alto perfil que cumple dos condenas a prisión perpetua: una por el asesinato del productor de cine Claudio Nozzi en Corrientes en 2005, y otra por el doble homicidio del terrateniente Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé en Castelli en 2011. Su apodo está relacionado con la utilización de identidades falsas y los cambios en su apariencia física que realizó durante los años en los que buscó eludir a la Justicia, llegando a someterse a cirugías estéticas y a intentar alterar sus huellas dactilares.
El traslado de Menocchio a Ezeiza marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Chubut, donde las autoridades provinciales dejaron en claro que no tolerarán que el sistema penitenciario federal sea utilizado como centro de operaciones para actividades ilegales. La investigación continúa y se esperan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa que tiene al «Gusano» y a toda su familia en el centro de la escena.
25 de agosto de 2026
Ex ejecutivo de Techint confirma pagos de coimas por un millón de dólares a funcionario kirchnerista
El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta ratificó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 que entregó sobornos al exfuncionario Roberto Baratta, en un testimonio que sacude el juicio por los «cuadernos de la corrupción». El contador de 80 años confirmó que los pagos coincidían con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno y reveló presiones del exnúmero dos de Planificación Federal, quien amenazó con cortar el suministro de gas a la planta de Campana si no recibía los dólares exigidos.
En una jornada clave del megajuicio que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Zabaleta declaró bajo juramento que las entregas de dinero en paquetes se realizaron por instrucciones de otro ejecutivo de la compañía, Luis Betnaza. El testimonio expuso el entramado de corrupción vinculado a la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en Venezuela, ordenada por Hugo Chávez, y las gestiones que funcionarios del gobierno argentino realizaron para interceder ante el régimen venezolano.
Las declaraciones que remecen el juicio
«La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió», afirmó Zabaleta al ser consultado por la fiscal Fabiana León. El exejecutivo detalló que las entregas se realizaron en pesos, ya que no podía acceder al mercado de cambios, y que cada una oscilaba entre 600 y 700 mil pesos de la época.
El testigo relató con crudeza los encuentros con Baratta y las exigencias del funcionario: «Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana». Zabaleta describió al acusado como «enojado y quejoso» porque no recibía la divisa estadounidense que demandaba.
La trama detrás de los sobornos
Los pagos ilegales se enmarcaron en la negociación por la nacionalización de SIDOR en Venezuela, donde Techint tenía intereses millonarios. Betnaza y Zabaleta habían sido procesados inicialmente pero fueron sobreseídos en 2021, tras considerar la Justicia que los pagos se realizaron en un contexto de «emergencia» y por «razones humanitarias», vinculadas a la necesidad de gestionar el regreso de empleados argentinos y sus familias desde el país caribeño.
La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia periodística en 2018, cuando estalló el escándalo que conmocionó a la política argentina. Las anotaciones del remisero coinciden con las fechas en que Zabaleta asegura haber realizado las entregas.
Tensión en los tribunales
El testimonio generó un fuerte debate en la sala. Los abogados defensores reclamaron al tribunal que permita exhibir a Zabaleta sus declaraciones anteriores como imputado colaborador, señalando posibles contradicciones que podrían afectar la credibilidad del testigo.
«Estamos ante un caso inédito con el señor Zabaleta, tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos, que es sobreseído y por estos hechos los van a usar como cargo», expresó Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta. La abogada denunció una «obstrucción sostenida» que vulnera el derecho a defenderse de su cliente.
El defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, si bien remarcó que la expresidenta no está acusada por estos hechos, adhirió a los planteos por la necesidad de resguardar el derecho de defensa de Baratta.
El rol de Luis Betnaza
Luego de la declaración de Zabaleta, se espera el testimonio de Luis Betnaza, exdirector de Relaciones Institucionales de Techint, quien también fue sobreseído en la causa. Ambos ejecutivos reconocieron durante sus indagatorias en 2018 los presuntos pagos de sobornos que totalizaron el millón de dólares.
El presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, informó a Zabaleta sobre su obligación de decir la verdad y su derecho a no responder preguntas autoincriminantes, dado que estuvo imputado en la causa. El testigo, de 80 años y contador público, recordó cómo fue detenido por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio.
