Chubut Online – Patagonia Argentina

  • ¿El geriátrico del terror vinculado al marido de la fiscal Bottini?

    ¿El geriátrico del terror vinculado al marido de la fiscal Bottini?

    Otro escándalo estaría por estallar en torno a la fiscal Bottini. El “geriátrico del terror”, como así lo han apodado al geriátrico clausurado de Trevelin, estaría vinculado fuertemente al marido de la Jefa de Fiscales, María Bottini y lo habrían instalado en Esquel.

    El despreciable geriátrico, fue clausurado luego de evidenciarse que los abuelos allí alojados vivírían en condiciones inhumanas de abandono y suciedad, con camas repletas de bichos. También tendría un historial de hechos alarmantes: ancianos atados, adormecidos con medicación sin control ni registro médico, internaciones ilegales a la fuerza y sin documentación médica que lo avale, moretones, certificados truchos, personal en negro, personal no idóneo, etc.

    Pero lo más alarmante es lo que se preguntaba la población en las redes sociales: ¿Por qué la justicia no avanzaba en esos casos y se llegó a tal extremo?

    Información reciente, llegada a Chubut Online tras los otros escándalos en torno a la fiscal Bottini, da cuenta de una vinculación directa que tendría el marido de la fiscal Bottini, Martín Sandoval. El vehículo, patente AG644EW con el que se desplaza el marido de la fiscal sería el mismo con el que se manejaba el dueño del geriátrico. De hecho, el vehículo fue comprado 0km en 2024 por dueño del geriátrico y Martín Sandoval lo pasó al poco tiempo a su nombre,  con muy pocos km y hasta el olorcito a 0km; pero habría testigos que indicarían que el vehículo seguía siendo usado por el anterior propietario. ¿Simulación?

    En la siguiente imagen vemos el vehículo de Martín Sandoval estacionado en el geriátrico de Trevelin en una fecha en la que no sólo el ya era titular desde hacía más de un año, sino que fue en días en los que se había clausurado al geriátrico.

    Este vehículo, fue comprado en 2025 por Martín Sandoval y lo inscribió en el registro automotor como SOLTERO, cuando él se habría casado con Bottini en 2023, en lo que sería una maniobra de ocultación de la copropiedad del vehículo. Hecho no menor, teniendo en cuenta que Martín Sandoval es contador público, por ende, conoce perfectamente que eso podría constituir un delito. ¿La fiscal Bottini no sabía nada o querría ocultar por algún motivo los bienes de la sociedad conyugal? ¿No sabía qué hacía su marido con el dinero de la sociedad conyugal, en cantidad suficiente como para adquirir un vehículo casi 0km?

    Según versiones que estamos intentando corroborar, Martín Sandoval sería, además del contador de esa residencia infernal, una suerte de socio, o gestor del geriátrico.

    Tras la clausura del geriátrico en Trevelin, Martín Sandoval habría gestionado el alquiler de un inmueble en Esquel para que el geriátrico clausurado continuara funcionando. El domicilio del geriátrico sería en Perito Moreno 331.

    Chubut Online pasó por la puerta del inmueble y no evidenció cartel alguno que indicara habilitación comercial, nombre del comercio, ni nada de lo que debiera identificarlo como una residencia geriátrica, ni habilitación de ningún tipo.

    Sí se evidenció, desde la vía pública, personas mayores de edad cercanas a una ventana, las cuales permanecieron por mucho tiempo en la misma posición, de forma similar a lo que ocurría en el geriátrico de Trevelin.

    El geriátrico esta vez estaría a nombre de la hija de los dueños del geriátrico de Trevelin, María Élida (Mariel) Ripani, una ex docente dada de baja del sistema educativo, tras tener al menos dos sumarios administrativos. Hay quienes sostendrían que fue exonerada, pero no hemos podido comprobarlo.

    De confirmarse estas versiones, la situación sería mucho más grave: “Mariel” Ripani tendría serios antecedentes en el Ministerio de Educación y hasta hubo una suerte de “pueblada” en la comunidad donde ejerció (Cerro Centinela) para que no vuelva a pisar esa escuela. La documentación puede verse en el boletín oficial, Resolución XIII-91 del día 07/5/20 (Culminación de sumario administrativo con sanción); Resolución XIII-82 del día 13/5/24 (inicio de un nuevo sumario).

    El escándalo sobre su paso por la docencia puede verse en varios medios. Red43 publicó en 2017: “María Elida Ripani, se desempeña como Directora de dicho establecimiento y, según comentan los padres, el año pasado tuvo “comportamientos repudiables” hacia los padres y alumnos. “Por ello se realiza este reclamo pidiendo que la titular deje su cargo.”

    El día 12/5/2024, es decir, un día antes a la apertura del nuevo sumario administrativo, fue dada de baja. Por los años de servicios publicados en la página oficial de la provincia, los años de aportes no serían suficientes para su jubilación, por lo que su baja resulta un enigma para nosotros.

    De ser cierta la versión de que esta mujer está a cargo de ancianos en el geriátrico mudado a Esquel, cabe preguntarse si tiene idoneidad para estar al cuidado de ancianos o a cargo de una entidad para el cuidado de ancianos. ¿Nada de esto sabían Bottini y su marido?

    “Mariel” Ripani tendría un apego muy grande con Bottini y con Martín Sandoval, que hasta la trataría de “cuñada”, o más cariñosamente “cuña”, porque diría que el marido de Bottini es como su hermano.

    A todo esto: ¿Bottini nunca supo nada de ninguna irregularidad en el geriátrico?, ¿Nunca supo que su marido inscribió el vehículo como soltero?

    ¿La política mezclada con todo esto?

    La supervivencia de ese geriátrico habría estado ligada a “ganchos” políticos. Tal sería así, que, por ejemplo, nos han comentado que una ex “primera dama” local les habría estado dando una mano para que el geriátrico reabriera en Esquel, con otra fachada. No pudimos corroborarlo.

    Quizás sea por ello que en el padrón de afiliados justicialistas del año 2015, “Mariel Ripani”, con domicilio en el geriátrico de Trevelin (San Martín 293) figuraba como votante en Esquel, en el padrón del “Boquete-Esquel-Río Percy”, donde un ex intendente peronista, esposo de “la ex primera dama” habría necesitado mantener “la tropa”.

    Sería bueno que quienes tengan que investigar la veracidad de todos estos datos, y controlar previamente para evitar irregularidades y presuntos delitos, se pongan a trabajar, para evitar que el periodismo se vea en la obligación moral de hacerlo.

  • Fallo histórico: $36 millones de indemnización para una mujer víctima de un crédito fantasma.

    Fallo histórico: $36 millones de indemnización para una mujer víctima de un crédito fantasma.

    La pesadilla comenzó en agosto de 2018, cuando una vecina de Mar del Plata de 39 años descubrió que su nombre figuraba en los registros del Banco Central como deudora “irrecuperable”. Nunca había pedido un crédito. Pero la financiera, con sede en la provincia del Chaco, no solo la incluyó en el Veraz, sino que además impulsó un proceso judicial que terminó con un embargo sobre su sueldo en mayo de 2025. Siete años después, la Justicia bonaerense le dio la razón y ordenó a la entidad pagar una indemnización que supera los 36 millones de pesos, en un fallo que sienta un precedente contundente sobre la responsabilidad de las empresas financieras en el manejo de los datos personales.

    El calvario de una deuda inexistente

    La mujer, que vive en Mar del Plata y trabaja en relación de dependencia, se enteró casi por casualidad de que su historial crediticio estaba manchado. Una calificación de “irrecuperable” es la más grave que existe en el sistema financiero argentino, y sus consecuencias son devastadoras: cierra las puertas a cualquier tipo de crédito, dificulta alquilar una vivienda y hasta puede ser un obstáculo para conseguir empleo.

    Así lo sufrió en carne propia la reclamante. Según consta en el expediente, tras ser incluida como morosa, comenzó a recibir rechazos en solicitudes de crédito, en contratos de alquiler y en postulaciones laborales. Desesperada, intentó resolver el problema por vía telefónica con la financiera, pero las respuestas fueron esquivas e insatisfactorias. Sin alternativa, radicó una denuncia penal por estafa, que derivó en una investigación en una unidad fiscal de instrucción.

    Una financiera que no pudo probar la deuda

    En el expediente judicial, la empresa demandada —una firma del Chaco— sostuvo que el crédito se habría otorgado en agosto de 2013 a una persona que presentó documentación a nombre de la mujer. Sin embargo, la entidad reconoció algo insólito: el legajo físico original del préstamo había desaparecido. Nunca pudieron presentar el contrato firmado ni ninguna prueba fehaciente de que la solicitante fuera realmente la víctima.

    Esa omisión resultó fatal para la defensa de la financiera. El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata, a cargo del fallo, sostuvo que la inclusión de la mujer en los registros de morosos careció de todo sustento jurídico. El juez remarcó que la empresa no cumplió con los estándares mínimos de diligencia para validar la identidad del cliente y preservar la documentación contractual, y que tenía la carga de demostrar la existencia de un vínculo obligacional válido. Al no hacerlo, la registración de la deuda fue declarada antijurídica.

    Negligencia que se pagó con el sueldo de la víctima

    Pero lo más grave ocurrió después. Aunque la mujer logró que la financiera dejara de publicar sus datos negativos en 2018, la entidad no gestionó la rectificación formal ante el Banco Central ni detuvo el proceso ejecutivo que había iniciado en la provincia del Chaco. Esa inacción permitió que el juicio avanzara durante años y, en mayo de 2025, se concretó el embargo de $102.534,52 sobre el salario de la víctima.

    El fallo considera que ese monto constituye un daño emergente, pero el perjuicio fue mucho más allá. Un dictamen pericial psiquiátrico determinó que la mujer padeció una incapacidad parcial y permanente del 5% como consecuencia del estrés y la ansiedad generados por el conflicto. Por ese concepto, la Justicia fijó una indemnización de $10.943.600, más $816.000 para cubrir gastos de tratamiento psicológico.

