El juez federal Sebastián Ramos dictó el procesamiento de Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de cinco millones de pesos, por su participación activa en la toma violenta del Instituto Perón. Pero más allá de la imputación penal, lo que realmente indigna es el cinismo de un dirigente que se viste de pobre para predicar contra los ricos mientras él y su familia nadan en la abundancia. La Justicia acaba de poner un freno a este farsante que utiliza la protesta como herramienta de ascenso personal y político, ocultando su verdadera naturaleza: la de un privilegiado de cuna que se disfraza de defensor de los excluidos.
Grabois es el perfecto ejemplo del dirigente social de cartón: predica contra el capitalismo pero vive como un burgués. Mientras arenga a sus seguidores a ocupar propiedades ajenas, él disfruta de una vida que poco tiene que ver con la pobreza que dice combatir. Su padre, Roberto Arnoldo «Pajarito» Grabois, un histórico dirigente peronista, poseía nada menos que seis propiedades, algunas de dimensiones imponentes —de 700, 800 y hasta 1.508 metros cuadrados—, ubicadas en las zonas más exclusivas de Palermo. El propio Juan Grabois vive sobre la calle Malabia, en el corazón del coqueto barrio de Palermo, rodeado de lujo y comodidades.
El procesamiento judicial por la toma del Instituto Perón no es un hecho aislado. Grabois tiene antecedentes en este tipo de prácticas violentas. Ya en 2020, cuando el conflicto con los hermanos Etchevehere por la estancia Casa Nueva en Entre Ríos, Grabois encabezó una caravana de militantes con palos y pancartas para ocupar el predio, mientras se presentaba como el defensor de los humildes. En esa ocasión, supo decir que «los Etchevehere son la expresión más clara de las minorías que manejan la Argentina como si fuera su estancia». Las mismas palabras que hoy usa para justificar sus acciones delictivas.
Porque no nos engañemos: lo que hizo Grabois el 7 de junio de 2025 es un delito. Ingresó sin autorización a un edificio del Estado nacional que se encontraba cerrado, permaneció allí durante aproximadamente dos horas y alentó a los manifestantes a resistir la intervención policial. La Justicia federal, con todas las pruebas —testimonios, material audiovisual y documentación—, determinó que su conducta excedió el rol de mero observador o de abogado, como pretende hacer creer su defensa. El juez Ramos fue contundente: Grabois tuvo un rol activo en la ocupación y en la resistencia a la autoridad.
Y no es solo Grabois. Su cómplice Valentín Peralta fue procesado por agredir físicamente a efectivos policiales durante el desalojo. Varios agentes sufrieron traumatismos craneales, contusiones múltiples y otras lesiones que fueron atendidas en el Hospital Churruca. Esta es la violencia que Grabois siembra y que después pretende justificar con su discurso de «lucha social». La misma violencia que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos, mientras él y los suyos viven como reyes.
El embargo de cinco millones de pesos es apenas un anticipo de lo que se viene. Grabois deberá responder ante la Justicia por sus actos, y ojalá que esta vez no haya impunidad. No puede ser que un dirigente que vive de la pobreza ajena, que se llena la boca hablando de los «descartados» del sistema mientras él y su familia acumulan fortunas, siga burlándose de los argentinos de bien.
Es hora de que Juan Grabois deje de usar el disfraz de dirigente social y muestre su verdadera cara: la de un privilegiado que utiliza la protesta violenta como trampolín político. La Justicia ha dado un paso importante. Ahora falta que la sociedad entera vea a este farsante tal como es: un delincuente de cuello blanco que se hace pasar por defensor de los pobres.
Chubut Online accedió a información oficial que señalaría al exministro de Economía de Chubut, Alejandro Garzonio, como responsable del desmonte de 189 cipreses nativos en la cordillera y desmonte con topadora sin autorización; una multa insignificante, y otras irregularidades aún sin resolver, con consecuencias inesperadas.
Los hechos.
La información a la que accedió Chubut Online apunta a un hecho de gravedad ambiental que tendría como protagonista a un exfuncionario de alto rango de la provincia del Chubut. Se trataría de Alejandro Garzonio, quien se desempeñó como ministro de Economía durante las gestiones de Mario Das Neves y Mariano Arcioni, y que ahora habría quedado en el centro de una investigación por tala y desmonte ilegal de bosque nativo en un predio ubicado en la Colonia 16 de Octubre, en el departamento Futaleufú.
Según la documentación oficial obtenida por este medio, el exministro habría ordenado o facilitado el desmonte de al menos 189 cipreses nativos y el aprovechamiento ilegal de 18 postes de la misma especie, en un terreno que pertenece en condominio a varias personas, entre ellas, algunos parientes directos ajenos a estos episodios. La superficie afectada alcanzaría las 0,64 hectáreas, y el hecho habría sido detectado originalmente por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D), una herramienta nacional que procesa imágenes satelitales para identificar pérdidas de bosque nativo.
La magnitud del daño ambiental es significativa: los cipreses de la cordillera son ejemplares antiguos, parte del patrimonio genético de la región, y su extracción sin autorización constituiría un delito ambiental de gran impacto. Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad única, sino que también fijan suelos, protegen cuencas hídricas y mitigan el cambio climático. Por eso, cualquier acción que los afecte de manera ilegal merece el más enérgico repudio.
La paradoja del caso es que, si bien se destaca el accionar de algunas de las autoridades del área de bosques al iniciar el expediente, la sanción y el procedimiento parecieran estar del lado del infractor.
Una multa insignificante.
Lo que más llama la atención del caso es la multa aplicada. La Secretaría de Bosques del Chubut impuso a Garzonio una sanción económica de apenas $1.512.000, un monto que, a simple vista, resulta una burla. La propia Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que las multas por este tipo de infracciones deben oscilar entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. Con un sueldo básico que supera ampliamente el millón de pesos, la cifra impuesta representa apenas una fracción ínfima de lo que la ley permite.
Este tipo de sanciones tan bajas, lejos de disuadir, invitarían a cometer nuevas infracciones, porque el costo de ser descubierto resulta irrisorio en comparación con el beneficio económico obtenido.
Un registro de infractores que no existe.
Otro aspecto que agrava la situación es la inexistencia o falta de operatividad del Registro Nacional de Infractores, desde hace muchos años. Según lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 26.331, este registro debería ser administrado por la Autoridad de Aplicación y ser de acceso público en todo el territorio nacional. Sin embargo, fuentes consultadas indican que el registro no funciona como corresponde, no es público y, además, la provincia del Chubut habría dejado de enviar información durante años, lo que impide que los infractores enfrenten las consecuencias de estar inscriptos, como la imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones o la aplicación de sanciones más severas en caso de reincidencia.
La documentación a la que accedió Chubut Online también reveló que, pese a la gravedad de los hechos, ningún otro medio de comunicación se habría animado a publicar esta situación. El silencio mediático, sumado a la demora en la resolución de los expedientes, alimenta la sospecha de que el exfuncionario gozaría de una protección especial, al menos, por parte de los que operan varios de los medios más conocidos en la provincia.
De hecho, en el expediente 1066/2022 SB, Garzonio habría asumido la responsabilidad por las infracciones cometidas en el Lote 108 de la Colonia 16 de Octubre, pero en el caso del predio 24b, Sección III, Fracción A —donde se habría producido el desmonte de los 189 cipreses—, la autoría no estaría clara, presuntamente habría sido por el mismo autor, y parientes directos del exministro temen que se los haga responsables por ser también titulares del inmueble, cuando ellos no habrían tenido participación alguna en las graves irregularidades.
El temor a la confusión.
En este contexto, Alejandro Garzonio habría mantenido fuertes disputas muy conflictivas con algunos de sus parientes, al punto de que uno de ellos manifestó ante este medio que no tiene vínculo con él desde hace casi veinte años.
Hay quienes manifestaron a este medio que el exfuncionarió estaría realizando una especie de «usurpación» del predio en condominio, tras el vencimiento en 2020 de un contrato de alquiler, por el que no habría, en principio, y según el testimonio recabado, comprobante alguno de pago.
La situación es tan delicada que algunos familiares del exfuncionario habrían expresado su preocupación por ser confundidos con infractores ambientales por el simple hecho de compartir el apellido y ser parte del mismo condominio. Sin embargo, cabe destacar que, en el caso de la tala y el desmonte ilegal, el único responsable señalado sería Alejandro Garzonio, y no el resto de los parientes, quienes se habrían desvinculado totalmente de las actividades ilícitas.
Las demás sanciones, sin embargo, habrían de recaer en los parientes y no en quien sería responsable de los ilícitos.
¿Habrá acción penal?
Habida cuenta del expediente en la Dirección de Bosques, es dable preguntarse si esto quedará en un mero expediente administrativo o si desde la Dirección de Bosques, o desde el MPF, de oficio, se iniciarán acciones penales contra el exfuncionario.
De corresponder, sería bueno que quienes tienen la responsabilidad de denunciar o iniciar acciones legales, lo hagan, porque si no, el accionar queda restringido a la buena de Dios, o a la voluntad de algún vecino.
¿Qué lección le queda a la sociedad?
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué controles se le harán de aquí en más a Alejandro Garzonio? Si un exministro de Economía puede talar casi 200 árboles nativos y pagar una multa que no llegaría ni al 10% de lo que la ley permite, ¿qué mensaje se está enviando a la sociedad? El poder parece blindar a quienes lo ostentan, aún sin estar en funciones, y este caso sería un ejemplo de cómo algunas personas creen que «pueden todo» por su vinculación con la política. La impunidad, en estos casos, no solo daña el ambiente, sino que erosiona la confianza en las instituciones.
Un ambicioso proyecto de recuperación de suelos con una barrera verde de 600 km y 52 millones de dólares busca frenar la desertificación en Chubut.
El proyecto ResChubut
La desertificación avanza silenciosamente sobre la estepa patagónica, pero un proyecto sin precedentes busca ponerle freno con una barrera verde de 600 kilómetros. Se trata de RESChubut, una iniciativa de la Fundación Ayesa que, a través de Jorge Roberto Müller, su promotor, propone forestar los márgenes de las rutas provinciales 35 y 14 y la Ruta Nacional 40 con especies nativas como molle, calafate y neneo, creando un «cortafuegos» natural contra la erosión del suelo en la zona semiárida de la provincia.
La magnitud del proyecto es mayúscula: una franja de 200 metros de ancho que recorrerá casi 600 kilómetros de longitud, abarcando cinco departamentos —Cushamen, Languiñeo, Futaleufú, Tehuelches y Río Senguer— y alcanzando a 15 localidades. El plan tiene un horizonte de ejecución de seis años y prevé la generación de 750 puestos de trabajo genuinos, con una contratación inicial de 50 personas. El presupuesto total asciende a 52 millones de dólares, financiados a través del Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), cuyos fondos no son retornables, por lo que no implican erogación alguna para los gobiernos municipales, provincial o nacional.