Claves del proceso judicial
El juicio de los «cuadernos de la corrupción» investiga una vasta red de sobornos que habría operado durante los gobiernos kirchneristas, con anotaciones detalladas por Centeno sobre entregas de dinero a funcionarios de diversas áreas del Estado. La causa tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner, aunque los hechos que se ventilan este martes no la involucran directamente.
Las declaraciones de los exejecutivos de Techint aportan nuevas evidencias sobre el modus operandi de la presunta red corrupta, donde empresas privadas realizaban pagos ilegales para obtener beneficios ante el gobierno nacional, en este caso vinculados a la crisis de SIDOR en Venezuela.
Implicancias del testimonio
La ratificación de Zabaleta sobre las coimas y las fechas coincidentes con los cuadernos de Centeno fortalece la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el sobreseimiento de los ejecutivos plantea interrogantes sobre la interpretación judicial de estos hechos.
El debate jurídico se centra ahora en la posibilidad de confrontar las declaraciones actuales de Zabaleta con sus dichos anteriores como imputado colaborador, lo que podría revelar inconsistencias y afectar la credibilidad de su testimonio.
Contexto político y social
El juicio se desarrolla en un momento de alta tensión política en Argentina, donde los casos de corrupción durante las administraciones kirchneristas continúan siendo tema central en la agenda pública. La causa de los cuadernos ha sido uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años.
La declaración de los ejecutivos de Techint suma una pieza más al complejo rompecabezas judicial que busca desentrañar las prácticas corruptas que habrían caracterizado a la obra pública y las negociaciones internacionales durante el período 2003-2015.
25 de agosto de 2026
En junio de 2027 comenzaría la exportación de gas licuado de Vaca Muerta.
La primera exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta ya tiene fecha confirmada y el cronograma empieza a tomar forma con la llegada del primer buque licuefactor a la Argentina en junio de 2027. El consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), avanza en dos frentes clave que definirán el ritmo del proyecto en el Golfo San Matías: el cierre del financiamiento bancario para el gasoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa rionegrina y la firma de nuevos contratos de exportación para la producción que aún no tiene comprador.
Así lo confirmó el CEO de la compañía, Rodolfo Freyre, en una entrevista durante la Conferencia Anual del Council of the Americas, en la que detalló los plazos y las dimensiones de una iniciativa que posicionará a la Argentina como un nuevo actor en el mercado global de GNL. El directivo precisó que el gasoducto —a cargo de San Matías Pipeline, con la misma composición accionaria que Southern Energy— demandará una inversión de entre US$1.200 millones y US$1.300 millones, y que el crédito bancario está por definirse. “Estamos financiando con bancos y estamos cerrando el financiamiento en las próximas semanas”, afirmó Freyre, en un anuncio que despeja las dudas sobre la viabilidad económica del proyecto.
Las obras del gasoducto ya están en marcha e incluyen la planta compresora y los tramos terrestre y submarino, con los dos buques que quedarán amarrados a unos cinco kilómetros de la costa. En las obras vinculadas al desarrollo ya trabajan más de 500 personas, y se espera que la mano de obra se multiplique a medida que avance la construcción. Pero la magnitud del emprendimiento va mucho más allá: Freyre dimensionó el proyecto en más de US$15.000 millones de inversión a lo largo de su vida útil, con exportaciones que superarían los US$20.000 millones. Una vez en pleno funcionamiento, el volumen de gas que demandará equivaldrá a cerca del 20% del consumo actual de toda la Argentina, lo que da una idea de la escala del desafío y de la oportunidad que representa para el país.
El primer buque licuefactor, que operaba en Camerún, ya partió rumbo a Singapur, donde afrontará un mantenimiento integral antes de viajar a la Argentina. Recién después llegarán el amarre, la conexión con el gasoducto y el proceso de commissioning. “Más hacia el último trimestre del año que viene ya deberíamos estar en régimen de exportación”, proyectó Freyre, aunque anticipó que podrían concretarse algunos embarques puntuales durante las pruebas previas. Detrás de esa primera unidad llegará un segundo buque en 2028, con el que el consorcio alcanzará una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL.