    Daño moral y multa ejemplar: los pilares de la condena

    El juez también hizo lugar al reclamo por daño moral y estableció un resarcimiento de $8.000.000, subrayando que la calificación de “irrecuperable” representa la máxima gravedad en el sistema financiero y tiene un impacto directo en la vida laboral y social de la persona afectada.

    Pero el punto más innovador del fallo es la aplicación de una multa civil o “daño punitivo” por $16.244.346,45. El fundamento es contundente: la empresa no solo falló en la identificación inicial y en el resguardo de la documentación, sino que además omitió adoptar medidas para evitar el daño una vez que ya estaba al tanto del conflicto. La sentencia explica que el monto de la multa se calculó tomando como referencia la Canasta Básica Total publicada por el INDEC y aplicando un multiplicador que refleja la gravedad y la extensión temporal de la afectación.

    Un precedente que protege a los consumidores

    El fallo se inscribe en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales, normas que refuerzan la obligación de las empresas de garantizar la veracidad y exactitud de la información que procesan y comunican en el sistema financiero. En su fundamentación, el magistrado recordó que la protección de los consumidores tiene jerarquía constitucional en Argentina y que las entidades financieras deben actuar con un alto estándar de diligencia.

    Además de la indemnización, la Justicia ordenó a la financiera rectificar o suprimir todos los datos negativos de la mujer en los registros del BCRA y en los organismos privados de información crediticia, bajo apercibimiento de sanciones adicionales si no cumple la manda judicial en el plazo establecido.

    Una advertencia para todo el sistema

    La suma total reconocida asciende a $36.106.480,97, más intereses que continúan acumulándose hasta el pago efectivo. El fallo incluye daño emergente, incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico, daño moral y daño punitivo, todos ellos vinculados causalmente a la conducta de la empresa financiera.

    El juez fue claro en su advertencia: el sistema de información crediticia tiene un impacto directo en la vida de las personas, y cualquier error u omisión en el manejo de los datos puede generar consecuencias irreparables. La condena millonaria no solo repara el daño causado a esta mujer, sino que envía un mensaje firme a todas las entidades financieras: la negligencia en la validación de identidad y en la gestión de reclamos tiene un costo alto, y los derechos de los consumidores no son negociables.

  • El Dr. Gerosa Lewis intima a la fiscal Bottini por las barbaridades sin sustento que emitió en audiencia.

    El Dr. Gerosa Lewis intima a la fiscal Bottini por las barbaridades sin sustento que emitió en audiencia.

    Tras las barbaridades difamatorias expresadas en una audiencia judicial por la Fiscal María Bottini, sin basamento alguno y sin presentar la más mínima prueba, se han iniciado acciones para que la fiscal deponga su actitud maliciosa y temeraria. El accionar de la fiscal fue un acto difamatorio y persecutorio en contra de Chubut Online y del Dr. Ricardo Gerosa Lewis. El reconocido abogado, de amplia trayectoria en el mundo del derecho, como primer paso, envió una carta documento a la fiscal, intimándola a cesar su accionar, y a rectificarse bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra.

    Asimismo, el reconocido abogado intimó a Bottini a resguardar todo el material del que pueda haberse basado la fiscal para haber hecho tales declaraciones, bajo apercibimiento de solicitar judicialmente las medidas de conservación y producción anticipada de prueba que correspondan.

    Por nuestra parte, desde Chubut Online, también estamos preparando acciones legales contra del repudiable proceder doloso de la fiscal Bottini. Consideramos que personas que actúan de manera grosera, mentirosa y prepotente, totalmente por fuera del marco de la ley y de sus funciones, no pueden ser parte del Poder Judicial, y, además, la fiscal deberá responder por su acciones.

    A fin de mantener la máxima objetividad del tema abordado, transcribimos el contenido de la Carta documento que el Dr. gerosa Lewis envió a la fiscal:

    Esquel, julio de 2026.-

    De mi consideración:

    Me dirijo a Ud. en virtud de las manifestaciones efectuadas por su parte durante la audiencia celebrada el día 8 de julio de 2026 en el marco de la causa conocida públicamente como «Aoniken», las cuales fueron posteriormente difundidas por el Diario Jornada en la nota periodística titulada «Causa Aonikenk: una fiscal jefe denunció presiones para no investigar».

    En dicha audiencia Ud. manifestó haber recibido mensajes provenientes de números desconocidos, atribuidos a abogados de la matrícula, mediante los cuales se le habría exigido «levantarle la pata» al Sr. Jorge Vernengo, bajo la amenaza de continuar con un supuesto hostigamiento mediático en caso contrario. Acto seguido, me identificó expresamente por mi nombre y apellido, afirmando que soy quien «se encarga de repartirlo por todos lados» y vinculándome con dicho supuesto accionar.

    Asimismo, de sus manifestaciones se desprende inequívocamente que me atribuye ser quien ejerce esas presuntas presiones sobre su persona, quien procura condicionar o quebrantar la actuación y el ánimo del Ministerio Público Fiscal, quien impulsa o dirige un supuesto hostigamiento mediático en su contra e, incluso, quien habría involucrado aspectos relativos a su hija en ese contexto. Si bien algunas de estas imputaciones fueron formuladas de manera indirecta o insinuada, el sentido de sus declaraciones no deja margen para otra interpretación razonable, pues me individualizan públicamente como el responsable de tales conductas.

    En tal sentido, le hago saber lo siguiente:

    1. No mantengo con el Sr. Jorge Vernengo relación de amistad, sociedad, parentesco, dependencia, asesoramiento profesional ni vínculo personal cercano alguno. Tampoco soy su abogado, ni él es mi contador. Tampoco soy socio, apoderado ni mantengo con él relaciones comerciales, empresariales o de negocios de ninguna naturaleza. No comparto con el mencionado señor actividades comunes, proyectos, emprendimientos ni espacios de carácter personal o privado que permitan inferir una relación de proximidad o confianza especial. Mi vínculo con el Sr. Vernengo no excede el trato habitual y circunstancial que mantengo con numerosos vecinos de la ciudad de Esquel en razón del ejercicio de mi profesión de abogado. A tal punto ello es así que el contacto que mantengo con el Sr. Vernengo resulta meramente ocasional, limitándose a comunicaciones mínimas y esporádicas durante el año, circunstancia que puede ser fácilmente corroborada mediante el registro de llamadas o mensajes de mi teléfono celular. En consecuencia, pongo a su disposición dicho dispositivo a los fines de que, por los medios legales que correspondan, pueda verificarse el listado de comunicaciones entrantes y salientes existentes entre mi línea telefónica y la del Sr. Vernengo, lo que permitirá acreditar objetivamente la inexistencia de la relación estrecha o de la supuesta operatoria que sus manifestaciones pretenden insinuar.
    2. Asimismo, le hago saber que jamás he mantenido comunicación alguna con Ud., ni personalmente, ni telefónicamente, ni mediante mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación. Nunca le he enviado mensaje alguno, ni directa ni indirectamente, ni he formulado requerimiento, sugerencia, advertencia o manifestación de ninguna naturaleza relacionada con el Sr. Jorge Vernengo, con la causa judicial referida o con la actuación del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, dejo expresamente aclarado que el resultado de dicha causa penal me resulta absolutamente indiferente y ajeno. No tengo interés alguno en que el Sr. Jorge Vernengo sea favorecido, perjudicado, condenado o absuelto, ni tengo ningún tipo de expectativa, beneficio o perjuicio personal vinculado al desenlace del proceso. Simplemente sostengo que la investigación y la actuación de los órganos judiciales -como en todos los casos- deben desarrollarse conforme a derecho, con absoluta independencia y sin presiones de ninguna naturaleza.
    3. En cuanto al supuesto «hostigamiento mediático» y a la intención de vincularme con el portal CHUBUT ONLINE, corresponde efectuar las siguientes aclaraciones: No soy propietario, editor, director, responsable ni financista de dicho medio de comunicación. El titular, editor responsable y quien ejerce la dirección del mencionado portal es el Sr. Juan Zuoza, circunstancia que resulta pública y notoria. Mantengo con el Sr. Zuoza una relación de amistad personal de muchos años y, en mi carácter de abogado, brindo asesoramiento jurídico al referido medio de comunicación, fundamentalmente en todo aquello vinculado con la defensa del ejercicio de la libertad de expresión y la protección legal de quienes participan en la actividad periodística. Dicha tarea profesional no solo la he realizado hasta el presente, sino que continuaré ejerciéndola con el mismo compromiso y dedicación. Asimismo, considero oportuno aclarar que mi intervención profesional como abogado del medio no implica, de modo alguno, identificación con la totalidad de sus publicaciones, opiniones o líneas editoriales. En numerosas oportunidades no he compartido el contenido de determinadas notas o posiciones expresadas por dicho portal; sin embargo, ello no constituye impedimento alguno para cumplir con mi deber profesional de asesorar y defender jurídicamente a quienes requieren mis servicios. Precisamente, entiendo que la defensa de la libertad de expresión exige sostener principios que trascienden las opiniones personales, pues la protección del derecho a expresarse no depende de coincidir con aquello que se expresa. En tal sentido, hago propio el conocido principio atribuido a Voltaire: «No comparto tu opinión, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarla», como expresión de un valor democrático esencial. Sin perjuicio de todo lo expuesto, corresponde señalar que sí celebro que, finalmente, un medio de comunicación haya asumido el desafío de investigar, publicar y poner en conocimiento de la sociedad cuestiones que las verdaderas instituciones de control nunca realizaron y que durante mucho tiempo permanecieron relegadas, silenciadas o fueron consideradas temas difíciles de abordar.
    4. Por ello, rechazo categóricamente cualquier insinuación que pretenda atribuirme una intención de influir en la causa, beneficiar al Sr. Vernengo o condicionar la actuación del Ministerio Público Fiscal, pues ninguna de esas finalidades forma parte de mis intereses ni de mi accionar. Las manifestaciones efectuadas por Ud. son absolutamente falsas, carecen de todo sustento fáctico, jamás ocurrieron y nunca existió de mi parte comunicación alguna con el contenido que se me atribuye, ni directa ni indirectamente, ni personalmente ni por interpósita persona.
    5. La imputación efectuada excede ampliamente el ámbito de una opinión o valoración subjetiva, constituyendo la atribución concreta de hechos que lesionan gravemente mi honor, prestigio personal y trayectoria profesional como abogado, haciéndome aparecer ante la comunidad como una persona que pretende influir ilegítimamente sobre la actuación de una Fiscal de la Provincia mediante amenazas o presiones, circunstancia absolutamente mendaz. Nada más alejado de mi persona y de mi trayectoria profesional. A lo largo de mi ejercicio como abogado siempre he demostrado un profundo compromiso con el Derecho, con el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y republicanas, y particularmente con la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal como órgano esencial del sistema de justicia. Por el contrario, mi actuación profesional siempre ha estado guiada por la convicción de que toda investigación que procure esclarecer hechos de interés público debe desarrollarse con absoluta independencia, sin condicionamientos externos y con pleno respeto por las garantías constitucionales. En ese marco, lejos de pretender obstaculizar o condicionar investigaciones, he sostenido públicamente la necesidad de que cualquier situación que pueda involucrar actos de corrupción o similares sea debidamente investigada y esclarecida por los organismos competentes. En consecuencia, celebro y respaldo toda investigación seria, objetiva e independiente que tenga como finalidad alcanzar la verdad y garantizar la transparencia de las instituciones.
    6. La falsedad de sus afirmaciones configura un grave ataque a mi buen nombre y honor, ocasionándome un importante daño moral y profesional, razón por la cual la intimo a cesar inmediatamente con toda manifestación de similar tenor y a efectuar una rectificación pública por los mismos medios y con idéntica difusión que la publicación original, dejando expresa constancia de que nunca recibieron de mi parte mensaje, presión, amenaza o exigencia alguna relacionada con el trámite de causa judicial alguna.
    7. Asimismo, la intimo a preservar toda la documentación, registros, mensajes, conversaciones, dispositivos electrónicos y cualquier otro elemento que, según sus dichos, respaldaría semejante imputación, bajo apercibimiento de solicitar judicialmente las medidas de conservación y producción anticipada de prueba que correspondan.
    8. Todo ello bajo apercibimiento de iniciar, sin más trámite, las acciones civiles por daños y perjuicios y las acciones penales e institucionales que pudieran corresponder.