La lógica del proyecto es tan simple como efectiva: aprovechar la infraestructura vial existente. Las rutas que atraviesan Chubut de norte a sur permiten un acceso rápido para la implantación y el mantenimiento de la franja forestal. Los plantines serán producidos en invernaderos que se construirán en las distintas localidades participantes, y tanto estas estructuras como los vehículos afectados —un camión volcador, una pickup 4×4 y una gamela comedor— quedarán como patrimonio de las municipalidades una vez concluido el proyecto. La Fundación Ayesa ya cuenta con experiencia en la materia: posee un vivero de plantas nativas en Esquel que funciona desde hace cinco años y acumula más de ocho años produciendo molle, con entregas a comunidades como Cushamen a través del INTA.
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de presentación y requiere transitar hacia la fase de formulación, que es la más importante. Para ello, necesita dos pilares fundamentales: el apoyo político de los gobiernos municipal, provincial y nacional, y la conformación de los «consorcios de conservación» que exige la Ley 22.428 de Conservación de Suelos, integrados por los propietarios de los terrenos donde se implementará el proyecto. Ya se han recibido adhesiones de Alto Río Senguer, Gualjaina, Gobernador Costa y Trevelin, y se mantienen contactos con el resto de las comunidades involucradas, entre ellas El Maitén, Cushamen, Fofocahuel, Tecka y Corcovado.
La articulación institucional es compleja: intervienen la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Secretaría de Ambiente de Nación, la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) dependiente del Ministerio de Economía, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El proyecto ya ha sido presentado formalmente en la Secretaría de Ambiente de Nación bajo el expediente EX-2024-49653482. La palabra final sobre su viabilidad recaerá en la ONU, que determinará si el proyecto cumple con los estándares internacionales requeridos.
La Fundación Ayesa, que da impulso a esta iniciativa, no es una recién llegada al territorio. Con 13 años de trayectoria y personería jurídica, su nombre es el acrónimo de Ayuda para la Educación, la Salud y la Alimentación. Durante más de una década ha brindado asistencia solidaria a escuelas y comedores rurales del interior de la provincia, distribuyendo libros, ropa, herramientas e insumos, y realizando talleres comunitarios de huerta junto al INTA. Esta experiencia de terreno es la que hoy respalda un proyecto que, según sus impulsores, se hace posible «uniendo las voluntades de las 15 localidades que intervendrán».
El desafío es inmenso, pero las cifras alivianan la carga: a cada departamento le corresponderán forestar 120 kilómetros en seis años, es decir, 20 kilómetros por año; y si intervienen 15 localidades, a cada una le tocaría forestar tan solo 8 kilómetros anuales. Lo que en su conjunto parece una tarea titánica se vuelve abordable cuando se distribuye entre las comunidades.
«Donde algunos ven barreras, nosotros elegimos creer», es la frase que guía a los impulsores de RESChubut, que confían en que el acompañamiento de la comunidad, los medios de comunicación y las decisiones políticas terminarán de inclinar la balanza. El camino es largo y no exento de obstáculos, pero la perseverancia y la convicción son las armas con las que cuentan para seguir adelante.
Mientras la política avanza a sus propios tiempos, la comunidad comienza a informarse y a sumar su respaldo a una iniciativa que promete no solo frenar la desertificación, sino también generar empleo, fortalecer el arraigo rural y dejar infraestructura productiva en cada una de las localidades participantes. RESChubut es, en definitiva, una apuesta al futuro de la provincia, donde la recuperación del suelo y el desarrollo comunitario van de la mano.
En una sesión histórica que se extendió hasta altas horas de la noche, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen de incentivos sin precedentes que busca posicionar a la Argentina como un polo de atracción para las industrias tecnológicas más avanzadas del planeta. Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID y varios bloques provinciales, y ahora aguarda su tratamiento en el Senado para convertirse en ley definitiva.
El nuevo régimen, cuyo nombre oficial es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, constituye una ampliación del RIGI aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases. Pero a diferencia de aquel, el Súper RIGI está diseñado específicamente para captar proyectos de vanguardia que hoy no existen en el país o que se encuentran en etapas experimentales: inteligencia artificial, megacentros de datos (data centers), semiconductores, biotecnología avanzada, vehículos eléctricos, baterías de litio, paneles solares y otras actividades de alto contenido tecnológico.
Beneficios que marcan un antes y un después
Los proyectos que ingresen al Súper RIGI accederán a un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un horizonte de 30 años, lo que brinda una estabilidad normativa y jurídica inédita en la región. Entre las ventajas más destacadas se encuentran:
Alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente al 25% del RIGI original y al 35% general.
Exención total de derechos de importación para bienes de capital necesarios para montar los proyectos.
Eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos.
Amortización acelerada de inversiones: 60% en el primer año y 20% en los dos siguientes.
Contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
Disponibilidad progresiva del 100% de las divisas generadas por exportaciones a partir del tercer año.
Estabilidad tributaria y cambiaria por tres décadas, con acceso a arbitraje internacional ante tribunales como el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional en caso de controversias con el Estado.
Un requisito exigente: inversiones desde los 1.000 millones de dólares
El Súper RIGI establece un umbral mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares por proyecto, muy por encima de los 200 millones que exige el RIGI vigente. Esta barrera de entrada asegura que solo accedan al régimen las iniciativas de mayor envergadura y con el potencial de transformar radicalmente el entramado productivo nacional. Además, los inversores deberán ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años, garantizando que los anuncios se traduzcan en desarrollos concretos y tangibles.
Industrias del futuro: el salto tecnológico que Argentina necesita
El Gobierno nacional ha sido claro en su objetivo: el Súper RIGI no es para ampliar proyectos existentes ni para los sectores tradicionales de la economía. Está pensado exclusivamente para actividades “genuinamente nuevas” en el país, que requieren soluciones macroeconómicas anticipadas para poder desarrollarse.
Entre los sectores prioritarios se cuentan la inteligencia artificial, los megacentros de datos, los semiconductores, la refinación de cobre, el procesamiento de uranio, la producción de baterías de litio, los vehículos eléctricos, la biotecnología avanzada y la fabricación de paneles solares y componentes eólicos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “el Súper RIGI amplía beneficios para impulsar una mayor industrialización de la Argentina y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”. En el mismo sentido, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la inversión privada como motor del crecimiento y afirmó que “el capital dignifica el trabajo”.
Un impacto federal con protagonismo para la Patagonia
La llegada de megainversiones tecnológicas no se limitará a los grandes centros urbanos. La Patagonia, y especialmente la provincia de Chubut, emerge como un destino estratégico para este tipo de proyectos. Recientemente, la empresa Sur Energy firmó una carta de intención con OpenAI para instalar un centro de datos en la Patagonia con una inversión de hasta 25.000 millones de dólares. Este tipo de emprendimientos, impulsados por el marco del Súper RIGI, podrían generar miles de puestos de trabajo calificado, dinamizar las economías regionales y posicionar a Chubut en el mapa mundial de la inteligencia artificial y la infraestructura digital.
El régimen también prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales, lo que crea un ecosistema fiscal amigable para las inversiones en todo el territorio nacional.
Un debate con miradas encontradas
Si bien la oposición denunció sin fundamentos que el proyecto es “un traje a medida” para grandes corporaciones y cuestionó el costo fiscal de los beneficios, lo cierto es que el Súper RIGI representa una oportunidad única para que la Argentina dé un salto cualitativo en su matriz productiva. Países como Brasil y Uruguay ya están compitiendo por atraer estas inversiones, y Argentina no puede quedar rezagada.
La evidencia muestra que el RIGI vigente ya ha aprobado 16 proyectos por 29.892 millones de dólares y tiene otros 25 en evaluación por un total de 111.000 millones. El Súper RIGI, con sus beneficios ampliados y su enfoque en las industrias del futuro, promete multiplicar este impacto y convertir a la Argentina en un hub tecnológico de clase mundial.
El camino hacia el Senado
Con la media sanción en Diputados, el proyecto girará al Senado para su sanción definitiva. La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año adicional. El plazo de adhesión para los inversores será de cinco años desde la sanción de la ley.
Una oportunidad histórica
El Súper RIGI no es solo una ley de incentivos; es una declaración de intenciones. Argentina está diciendo al mundo que está lista para competir por las inversiones que definirán el futuro de la economía global. Con inteligencia artificial, semiconductores, energías renovables y biotecnología como estandartes, el país se prepara para un nuevo ciclo de crecimiento impulsado por la innovación y el capital extranjero.
Para Chubut y toda la Patagonia, esta es una oportunidad única para diversificar su economía, generar empleo de calidad y convertirse en un referente tecnológico en América Latina. El futuro llegó, y Argentina tiene las herramientas para abrazarlo.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, sería designado como representante de las acciones Clase B en el directorio de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. La noticia, celebrada por algunos sectores como un triunfo de la cordillera, llega en medio de una discusión que no es nueva: la disputa por los recursos que genera una de las represas más importantes de la Patagonia.
Pero mientras los políticos se pelean por quedarse con un pedazo del pastel, el Parque Nacional Los Alerces, el verdadero joyero que alberga al complejo hidroeléctrico, se desmorona por falta de mantenimiento de infraestructura provincial en un silencio cómplice que nadie quiere romper.
Una foto que retrata la incongruencia
El complejo hidroeléctrico Futaleufú está situado en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de jurisdicción nacional creada mucho antes de que la provincia de Chubut existiera como tal. Las leyes que regulan los parques nacionales son claras: los recursos naturales allí contenidos no fueron delegados a las provincias. Sin embargo, eso no ha impedido que el gobierno provicnial y los municipios de Esquel y Trevelin impulsen un frente común para apropiarse de las regalías y el canon por el uso del agua.
Lo que esta foto oficial no muestra es el estado calamitoso en el que se encuentra el parque. El tendido eléctrico, que pertenece a la provincia, está totalmente podrido. Las instalaciones eléctricas del Parque Nacional Los Alerces son un ejemplo de la desidia provincial: a pesar de los innumerables reclamos y las promesas vacías, el gobierno de Chubut no ha invertido un solo peso en su mantenimiento. La seguridad del parque, el desarrollo turístico y la infraestructura básica están en el olvido. Ni siquiera han sido capaces de nombrar a un médico para ocupar el cargo vacante en la sala de primeros auxilios.
La provincia ya cobra, pero no invierte
Resulta cuando menos ridículo que la provincia y los municipios pretendan exprimir más dinero de Futaleufú cuando ya son parte del negocio. La composición accionaria de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. es clara: la provincia de Chubut posee el 39% de las acciones Clase B, lo que le garantiza una participación activa en las ganancias y decisiones de la empresa. La provincia ya cobra dinero proveniente de la explotación del recurso, pero ni con eso ha demostrado interés en mejorar el parque.
El Parque Nacional no le pertenece ni a Esquel ni a Trevelin, y ambas localidades ya viven del turismo que genera el parque, sin invertir un sólo peso.