En el frente comercial, Southern Energy ya comprometió 2 millones de toneladas —un tercio de su capacidad— en el contrato firmado en marzo con la alemana SEFE, una empresa estatal de ese país, por un plazo de ocho años. Freyre estimó que, según los precios internacionales, ese acuerdo podría representar cerca de US$7.000 millones en exportaciones. Por la capacidad restante, todavía hay conversaciones abiertas y el ejecutivo adelantó que este semestre o a comienzos de 2027 podría cerrarse un contrato adicional. La estrategia comercial, explicó Freyre, evita comprometer toda la producción en acuerdos de muy largo plazo: la idea es combinar contratos de mediano plazo con ventas en el mercado spot y exposición a distintos índices internacionales de precios. Esa flexibilidad, sostuvo, fue una de las razones que inclinó la balanza hacia las plantas flotantes de licuefacción en lugar de una instalación terrestre, que habría exigido atarse a contratos de 15 a 20 años para conseguir financiamiento.
El movimiento ocurre en un contexto en el que la volatilidad geopolítica volvió a poner en primer plano la seguridad del abastecimiento energético y, según Freyre, aumentó el atractivo de la Argentina como proveedor confiable. El mercado global de GNL ronda las 420 millones de toneladas anuales: los 6 millones de Southern Energy representarían apenas un 1,5%, aunque el ejecutivo remarcó que la ecuación cambia si se suman etapas como Argentina LNG —liderado por YPF, con otras 12 millones de toneladas previstas—, un horizonte con el que el país treparía al 5% del mercado mundial. El desafío inmediato, planteó, es transformar los recursos de Vaca Muerta en cargamentos efectivos, una prueba que empezará a saldarse recién en 2027, cuando el primer barco zarpe desde el Golfo San Matías con destino a los mercados internacionales.
24 de agosto de 2026
Justicia Corrompida: La hipótesis que vincularía a Bottini con el caso Petris
El alarmante accionar de la fiscal jefe María Bottini, inventando causas contra Chubut Online y contra el abogado Gerosa Lewis, estaría vinculada a una burda maniobra para incautar celulares y obtener información que puediera beneficiar al juez Petris, quien está suspendido y estaría al borde de ser expulsado del Poder Judicial.
Los detalles te los brindamos en el siguiente reel de nuestro canal de Facebook.
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24 de agosto de 2026
Absuelven a maestra de Trelew acusada de abuso en la Escuela 201
La justicia de Trelew absolvió a la maestra Roxana Ortega, acusada de abusar de tres alumnos en la Escuela 201, al considerar insuficientes las pruebas y los testimonios contaminados.
La Cámara Penal de Trelew puso fin a una de las causas más resonantes de los últimos años en el ámbito educativo de la provincia del Chubut. La jueza María Tolomei dictó la absolución de Roxana Ortega, la docente que había llegado a juicio oral por el presunto abuso sexual de tres estudiantes de la Escuela N° 201 de la ciudad. El veredicto, conocido tras tres semanas de debate, no solo libera a la acusada de una posible condena de hasta 16 años de prisión, sino que también deja al descubierto las fisuras del proceso investigativo y la fragilidad de los relatos infantiles cuando no se aplican los protocolos adecuados.
El fallo de Tolomei fue contundente en sus fundamentos: la acusación de la Fiscalía nunca logró superar el umbral de la duda razonable. La magistrada señaló que los testimonios de los niños, obtenidos mediante Cámara Gesell, llegaron al debate “contaminados” por factores externos y por una toma de declaración que no se ajustó estrictamente a los procedimientos técnicos recomendados para garantizar la espontaneidad y la fiabilidad. Esa observación, que la defensa había planteado desde el inicio, terminó siendo el eje del pronunciamiento judicial.