    Saludo a Ud. atentamente.-

  • CARTA ABIERTA AL PROCURADOR MIQUELARENA POR SERIAS IRREGULARIDADES

    CARTA ABIERTA AL PROCURADOR MIQUELARENA POR SERIAS IRREGULARIDADES

    Por la presente, quien suscribe, titular del medio Chubut Online, le comunico que, de continuarse las acciones faltas de imparcialidad por parte de agentes del MPF, atentando contra mi accionar legítimo en el marco de la libertad de prensa, emprenderé las acciones legales necesarias para que el Ministerio Público Fiscal de Chubut, sea intervenido; y de ser necesario, llegaré hasta organismos internacionales para plantear el caso.

    Desde el portal de la Procuración a su cargo, se ha publicado un comunicado institucional bajo el título “CASO AONIKENK: COMUNICADO DE LA PROCURACIÓN GENERAL DEL CHUBUT”, que manifiesta una repudiable defensa que hace esa procuración a la fiscal Bottini, quien abiertamente, y nada menos que en una audiencia judicial, sin prueba alguna, ensució el nombre de mi medio de comunicación, por ende, a mi persona, y los de terceros que nada tendrían que ver con la causa Aonikenk.

    La procuraduría decidió entonces, tapar la propia irresponsabilidad de la fiscalía, encubriendo el accionar alocado, mentiroso, malicioso y presuntamente delictivo de la fiscal Bottini, emprendiendo la criminalización de los que destapamos las graves irregularidades, en un claro atentando contra la libertad de prensa.

    La fiscal Bottini mencionó a Chubut Online como parte de una operación para “desprestigiarla” en el marco de la causa “Aonikenk” de la cual no tengo conocimiento alguno, ni relación con ninguno de los imputados. De hecho, ni siquiera conozco el tema a fondo, más que superficialmente por lo publicado por otros medios tiempo atrás.

    Esta actitud que considero delictiva por parte de la fiscal, y totalmente inadecuada por parte de la misma procuración, al pretender defender a una fiscal, que, sin prueba alguna y en forma explícita, hace acusaciones gravísimas. El hecho merecería, al menos, prudencia de parte de la procuración, ya que ni siquiera se tuvo en cuenta la posición del juez actuante, dando por sentado que la fiscal era una víctima, cuando evidentemente es victimaria.

    Salir a la defensa mediática de una fiscal que escupe mentiras en una audiencia sin prueba alguna, resulta evidente que busca la criminalización de los que contamos la verdad de lo que sucede, amparados por el Derecho nacional e internacional.

    Lo peor de todo, es que esa procuración deja en evidencia la IMPUNIDAD con la que se manejan, en un Ministerio Público Fiscal en donde varios dan muestra de que se cubren entre sí.

    Desconozco quién es el autor real que tan alegremente publicó un comunicado defiende lo técnicamente indefendible, pero sí veo que la señora Presidente del Consejo de Fiscales, que también emitió una bochornosa nota en apoyo a las mentiras explicitadas por Bottini, es nada menos que una amiga de Bottini, con la que disfrutaron hace poco vacaciones en Hawái.

    Es entonces que se emiten comunicados en páginas oficiales, pero que en realidad son mecanismos usados para la protección entre amigos íntimos, disfrazados de formalidad, violando toda imparcialidad y ética básica con la que debiera desempeñarse el MPF.

    Con esto queda claro la total y absoluta falta de imparcialidad con la que se manejan algunos fiscales y otras autoridades, utilizando los medios formales institucionales de comunicación para vomitar abiertamente su defensa de lo indefendible, defender el accionar indebido, e instalar falacias en la opinión pública con un sello oficial.

    Quiero y exijo a esa procuración que me muestre prueba alguna de mi vinculación con los actores involucrados en la causa Aonikenk, ya que asumieron la defensa de Bottini en su comunicado oficial. La fiscal Bottini también deberá presentar las pruebas sobre lo que afirmó en la audiencia.

    Quiero y exijo que esa procuración y la fiscal Bottini expresen cuál sería mi beneficio y/o motivación por los cuales yo estaría vinculado a las presiones que dice sufrir la fiscal, y muestre prueba de ello.

    Quiero y exijo, además, que habida cuenta de que han leído las publicaciones de mi medio sobre serias irregularidades en la fiscalía, me muestren qué acciones emprendieron hasta el momento para verificar, constatar, o prevenir el accionar indebido, o incluso calificable de corrupto -en grado de presunción- en el Ministerio Público Fiscal.

    Quiero y exijo, que la procuración dé cuenta de los mensajes y números de teléfono de los que Bottini dice haber recibido presiones, a los cuales, inconcebiblemente, dijo desconocer, al mismo tiempo que se contradijo y señaló que los mensajes eran de abogados de la matrícula.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique quienes la presionaron para que “le levante la pata a Vernengo” bajo amenaza de continuar con el “hostigamiento mediático” hacia su persona y que indique qué relación tienen esas personas con mi medio Chubut Online, ya que jamás he realizado una sola publicación en virtud del interés espurio de terceros y mucho menos, de personas que se atrevan a indicarme cuándo o “contra quién” (como señala Bottini) publicar algo.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini muestre prueba de haberme referido a su hija en algún comentario o publicación o de la supuesta denuncia o causa en la que está inmersa y que desconozco totalmente. Ni siquiera conozco el nombre de su hija, edad, ni ningún dato. Tampoco sé cuántos hijos tiene ni quienes son sus progenitores.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique cómo puedo yo saber si ella tiene o no la costumbre de leer los medios, tal como afirmó.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini muestre prueba alguna de que yo, a través de mi medio, le he mandado publicaciones “por teléfonos desconocidos” y en tal caso, si son desconocidos, por qué me los atribuye. Debe incluir fecha y hora de los mismos.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique por qué hace referencia a mi medio en contexto de una presunta persecución que, según ella, lleva años, recalcando y repitiendo la palabra “años”, cuando mi medio se inauguró a mediados de 2025, es decir, hace aproximadamente un año y un mes.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique en qué Ley se establece el delito de reenviar mensajes con artículos periodísticos, ya que expresa que todo el mundo la ataca por el simple hecho de reenviar una noticia, incluyendo, según ella, a todos los presentes en la audiencia. Si ello verdaderamente constituiría un delito, como fiscal debiera haber denunciado a cada uno de los presentes por la comisión de tal delito.

    Quiero y exijo que se investigue si la actuación de la fiscal Bottini en la audiencia por el caso Aonikenk tuvo como finalidad montar un escándalo para apartar ilegítimamente al juez actuante y que sea reemplazado por otro que esté bajo presión del Consejo de la Magistratura, donde Bottini tendría cierto poder para hacer lo que denuncia que otros le hacen a ella.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique por qué, quien, cuando y bajo qué procedimiento le entregó la fiscalía bajo su jefatura copia de la denuncia del legajo N°66.888 al denunciado Sr. Ricardo Alejandro Bustos, amigo confeso de ella, sin dejar registro en el legajo.

    Quiero y exijo que la fiscal dé explicaciones de por qué su marido maneja información de la fiscalía y la distribuye por mensajes de celular.

    Quiero y exijo que se me explique con qué grado de imparcialidad se van a estudiar las denuncias contra el Sr. Ricardo Bustos, amigo de la fiscal protegida por la procuración, cuando todo fiscal actuante sabrá que existe una defensa explícita de esa procuración al accionar de la fiscal.

    Quiero y exijo que se me explique con qué grado de imparcialidad se va a estudiar la denuncia contra el medio donde se desempeña el amigo de la fiscal Bottini, Ricardo Bustos, en un marco de multimillonaria publicidad oficial en la cual se incluye un espacio publicitario de un programa que no estaría al aire desde 2024.