El resto del paquete accionario está en manos de Aluar Aluminio Argentino (60,20%) y otros accionistas menores. Es decir, la provincia de Chubut no es una espectadora desinteresada: es socia de la empresa. Pero mientras cobra, el Parque Nacional Los Alerces sigue esperando una inversión que nunca llega.
Las falsas expectativas sobre el Directorio
La designación de Taccetta en el directorio de la empresa hidroeléctrica ha sido presentada como un logro para la región. Pero ocupar un cargo directivo en Hidroeléctrica Futaleufú S.A. no le da al intendente de Esquel ningún poder real para modificar las leyes que regulan la concesión del recurso natural, que es propiedad de la Nación. Tampoco le otorga facultades para reclamar tasas o impuestos que no están contemplados en el marco legal vigente.
La dirección interna de la empresa se ocupa de la operación y administración del negocio, no de la discusión de fondo sobre la jurisdicción de los recursos. Pretender que un asiento en el directorio va a solucionar los problemas estructurales de la región es, como mínimo, engañoso. Es una maniobra política para aparentar acción mientras se ignora el verdadero problema: el abandono del parque.
El turismo vive del parque, pero no lo cuida
Esquel, Trevelin y toda la zona cordillerana viven del turismo que atrae el Parque Nacional Los Alerces. Es el máximo atractivo de la región, el imán que convoca a visitantes nacionales y extranjeros. Los demás atractivos son secundarios, complementarios. Sin el parque, la economía de estos municipios se desploma.
Sin embargo, ni los municipios ni la provincia han hecho una sola inversión significativa en el parque. No hay políticas de desarrollo turístico, no hay mantenimiento de senderos, no hay mejora en los servicios. El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está en estado de total abandono. La infraestructura es obsoleta, los servicios son deficientes y la gestión no aprovecha su potencial turístico internacional.
La provincia y los municipios quieren adueñarse de los recursos de Nación, pero se olvidan de que esos recursos están en un parque nacional que ellos mismos descuidan. Quieren cobrar regalías, pero no quieren invertir en el lugar que genera esas regalías.
Un reclamo histórico que oculta una realidad incómoda
No es la primera vez que la cordillera reclama mayor participación en los beneficios de Futaleufú. En 2019, el entonces gobernador Mariano Arcioni designó al intendente de Trevelin, Omar Aleuy, y al concejal Cristian Pasquini en el directorio con el mismo argumento: «estar adentro del sistema» para discutir regalías y beneficios.
Siete años después, el debate es el mismo. La pregunta que plantea Aleuy sigue sin respuesta: qué lugar le corresponde a la región en una de las principales fuentes de generación de energía del país. Pero la pregunta correcta debería ser otra: ¿qué lugar le corresponde al Parque Nacional Los Alerces en la agenda de quienes pretenden vivir de sus recursos?
El canon del agua y la energía gratis
Uno de los ejes centrales de la discusión actual es la incorporación de un canon por el uso del agua, algo que actualmente no se percibe porque la concesión vigente es anterior a la ley provincial que lo establece. La propuesta contempla que el 70% de esos recursos quede para la provincia y el 30% se distribuya entre los municipios de Esquel, Trevelin y Cholila.
Pero Taccetta fue más allá y propuso que los municipios cobren parte de ese canon en energía, para usarla en tarifas sociales, atraer inversiones o generar sistemas mixtos. La idea, en principio, suena atractiva. Pero oculta una realidad incómoda: mientras los políticos discuten cómo repartirse la energía y el dinero, el parque sigue sin electricidad digna, sin mantenimiento y sin inversión.
Por otro lado, el hecho que el municipio pudiera recibir cuotas de «electricidad gratis», no significa que los vecinos vayan a pagar menos de luz, sino que es una peligros arma política para que se haga clientelismo direccionado a futuros votantes.
Un futuro incierto para un patrimonio de todos
La concesión de Futaleufú venció en junio de 2025 y el futuro del complejo es incierto. La provincia mantiene abierta una acción judicial ante la Corte Suprema en la que reclama el reconocimiento de su dominio sobre los recursos naturales, cuestionando la posibilidad de que el Estado Nacional avance unilateralmente en una nueva concesión.
La Corte Suprema ya habilitó el reclamo de Chubut, reconociendo su competencia para intervenir. Pero un fallo no resuelve el fondo del asunto: la provincia sigue sin demostrar que está en condiciones de administrar esos recursos con responsabilidad. Y los hechos demuestran todo lo contrario.
La provincia aduce que la Constitución le otorga derechos sobre los recursos, pero se olvida que esos derechos están regulados por leyes nacionales, tal como la misma Constitución señala que debe hacerse.
Una agenda equivocada
La dirigencia política de Chubut tiene la agenda completamente invertida. Mientras se pelean por un asiento en el directorio de una empresa, mientras discuten cómo repartirse las regalías y el canon del agua, el Parque Nacional Los Alerces sigue esperando que alguien cumpla con lo más básico: invertir en su infraestructura, garantizar su seguridad y desarrollar su potencial turístico.
Los municipios y la provincia viven del turismo que genera el parque, pero no invierten un peso en él. Quieren adueñarse de los recursos de Nación, pero se olvidan de que esos recursos son de todos los argentinos y están en un área protegida que merece respeto y cuidado.
La designación de Taccetta en el directorio de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. no va a cambiar nada. Por más que algunos medios aplaudan, o lo muestren como algo sustancial, esa designación es meramente figurativa, no implica ningún beneficio palpable a la región.
A raíz de una reciente entrevista realizada al Dr. Ricardo Gerosa Lewis en un medio local, volvió a ponerse sobre la mesa un tema que cada tanto reaparece en Esquel, especialmente en épocas electorales: la Carta Orgánica Municipal.
Muchos vecinos han escuchado hablar de ella. Otros recuerdan vagamente que alguna vez existió una Convención Constituyente. Y otros simplemente saben que hubo una Carta Orgánica que nunca llegó a aplicarse.
Lo cierto es que en 2005 una Convención elegida por el voto popular redactó y sancionó la primera Carta Orgánica de la historia de Esquel. Pero aquella norma nunca entró en vigencia. La Legislatura Provincial la devolvió con observaciones y finalmente la rechazó.
Hasta ahí, los hechos.
Lo que vino después fue otra historia.
Durante más de veinte años se dijeron muchas cosas sobre las razones de aquel rechazo. Algunas se repitieron tantas veces que terminaron transformándose en una verdad aceptada por gran parte de la comunidad. Que la Carta tenía errores graves. Que era inconstitucional. Que los convencionales no quisieron corregirla. Que el rechazo era inevitable.
Pero ¿fue realmente así?
Los documentos dicen otra cosa
Para intentar responder esa pregunta, este medio realizó una investigación histórica basada en documentación de la época, actas institucionales, diarios de sesiones, publicaciones periodísticas y los propios antecedentes del proceso constituyente.
El objetivo fue simple: dejar de lado las opiniones y volver a los documentos.
Las observaciones formuladas por la Legislatura fueron numerosas. Sin embargo, para evitar un análisis excesivamente técnico, alcanzará con detenernos en apenas dos ejemplos que permiten comprender la calidad de varios de los cuestionamientos realizados.
El primero se refiere al artículo 22 de la Carta Orgánica, que regulaba el ingreso al empleo público municipal. La Legislatura sostuvo que dicha disposición se contraponía con el artículo 26 de la Constitución Nacional. Hasta ahí, la observación podría parecer seria.
El problema aparece cuando uno consulta el texto constitucional. El artículo 26 de la Constitución Nacional establece que «la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional».
La pregunta surge sola: ¿qué relación tiene la navegación de los ríos interiores con el ingreso al empleo público municipal?
El segundo ejemplo resulta igualmente llamativo. La Legislatura observó el artículo 63 de la Carta Orgánica, referido a las políticas deportivas municipales. Concretamente sostuvo que debía otorgarse mayor precisión normativa, definiendo qué debía entenderse por «control» y por «fiscalización».
Sin embargo, existe un pequeño inconveniente. La palabra «control» no aparece en ninguna parte del artículo observado. Dicho de otro modo: se cuestionó la falta de definición de un término que el texto jamás utilizó.
Y estos no son casos aislados. Podrían citarse muchos otros ejemplos similares. Observaciones que contienen errores evidentes, referencias normativas equivocadas o cuestionamientos cuya fundamentación jurídica brilla por su ausencia.
Por supuesto, cada lector podrá sacar sus propias conclusiones. Pero a la luz de estos antecedentes resulta difícil sostener que el rechazo de la Carta Orgánica obedeció a un análisis riguroso y profundo. Y mucho menos jurídico. Los documentos están ahí. Y más de veinte años después siguen diciendo exactamente lo mismo.
¿Por qué entonces se rechazó?
La pregunta inevitable es por qué, si la Carta Orgánica contenía este tipo de disposiciones, terminó siendo rechazada.
Las explicaciones jurídicas que se dieron en su momento no parecen, a la luz de los documentos, sostenerse con demasiada solidez. Por eso, con el paso del tiempo, se instaló otra lectura: que el rechazo tuvo una fuerte carga política.
En aquel momento, la Convención Constituyente había significado un cambio importante en el tablero local. El espacio político liderado por el Dr. Ricardo Gerosa Lewis había ganado la interna frente al entonces intendente Rafael Williams y a sectores alineados con el gobierno provincial de Mario Das Neves. Entre ellos, figuras como el ex diputado Rubén “Menen” Fernández.
Y en ese contexto se inscriben muchas de las normas que contenía la Carta Orgánica: criterios estrictos de ingreso por idoneidad al empleo público, reglas de transparencia obligatoria en compras y contrataciones, apertura total de la información pública, presupuesto participativo y fuertes mecanismos de participación ciudadana.
También incluía límites concretos al poder político: tope a las reelecciones del intendente, sistemas de control sobre la asistencia de los concejales con posibilidad de pérdida de mandato, voto con posibilidad de tachar candidatos para evitar el efecto “lista sábana”, reducción de las dietas legislativas y ampliación de herramientas de control ciudadano.
En conjunto, no era un texto neutro. Era una reforma profunda del modo de ejercer el poder municipal.
Y justamente por eso el debate no se agota en lo jurídico ni en las observaciones técnicas. Lo que estuvo en juego en 2005 fue algo mucho más de fondo: el modelo de ciudad que se quería.
Desde esa perspectiva, el rechazo de la Carta Orgánica deja de ser un expediente administrativo para convertirse en una decisión política de enorme impacto institucional. Una decisión cuyas consecuencias todavía hoy se discuten, se reinterpretan y, en muchos casos, se desconocen.
Veinte años después, la pregunta sigue siendo la misma: si aquel fue el camino que se cerró, ¿cuál es el que Esquel está dispuesto a abrir hoy?
El estado actual
Hoy el debate vuelve a instalarse en otro plano: el estado jurídico de aquella Carta Orgánica.