Una investigación que duró dos años y un juicio que expuso las contradicciones
El proceso penal contra Ortega se extendió por más de dos años. Durante ese tiempo, la docente mantuvo su inocencia y su vida profesional quedó suspendida en un clima de hostilidad y estigmatización. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2024, pero recién en 2026 el caso llegó a juicio. La Fiscalía, que había solicitado una pena de nueve años de prisión, y la querella, que reclamó 16 años, sostuvieron su acusación basándose casi exclusivamente en el testimonio de los menores. Sin embargo, para la jueza Tolomei, la carga probatoria resultó insuficiente para acreditar los episodios más allá de toda duda.
Uno de los puntos más debatidos fue la dinámica cotidiana de la Escuela 201. Durante el juicio, declararon auxiliares, directivos y otros docentes que describieron con precisión los horarios de recreo, los movimientos del personal y la vigilancia permanente en los pasillos y aulas. Esos relatos, según valoró la magistrada, hacían materialmente improbable que los hechos denunciados pudieran haber sucedido en las condiciones descritas por los acusadores. La defensa, a cargo de los abogados Facundo Bonavitta y Oscar Romero, supo aprovechar esa contradicción para sembrar la duda en el tribunal.
El rol de la Cámara Gesell y la contaminación de los relatos
La técnica de la Cámara Gesell, diseñada para proteger a los niños y evitar la revictimización, fue uno de los caballitos de batalla de la defensa. Bonavitta había insistido durante todo el proceso en que las entrevistas a los tres alumnos no respetaron los protocolos establecidos: preguntas sugestivas, intervenciones inapropiadas y un ambiente que no garantizaba la neutralidad. La jueza Tolomei recogió esas críticas en su sentencia y las convirtió en un pilar de la absolución.
“Se criticó la manera en que se tomaron las Cámaras Gesell; principalmente que no se respetaron los protocolos para la toma de declaraciones”, explicó Bonavitta al término del juicio. Esa deficiencia procesal, sumada a la falta de pruebas objetivas —como pericias médicas o evidencias físicas—, desmoronó el castillo de naipes de la acusación. El tribunal no encontró elementos que vincularan directamente a Ortega con los hechos, más allá de los dichos de los menores, que además presentaban inconsistencias cronológicas y espaciales.
La incertidumbre de dos años y el respaldo de la comunidad educativa
Roxana Ortega atravesó estos dos años de proceso con una mezcla de angustia y convicción. Según su defensor, la docente nunca dudó de su inocencia y siempre confió en que la justicia terminaría reconociendo la verdad. Esa postura fue respaldada por varios integrantes de la escuela, que en sus testimonios coincidieron en que la dinámica del establecimiento hacía inviable la comisión de los abusos en los términos planteados. “También lo sostuvieron el resto de los docentes, que era imposible que esto suceda”, afirmó Bonavitta.
Ahora, con la absolución firme, Ortega deberá decidir si retoma su carrera docente. Consultados sobre ese futuro, sus abogados prefirieron reservar la respuesta, señalando que es una decisión personal que solo ella puede tomar. Lo cierto es que el fallo deja abierta una reflexión más amplia sobre cómo se investigan los delitos sexuales en el ámbito escolar y la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de los menores con las garantías del debido proceso.
Un caso que marcó a Trelew y que reabre el debate sobre la prueba testimonial
La repercusión del caso en Trelew fue inmensa. La Escuela 201 se convirtió en el centro de una polémica que dividió a la comunidad entre quienes apoyaban a la docente y quienes creían en la palabra de los niños. La absolución no zanja ese debate, pero sí impone un precedente judicial: los testimonios infantiles, por muy sensibles que sean, deben ser evaluados con rigor y acompañados de elementos objetivos que los corroboren. La jueza Tolomei, al cuestionar la solidez de la acusación, envió un mensaje claro a las fiscalías y querellas sobre la importancia de no soslayar los protocolos y de construir acusaciones sobre bases más sólidas que la mera denuncia.
Para la defensa, la sentencia es un triunfo de la razón jurídica. “Siempre sostuvimos que la falta de pruebas y los vicios en la obtención de los testimonios eran determinantes”, remarcó Bonavitta. Y agregó que el fallo “no es un triunfo personal, sino un respaldo a las garantías constitucionales que asisten a todo imputado”.