    Quiero y exijo que la fiscal Bottini explique cómo sabe si el juez actuante en la audiencia lee o no lee mi medio Chubut Online y si lo leyera, que aclare si eso es constitutivo de delito alguno que le dé derecho a la fiscal a atosigar y faltarle el respeto al juez por leer mi medio de comunicación.

    Asimismo, le recuerdo que el medio del que soy titular es el que llevó a cabo la investigación sobre las irregularidades relativas al Juez Petris, y esa misma procuración tomó la información para investigar la situación, dando cuenta del profesionalismo y seriedad con la que realizamos nuestro trabajo. De hecho, yo mismo presenté toda la prueba para que se realicen las investigaciones formales.

    Parece que esa procuración decide investigar a unos, pero no a los propios. Y para peor, ahora apoya el accionar desmedido y mentiroso de la fiscal Bottini.

    Señor procurador: me temo que estamos ante un posible accionar delictivo por parte del MPF con la finalidad de inventar causas, suplantar jueces, y realizar allanamientos ilegales para que la verdad nunca salga a la luz, criminalizando ilegalmente a los medios de prensa y a terceros.

    Atte.,

    Juan Alberto Zuoza

    DNI 23.968.540

  • Hoy en El Palacio de La Risa: «Ladran, Sancho». Un réquiem para la justicia no fiscalizada.

    Hoy en El Palacio de La Risa: «Ladran, Sancho». Un réquiem para la justicia no fiscalizada.

    Nuevamente nuestro amigo Juan Bautista Alberdinangus nos deleita con la mejor carne al asador, usando de leña los manuales de Derecho. Bueno, lo de la mejor carne es subjetivo.

    LADRAN SANCHO…

    *Por Juan Bautista Alberdinangus.

    Hola, hola… ¿cómo están?

    • Che, Alberdinangus… ¿es cierto que ahora son operadores?, me preguntó ese amigo siempre filoso que tengo.
    • ¿Operadores de qué?
    • No sé, eso dijeron en una audiencia.

    Me quedé pensando. Miré para un lado, miré para el otro, revisé el escritorio, abrí un cajón, busqué debajo del teclado. Nada. Ni un manual del operador, ni un instructivo, ni una credencial, ni un sueldo clandestino, ni un contrato secreto. Apenas encontré un mate lavado, expedientes y algunas facturas impagas.

    Parece que, de un día para el otro, revelar situaciones, contar verdades y poner sobre la mesa hechos que algunos -o muchos- preferirían mantener ocultos pasó a ser sinónimo de «operar». Una categoría novedosa, digna de estudio.

    Ahora resulta que, si un medio publica información incómoda, formula las preguntas que nadie se anima a hacer o investiga aquello que otros quisieran mantener bajo siete llaves, deja automáticamente de ser un medio de comunicación para convertirse, por arte de magia, en un «operador».

    Curiosa teoría. Porque, siguiendo esa lógica, el problema nunca sería lo que se publica, sino que se publique.

    Exámenes psicológicos obligatorios

    La acusación, formulada en una audiencia pública, fue que este medio hostigaba mediáticamente a una Fiscal Jefe, que pretendía desprestigiarla y que, además, lo hacía para favorecer a un imputado.

    Confesamos nuestra enorme decepción. Esperábamos, al menos, que semejante afirmación viniera acompañada de una sola prueba. Una. Un correo electrónico. Un mensaje. Una llamada. Un testigo. Un documento. Una gestión. Un pedido. Algo.

    Pero no. Nada.

    Porque una cosa es sostener una hipótesis en una sobremesa. Otra muy distinta es afirmarla en una audiencia judicial. Y cuando se trata de atribuirle a un medio una maniobra destinada a beneficiar a un imputado, las palabras pesan. Mucho.

    Nuestro trabajo está a la vista. Publicamos documentos. Resoluciones. Expedientes. Datos verificables. Firmamos lo que escribimos y respondemos por ello. Quien considere que alguna publicación es falsa tiene todas las herramientas legales para matarnos.

    En CHUBUT ONLINE tenemos nuestros defectos. Es verdad: a Magnetto no le encanta que lo critiquen. Refunfuña un poco, protesta otro tanto y, con suerte, hasta pide derecho a réplica. Pero de ahí a salir diciendo que quien lo critica integra una oscura organización destinada a favorecer delincuentes, hay un trecho bastante largo.

    Podemos convivir con que nuestras publicaciones no gusten. Es más, sospecharíamos de nuestro trabajo si siempre despertara aplausos. También entendemos que una investigación periodística pueda incomodar, irritar o sacar de quicio a algún funcionario. Es parte del oficio.

    Lo que ya cuesta bastante más aceptar es que, sin una sola prueba, se nos atribuyan intenciones, pactos, intereses ocultos o acuerdos imaginarios. Porque una cosa es discrepar con una publicación; otra muy distinta es fabricar una novela donde el periodismo deja de investigar para convertirse, por decreto verbal, en una especie de comando secreto al servicio de un imputado.

    • “En realidad no hay nada de nuevo, Alberdinangus, siguió diciéndome mi amigo”. – Si hasta se fabricó una novela de su ex y de otras circunstancias….

    Dejémoslo ahí, mejor… No porque falten cosas para decir, sino porque nosotros preferimos hablar de lo que puede probarse. Para las novelas ya existen las librerías.

    Eso sí… viendo que hoy cualquier nota en un portal o de un pasquín como éste puede transformarse, por obra y gracia de la imaginación, en una sofisticada operación de prensa, uno se pregunta si determinados cargos de enorme responsabilidad no deberían contar, cada tanto, con alguna instancia de evaluación psicológica. No para controlar ideas, claro está. Sino para verificar que quien ejerce semejante poder conserve la indispensable capacidad de distinguir entre una crítica, una investigación periodística y una conspiración internacional. O también para verificar si está realmente en sus cabales, por qué no…. Al fin y al cabo, cuanto mayor es la cuota de poder que el Estado deposita en un funcionario, mayor debería ser la exigencia respecto de su aptitud para ejercerlo con objetividad, equilibrio y templanza. Porque, si esa capacidad se resiente, los primeros perjudicados no son los periodistas, sino los propios ciudadanos, cuyos derechos dependen, precisamente, del buen criterio de quienes deben protegerlos.

    Pero hay más…

    —Pero hay más…

    —¿Más? —me preguntó, otra vez, mi amigo, ya con esa mezcla de curiosidad y resignación que da saber que, en estos pagos, siempre hay un capítulo nuevo.

    —Y sí… Apenas tiramos de la puntita del ovillo y la madeja empezó a desenredarse sola. Y, como suele ocurrir con las madejas, cuanto más hilo aparece, más difícil resulta volver a esconderlo.

    Nos llamaron de todas partes para brindarnos información. Es cierto. Pero lo más impactante es que apareció un pajarito y me dijo que en el pueblo andan circulando versiones de todo tipo y color. Por ejemplo, me indicó que la maniobra realizada habría sido para separar al juez de la causa y lograr incorporar a otro que tiene problemas con su cargo… y donde la fiscal jefe tendría un poder importante para subir o bajar el pulgar. También que, en el ámbito de la Fiscalía, una vez se habría entregado una camioneta para que no se investigaran hechos referidos a un geriátrico (todavía Magnetto lo está investigando así que no puedo afirmar si es verdadero o falso)… O que un concurso que está en trámite ya tendría número puesto… que esto sería tan obvio y descarado que ni siquiera habrían dejado intervenir al sindicato, pese a que uno de sus representantes -de esos escasos representantes gremiales que todavía se toman en serio ese trabajo y no lo usan para su propio beneficio- lo habría advertido y habría pedido intervenir….

    Una cuñada de alguien…. Una persona vinculada a flores…  En fin: dejémonos de pamplinas!!!! Como en CHUBUT ONLINE nos gustan los desafíos, hicimos algo muy simple. Escribimos los nombres en un papel. Lo colocamos en un sobre. Lo cerramos. Y lo dejamos depositado en una escribanía, para que quede constancia de la fecha. No diremos ahora cuál o cuáles son esos nombres. Cuando el concurso termine, abriremos el sobre.

    Si acertamos, habrá sido una casualidad extraordinaria.

    Y si no fue casualidad… entonces habrá preguntas que alguien tendrá que responder.

    Un fenómeno fascinante.

    En nuestra querida aldea existe una curiosa costumbre. Mientras todo funciona más o menos para unos pocos, reina una paz casi celestial. Pero basta tocar un privilegio, revisar un expediente o preguntar dónde fue a parar determinada decisión para que aparezca una orquesta completa de indignados profesionales.

    Es un fenómeno fascinante.

    Dicen que cuando los perros ladran es porque alguien pasa. Aunque los especialistas en literatura llevan años aclarando que la famosa frase ni siquiera aparece en Don Quijote, lo cierto es que se adoptó como si fuera un artículo en la Constitución.

    Y vaya si ladran…

    Ladran los ofendidos de ocasión. Ladran los que descubrieron la moral hace dos semanas. Ladran los que durante años guardaron un silencio monástico mientras todo se derrumbaba (menos sus sueldos y sus privilegios), pero hoy se escandalizan porque alguien les prendió la luz.

    • ¿Y por qué ladran tanto, Alberdinangus? – me preguntó ahora otro amigo, ese que colecciona preguntas incómodas como otros coleccionan monedas o estampillas.
    • -Porque a veces el objetivo no es tener razón, sino generar suficiente humo para que nadie mire el incendio verdadero – le contesté.

    Mientras tanto, la realidad sigue su curso, completamente indiferente a los ladridos. Los problemas de siempre continúan esperando soluciones de verdad.

    Al final, quizás el viejo refrán popular tenga algo de cierto. Cuando algunos ladran desesperadamente, no siempre significa que tengan razón. Muchas veces significa, simplemente, que alguien pasó demasiado cerca de donde estaban cómodamente instalados.

    Nosotros, por las dudas, vamos a seguir pasando.