Algunos ex diputados y actores vinculados a la política sostienen que el texto quedó definitivamente rechazado y archivado. Otros, en cambio, afirman que la situación es más compleja y que la norma se encuentra en una suerte de “limbo” institucional.
Sin embargo, la discusión no debería girar en torno a interpretaciones políticas sino a lo que dice la propia normativa vigente.
El artículo 167 de la Ley de Corporaciones Municipales es claro al establecer el procedimiento:
“Dictada la Carta Orgánica, se dará curso de ella a la Legislatura, la que deberá expedirse en término no mayor de noventa (90) días desde la fecha de recepción y en caso de ser aprobada, será promulgada de inmediato. Si la Carta Orgánica fuera rechazada por la Legislatura, la misma Convención redactará las reformas del caso o correcciones pertinentes y una vez que sea aprobada por aquélla, se procederá como en el apartado anterior”.
La norma no prevé el archivo definitivo del texto ni su desaparición del proceso institucional. Previene, por el contrario, un mecanismo de ida y vuelta entre la Convención y la Legislatura hasta su aprobación final.
En ese sentido, parte de la discusión jurídica se centra en si la decisión legislativa de aquel momento respetó o no ese esquema previsto por la ley reglamentaria de la Constitución Provincial.
Para algunos constitucionalistas, como el Dr. Raúl Heredia, la lógica del sistema es clara: “la convención que empieza es la convención que termina”.
Bajo esa mirada, el proceso no se agota en una decisión unilateral de la Legislatura, sino en un procedimiento institucional que debe completarse hasta su conclusión.
Lo cierto es que, más de veinte años después, el debate sigue abierto. No sólo sobre el contenido de aquella Carta Orgánica, sino sobre su propio estado jurídico actual.
Y en ese punto, la pregunta deja de ser técnica para volver a ser política e institucional: ¿Esquel tiene una Carta Orgánica pendiente de resolución o un capítulo cerrado de su historia?
En este marco, el intendente de Esquel confirmó que inició consultas técnicas con el vicegobernador Gustavo Menna para definir el futuro de la situación institucional de la Carta Orgánica, que lleva más de dos décadas sin resolución definitiva.
Menna, con reconocidos antecedentes académicos y experiencia en derecho constitucional, sería quien encabece un análisis técnico del estado actual del proceso, lo que permitiría contar con una evaluación más estrictamente jurídica y depurada de eventuales inconsistencias que se han sostenido en interpretaciones políticas previas.-
Como anticipamos ayer, este medio, Chubut Online, radicó una denuncia penal contra la emisora de radio FM del Lago, que transmite en el dial 105,5 Mhz en la ciudad de Esquel, propiedad de Daniel Almendra (responsable a cargo) y Gabriel Almendra (socio minoritario), bajo la sociedad “Aires de La Patagonia S.C.”, emisora fuertemente vinculada a Ricardo Bustos y a publicidad oficial multimillonaria.
La denuncia solicita la investigación del accionar de los responsables de la emisora para tramitar la pauta publicitaria oficial que recibe ese medio, especialmente por un programa de Fernando Bravo (Bravo Continental) que, aparentemente, habría dejado de transmitir en 2024 y que cuya pauta publicitaria se seguiría cobrando. No hemos estudiado aún, si los demás programas con pauta oficial siguen al aire o no.
La multimillonaria pauta, publicada en el boletín oficial de la provincia, tiene elementos que, a simple vista, serían compatibles con la figura del delito de estafa (Art. 172° del Código Penal); elementos que deberán ser analizados técnicamente por la justicia.
La FM del Lago Esquel suma, según se deduce de boletines oficiales, unos $12.250.000 mensuales de pauta oficial divididos en facturaciones iguales de $1.750.000 cada una correspondientes a distintos programas. No importa el horario, ni duración u origen de los programas; si son en vivo o retransmitidos, todos reciben el mismo monto; lo que resulta totalmente incomprensible.
Presupuestos y certificaciones publicitarias.
En términos generales, las publicidades se pactan a pedido de la empresa, detallando el espacio, el tiempo, y demás características del anuncio. Pero, además, una vez publicadas, la empresa debería emitir certificados que acrediten que esos anuncios fueron efectivamente publicados, ya que el ente de control se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.
La pregunta es, entonces, ¿Cómo certificaron en 2025 y 2026 la publicación de los espacios publicitarios contratados si el programa de Fernando Bravo había dejado de transmitirse hace alrededor de dos años? ¿Hubo, acaso, certificaciones no realizadas o certificaciones falsas?
Son respuestas que deberá obtener la justicia. Un pedido de publicidad, una certificación, un pago multimillonario durante meses o años, y una distancia de cientos de kilómetros del lugar en donde se aprueban las publicidades, y donde, lógicamente, la señal de la FM no llega.
Mucho olor a podrido.
El tema tampoco termina aquí. El tema está ligado a otra denunciaradicada hace pocos días, también por este medio, y a otra investigación de este medio cuyos detalles puede encontrar haciendo click aquí.
La repercusión de la noticia fue enorme: unas 34.000 vistas a Chubut Online para esa noticia (33.899 a la fecha para ser más precisos), demostrando el gran interés e indignación de la población, como así también, desenmascarando las burdas tretas de Bustos para intentar desacreditar a este medio que realizó las denuncias, al cual señaló públicamente como un medio al que «solo lo leen 34 personas«. Se olvidó de multiplicar ese número por mil, sin contar las visualizaciones desde otras entradas digitales.
Tanto para la denuncia anterior, como para la actual, se pidió la recusación de la Jefa de Fiscales, María Bottini, ya que habría sido pareja de Bustos, uno de los denunciados, que vive directa o indirectamente del dinero que ingresa a esa radio. Una amistad actual con la Jefa de Fiscales de Esquel, fue posteriormente reconocida por Bustos en el programa de streaming de Javier Comparada, lo pone en riesgo la objetividad que toda investigación judicial debe tener, si se realizara en su ámbito de acción.
De hecho, el tema es tan delicado, que ya hemos encontrado serias irregularidades por parte de la Fiscalía en la tramitación de la denuncia, antes que Bottini fuera alejada de la tramitación del Legajo por el procurador, es decir, previamente a la designación del fiscal actuante, que serán denunciadas en el transcurso de los próximos días, presumiblemente, a raíz de esa relación personal del denunciado y la Jefa de Fiscales. Ampliaremos.
La reacción de Bustos.
Como es su costumbre, Bustos realizó declaraciones distorsionando el eje de las denuncias y manipulando la realidad a su conveniencia para intentar convencer a algún oyente distraído sobre su situación en relación a los temas denunciados.
Claramente desorbitado, incurrió en contradicciones e infantilismos, que, lejos de aclarar el panorama, dejó torpemente evidencias sobre irregularidades mucho más graves que involucran a otros actores, hasta ahora no denunciados, y que deberán dar explicaciones ante la justicia a partir de las declaraciones de este personaje.
Sobre ese tema ampliaremos durante la semana.
Chubut Online, a partir del movimiento de una sola ficha del tablero, generó una reacción en cadena, que, como fichas de dominó que caen una tras otra, empezaron a aparecer otros presuntos delitos e irregularidades gravísimas. Ampliaremos.
La historia de Cuba está manchada con la sangre de miles de inocentes que soñaron con libertad y fueron aplastados por la bota militar de una dictadura que se disfrazó de revolución. La reciente muerte de Ramiro Valdés, a los 94 años, no es el adiós a un héroe nacional, sino el cierre de un ciclo macabro protagonizado por uno de los asesinos más cruentos que ha dado el continente americano. Valdés no fue un soldado de la libertad, sino el carcelero de una isla convertida en un campo de concentración a cielo abierto durante seis décadas.
La prensa oficialista, siempre cómplice del régimen, intenta vestir de luto a un tirano menor que supo ser la sombra alargada de Fidel Castro y el sanguinario Che Guevara. Junto a ellos, Valdés formó parte del pelotón de la muerte que desembarcó en el Granma, no para traer la democracia, sino para instaurar el terrorismo de Estado más prolongado de la historia reciente de Occidente. Mientras los hermanos Castro acaparaban los reflectores, Valdés operaba en las sombras de la Seguridad del Estado, dirigiendo la maquinaria de represión que silenció a golpes, torturas y fusilamientos a cualquier voz disidente.
El genocidio en Cuba no es una metáfora, es una realidad documentada por organismos de derechos humanos de todo el mundo, excepto por aquellos que prefieren mirar hacia otro lado por intereses geopolíticos. Valdés fue el arquitecto de un sistema de control social donde el delito de pensar diferente se pagaba con la vida o con la desaparición forzada. Mientras él se ejercitaba para mantenerse en forma hasta los 80 años y paseaba su barba de chivo por los pasillos del poder, los cubanos comunes morían de hambre en los hospitales o eran empujados al exilio en balsas precarias, buscando escapar de la pesadilla que él ayudó a construir.
Su figura es la personificación del fanatismo ideológico. Valdés nunca conoció el arrepentimiento. Hasta sus últimos días, con el uniforme verde oliva pegado al cuerpo decrépito, siguió arengando al pueblo a apagar las luces para sobrellevar la crisis energética que él mismo generó al sumir a la economía nacional en el atraso tecnológico y la dependencia extranjera. Condenó a los cubanos a la oscuridad mientras él vivía en la opulencia del poder, demostrando que el comunismo cubano no es más que otra dictadura de privilegiados disfrazada de igualdad.
La muerte de Valdés, al igual que la de Castro, deja un vacío en el mal, pero también una lección imborrable: el comunismo en Cuba fue, es y será sinónimo de miseria, persecución y crímenes de lesa humanidad. Mientras el régimen intenta enterrar a sus verdugos con honores de Estado, el mundo debe recordar que estos hombres no son héroes, son criminales de guerra que lograron evadir la justicia internacional, pero no el juicio de la historia. La única manera de honrar a las víctimas de la tiranía castrista es alzar la voz para que el nombre de Ramiro Valdés sea recordado con el desprecio que merece: como el de un asesino que se llevó a la tumba los sueños de libertad de todo un pueblo.
La Biblioteca Popular Tolkeyen de Esquel, ubicada en Malvinas Argentinas 1850, Barrio Sargento Cabral, es un espacio que debería ser un bastión de la cultura y el conocimiento para toda la comunidad, pero fue recientemente el escenario de un acto de militancia partidaria de la izquierda.
Tal como se publicó en redes sociales, el espacio —que recibe fondos estatales en el marco de la Ley 23.351— sirvió de sede para una jornada de «formación, volanteada y organización» del Partido Obrero. No fue una simple charla abierta, sino un evento explícito de campaña política, algo que resulta inaceptable y que exige una profunda reflexión sobre el destino de los recursos públicos.