Queda ahora la incógnita sobre el destino de Ortega y, sobre todo, la pregunta de si la justicia podrá aprender de este caso para mejorar los mecanismos de investigación en delitos tan complejos como los abusos contra menores. Mientras tanto, la Escuela 201 retoma su ritmo habitual, y Trelew, ciudad golpeada por la polarización, asimila un veredicto que, más que un punto final, invita a una necesaria revisión de procedimientos.
24 de agosto de 2026
Mecánico murió aplastado por un colectivo en su taller. El vehículo cayó del sistema de elevación.
El estruendo metálico quebró la rutina del barrio Puente Gallego, en la zona sudoeste de Rosario, cuando un colectivo de gran porte se desplomó sobre dos trabajadores que realizaban una reparación en su eje trasero. El accidente, ocurrido en un taller situado en Ovidio Lagos al 7600, dejó como saldo un mecánico fallecido en el acto y otro con graves traumatismos, además de conmocionar a todo el entorno laboral y familiar.
José Luis M., de 48 años, perdió la vida de manera instantánea al recibir el peso total del vehículo cuando el gato hidráulico que lo sostenía cedió sin previo aviso. Su compañero, Mario P., logró ser rescatado con vida pero con lesiones de consideración en cadera, piernas y tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internado en observación. Un tercer operario, Juan Carlos N., que presenció la escena, declaró ante la policía que el gato se zafó porque no se habían colocado los tacos de seguridad, esos elementos básicos que evitan que el elevador falle y que, en esta ocasión, brillaron por su ausencia.
El impacto del siniestro no solo golpeó a los implicados directamente. Varios compañeros de trabajo y familiares que acudieron al taller tras conocer la noticia sufrieron crisis de angustia y debieron ser atendidos por el personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES), que montó un operativo paralelo de contención. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 21ª acordonaron el perímetro para preservar la escena, y bomberos colaboraron en las tareas de extracción del cuerpo y en la revisión estructural del lugar, ante el riesgo de nuevos derrumbes.
Las primeras hipótesis apuntan a un fallo humano por omisión de las medidas de seguridad más elementales. Los tacos, también conocidos como soportes de seguridad, son dispositivos mecánicos que se colocan bajo el chasis o los ejes una vez que el vehículo está elevado, y su función es actuar como respaldo ante cualquier fallo del gato hidráulico. Su uso está normado en todos los talleres profesionales, y su ausencia en este caso resulta un indicio clave que los peritos deberán confirmar en los próximos días. La investigación, a cargo de la fiscalía de turno, ya ordenó pericias mecánicas y análisis de los elementos de trabajo para determinar responsabilidades y si existieron otras fallas en los equipos.
Este trágico episodio reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los talleres de reparación de vehículos pesados, un sector que, pese a la capacitación obligatoria, aún registra incidentes por falta de controles rigurosos. Organizaciones gremiales y asociaciones de mecánicos han expresado en redes sociales su consternación y han recordado que la prevención no es un gasto, sino una inversión en vidas. La muerte de José Luis M. no solo deja una familia en duelo, sino también una alerta para todo el rubro: un descuido, por mínimo que parezca, puede convertirse en una tragedia irreversible.
El taller permanece clausurado preventivamente mientras se realizan las pericias, y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de los informes técnicos que determinarán si el gato presentaba defectos de fábrica, falta de mantenimiento o si el error fue exclusivamente humano. Lo cierto es que la imagen del colectivo caído sobre los cuerpos de los trabajadores quedó grabada en la memoria de los vecinos de Puente Gallego, que aún no salen del asombro.
Mientras tanto, la comunidad de Rosario sigue de cerca la evolución de Mario P., el sobreviviente, y se organizan colectas para ayudar a las familias afectadas. El accidente, que ya es noticia en todo el país, pone en primer plano la necesidad de reforzar las inspecciones y la conciencia sobre los riesgos cotidianos en oficios que, por habituales, a menudo subestiman el peligro. La pregunta que queda flotando es cuántas vidas más deberán perderse para que los tacos de seguridad dejen de ser un opcional y se conviertan en una regla inquebrantable.