    Y si para algunos eso significa «ladrar», quédense tranquilos:

    Seguiremos ladrando.

    Hasta la próxima (si todavía estamos…  y si los ladridos lo permiten)

  • La Jefa de Fiscales de Esquel, María Bottini, nuevamente en un hecho bochornoso.

    La Jefa de Fiscales de Esquel, María Bottini, nuevamente en un hecho bochornoso.

    La Jefa de Fiscales de Esquel, María Bottini, nuevamente protagonizó un hecho escandaloso; esta vez, en una audiencia judicial ante el juez Novarino, a la cual fue citada para que aclare sus propias declaraciones mediáticas inconcebibles contra ese juez.

    En esa audiencia eludió dar respuestas a su gravísimo exabrupto, usando como estrategia evasiva la victimización, la invención todo tipo de barbaridades y falacias, y mostrando no sólo una suerte de incompetencia para analizar situaciones legales, sino metiéndose ella misma en una situación que evidencia un desequilibrio técnico jurídico grave. Quedó en evidencia también, la impunidad con la que se mueve, prepoteando a un juez, en vez de argumentar razonablemente los motivos por los cuales fue citada a la audiencia.

    *Opinión, por Redacción.

    Bottini y la gota que rebalsó el vaso.

    La situación fue publicada en el diario jornada, dando cuenta de abstractos de las declaraciones vergonzantes de Bottini en una audiencia ante el Juez Novarino, al cual bravuconeó inconcebiblemente intentando buscar su recusación, sin causa aparente, en un juicio en el que Bottini habría actuado precariamente y tendría que rehacer su trabajo.

    En su papelón verborrágico se acusó a este medio, Chubut Online, de emprender “acciones de desprestigio en su contra”. Bottini habría recurrido a mentiras groseras para vincular a este medio a terceros que son totalmente ajenos y desconocidos de Chubut Online. Lógicamente, no presentó prueba alguna. La impunidad, “al palo”.

    Desde ya, le aclaramos a Bottini, que jamás iniciaríamos acción alguna de desprestigio contra NADIE. En todo caso, la señora se desprestigia sola en su precario accionar, el cual dejó vergonzosamente en evidencia en esa audiencia. Aún si quisiéramos desprestigiarla, la propia Bottini hace ese trabajo mucho mejor que nosotros.

    ¿Incompetencia manifiesta?

    Según jornada, Bottini declaró que la están “persiguiendo” y hasta habría recibido mensajes amenazantes. Lo insólito es que la misma fiscal es la que debería realizar la denuncia penal si alguien le hubiera mandado un mensaje amenazante; una barbaridad que no haría más que mostrar la falta de capacidad jurídica de esta fiscal para actuar.

    Cualquier fiscal que recibiera una amenaza, lo primero que tendría que hacer es respetar la ley y denunciar el hecho, no hacer escándalos mediáticos, jurídicos, con victimizaciones en base a su propio accionar desafortunado.

    Si siendo fiscal recibió amenazas y lo primero que hace es una jugada mediática, entonces, no estaría dando muestras de tener la capacidad necesaria para estar en el cargo que ostenta.

    Que se haga cargo.

    Desde Chubut Online no tenemos la culpa de que la señora decida irse de vacaciones a Hawai en época de trabajo, o incluso hoy mismo, que estaría de viaje a un país caribeño, luego de hacer las declaraciones vergonzantes en la audiencia, y que salieran publicadas en Jornada. La población tiene necesidades urgentes en la justicia.

    Tampoco tenemos la culpa de sus exabruptos graves, inconcebibles para una fiscal, como los que hizo respecto al Juez Novarino.

    Tampoco tenemos la culpa de que Bottini use su acting para evitar rendir cuentas o dar explicaciones de sus bochornos e irregularidades.

    Tampoco tenemos la culpa de sus vergonzantes contradicciones al afirmar que recibe mensajes de “números desconocidos de abogados de la matrícula”. Evidentemente no puede ponerse de acuerdo consigo misma:  si son números desconocidos, ¿cómo puede saber que son de abogados de la matrícula? ¿O será que intenta encubrir a alguien? ¿O no se da cuenta de sus propias incongruencias?

    Tampoco tenemos la culpa de que Bottini manifieste “sentirse atacada por un juez” porque simplemente la convocó a una audiencia. Si no tiene la capacidad de discernir entre una audiencia y un “ataque”, creemos que la fiscal no está a la altura del cargo que ostenta.

    Tampoco tenemos la culpa si en la fiscalía bajo su jefatura le entregaron a su amigo Bustos información de la denuncia en su contra sin dejar rastros en el legajo fiscal 66.888.

    Eso no es persecución en su contra, señora Bottini, eso es simplemente que usted no da muestras de estar a la altura de las circunstancias. Una fiscalía es un lugar donde se juega la vida de las personas, la libertad de los inocentes y la prisión de los condenados.

    A razón de los hechos, usted no nos da la sensación de actuar con la altura y el profesionalismo que el cargo requiere.

    Nosotros no tenemos la culpa de que usted haya estado vinculada a una causa armada contra un abogado de Esquel y que la justicia se la haya rechazado por absurda.

    Tampoco hemos publicado nueve notas sobre usted, tal como menciona, ni nos interesa hacerlo. No entendemos si tampoco sabe contar hasta nueve.

    No tenemos la culpa de que su marido, ajeno al Poder Judicial, mande mensajes a cualquiera sobre temas netamente jurídicos del entorno de la fiscalía y que no debieran hacerse públicos.

    Tampoco tenemos la culpa de que su marido mezcle en sus mensajes cuestiones políticas con cuestiones judiciales en las que no tiene por qué entrometerse. Estamos tratando de conseguirlos y publicarlos, para que nuestro honor no sea manchado con sus falacias. Los hemos visto, sí. ¿Se habrá enterado el diputado Hollman lo que dijo su marido sobre él y una causa que tramitaba en fiscalía en relación a una chica que tenía que declarar? Y no venga a victimizarse diciendo que esto es como una amenaza; nosotros somos gente de bien, no amenazamos a nadie. Hacemos periodismo, le guste o no le guste. ¿Qué hace su marido repartiendo esa información?

    Habría que estudiar si su accionar involucrando a un diputado provincial no es constitutivo de delito.

    Tampoco tenemos la culpa si su marido tiene algún tipo de sociedad o pone algún vehículo a su nombre del dueño de un geriátrico abichado y con múltiples denuncias, que en estos días se instaló a Esquel, tras su clausura, a nombre de la hija. Ojalá que al menos fumiguen el lugar, ahora que hay una «ex primera dama» tratando de salvarle las papas. Ahhh, perdón, de eso todavía no habíamos dicho nada! Qué torpes que somos!

    Tampoco tenemos la culpa de que usted reciba a espías de la SIDE kirchnerista con fichas de espionaje ilegal y que usted, en plena flagrancia del delito, se quede como mosquita muerta sin decir nada. Su desconocimiento de la ley penal fue usada como justificación para su absolución ante la justicia federal, ¿o estamos equivocados?

    No tenemos la culpa de que su amigote trabaje en una radio que cobra millones en publicidad oficial por un programa que dejó de transmitirse en 2024. ¿También le filtraron información de ese legajo?

    Y podemos seguir en cuestiones de diversa gravedad, hasta llegar al bochorno tragicómico del “caballo René”, en donde la fiscalía bajo su jefatura publicó una barbaridad ajena a lo resuelto por los jueces, haciéndolos quedar en ridículo.

    Le aclaramos también, señora Bottini, que en Chubut Online no tenemos ni la más remota idea de cómo está conformada su familia, ni nos interesa. Mucho menos nos interesa saber si tiene hijos. Por lo tanto, jamás hemos publicado, ni publicaríamos algo sobre su familia; algo que miserablemente se esgrimió en la nota de Jornada en la que se menciona nuestro medio. De hecho, hemos averiguado, y aparentemente todo lo que se habría mencionado en otro medio es quién sería el padre de uno de sus hijos, sin mención de nada sobre ningún menor de edad. Las persecuciones las inventa usted y sólo usted. O quizás estas cosas las copió de su amigo al que le filtraron información desde la fiscalía a su cargo, que ha inventado una estrategia similar para victimizarse cuando las papas queman.

    Asimismo, según Jornada, usted habría relacionado a este medio, Chubut Online, con un reconocido abogado de Esquel, el cual no tiene participación alguna en la labor periodística, demostrando su total y absoluta ignorancia al respecto; ignorancia por la que ni siquiera mide las consecuencias legales de sus actos; hecho que debiera ser suficiente motivo para que no esté en el cargo que ostenta.

    Asi también, usted vincula vergonzosamente, y permítame el exabrupto de calificar su accionar como “idiota”, al pretender vincularnos con la causa Aonikenk, a Jorge Vernengo, Carlos Moraga, y Graciela Warrel; personas con las que no tenemos ningún tipo de trato, ni relación, y que no nos importa en lo más mínimo si son declarados culpables o inocentes; nos es totalmente ajeno e indistinto.

    Usted, señora Bottini, si realmente afirmó que Chubut Online la «presionó» por la causa Aonikenk, no sólo sería una mentirosa, sino una canalla, o una persona con serias alteraciones psiquiátricas. En ambos casos, sería una incapacitada para ejercer el cargo que ostenta. Jamás le hemos enviado ningún tipo de mensaje, ni en forma directa, ni por interpuesta persona y mucho menos para «presionarla». Si tiene pruebas, déjese de joder con estupideces y muestre las pruebas; cualquier celular tiene un número y un titular registrado. La causa Aonikenk nos la pasamos por donde usted puede imaginarse.

    Para nosotros, usted como fiscal es una vergüenza y sólo la sostendría su relación con el procurador, el cual la “aguantaría” sólo por una vieja amistad con su padre.

    Como verá, señora Bottini, aquí el libreto lo escribe usted, su marido, y su amigote al que le filtraron información. Nosotros nos limitamos a transcribirlo. Usted es víctima de sí misma.

    ¿Estrategia de Bottini?