La Ley 23.351, que regula el sistema de Bibliotecas Populares en Argentina, establece que estas instituciones son asociaciones civiles de bien público, comprometidas con la transferencia de conocimiento y la educación permanente. Su financiamiento, que proviene del esfuerzo de todos los contribuyentes, tiene un único y noble objetivo: fomentar la lectura, el acceso a la cultura y la información. Esta biblioteca se encuentra inscripta bajo el número de registro:4249 de la CONABIP.
Sin embargo, lo ocurrido en Esquel demuestra una perversión de este sistema. Un espacio creado para la comunidad es cooptado por un partido político para sus fines particulares, convirtiendo un bien público en un escenario de propaganda política.
Es indignante que, mientras la Biblioteca Tolkeyen dice atravesar dificultades económicas y reclama el pago de fondos adeudados, sus directivos permitan que se utilice para actividades que nada tienen que ver con su misión. La comunidad de Esquel no merece que el espacio que contribuye a sostener sea manoseado por la política partidaria.
En la siguiente imagen podemos ver algunos de los tantos anuncios para el claro fomento de ideologías de izquierda, publicados por esta biblioteca; convoca a paros contra el gobierno, fomenta ideologías de género con invensión de terminologías ridículas; y queda perfectamente clara su vinculación a otras agrupaciones que atentan constantemente contra los argentinos y la paz social.
La imagen de un grupo de militantes repartiendo panfletos del Partido Obrero en el centro de la ciudad, junto a las fotos del evento en la biblioteca, confirma que no se trató de un encuentro cultural, sino de una operación de campaña encubierta.
Este tipo de prácticas son habituales en ciertos sectores de la izquierda, que ven en las instituciones subsidiadas por el Estado una oportunidad para financiar su activismo con dinero ajeno.
No es la primera vez que ocurre, hacen lo mismo con las universidades, no permiten auditorías, lo replican en institutos terciarios, y lamentablemente no será la última si no se toman cartas en el asunto.
La falta de control y la complicidad de algunos permiten que estas bibliotecas se conviertan en centros de adoctrinamiento, donde se organizan todo tipo de eventos con una marcada ideología de izquierda. Aunque el resultado, como era de esperarse, es un rotundo fracaso en términos de convocatoria: apenas un puñado de personas asiste a estos actos, lo que evidencia que no responden a un interés genuino de la comunidad, sino a la necesidad de los políticos de turno de mostrar «actividad» para justificar el dinero que reciben.
Es imperativo que las autoridades nacionales y provinciales, a través de la CONABIP, tomen cartas en el asunto. No se puede permitir que el dinero de los impuestos de los argentinos, y en particular de los chubutenses, sea utilizado para financiar la militancia de un partido político. La Biblioteca Popular Tolkeyen debe volver a ser lo que siempre debió ser: un espacio de encuentro para la cultura, la educación y el sano esparcimiento, no un comité del Partido Obrero ni de ningún otro partido o agrupación política. Los fondos públicos son sagrados y su uso debe ser auditado y transparente. La sociedad no puede seguir tolerando que se usen instituciones que deberían ser neutrales para fines partidarios.
Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, pocos apostaban por la supervivencia de Ucrania. Un ejército diez veces más grande, con una maquinaria bélica heredada de la era soviética y recursos energéticos inagotables, parecía destinado a aplastar en cuestión de días a su vecino. Cuatro años después, la realidad es muy distinta: Ucrania no solo resiste, sino que está ganando. Y lo hace con una combinación letal de ingenio, heroísmo y una revolución tecnológica que ha puesto patas arriba el arte de la guerra.
Los comienzos de una guerra desigual
La guerra no comenzó en 2022. Ucrania lleva once años lidiando con la agresión rusa desde la anexión ilegal de Crimea en 2014 y el conflicto en el Donbás. Pero fue la invasión a gran escala de 2022 la que despertó al mundo. Rusia esperaba una guerra relámpago; se encontró con una nación que se negaba a rendirse. En aquellos primeros meses, la defensa de Kiev, la resistencia de Mariúpol y la batalla por el Donbás escribieron las primeras páginas de una epopeya que aún continúa.
La revolución de los drones: el arma que cambió todo
El verdadero punto de inflexión ha sido tecnológico. Ucrania ha desarrollado una industria de guerra no tripulada que hoy despliega un 30% más de drones de ataque que Rusia, alcanzando una proporción de 1,3 a 1 a su favor. No es solo cuestión de cantidad: la evolución ha sido vertiginosa. Ucrania utiliza aproximadamente 9.000 drones al día, unos 270.000 al mes. Los drones controlados por fibra óptica, resistentes a interferencias electrónicas, representan ya el 32% de sus operaciones diarias frente al 24% ruso.
Esta revolución ha tenido un efecto devastador en el campo de batalla. Los drones son hoy la principal causa de bajas en combate, representando hasta el 80% de los muertos y heridos en el frente, frente a menos del 10% en 2022. La presencia constante de miles de drones FPV ha hecho imposible el uso de helicópteros sanitarios para evacuar heridos. Las evacuaciones, que en conflictos anteriores se medían en minutos, ahora tardan una media de siete días y pueden prolongarse hasta varias semanas. Eso, en términos médicos, es una sentencia de muerte para muchos soldados.
Bajas rusas: una sangría histórica
Los números son escalofriantes. Desde el inicio de la invasión, las bajas totales del ejército ruso ascienden a aproximadamente 1.385.420 soldados. Altos funcionarios de la OTAN estiman que Rusia ha sufrido entre 1,3 y 1,45 millones de bajas totales, incluyendo aproximadamente 500.000 muertos.
Pero lo más revelador es la proporción entre muertos y heridos. En la guerra de Ucrania, esa proporción se ha reducido en el ejército ruso a un muerto por cada 1,3 heridos. En conflictos anteriores solía haber un muerto por cada tres o cinco heridos. Esta proporción, similar a la de la Primera Guerra Mundial, revela una realidad brutal: la guerra moderna con drones está matando más y salvando menos. El Kremlin se enfrenta ahora a una crisis de reclutamiento: por primera vez, los niveles mensuales de reclutamiento han caído sistemáticamente por debajo del número de soldados muertos o heridos. Las prisiones rusas, vaciadas de convictos enviados al frente, ya no son suficientes; ahora reclutan a estudiantes universitarios de entre 18 y 21 años y hasta discapacitados.
Golpes a la economía rusa: el petróleo en llamas
Mientras el frente se desgasta, Ucrania ha llevado la guerra al corazón económico de Rusia. La campaña de ataques contra la infraestructura energética rusa se ha intensificado en los últimos meses.
Esta semana, decenas de drones ucranianos se abalanzaron sobre Moscú, impactando por segunda vez en la refinería de petróleo de Gazprom, situada a apenas 15 kilómetros del centro de la capital. Esta planta refina 12,1 millones de toneladas anuales, cubriendo más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.
Las imágenes de grandes columnas de humo sobre ciudades rusas se han vuelto recurrentes. Los ataques han alcanzado refinerías en Krasnodar, Tatarstán, Saratov y San Petersburgo. El puerto de Primorsk, el mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el mar Báltico, también ha sido alcanzado. Las consecuencias son tangibles: las gobernaciones de Krasnodar y Tatarstán han cerrado decenas de gasolineras, y la petrolera Tatneft ha impuesto un límite de 20 litros de combustible por vehículo. Rusia, el tercer productor de petróleo del mundo, se ha visto obligada a importar combustible por vía marítima para hacer frente a la escasez.
La defensa aérea rusa, burlada una y otra vez
Quizás el golpe más humillante para Moscú es que su moderna defensa aérea —considerada una de las mejores del mundo— está siendo sistemáticamente burlada. Los ataques con drones han llegado a Moscú y San Petersburgo, las dos ciudades más protegidas de Rusia. El 17 de mayo, Ucrania atacó la región de Moscú con más de 500 drones. Días después, drones ucranianos llovieron sobre San Petersburgo, ciudad natal de Putin, horas antes del foro económico insignia del Kremlin.
Rusia se ha visto forzada a reforzar los anillos de defensa aérea alrededor de Moscú, reubicando sistemas de otras regiones, lo que crea nuevos puntos débiles en su defensa. Es una guerra de desgaste en la que Ucrania, con armas de bajo coste, está obligando a Rusia a gastar misiles antiaéreos que cuestan decenas de veces más que los drones que derriban.
Crimea: el cerco que se cierra
La estrategia ucraniana tiene un objetivo claro: aislar Crimea. La península, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, se ha convertido en un grave problema estratégico para Moscú. Ucrania está atacando sistemáticamente las líneas de suministro que conectan Crimea con el territorio ruso. En pocas noches, drones ucranianos atacaron puentes en Chonhar, Henichesk, Myrne y Armyansk. El puente de Kerch, el único enlace terrestre entre Crimea y Rusia, ha sido alcanzado en múltiples ocasiones.
Los drones navales ucranianos impiden el libre paso de embarcaciones alrededor de la península. La escasez de combustible en Crimea es tan grave que ni siquiera los grupos móviles utilizados para derribar drones tienen suficiente. Como ha declarado Robert «Madyar» Brovdi, jefe de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania: «Crimea quedará aislada en un futuro próximo». La recuperación de Crimea, el botín más preciado de Putin, parece estar más cerca que nunca.
Un ejército de héroes contra la adversidad
Detrás de esta revolución tecnológica hay una historia de heroísmo y adaptación que merece ser contada. Ucrania ha construido su propia industria de defensa desde cero, bajo bombardeos, con recursos limitados y contra un enemigo que supera en todo menos en voluntad. Ha transformado su forma de combatir mediante el uso masivo de robots terrestres, drones y sistemas no tripulados. Estados Unidos, la superpotencia tecnológica por excelencia, busca ahora acceder a la tecnología ucraniana de drones y sistemas de guerra electrónica. El alumno ha superado al maestro.
El pueblo ucraniano ha demostrado una capacidad de adaptación a situaciones hostiles que pocas naciones podrían igualar. Contra un ejército diez veces más grande y con más recursos, han respondido con inteligencia, creatividad y un coraje que ya es legendario.
El triunfo que se vislumbra
Los indicadores son claros: Rusia está perdiendo esta guerra. No en el sentido propagandístico, sino en el terreno, en la economía y en la moral. Las bajas son insostenibles, el reclutamiento no cubre las pérdidas, la economía energética está siendo estrangulada y la defensa aérea, antes infalible, ha sido humillada una y otra vez.
Ucrania, por el contrario, crece en capacidad, innovación y determinación. La recuperación de Crimea, que parecía un sueño imposible hace un año, es hoy una posibilidad real. La guerra no ha terminado, y el camino aún es duro. Pero por primera vez desde 2014, la victoria ucraniana no es una esperanza: es una tendencia imparable.
La provincia de Chubut se prepara para vivir una jornada histórica en el calendario deportivo regional. El próximo 18 de julio, la localidad de José de San Martín se vestirá de gala para albergar un festival de boxeo internacional que pondrá en juego dos títulos de carácter mundial, un hecho inédito para la comuna y de enorme relevancia para el deporte chubutense.