22 de agosto de 2026
El Gobierno reestructura el RENAR y amplía sus funciones de control y lucha contra el tráfico ilícito de armas
El decreto 770/2026 redefine el organismo, otorgándole competencias clave en la prevención de la violencia armada y la digitalización total de sus trámites.
En una movida estratégica que busca modernizar y fortalecer el control sobre materiales peligrosos, el Gobierno nacional dispuso una profunda reorganización del Registro Nacional de Armas (RENAR). La medida, oficializada este viernes mediante el decreto 770/2026 publicado en el Boletín Oficial, no solo redefine la estructura jerárquica del organismo, sino que también amplía su radio de acción hacia áreas clave como la prevención de la violencia y el combate al tráfico ilícito.
La reestructuración establece que el RENAR tendrá competencia exclusiva sobre todo el universo de materiales controlados en manos de civiles y fuerzas de seguridad, excluyendo únicamente el armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas. Esta delimitación busca terminar con superposiciones burocráticas que generaban confusión en el pasado, al tiempo que otorga al organismo un rol protagónico en la gestión del Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, donde se almacenan armas y municiones destinadas a su posterior destrucción.
Un organismo con nuevas atribuciones
El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el RENAR no solo se limitará a la labor de registro y fiscalización, sino que participará activamente en investigaciones por delitos vinculados a armas de fuego y explosivos. Además, llevará adelante operativos territoriales y campañas públicas de concientización, lo que marca un giro hacia una política más integral en materia de seguridad.
Entre las nuevas funciones asignadas, se destaca la obligación de producir estadísticas periódicas sobre hechos y actividades relacionadas con el uso de armas. Esta información deberá ser compartida con otros organismos encargados de diseñar estrategias contra el tráfico ilícito, lo que permitirá una articulación más efectiva entre las distintas áreas del Estado.
La norma también establece que el organismo estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, asistido por un subdirector ejecutivo con nivel de subsecretario, ambos designados directamente por el Poder Ejecutivo. Esta jerarquización busca dotar al RENAR de mayor peso institucional y capacidad de acción.
Digitalización total de trámites
En una medida complementaria, el RENAR dispuso recientemente que la plataforma Trámites a Distancia (TAD) se convierta en el único canal válido para que los usuarios vinculados a explosivos, nitrato de amonio, pirotecnia y otras sustancias controladas realicen su inscripción o reinscripción. A través de la resolución 47/2026, publicada el 11 de este mes, el organismo digitaliza por completo un procedimiento que hasta ahora podía realizarse en soporte papel.
La norma establece que toda documentación cargada en TAD tendrá carácter de declaración jurada, siendo el solicitante el único responsable de su autenticidad, integridad y veracidad. Asimismo, fija que la fecha y hora registradas por el sistema serán las que rijan en los procesos administrativos, otorgando mayor transparencia y eficiencia a los trámites.
Fin de superposiciones burocráticas
El decreto 770/2026 también elimina dos objetivos que figuraban en el decreto 50 del año 2019, específicamente los puntos vinculados a la Secretaría de Seguridad Nacional y la Subsecretaría de Intervención Federal. Ambos estaban relacionados con funciones que se superponían con las competencias propias del RENAR, y su supresión busca despejar duplicaciones dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad.
Además, la norma deroga la decisión administrativa 479/2016 y la Resolución de la ex-ANMaC 20/2016, cerrando formalmente el ciclo institucional de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y consolidando al RENAR como el único marco normativo vigente para el control de materiales controlados en el país.
22 de agosto de 2026
Absuelven a psicólogo en Bariloche por abuso. No habría pruebas suficientes. Posible falsa denuncia.
La Justicia de Bariloche absolvió por unanimidad a un reconocido psicólogo acusado de abusar de su hijo. El tribunal cuestionó la falta de pruebas y la validez de la Cámara Gesell. La madre apelará la decisión.