    A nuestro humilde parecer, Bottini recurrió al escándalo como herramienta, desviando el eje de la audiencia para la que fue convocada. En este acting, Bottini no se explayó sobre el tema que debía hablar: las barbaridades que ella habría dicho sobre el juez Novarino, publicadas anteriormente en otro medio. Indignas de cualquier funcionario judicial, e irrespetuosas de la ética que debiera reinar. Barbaridades, que, además, serían otro invento fantasioso de la fiscal, ya que tampoco exhibió prueba alguna.

    ¡Hasta acusó al juez de no haber leído a Chubut Online! Ja! Bueno, eso sí creemos que es un pecado ¿Cómo no nos va a leer si todo el Poder Judicial nos lee? Pero qué cosa! Gracias, Bottini!

    La victimización está de moda y nos da la impresión de que Bottini quiso calzarse el personaje como guante a los dedos.

    Y su acting posiblemente tenga la finalidad de inventar alguna causa penal contra sus supuestos “agresores” imaginarios, y así pedir el secuestro de celulares y material periodístico; una forma elegante de ejercer la censura, hacer espionaje, y atentar contra la libertad de prensa, ya que la verdad le juega en contra. No sea cosa que se divulguen más audios o mensajes de su actual marido, o de ella misma, reenviados por su cónyuge.

    ¿Será que Bottini tiene miedo a que se filtre información como le filtraron información a su “amigo” Bustos desde la fiscalía en donde ella es “Jefa”? La vida es un boomerang, dicen.

    ¿Hasta cuándo la va a sostener Miquelarena?

    Podemos entender que el ser humano es humano, valga la redundancia. Los afectos muchas veces tiran. Pero los afectos también tienen límites; especialmente cuando sus bochornos e irregularidades graves se transforman en escándalo vergonzante.

    La actitud de Bottini nos resulta indefendible. No podemos comprender cómo una fiscal que actúa de esa manera forme parte del Poder Judicial. En nuestra opinión, es la antítesis de lo que debiera ser.

    ¿Y todo por qué? ¿Porque tiene un paraguas que la protege, mientras todo el entorno está anonadado del nivel con el que se manejan las cosas?

    Miquelarena, más allá de las críticas que ha recibido, también goza de cierto respeto por cuestiones que se han hecho bien desde su despacho. Ojalá que no pierda ese respeto por sostener algo que naturalmente es insostenible.

    Nadie es impune en esta vida, aun los más poderosos. Creerse impune fue el pecado más grande cometido por quienes en algún momento tuvieron que rendir cuentas. Y a algunos les fue muy mal.

    A todo esto, ¿el resto del Poder Judicial se va a hacer el boludo y mirar para otro lado, o van a poner los huevos sobre la mesa y van a pelear por un Poder Judicial como debiera ser?

  • Las exportaciones pesqueras superaron los US$1.000 millones en 5 meses

    Las exportaciones pesqueras superaron los US$1.000 millones en 5 meses

    Las exportaciones pesqueras de la Argentina alcanzaron un hito histórico al superar los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026, consolidando al sector como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.

    El dato, que surge del Informe de Coyuntura de mayo elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, refleja un crecimiento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor. En números concretos, entre enero y mayo se exportaron 291.894,3 toneladas de productos pesqueros por un valor de USD 1.005,6 millones.

    El buen desempeño de las principales pesquerías del Mar Argentino fue el gran impulsor de estos resultados. El calamar lideró las ventas externas con 163.115,7 toneladas exportadas por USD 451 millones, lo que representa aumentos del 20,2% en volumen y del 20% en valor respecto del mismo período de 2025. El langostino, por su parte, no se quedó atrás: alcanzó las 47.149 toneladas y USD 346 millones, con un crecimiento del 18,8% en toneladas y del 25,1% en divisas, consolidándose como uno de los productos de mayor generación de valor agregado para la actividad pesquera nacional.

    También mostraron una evolución muy favorable los productos con mayor grado de elaboración. Los filetes y demás carnes de pescado sumaron 30.663,8 toneladas y USD 101,1 millones, con incrementos del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor. El pescado congelado —excepto filetes— alcanzó 36.466,3 toneladas por USD 84,4 millones, registrando un notable crecimiento del 38,6% en el valor exportado.

    Uno de los datos más destacados del informe corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron un 72,2% en volumen y un 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y USD 15 millones. Este incremento refleja la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, una tendencia que agrega eficiencia y sostenibilidad a toda la cadena productiva.

    En cuanto a los mercados de destino, China se reconfirma como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con adquisiciones por USD 392 millones, equivalentes al 39% del valor total exportado. Le siguen España, con USD 145 millones (14,4%), y Estados Unidos, con USD 56,4 millones (5,6%). Esta diversificación de destinos es una excelente noticia para el sector, ya que reduce la dependencia de un único mercado y abre nuevas oportunidades de crecimiento.

    Estos resultados son el fruto del trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias, el sector científico y los actores de la cadena productiva para promover una administración responsable de los recursos, fortalecer la producción y consolidar la presencia de los productos argentinos en los mercados internacionales. La competitividad de la pesca argentina sigue demostrando que, con planificación y esfuerzo compartido, es posible generar divisas, empleo y desarrollo para todo el país.

    Para la provincia de Chubut, que tiene en la pesca su segunda actividad económica más importante, estos números son especialmente alentadores. El langostino y el calamar, dos de las especies que más traccionaron el crecimiento, se pescan en gran medida en aguas de la plataforma patagónica, lo que convierte a Chubut en un actor central de este éxito exportador.

    El futuro del sector pesquero argentino se presenta promisorio. Con una demanda internacional en crecimiento, productos de alta calidad reconocidos en todo el mundo y un trabajo coordinado entre todos los eslabones de la cadena, la pesca se afirma como uno de los pilares de la economía argentina y como un orgullo de nuestra identidad productiva.

  • ARA SAN JUAN: Condenaron a un oficial de la Armada. Hay varios absueltos.

    ARA SAN JUAN: Condenaron a un oficial de la Armada. Hay varios absueltos.

    El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos condenó a tres años de prisión en suspenso al capitán Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, mientras absolvió a otros tres altos mandos.

    A casi nueve años de la tragedia que enlutó a la Armada Argentina y al país entero, la Justicia federal emitió su veredicto en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos condenó este miércoles al capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien comandaba la Fuerza de Submarinos en el momento del siniestro, a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de las 44 víctimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En un fallo que marca un antes y un después en la causa, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo —máximo cargo operativo de la fuerza en ese entonces— y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

    El proceso judicial, que se extendió por más de 30 audiencias desde marzo de 2026, se concentró en la cadena de mando superior al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien falleció en el naufragio. Quedaron fuera del banquillo de los acusados el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas de turno, entre ellas el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad.

    El único condenado y sus últimas palabras

    Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra durante la gestión de Agustín Rossi, enfrentó el veredicto con un discurso de inocencia. “No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró ante los jueces. Y agregó: “Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”.

    López Mazzeo, por su parte, sostuvo que la acusación construyó un relato basado en inferencias y no en pruebas concretas: “Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso”. El capitán Correa se declaró inocente y afirmó haber actuado con “el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto”.

    El pedido de las querellas y la decisión del tribunal

    El Ministerio Público Fiscal había solicitado cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro para Alonso y tres años y seis meses para Correa. Las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los tripulantes, pidieron cinco años para los cuatro imputados por “imprudencia grave y sistemática”. El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y también querellante, fue más lejos al solicitar penas de siete a ocho años de prisión.

    El tribunal, sin embargo, consideró que la Fiscalía no logró demostrar un vínculo directo de causalidad entre las decisiones de los tres oficiales absueltos y el naufragio. Solo Villamide fue encontrado responsable por mayoría, aunque la pena de ejecución condicional le permite no ir a prisión. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.

    El fantasma del mantenimiento y las baterías recicladas

    Uno de los puntos que más polémica generó a lo largo de la investigación fue el estado del submarino y las condiciones en que se realizó su reparación de “media vida”. En septiembre de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Tandanor un acto donde prometió que el ARA San Juan tenía 30 años más de vida útil, tras una inversión de más de 16 millones de dólares. “Ahora, pato al agua”, dijo la exmandataria rodeada de militantes.

    Sin embargo, investigaciones posteriores del Ministerio de Defensa y auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectaron presuntas irregularidades en la compra de baterías y en los trabajos de reparación. Según el informe, la Armada habría beneficiado a determinados proveedores, cometido irregularidades en el recambio de baterías y adquirido insumos con garantías vencidas. Fuentes del astillero aseguraron que las baterías fueron reemplazadas por completo, aunque persisten las dudas sobre si se trataba de unidades nuevas o recicladas.

    La exministra de Defensa Nilda Garré intentó salir al cruce de las críticas: “No sé si se cambió. Técnicamente no lo conozco. Se hizo todo lo necesario que se tenía que hacer. No se abarató nada”. Pero las sospechas sobre el mantenimiento precario del submarino nunca se disiparon del todo y fueron un eje central en el debate judicial.

    Reacciones y próximos pasos

    El fallo fue recibido con críticas por parte de los querellantes. Luis Tagliapietra anticipó que apelará la decisión y avanzará con un pedido de nulidad ante la Cámara de Casación Penal. “Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las pruebas y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, denunció el abogado.

    Desde las filas de la Armada, en tanto, el fallo generó alivio entre los sectores que temían que una condena masiva afectara la moral de las camadas más jóvenes. Institucionalmente, las autoridades de la fuerza no emitieron pronunciamiento oficial.

    El caso del ARA San Juan sigue siendo una herida abierta para la sociedad argentina. El submarino zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y desapareció el 15 de noviembre tras reportar una avería. Un año después, el casco fue hallado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, confirmando la implosión que acabó con la vida de sus 44 tripulantes. La sentencia de hoy cierra un capítulo judicial, pero deja muchas preguntas sin respuesta.