El evento es organizado por Rubén Castagnino, flamante representante en la provincia de Chubut de dos de las entidades más prestigiosas del boxeo a nivel global: el Consejo Universal de Boxeo (UBC) y la Asociación Mundial de Boxeo Femenino (WIBA). El propio Castagnino, técnico internacional de boxeo con residencia en Esquel, confirmó los detalles de la velada, que cuenta con el apoyo del Club Huracán de José de San Martín y del entrenador local Carlitos Acuña, pilares fundamentales en la organización del evento.
Un salto de calidad para el boxeo de la Patagonia
La llegada de este festival internacional no es un hecho casual. Castagnino, oriundo de Gobernador Costa y criado en Esquel, ha forjado una carrera de excelencia que lo llevó a ser designado como representante oficial de la UBC y la WIBA en Chubut tras su participación en el Congreso Mundial de Boxeo realizado en Cartagena, Colombia. Este respaldo institucional le permite hoy organizar eventos de primer nivel en la provincia.
“Esto les abre las puertas a muchos pibes para poder salir a competir fuera de Argentina y medirse con otros niveles”, destacó Castagnino, subrayando el impacto que tendrá esta oportunidad para los jóvenes boxeadores de la región. La posibilidad de disputar títulos internacionales en suelo local no solo eleva el prestigio del boxeo chubutense, sino que también genera una vidriera única para que los talentos de la Patagonia sean vistos por el mundo.
Títulos internacionales en juego
Lo que hace especialmente trascendente a esta velada es que, por primera vez en la historia de José de San Martín, se pondrán en juego dos cinturones internacionales avalados por organismos de enorme trayectoria. La UBC y la WIBA han tenido a grandes campeones argentinos entre sus filas. Ejemplo de ello es la recordada Alejandra “La Locomotora” Oliveras, una de las campeonas mundiales que brilló con luz propia en la WIBA y que supo llevar el nombre de Argentina a lo más alto del podio internacional.
Castagnino, que hoy ostenta el título de técnico internacional de ambas asociaciones, busca que Chubut se convierta en un semillero de nuevos valores y en un polo de atracción para el boxeo de elite. Su trabajo diario con los chicos de la provincia, sumado a la organización de estos festivales, apunta a darle al boxeo chubutense la importancia que merece en el contexto nacional e internacional.
Un evento con sello local y proyección global
La elección de José de San Martín como sede no es menor. La localidad, que ya ha sido escenario de importantes veladas, se prepara para recibir a boxeadores y público de toda la región. La organización está a cargo de un equipo comprometido que incluye al presidente del Club Huracán y a Carlitos Acuña, referentes del deporte en la zona.
Este festival no solo es una competencia, sino una fiesta del boxeo que busca integrar a la comunidad y mostrar el potencial de los deportistas de Chubut. “Con mucho sacrificio he logrado tener esta gran oportunidad de organizar estos eventos con hermosos títulos internacionales”, expresó Castagnino, quien invita a todos los amantes del boxeo a ser parte de esta cita inolvidable.
El 18 de julio, José de San Martín se convertirá en el epicentro del boxeo argentino. Una oportunidad única para presenciar peleas de alto calibre, alentar a los representantes locales y ser testigo de un capítulo fundamental en la historia deportiva de la provincia.
La Policía Federal detuvo en San Telmo a Andrés “Plin” Acosta, líder de la banda narco Los Menores e integrante de la barra de Rosario Central.
La Policía Federal Argentina asestó un golpe certero al crimen organizado al detener a Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe. El operativo se concretó en la madrugada del lunes, alrededor de las 7:30, a la salida del boliche Museum, ubicado en la intersección de las calles Perú y Venezuela, en el corazón del barrio porteño de San Telmo. Sobre el delincuente pesaba una recompensa de 25 millones de pesos para quien aportara datos que permitieran su paradero.
Acosta, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, estaba prófugo desde junio de 2025. Su nombre comenzó a resonar con fuerza en los expedientes judiciales cuando, en un allanamiento realizado en su vivienda de Rodríguez al 100, se secuestraron cuatro fusiles de asalto Colt M4 y una pistola Glock 9 mm. Desde entonces, era intensamente buscado por la Justicia santafesina por los delitos de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y actividades vinculadas al narcomenudeo.
Pero el verdadero peso de su captura radica en sus vínculos con la estructura criminal más violenta que opera en Rosario. Acosta es señalado como uno de los líderes de la banda conocida como “Los Menores”, la organización que tomó el control de la tribuna del Club Atlético Rosario Central tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024. Además, los investigadores lo vinculan directamente con Francisco “Fran” Riquelme, un recluso de alta peligrosidad condenado a prisión perpetua y considerado jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de Rosario.
Pero el prontuario delictivo de “Plin” no se limita al narcotráfico y la tenencia de armas. También está acusado de participar en ataques con armas de fuego contra establecimientos educativos y una dependencia policial en Rosario. Estos hechos, que conmocionaron a la comunidad santafesina, forman parte de una escalada de violencia que el gobierno provincial viene combatiendo con una estrategia integral de inteligencia y seguridad.
El operativo que culminó con la detención de Acosta fue el resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre múltiples agencias del Estado. Participaron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Provincia de Santa Fe (CIOPE) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La investigación fue ordenada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y encabezada por el fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía Regional de Rosario.
Fuentes policiales confirmaron que Acosta intentó oponer resistencia al momento del arresto, por lo que debió ser reducido por los efectivos presentes. Luego de su captura, fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires y, tres días después, en medio de un importante operativo de seguridad con participación de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fue derivado a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, en Santa Fe, un penal de máxima seguridad donde se alojan los reclusos de mayor peligrosidad del país.
La detención de “Plin” Acosta no es un hecho aislado. Se inscribe en una ofensiva del Estado contra el crimen organizado transnacional y sus expresiones locales. Tal como lo expresaron fuentes oficiales, “el crimen organizado transnacional y su expresión local en organizaciones como ‘Los Menores’ constituye una de las amenazas prioritarias que el Sistema de Inteligencia Nacional monitorea de forma continua”. La articulación entre la SIDE y las fuerzas de seguridad federales y provinciales se perfila como la única vía efectiva para desarticular estas estructuras que operan con lógicas mafiosas y que han sembrado el terror en gran parte del territorio santafesino.
La captura de Acosta además puede resultar clave en la investigación que busca dar con el paradero de Matías Gazzani, el líder máximo de Los Menores, cuyo rastro se perdió hace casi dos años. Con esta detención, la Justicia espera obtener información valiosa que permita avanzar en el desmantelamiento total de la organización criminal.
La Argentina marca un hito histórico en materia de seguridad: la tasa de homicidios dolosos se ubicó en 3,6 cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde que se tienen registros y la mejor de toda América Latina.
Este logro, confirmado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), representa una reducción del 7,3% respecto de 2024 y una caída acumulada del 18,4% en los últimos dos años. Los datos, que ubican a la Argentina muy por debajo del promedio regional, confirman una tendencia descendente que se profundiza en el primer trimestre de 2026, con una nueva baja del 15,6% interanual.
El informe oficial, presentado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, revela que el país no solo logró reducir drásticamente los índices de criminalidad violenta, sino que se posiciona como un faro en la región. La tasa de 3,6 homicidios por cada 100.000 habitantes contrasta fuertemente con los 4,4 registrados en 2023, lo que evidencia una transformación profunda en las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Este descenso sostenido no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia integral que prioriza la ley, el orden y la certeza del castigo para quienes cometen delitos graves.
Uno de los aspectos más destacados del informe es la significativa caída de los asesinatos de mujeres. Durante 2025, los asesinatos de mujeres por razones de género se redujeron un 10,8%, mientras que en la comparación bienal la baja alcanza el 23,5%. Esta disminución pone en cuestión las políticas de gestión anteriores, caracterizadas por un abordaje que, según analistas, priorizaba la retórica y el gasto en estructuras burocráticas antes que resultados concretos. La eliminación del Ministerio de la Mujer, considerado un símbolo de aquella etapa, coincide con un período en el que la violencia contra las mujeres muestra una tendencia a la baja sin precedentes.
El contraste con los gobiernos populistas anteriores es inevitable. Durante aquellos años, a pesar de las campañas oficiales contra la violencia de género, los femicidios crecieron de manera alarmante. Las políticas asistencialistas y los discursos huecos no lograron frenar una curva ascendente que hoy, con un enfoque diferente, ha comenzado a revertirse. Los datos actuales demuestran que las medidas efectivas, basadas en la firmeza del Estado y el respaldo a las fuerzas de seguridad, son las que realmente protegen a las mujeres y a toda la ciudadanía.
El kirchnerismo, que durante su gestión votó sistemáticamente en contra de endurecer las penas para violadores y homicidas, y que impulsó un ministerio que derivó en millonarios desvíos de fondos públicos hacia organizaciones afines, queda hoy retratado por los números. Mientras aquellos gobiernos priorizaban la militancia y la ideología, la gestión actual demuestra que la seguridad se construye con políticas concretas, no con slogans. El mensaje es claro: en la Argentina de hoy, el que las hace, las paga.
La tendencia a la baja se mantiene firme en 2026. Durante los primeros tres meses del año, los homicidios cayeron un 15,6% en comparación con el mismo período de 2025, consolidando una curva descendente que no tiene parangón en la historia reciente del país. Este desempeño ubica a la Argentina no solo como el país con la tasa más baja de América Latina, sino también como un caso de estudio en la región para aquellos que buscan combatir eficazmente el delito.
El desafío ahora es sostener y profundizar estas políticas. Los números son contundentes y reflejan una realidad que muchos se negaban a ver: la seguridad no se construye con discursos ni con ministerios innecesarios, sino con decisión política, respaldo a las fuerzas del orden y un sistema judicial que garantice que ningún delito quede impune. La Argentina ha dado un giro histórico y los resultados, medidos en vidas salvadas, son la mejor prueba de que el rumbo es el correcto.
Las exportaciones de limón argentino y sus productos derivados marcan un récord en dos décadas con un crecimiento del 36% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026.
El complejo citrícola argentino atraviesa su momento más dulce de los últimos veinte años. Según los últimos registros del sector, las exportaciones de limones y sus derivados alcanzaron cifras sin precedentes entre enero y abril de 2026, consolidando al país como un actor clave en el mercado global de frutas frescas e industrializadas.
Durante los primeros cuatro meses del año, el valor total de las ventas externas del complejo de cítricos agrios trepó un 36% interanual, hasta superar los 108 millones de dólares. Este desempeño estuvo acompañado por un incremento del 50% en el volumen embarcado, que totalizó 50.085 toneladas. Se trata del mejor arranque de año desde que se tienen registros comparables, y refleja tanto la recuperación de la producción como el dinamismo de la demanda internacional.