El debate judicial que conmocionó a Bariloche llegó a su fin con un fallo que generó fuertes repercusiones en la comunidad. El Tribunal integrado por los jueces Gregor Joos, Marcos Burgos y José Bernardo Campana resolvió por unanimidad absolver a D.E., un psicólogo de vasta trayectoria en la ciudad, quien había sido acusado de abusar sexualmente de su hijo. La decisión, plasmada en un extenso fallo de 250 páginas, puso en tela de juicio la solidez de las pruebas presentadas y la metodología aplicada en la investigación.
El proceso judicial tuvo una arista inusual que marcó el desarrollo del juicio: el Ministerio Público Fiscal decidió desistir de la acusación apenas semanas antes del inicio del debate. La fiscal subrogante Daniela Ortíz, quien había recibido la causa tras el paso de dos fiscales anteriores, argumentó que no existían «elementos de convicción suficientes» para sostener la acusación pública. Esta decisión dejó a la madre del menor como la única impulsora del proceso, acompañada únicamente por su abogada particular.
La estrategia de la defensa y los argumentos del Tribunal
Los jueces fueron contundentes en su análisis. Señalaron que la acusación presentada por la querella resultaba «genérica, carente de todo dato fáctico» y sin precisiones que permitieran distinguir si se trataba de un solo episodio o de varios. Esta imprecisión fue uno de los pilares sobre los que se sostuvo la absolución.
El juez José Bernardo Campana, en su extenso voto, fue particularmente explícito al advertir que las acciones cotidianas como bañar, limpiar o cambiar los pañales a un hijo menor constituyen actos normales de la vida familiar. «La imputación de este juicio carece de toda particularidad que permita siquiera concluir si se imputa un solo evento con uno o varios tocamientos, o varios eventos con uno o varios tocamientos», sostuvo el magistrado.
El Tribunal también recurrió a antecedentes de la Cámara de Casación para recordar que las exigencias para una condena penal «no disminuyen aunque existan dificultades probatorias». Esta máxima fue aplicada rigurosamente al caso, donde los jueces consideraron que no alcanzaba con la sola declaración de la presunta víctima si no existían pruebas externas o contextuales que permitieran descartar otras hipótesis.
La Cámara Gesell bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos del fallo fue la valoración de la Cámara Gesell, la entrevista realizada al niño que constituía la principal prueba de la acusación. El Tribunal determinó que esta entrevista «no cumplió con los estándares» y atravesó «inconsistencias metodológicas», con preguntas que calificaron como «sugestivas» e «inductivas» por parte de la psicóloga que realizó la entrevista.
La perito de parte fue aún más allá al afirmar que el testimonio presentaba un grave riesgo de «contaminación», concluyendo que la declaración del niño era «probablemente increíble». Los jueces subrayaron que la valoración de la declaración del menor no podía realizarse mediante la selección aislada de fragmentos compatibles con la hipótesis acusatoria.
«La Cámara Gesell mostró profundas contradicciones en el discurso y surgieron dudas sobre la espontaneidad, la consistencia y la autenticidad de esos relatos», señalaron los magistrados, quienes también advirtieron sobre «influencia de la madre en la presentación de los hechos».
El enfrentamiento entre peritos
El expediente reunió informes periciales de diferentes provincias, con posturas encontradas que reflejaron diferencias sustanciales entre los especialistas. Frases como «la entrevista fue aberrante, metodológicamente inválida» se escucharon durante la audiencia, mientras que otra psicóloga forense sostenía que «el discurso del niño resultó acorde a lo esperable evolutivamente para su edad».
La única perito que encontró elementos «suficientes para la credibilidad» fue la presentada por la querella, mientras que la defensa aportó al menos cuatro especialistas para impugnar la consistencia del testimonio. Esta disparidad numérica y conceptual pesó en la decisión final del Tribunal.
Críticas al sistema de investigación forense
El fallo también incluyó una crítica interna al propio Cuerpo de Investigación Forense (CIF). El Tribunal señaló una discordancia marcada en el sistema de trabajo del organismo al verificarse que, tras un dictamen inicial que desaconsejaba la declaración del niño por su edad, «después se la aprobó bajo un método que la propia estructura consideró deficiente».