  • Arsenal y chalecos antibalas: el nuevo avance en la causa por el asalto en la Ruta 3

    Arsenal y chalecos antibalas: el nuevo avance en la causa por el asalto en la Ruta 3

    En un procedimiento clave llevado a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la División Policial de Investigaciones logró incautar siete armas de fuego -entre ellas un fusil FAL y una ametralladora-, chalecos antibalas y equipos de comunicación. El hallazgo se produjo durante allanamientos en el marco de la causa que investiga el robo agravado y la tentativa de homicidio ocurrido el pasado 20 de junio en el kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3.

    La investigación por el violento asalto registrado sobre la Ruta Nacional N° 3 dio un giro significativo en las últimas horas, luego de que efectivos de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia secuestraran un verdadero arsenal bélico en una serie de allanamientos y registros vehiculares. El operativo, que se suma a las tareas ya iniciadas tras la detención del padre y dos hermanos de apellido Durán, permitió el hallazgo de elementos de alto poder ofensivo que podrían estar directamente vinculados con el hecho delictivo.

    El procedimiento se llevó a cabo después de que los investigadores establecieran la posible existencia de vehículos utilizados por los sospechosos, los cuales permanecían ocultos en estacionamientos privados de la ciudad. La pesquisa condujo al personal policial hasta un estacionamiento ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde localizaron tres rodados que presentaban indicios relevantes para la causa.

    Ante esta situación, la fiscal a cargo de la investigación, Dra. Verona Dagotto, solicitó una medida de comprobación directa, la cual fue autorizada por el juez Carlos Ariel Tedesco. Esta habilitación judicial fue el puntapié inicial para una inspección minuciosa que terminó revelando un arsenal de características sorprendentes.

    Durante el registro, los agentes lograron el secuestro de siete armas de fuego. Entre el material incautado se encuentran cinco armas largas de alto calibre, entre las que se destacan un fusil FAL, dos fusiles equipados con mira telescópica, una escopeta calibre 12/70 y una ametralladora. Además, se encontraron dos pistolas de los calibres .40 y 9 milímetros, junto a sus respectivos cargadores.

    Pero el arsenal no se limitó a las armas. Los efectivos también incautaron cuatro chalecos antibalas, un dispositivo de rastreo GPS, municiones de distintos calibres, equipos de comunicación tipo handy y varias chapas patentes. La variedad y la cantidad de los elementos secuestrados sugieren una planificación y un poderío que mantiene en vilo a la comunidad de la zona.

    Todos los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal. A partir de ahora, estos objetos serán sometidos a pericias balísticas, de ADN y otras pruebas forenses que permitan determinar su vínculo directo con el asalto del 20 de junio. La investigación no solo busca identificar a todos los involucrados en este hecho específico, sino también determinar si este arsenal está relacionado con otros ilícitos cometidos en la región.

    La investigación continúa abierta y con el objetivo firme de esclarecer completamente el hecho. El caso, que estremeció a los habitantes de Comodoro Rivadavia y a quienes transitan la Ruta Nacional N° 3, avanza con la esperanza de que los responsables enfrenten la justicia.

  • Reforma del Banco Central de la República Argentina: el fin de la estafa inflacionaria

    Reforma del Banco Central de la República Argentina: el fin de la estafa inflacionaria

     Javier Milei ultima una reforma histórica del BCRA para prohibir la emisión monetaria al fisco y penalizar la estafa inflacionaria, en un paquete que incluye el shutdown del Estado.

    El fin de la «maquinita»: las reformas de Milei que transforman el BCRA y apagan el Estado

    El presidente Javier Milei definió este martes junto a su equipo económico los detalles finales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que promete cambiar para siempre las reglas de juego monetarias en la Argentina. «Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos», afirmó el mandatario en declaraciones al canal de streaming Neura.

    La reforma, que se inscribe en un paquete más amplio de cambios estructurales —que incluye modificaciones en la ley de Mercado de Capitales, un nuevo régimen de Inocencia Fiscal, desregulación del mercado de seguros y nuevas reglas fiscales—, tiene un objetivo claro: terminar con la inflación para siempre y devolverle al Banco Central su misión original de preservar el valor de la moneda.

    Un «insulto al intelecto» que llega a su fin

    El eje central de la iniciativa es la modificación del artículo 3 de la actual Carta Orgánica, que desde la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012 establece cinco objetivos para el BCRA: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. Milei calificó esta multiplicidad de metas como «un insulto al intelecto» y «una declaración de ignorancia».

    «La teoría de Tinbergen sostiene que para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente», explicó el Presidente, fundamentando técnicamente su postura. La nueva Carta Orgánica reducirá el mandato del BCRA a un único y factible objetivo: preservar el valor de la moneda.

    La emisión monetaria, ahora un delito penal

    Uno de los puntos más disruptivos de la reforma es la prohibición explícita de que el Banco Central emita dinero para financiar al Tesoro Nacional. Pero Milei va más allá: la iniciativa incluirá sanciones penales para quienes violenten la independencia de la autoridad monetaria.

    «De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal», sostuvo el mandatario, equiparando la emisión sin respaldo con un delito. La medida busca cortar de raíz el mecanismo que durante décadas permitió a los gobiernos financiar el déficit fiscal a costa de la inflación y el empobrecimiento de los argentinos.

    El «shutdown» del Estado: cuando se acaba el presupuesto, se apaga la luz

    La reforma del BCRA no viene sola. Milei confirmó que el Gobierno trabaja en el armado de un mecanismo de «shutdown» del Poder Ejecutivo, inspirado en el modelo estadounidense. «Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado«, explicó.

    Esta herramienta complementará la reforma monetaria, garantizando que el Estado no pueda seguir gastando por encima de sus posibilidades y evitando así la tentación de recurrir a la emisión para cubrir déficits.

    Las críticas opositoras.

    Como era de esperar, la reforma generó reacciones encontradas. Los ex presidentes del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce salieron a cuestionar la iniciativa. Pesce advirtió que «combinar la autonomía del Central con un único objetivo» podría «provocar una recesión profunda».

    Sin embargo, estas críticas carecen de sustento técnico. La experiencia argentina demuestra que el modelo de múltiples objetivos no solo no logró ninguno de ellos, sino que profundizó la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Como señaló Milei, «si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición«.

    La reforma de 2012, impulsada por Marcó del Pont, amplió las facultades del BCRA para financiar al Tesoro y debilitó su independencia. El resultado fue una década de inflación crónica que destruyó el salario de los trabajadores. Volver al esquema previo, con un mandato claro y acotado, no es un retroceso sino un avance hacia la estabilidad.

    «La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún», anticipó Milei, dejando claro que el proceso de transformación del Estado recién comienza.

    Un nuevo paradigma.

    «Vamos a terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto cinco objetivos a un instrumento de política económica», sentenció Milei. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, junto con el paquete de reformas estructurales que la acompañan, representa un cambio de paradigma en la política económica argentina.

    Después de 91 años de «estafas de la política a los argentinos de bien», como definió el Presidente, el país se encamina hacia un modelo donde la emisión monetaria sin respaldo sea cosa del pasado y la estabilidad de precios sea una realidad sostenible.

  • Escándalo en Fiscalía: filtran datos a Ricardo Bustos, amigo de la fiscal Jefe, María Bottini

    Escándalo en Fiscalía: filtran datos a Ricardo Bustos, amigo de la fiscal Jefe, María Bottini

    En la Fiscalía de Esquel le filtraron información a Ricardo Bustos, amigo de la Fiscal Jefe María Bottini, sobre una denuncia en contra del mismo parlanchín radial de FM del Lago, destapándose la forma en la que se maneja un sector de esa fiscalía, de manera sesgada, direccionada, y con total irrespeto a la Ley. Paralelamente, el marido de Bottini, Martín Sandoval, estaría involucrado en la difusión de otra información de la fiscalía y actuaría como una suerte de “lobista” o “cadete” de la jefa de fiscales.

    Para comprender estos hechos, vamos a dividirlos en dos grupos: Caso N°1 y Caso N°2.

    Caso N°1: El entorno de Bustos, FM del Lago y la filtración en Fiscalía.

    Todo comenzó con el accionar de Ricardo Bustos y la supuesta representante local de la APDH, ambos denunciados por este medio (para más detalles sobre esa denuncia hacer click aquí).

    Entre idas y vueltas, ello destapó una realidad abrumadora: la FM del Lago, desde donde opera Bustos, percibe, según los boletines oficiales, una suma superior a los $12.000.000 por mes en publicidad oficial, en la que se incluye el pago de publicidad por un programa de Fernando Bravo que no está al aire desde 2024.

    Así entonces, se radicó una segunda denuncia por presunta estafa al Estado. (para más detalles sobre esa denuncia hacer click aquí).

    Pero un nuevo escándalo acaba de estallar: Chubut Online pidió tomar vista del legajo fiscal N°66.888 correspondiente a la primera denuncia y allí descubrimos un dato que demuestra la forma de actuar de esa fiscalía y que resultará en una tercera denuncia, esta vez, ante el Procurador Fiscal, que, a la vez, sería quien protege a Bottini, según el portal Cholila Online.

    Los hechos.

    Chubut Online se hizo presente en la fiscalía, en la semana del 22 de junio para solicitar información sobre la fecha en que le entregaron copia de la denuncia al denunciado Bustos. Pero en la fiscalía negaron que se le haya entregado copia, debido a que la designación del fiscal era reciente y hasta ese momento no se habían tomado acciones.

    Resulta que, en el legajo fiscal, no figura en ninguna foja el pedido de información, o de entrega de copia de la denuncia por parte de la fiscalía a Bustos.

    Ante la pregunta de Chubut Online sobre cómo había obtenido la copia el denunciado Bustos, no supieron qué responder.

    Todo movimiento del legajo tiene que estar inscripto en el mismo legajo. De hecho, esa misma fiscalía se niega a entregar copias de denuncias a los mismos denunciados, aun cuando éstos lo piden por escrito. Hay cierta burocracia para obtener ese tipo de documentación. En Chubut Online tenemos registro fehaciente de que ello ha ocurrido.