El motor de este crecimiento fue, sin dudas, el limón fresco. Las ventas externas de esta variedad experimentaron un salto del 76% en cantidad y del 129% en facturación, alcanzando los 26 millones de dólares. Esto representa un incremento de 14,7 millones de dólares en relación al mismo período de 2025, impulsado por una cosecha de excelente calidad y por la apertura de nuevos mercados que valoran el producto argentino.
Pero el récord no se limita a la fruta entera. El jugo concentrado de limón, uno de los principales derivados industrializados, creció un 23,6% en volumen y un 67,1% en valor, con ventas que llegaron a los 32,4 millones de dólares, unos 13 millones más que el año anterior. Este producto, clave para la industria alimentaria y de bebidas a nivel mundial, encontró en los mercados europeos y asiáticos un apetito creciente.
Sin embargo, el dato más destacado lo aporta el aceite esencial de limón, que batió su propio récord al alcanzar ventas por 48,2 millones de dólares, un 6% por encima de 2025. El precio promedio por tonelada se ubicó en 24.477 dólares, un 9% superior al año previo, lo que evidencia no solo mayor demanda sino también una revalorización del producto argentino en el segmento de insumos de alta gama para perfumería, cosmética y saborizantes.
En cuanto a los destinos, el mapa de exportaciones se diversifica cada vez más. Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia encabezan el ranking de compradores habituales, pero los crecimientos más explosivos se registraron en mercados no tradicionales: China escaló un 921%, España un 729%, Francia un 640%, Japón un 217% y Grecia un 176%. Esta ampliación de la cartera de clientes reduce la dependencia de unos pocos compradores y otorga mayor estabilidad al sector.
Desde las cámaras empresarias y los productores de las principales regiones citrícolas del país, se destaca el esfuerzo logístico y la inversión en poscosecha que permiten llegar en óptimas condiciones a destinos tan lejanos. La combinación de ventajas fitosanitarias, contraestación con el hemisferio norte y una creciente reputación de calidad posiciona a la citricultura argentina como un ejemplo de éxito agroexportador a nivel nacional.
Las proyecciones para el resto del año son alentadoras, aunque el sector mantiene la cautela ante posibles fluctuaciones cambiarias y logísticas. Por ahora, los números del primer cuatrimestre confirman que el limón argentino no solo es un símbolo de identidad productiva, sino también un motor económico que genera divisas, empleo y desarrollo en toda la cadena de valor, desde el campo hasta el puerto, con impacto directo en la balanza comercial del país.
La muerte de Tati Almeida reabre el debate sobre las desapariciones durante el gobierno de Isabel Perón, antes de la dictadura de 1976. Su hijo Alejandro fue secuestrado por la Triple A en 1975.
Tati Almeida y su hijo: la verdad sobre una desaparición en democracia
La reciente muerte de Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ha despertado nuevas controversias en Argentina. Sin embargo, su partida también invita a revisar con rigurosidad los hechos que marcaron su vida y la lucha que encabezó durante décadas. Es imperioso separar la verdad histórica de los relatos que, por omisión o conveniencia política, han distorsionado lo ocurrido.
Cabe recordar que Juan Domingo Perón odiaba a los comunistas, a los montoneros, y otras agrupaciones terroristas que se identificaban con el peronismo, y hasta los echó de la Plaza de Mayo.
El secuestro de Alejandro Almeida: un hecho del gobierno de Isabel Perón
Alejandro Martín Almeida, hijo de Tati, fue secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía 20 años. Cursaba el primer año de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en la agencia Télam y en el Instituto Geográfico Militar. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El hecho ocurrió en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. La dictadura cívico-militar que usualmente se asocia con las desapariciones forzadas, recién comenzó el 24 de marzo de 1976, nueve meses después del secuestro de Alejandro. La dictadura no tuvo nada que ver con su desaparición.
La Triple A y el terrorismo de izquierda en los años 70
Alejandro Almeida fue víctima de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o Triple A, una organización parapolicial que operó durante el gobierno peronista de Isabel Perón. Esta agrupación, liderada por José López Rega, ministro de Bienestar Social de Perón e Isabel, eliminaba sistemáticamente a militantes de izquierda y opositores.
Pero no puede entenderse este contexto sin mencionar la ola de violencia que sacudía al país desde principios de los años 70. Organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP cometieron cientos de atentados terroristas, asesinatos y secuestros, con el objetivo de tomar el poder por la fuerza. Entre 1969 y 1975, 687 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados por estas agrupaciones. La sociedad civil también sufrió el accionar de estos grupos que no tenían ningún aval democrático ni representación popular.
La distorsión de los relatos
Uno de los puntos más problemáticos del discurso de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es la deliberada confusión cronológica que presentan al narrar las desapariciones. Al incluir casos como el de Alejandro Almeida —ocurrido en democracia y bajo un gobierno peronista— dentro del mismo relato que las víctimas de la dictadura de 1976, se construye una narrativa que oculta responsabilidades incómodas.
Tati Almeida, como muchas de sus compañeras, provenía de una familia militar y tenía una formación tradicional. Su transformación en activista fue genuina y dolorosa, pero el relato que ayudó a construir omite sistemáticamente que el gobierno que permitió la existencia de la Triple A era peronista y democrático. No hubo golpe de Estado ni dictadura cuando secuestraron a su hijo.
Corrupción: la causa «Sueños Compartidos»
Más allá del legado de lucha por los derechos humanos, no puede ignorarse, además de la distorsión de la historia, el escándalo de corrupción que salpicó a la organización mucho más tarde, durante el kirchnerismo.
Un ejemplo de ello es la causa «Sueños Compartidos» que investiga el desvío de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El Estado Nacional giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo un total de 748 millones de pesos entre 2008 y 2011. Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, fue procesada por fraude al Estado por un desvío de 12,8 millones de dólares.
Tati Almeida, si bien pertenecía a la Línea Fundadora —una vertiente distanciada de Bonafini—, no quedó excenta de críticas por formar parte de una estructura que se benefició económicamente del poder político y que hoy enfrenta serias acusaciones judiciales.
La verdad no debería ocultarse.
La muerte de Tati Almeida es una pérdida para quienes valoran la lucha por la memoria y la justicia. Pero también es una oportunidad para que la sociedad argentina reflexione sobre la verdad completa: su hijo no desapareció durante la dictadura, sino durante un gobierno democrático peronista, a manos de una organización parapolicial creada y tolerada por ese mismo gobierno.
Las Madres de Plaza de Mayo han sido mostradas como defensoras de los derechos humanos, pero también han contribuido a distorsionar la historia al presentar las desapariciones de la década del 70 como un fenómeno exclusivo de la dictadura. La verdad no se construye con omisiones. Honrar a las víctimas exige narrar los hechos con precisión, sin importar qué gobiernos o ideologías resulten interpelados. De los más de 8000 desaparecidos (30.000 para el mito popular), muchos desaparecieron o murieron anteriormente a la dictadura.
No hablamos de mega inversiones, industrias nuevas, ni de capitales extranjeros nuevos que vienen a invertir en el país para fomentar el trabajo y la industria. No. Se trata de impuestos abusivos para la gente común y corriente, e insultantes descuentos a quienes no se encuentra justificación para que los tenga.
La vieja política sigue en pie en Esquel: lejos de cortar gastos innecesarios, se suben impuestos para que la gente pague y mantenga lo que es insostenible.
En este caso puntual, Chubut Online accedió a la facturación municipal por impuesto automotor de un vehículo de una empresa de alquiler de vehículos instalada hace no mucho tiempo, anunciada con bombos y platillos por las autoridades municipales.
¿Descuentos insultantes o impuestos abusivos?
Mientras un vecino común y corriente paga más de $62.700 por el solo hecho de ser propietario de un vehículo, esta empresa paga tan solo $3.700 aproximadamente; un disparate y una injusticia brutal que no encuentra asidero en ninguna lógica admisible.
Los vecinos de Esquel pagan aproximadamente 20 veces más de impuestos que esa empresa.
Podemos decir, que, en realidad, la empresa paga lo que se debería pagar por impuesto automotor y todo el resto de la ciudadanía está siendo “estafada legalmente” con sobreprecios impositivos por la Municipalidad de Esquel.
Un reciente video publicado por Patricia Vásquez, en el programa “La Trinchera”, da cuenta de lo que se paga en otros países como impuesto automotor. Hizo mención de tan sólo US$30.- ANUALES que se pagan en ciertos lugares de EEUU por el mismo concepto; es decir, alrededor de $42.000 ANUALES, contra $60.000 MENSUALES que cobra la Municipalidad de Esquel y otras tantas municipalidades del país.
Si esto no es una estafa al ciudadano, ¿Qué es?
Lo cierto es que vamos a contramano del primer mundo y todos esos impuestos excesivos no se ven reflejados en beneficios para los ciudadanos. Gobernar en base a impuestos sobrevaluados, acogotando a los vecinos, no es gobernar, ni saca a relucir talento alguno para la administración.
La pregunta es: ¿hasta cuándo la gente va a soportar este tipo de abusos?
Dicen que no viven del Estado. Al menos, esas afirmaciones se las ha escuchado alegremente de boca de Ricardo Bustos, un hablador serial que desparrama barbaridades a mansalva por FM del Lago, producto de su imaginación; sin importarle a quién dañe, ni el honor de las personas a quienes se refiere.
Ha despotricado contra los que viven del Estado, situándose en un pedestal imaginario con el dedo acusador apuntando hacia todo empleado público.
Sin embargo, la realidad parece darle una cachetada a su discurso. Bustos se muestra como un simple empleado de Fm del Lago, desde donde inunda de veneno a toda la ciudad. Pero… ¿Quién le paga a Bustos?
El dueño de FM del Lago.
Por otro lado, tenemos a alguien que es responsable directo de esa radio y que no sólo no le pone un freno a su charlatán preferido, sino que juega a mirar a otro lado con las cosas que pasan en su propia empresa. El juego del santito y el demonio ya hartó.
Ese es Daniel Almendra, que, junto a su hermano Gabriel, son propietarios de la firma “AIRES DE LA PATAGONIA, SOCIEDAD COMUNITARIA”, cuyo nombre comercial es “FM del Lago, Esquel” y mediante la cual cobran millones y millones en publicidad oficial y también han cobrado enormes sumas de dinero del Estado alquilando equipos de sonido. Daniel Almendra es el que está a cargo de la empresa.
Según el boletín oficial, Fm del lago cobra algo así como $12.250.000 mensuales. Sí, leyó bien, MÁS DE DOCE MILLONES DE PESOS AL MES DEL ESTADO.
Todo esto, sin contar otras facturaciones que hace Almendra al Estado, con otro CUIT, con el mismo domicilio fiscal que su empresa, y alquilando los mismos equipos. Como ejemplo, podemos ver unos $6.300.000 (SÍ, MÁS DE SEIS MILLONES)que cobró de la Municipalidad de Esquel en febrero de 2026.