Además, los jueces destacaron que ninguno de los informes médicos del Hospital Zonal Bariloche halló lesiones o indicios físicos compatibles con abuso sexual. Las pedagogas y cuidadoras que declararon como testigos tampoco pudieron ubicar con precisión los supuestos episodios denunciados, aunque varias describieron frases y conductas sexualizadas del niño tanto en el ámbito familiar como escolar.
La reacción de la madre
La denunciante se manifestó profundamente golpeada por el fallo, describiendo el proceso como «una experiencia profundamente traumática». «No fue solamente volver a escuchar aquello que originó la denuncia. Fue volver a atravesar muchos años de mi vida y, al mismo tiempo, escuchar testimonios y relatos que me permitieron comprender cosas que yo misma no había podido dimensionar mientras sucedían», expresó la mujer.
La madre cuestionó la falta de una «mirada longitudinal sobre el desarrollo de esos relatos y sobre la evolución de mis hijos a lo largo del tiempo». Para ella, la sentencia se concentró de manera reducida en el relato que dio origen a la denuncia y en las dificultades que el Tribunal encontró en la Cámara Gesell.
«Siento que el juicio me permitió comprender mucho más de lo que había pasado, pero que la sentencia terminó haciendo una lectura demasiado reducida de todo ese contexto», agregó la denunciante, quien ya anticipó que apelará el fallo.
La condena económica
Uno de los aspectos más controversiales de la sentencia fue la imposición de costas a la querella. El Tribunal determinó que la madre denunciante deberá afrontar los honorarios de la defensa del psicólogo absuelto, cuyo monto asciende a 16 millones de pesos.
«La sentencia me impuso aproximadamente 16 millones de pesos en costas, cuando soy yo quien desde hace tres años y medio sostiene sola una estructura familiar y a mis hijos. Para mí esto tiene una dimensión que va mucho más allá de una cifra», manifestó la mujer, visiblemente afectada por esta decisión.
El origen de la denuncia
La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara «algunos juegos sexuales» que supuestamente había mantenido con su padre. La madre afirmó que antes de esa revelación ya observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.
«A partir de que hice la denuncia, a él lo destituyeron del hogar. Ahí mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso. Eran juegos de masturbación, eso me lo dijeron en el hospital porque lo revisaron», relató la madre en su testimonio.
El cambio de fiscales y el desistimiento
La causa tuvo un desfile de fiscales que marcó su desarrollo. Inicialmente estuvo en manos del ex fiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. A finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en el fiscal Gerardo Miranda. Cuando ya se preparaba el juicio, el expediente pasó a manos de la fiscal subrogante Daniela Ortíz, quien finalmente decidió desistir de la acusación.
En su escrito, la fiscal Ortíz argumentó la «falta de pruebas suficientes» y solicitó que se continúe exclusivamente con la acusación particular. La funcionaria concluyó que «no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral, conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes».
Declaración del acusado
Durante el debate, el psicólogo absuelto manifestó su disposición a trabajar en el vínculo parental: «Siempre va a estar dispuesto a trabajar para tener el mejor vínculo como padres con el dispositivo terapéutico que fuera necesario». Esta declaración, sumada a los argumentos técnicos del Tribunal, formó parte del contexto que derivó en la absolución.
La apelación en camino
La madre del menor ya confirmó que apelará la decisión judicial. «Vamos a apelar porque considero que hay aspectos centrales de la valoración de la prueba que deben ser revisados. Entre ellos, la falta de una mirada longitudinal sobre la evolución de mis hijos y sobre las manifestaciones que se produjeron durante los años posteriores a la separación del progenitor», explicó.
La denunciante también cuestionó la diferencia entre los testigos, señalando que algunos declararon desde distintos ámbitos profesionales, laborales y cotidianos sin tener un beneficio personal, mientras que otros estaban muy vinculados al denunciado y a su entorno familiar. «No digo que un testigo sea verdadero o falso simplemente por el vínculo que tenga, pero considero que esa diferencia debía ser analizada de manera objetiva al valorar la prueba», cuestionó.
22 de agosto de 2026