Ese mismo mes de febrero, Almendra juntó entre FM del Lago y su facturación con otro CUIT, nada menos que la suma de $18.550.000 del estado municipal y provincial. Todo, sin ahondar en otras posibles facturaciones que pudieron haber existido y otras posibles, quizás, a nombre de Bustos u otro nombre de fantasía.
El caso Bustos.
El hablador serial más caro de la historia, dice no cobrar publicidad oficial, que eso es asunto de la empresa de la que es “empleado”, refiriéndose a FM del Lago, claro está.
El problema es que, por lo que pudimos ver, Bustos no figura en ARCA como empleado, y figura como monotributista que vende publicidad. Como condimento, su domicilio fiscal lo tiene en el barrio Peña de Esquel, en una casa donde vivió hace unos 30 años cuando aún tenía el apellido Matos. Es raro que no haya actualizado su domicilio fiscal en esos 30 años, al de su casa de Villa Ayelén, que habría comprado con su sueldito de empleado de una radio en la que no figura como empleado… cosas raras de la vida.
El dinero que le entra a Bustos desde esa radio, es, entonces, un gran misterio fiscal.
Lo cierto es que es dinero que viene de a decenas de millones desde las arcas provinciales, mientras mucha gente se caga de hambre, no hay plata para nombrar médicos, las escuelas están defectuosas, y no hay insumos en varias dependencias del estado.
Y no estamos hablando de un solo mes en el que se cobró esa fortuna. No, no. Estamos hablando de décadas de publicidad oficial y servicios de sonido por mucho, mucho dinero.
Pareciera ser, que los críticos de los que cobran un sueldito del estado, son los principales vividores del estado.
¿Publicidad en un programa fantasma?
El tema se pone más preocupante cuando vemos que esa radio cobra enormes sumas de dinero por un programa que, aparentemente, dejó de transmitir en 2024. Se trata del programa “Bravo Continental”, que según la información recabada por internet cerró sus persianas hace dos años, pero la FM del Lago sigue facturando en 2026.
Y esto es grave. Estamos hablando de la presunción de un delito contra el Estado. Plata que estaría siendo erogada sin control alguno.
La millonada de dinero del Estado que recibe Almendra a través de AIRES DE LA PATAGONIA S.C. viene facturada en distintos fragmentos. Algo muy raro, porque los $12.250.000 mensuales que recibe están divididos en fracciones de $1.750.000; es decir, todos los programas valen lo mismo, sean de producción local, foránea, y sin importar las distintas franjas horarias que conllevan distintas densidades de público. Los muchachos ni siquiera se calentaron en facturar más discretamente.
¿En función de qué cobra Bustos?
Como ya dijimos, la situación de Bustos es muy rara. Dice ser empleado, pero no lo es, salvo que lo sea en negro. Es monotributista para vender publicidad y, por el momento, solo él sabe a quién le factura y cuánto. Recientemente, simuló honestidad señalando que era monotributista categoría B o C y tiene otra por más ingresos. Es posible que haya sorpresas.
El tema es que estar en un ambiente en donde viene plata muy fácil del Estado y sin control, parece ser un ambiente tentador. Y la dependencia de la plata fácil, muchas veces puede generar adicción; el ser humano tiene sus tentaciones.
Hay quienes sospechan que esa tentación podría ser el motor de las jugarretas políticas que vino haciendo Bustos: papelones por doquier con el claro objetivo de destruir la estructura política de un partido que viene arrasando en Chubut.
Estamos hablando de toda la artistada de Bustos contra César Treffinger, el único representante natural -y bien ganado- de La libertad Avanza en Chubut.
Treffinger cambió totalmente el panorama electoral en Chubut y eso generó que lo ataquen desde los dos espacios opositores: el oficialismo provincial y el peronismo.
Queda la incógnita entonces, de saber, si de todo ese dinero, aparentemente sin control, que recibe la radio en donde Bustos dice ser el empleado que ante ARCA no es, no habrá una parte para “bancar” los escándalos que hizo Bustos para destruir a LLA en Chubut y beneficiar a alguna de las oposiciones.
Eso es al menos, lo que se ha escuchado en la calle en varias oportunidades. Certezas no hay, pero sí vemos una millonada de plata mensual, situaciones muy irregulares, y un tipo que arma escándalos en los que ni siquiera midió que se iba a comer algunas denuncias penales serias. ¿Alguien en su sano juicio busca entrar en líos penales, o cabe la suposición de haber un «gran incentivo» para ello?
Siendo sinceros, en nuestra opinión, Bustos tampoco ha dado muestras de ser una persona muy inteligente que digamos. La torpeza, a veces, no conoce límites ni fronteras y deja expuestas cuestiones, que, sin esa torpeza, jamás hubiesen salido a la luz.
Axel Kicillof acumula una deuda de $8.278 millones con el Hospital Garrahan, niega lo evidente y repite la vieja usanza kirchnerista: hospitales sin insumos, tapitas para sobrevivir y recursos robados.
Mentiras, deudas y cinismo: el estilo k.
El gobernador Axel Kicillof volvió a insultar la inteligencia de los bonaerenses. Dijo que la provincia pagó toda su deuda con el Hospital Garrahan. Es falso. La deuda real supera los 8.278 millones de pesos y crece cada día mientras miles de chicos siguen esperando respuestas. Pero este no es un hecho aislado: es la foto de décadas de kirchnerismo puro y duro. Los mismos que vaciaron hospitales, robaron fortunas y convirtieron la salud pública en una postal de miseria.
¿Alguien olvidó los años en que el Hospital Garrahan, emblema de la pediatría argentina, juntaba tapitas de gaseosas para poder comprar insumos básicos? Mientras Cristina Fernández de Kirchner y su círculo saqueaban las arcas del Estado con causas judiciales que hoy la tienen condenada por corrupción, los chicos más vulnerables pagaban el precio. Los quirófanos sin gasas, las camas rotas, los padres durmiendo en el piso. Ese es el legado kirchnerista: un sistema de salud colapsado por la ineptitud y la falta de gestión, saqueado desde arriba y abandonado desde abajo.
Mientras tanto, yu a pesar de las campañan mediáticas en contra, el Gobierno Nacional bajo la órbita de Milei equipó al Garrahan con 310 camas de última generación, insumos críticos y tecnología que habían sido negados durante años. Mientras Kicillof maquilla números y niega cheques,Milei demostró seriedad en políticas públicas de salud. No con discursos vacíos, sino con hechos concretos. 310 camas de última tecnología no son una promesa: son una respuesta a décadas de abandono.
Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires sigue siendo un lastre. El gobernador Kicillof no solo miente sobre el pago de la deuda, sino que además pretende pagar menos por servicios de alta complejidad. Quiere privilegios económicos a costa de la sostenibilidad del hospital. Y mientras tanto, 44.447 chicos afiliados a IOMA (la obra social bonaerense) se atienden en el Garrahan porque la provincia es incapaz de ofrecerles atención digna. Desde 2017, la obra social bonaerense acumula una deuda documentada que hoy asciende a $8.278.254.990,97. Los pagos que tanto pregonan son apenas $1.230 millones, insuficientes para cubrir los intereses de lo adeudado.
¿Y los padres? Kicillof también les da la espalda. Se niega a cubrir los gastos de los familiares que deben acompañar a sus hijos internados. Se excusa con el pago de medicamentos y prótesis, cuando lo único que hace es dilatar plazos y poner en riesgo vidas. El incumplimiento bonaerense no es un detalle técnico: pone en jaque la operatividad del Garrahan y la salud de miles de chicos sin cobertura.
El Gobierno nacional ya fue claro: Kicillof debe dejar de mirar para otro lado y pagar su deuda real de manera urgente. No más excusas, no más mentiras. La salud no se negocia con tapitas ni se maquilla con comunicados falsos. Los chicos no tienen tiempo. Y los bonaerenses merecen un gobernador que gestione, no que mienta.
Llegó el invierno con todo su rigor a la cordillera de Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió alertas de nivel amarillo y naranja por nevadas históricas, lluvias persistentes y vientos muy fuertes que afectarán la zona durante los próximos días. Se esperan acumulados de nieve de hasta 60 centímetros en sectores como Futaleufú y Tehuelches, lo que podría complicar seriamente la transitabilidad en rutas y caminos de montaña.
⚠️ Alerta Naranja y Amarilla: el detalle del SMN para la cordillera
El parte meteorológico más relevante para la región es la alerta naranja por nevadas muy fuertes, vigente principalmente para la tarde del jueves 11 de junio. Las zonas más complicadas serán las cordilleras de Cushamen, Languiñeo, Futaleufú y Tehuelches, donde se prevé que la nieve acumule entre 40 y 60 centímetros, aunque no se descartan valores superiores en algunos puntos. En las áreas de mayor altitud, este fenómeno podría venir acompañado de viento blanco, un evento que reduce drásticamente la visibilidad y desorienta a los conductores, aumentando exponencialmente el riesgo.
En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas para la cordillera de Río Senguer, con acumulados estimados de entre 10 y 20 centímetros, y para sectores de meseta donde se esperan entre 5 y 10 centímetros. Para la jornada de hoy, miércoles 10, también se encuentra vigente una alerta amarilla por fuertes vientos en el sur provincial. Se prevén ráfagas del sector oeste que podrían superar los 90 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, afectando zonas como Río Senguer, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.
🌦️ Pronóstico extendido para Esquel, Trevelin y Lago Puelo
El pronóstico para las principales localidades cordilleranas anticipa un fin de semana complejo:
Esquel: El miércoles se espera una máxima de 8°C y una mínima de 1°C, con lluvias débiles y una alta probabilidad de precipitaciones del 90%. Para el jueves 11, se prevén condiciones similares con una máxima de 7°C.
Trevelin: La jornada del miércoles estará mayormente nublada, con temperaturas que rondarán los 9°C de máxima y 6°C de mínima, mientras que el jueves la temperatura descenderá considerablemente, con una máxima de 4°C y posibilidad de nieve.
Lago Puelo: La inestabilidad será la constante. El miércoles habrá un 60% de probabilidad de lluvias con una máxima de 8°C. El jueves la temperatura máxima será de 9°C, pero con un altísimo 99% de probabilidad de precipitaciones.
📝 Recomendaciones clave para la población
Ante la magnitud de los fenómenos anunciados, las autoridades recomiendan extremar las precauciones. Se aconseja evitar todo tipo de actividad al aire libre y, en caso de ser estrictamente necesario circular, hacerlo exclusivamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Además, se debe prever una reserva adicional de víveres y agua potable, y tener siempre lista una mochila de emergencias que contenga linterna, radio, documentos personales y un teléfono para comunicarse ante cualquier eventualidad. En zonas urbanas, se recomienda mantener limpias las canaletas y desagües para evitar anegamientos.
Es crucial que la población se mantenga permanentemente informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y las cuentas de Protección Civil de la provincia. No se recomienda planificar viajes de placer o aventura a la cordillera hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.