    Pero hete aquí que Ricardo Bustos, el día 11 de junio publicó alegremente en su portal de Facebook y de X (Ex Twitter) todo el cuerpo de la denuncia.

    Analizado el documento publicado, Chubut Online da cuenta de que efectivamente se trata del documento que forma parte del legajo fiscal, evidenciándose en los sellos de entrada.

    El dato incómodo es que recién fue el día 16 de junio cuando se definió qué fiscal debía intervenir en la denuncia, quedando en evidencia que alguien de la fiscalía, le entregó copia del expediente a Bustos sin dejar registros de los movimientos.

    Implicancias

    Este accionar de la fiscalía resulta muy grave, ya que el Fiscal designado es la primera persona que tiene que comprender el cuadro de situación y el estado de las tramitaciones.

    En casos de urgencias, este tipo de notificaciones “por debajo de la mesa” pone en riesgo la efectividad de posibles acciones inmediatas del fiscal, como pedidos de informes, órdenes de restricción, o allanamientos, ya que los denunciados conocen de antemano el contenido de lo denunciado y pueden hacer desaparecer pruebas o entorpecer la investigación.

    En cuanto a la parte denunciante, queda en un estado de incapacidad para obrar en consecuencia, atento a que cree que la tramitación está en un estado diferente al real.

    En casos de denuncias con riesgo físico o psicológico para alguna persona, este accionar de la fiscalía podría poner en serio riesgo a la víctima, permitiendo al denunciado accionar antes que recaiga sobre éste una prohibición de acercamiento, o permitiendo su fuga.

    El derecho a conocer la denuncia

    Toda persona tiene derecho a conocer el contenido de cualquier denuncia en su contra. Y esto seguramente lo intentará usar como defensa el propio Bustos, posiblemente, distorsionando los hechos para intentar quedar bien parado, como es su costumbre. Sin embargo, ese conocimiento no puede estar jamás alejado de los procedimientos.

    En esa misma fiscalía de Esquel han prohibido el acceso a legajos a otros, pero evidentemente Bustos tuvo un trato preferencial y sin dejarse registro en el legajo.

    La amistad de Bustos y la Jefa de Fiscales María Bottini.

    La amistad entre Bustos y Bottini quedó plasmada no sólo en una confesión a la que Bustos se vio obligado a hacer en una entrevista periodística, sino que también quedó plasmada en el propio legajo fiscal, tras la recusación que hiciera Chubut Online para que Bottini no interviniera en la investigación.

    La misma Bottini tuvo que excusarse ante el procurador fiscal ante ese pedido de Chubut Online.

    No podemos afirmar que esa relación haya sido el motor de la seria irregularidad en la tramitación del legajo, pero sí es un fuerte elemento que siembra dudas razonables, en un contexto en el que la Jefa de Fiscales ha sido muy cuestionada por su accionar en otros hechos. Más aún en el contexto de irregularidades que involucran también al marido de Bottini, como explicaremos más abajo.

    La designación del Fiscal a cargo de la investigación.

    El Procurador Fiscal actuó en consecuencia y el día 16 de junio designó a un fiscal para que lleve a cabo la investigación, bajo la dependencia de otra fiscalía.

    Cabe señalar que Bustos tuvo copia de la denuncia al menos cinco días antes de la designación del Fiscal. Qué ocurrió con la denuncia durante esos días, deberá ser motivo de investigación. Estas cuestiones no pueden volver a pasar jamás.

    Caso N°2: El marido de Bottini y su entrometimiento en temas judiciales.

    El actual marido de la Fiscal Jefe, Martín Sandoval, es un contador que no es empleado judicial, y habría dejado una serie de fuertes pruebas que involucrarían tanto a él como a su esposa en manejos impropios -por no decir ilegales- de información judicial.

    Una serie de audios de Martín Sandoval complicaría gravemente la situación tanto de él, como de Bottini, como de altos responsables del Poder Judicial.

    La conductora radial María Elena Paggi, dio a conocer en su clásico programa de los días sábado en FM del Sur, Esquel, sólo un par de esos audios.

    Chubut Online pudo escuchar los audios, y la voz del marido de Bottini sería la que sugiere que él habría “apretado” a Bottini para que actúe de determinada manera en un asunto judicial, dando muestra del presunto entrometimiento del marido de Bottini en cuestiones que no tiene ni potestad, ni facultad alguna para entrometerse, como así tampoco Bottini debería exponer información de tramitaciones judiciales a absolutamente nadie por fuera de las funciones y misiones que le competen como Fiscal.

    También hay audios que serían de la misma Jefa de Fiscales, María Bottini, que habrían sido torpemente distribuidos por el mismo Sandoval.

    Pero eso no sería todo. También habría adelantamientos de resoluciones judiciales, lo que es aun mucho más grave, ya que no sólo evidenciaría el accionar temerario de Bottini y su marido, sino que también, embarraría el accionar de otros actores del Poder Judicial, cuyas resoluciones deberían permanecer en secreto hasta ser formalmente notificadas a las partes.

    Hace unos cuatro años, el portal Cholila Online, ya daba cuenta de presuntas graves irregularidades en el ámbito de Bottini, su actual marido, Martín Sandoval, y sus relaciones de poder. Link a nota de Cholila Online: https://cholilaonline.ar/2022/07/el-novio-de-la-jefa-de-fiscales-de-esquel-ataco-a-la-prensa.html

    De comprobarse todas estas irregularidades, habida cuenta de los anticipos de años sobre estas presuntas irregularidades, y que nada ha pasado, es pertinente preguntarse quién “banca” a Bottini, por qué, y quién le va a “poner el cascabel al gato”.

    ¿Un jury a Bottini?

    En nuestra humilde opinión, no comprendemos cómo Bottini sigue en funciones luego de un historial de situaciones muy irregulares en su accionar en sus años como fiscal.

    El problema es que la mismísima Bottini también forma parte del Consejo de La Magistratura, órgano que define el destino de jueces y fiscales.

    Preguntas incómodas para reflexionar.

    ¿El Poder Judicial va a seguir mirando para otro lado?

    ¿Es justo que los fiscales que cumplen profesionalmente con su trabajo vean manchado el nombre de su ámbito de trabajo por las irregularidades de otros?

    ¿Cómo construir confianza en la sociedad para con el Poder Judicial?

    ¿Los mismos colegas y funcionarios judiciales, que no actúan cuando ven irregularidades, prefieren el silencio cómplice?

    Mientras el lector analiza las preguntas, Chubut Online continúa investigando. En los próximos días se presentará formalmente la correspondiente denuncia respecto a algunos de los hechos.

  • Justicia de Chubut: ¿Un caballo es sujeto de derecho o un exceso judicial? ¿Justicia o estupidez?

    Justicia de Chubut: ¿Un caballo es sujeto de derecho o un exceso judicial? ¿Justicia o estupidez?

    El fallo que declaró al equino René como «ser sintiente» y «sujeto de derecho no humano» generó un profundo debate en la provincia. Mientras defensores del bienestar animal celebran el precedente, juristas advierten que los jueces están legislando de facto al apartarse del Código Civil y Comercial.

    El caso del caballo René, rescatado en estado de extrema desnutrición en Gualjaina tras permanecer bastante tiempo sin agua ni comida, llegó a su punto más álgido cuando un tribunal revisor de Esquel confirmó la resolución que lo declaró formalmente como un «ser sintiente y sujeto de derecho no humano». La defensa del dueño del animal, que reclamaba su devolución bajo el argumento de que el equino es un simple «bien mueble» conforme al Código Civil y Comercial, fue rechazada.

    La pregunta que atraviesa este fallo es tan inevitable como incómoda: ¿estamos ante un acto genuino de humanidad o, por el contrario, ante una estupidez judicial que confunde el derecho con el activismo emocional?

    Un animal, ¿sujeto de derecho?

    Para responder, hay que separar nítidamente dos planos: el de la ética y el del derecho positivo. Nadie sensato puede justificar el estado en que fue hallado René. Los informes veterinarios lo describen como «piel y hueso», con una severa prominencia ósea y un escore corporal críticamente bajo. Eso no es discutible. El dueño, que no atendió los llamados municipales previos al secuestro del animal, incurrió en una conducta que, al menos prima facie, encuadra en la Ley 14.346 de maltrato animal.

    Hasta ahí, todo claro. El problema comienza cuando la Fiscalía, y luego los jueces, dan un salto que el derecho positivo no autoriza: convertir a la víctima de un delito —el animal— en un «sujeto de derecho» con capacidad para ser titular de derechos propios.

    La fiscalía argumentó que «solo se puede ser cruel con un sujeto que tiene capacidad de sufrimiento», y que la propia Ley 14.346, al castigar la crueldad, reconoce al animal como sujeto pasivo del delito. Pero de ahí a declararlo «sujeto de derecho» hay un abismo que la ley no salva. El Código Civil y Comercial, que la defensa invocó correctamente, sigue considerando a los animales como «cosas» o «bienes muebles». No hay una ley que haya modificado ese estatus. No existe norma que consagre a los animales como sujetos de derecho en Argentina.

    Jueces que legislan

    Aquí radica el núcleo de la crítica: los jueces, a través de este fallo, están legislando de facto. La defensa del dueño lo dijo con claridad: el juez de primera instancia había «legislado de facto». Y el tribunal revisor, lejos de corregir ese exceso, lo convalidó.

    El artículo 240 del Código Civil, que la Fiscalía citó para sostener que el derecho de propiedad tiene límites cuando afecta al ecosistema o a la fauna, no dice que los animales sean sujetos de derecho. Dice que los derechos individuales no son absolutos. Una cosa es limitar el derecho de propiedad cuando se ejerce de manera abusiva —y eso es perfectamente válido— y otra muy distinta es inventar una categoría jurídica que no existe en el ordenamiento.

    El fallo se apoya además en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal y en precedentes como los casos de los orangutanes «Sandra» y el chimpancé «Cecilia». Pero esos precedentes, por más loables que sean en términos éticos, no tienen fuerza de ley. Son fallos aislados que, en su momento, también fueron criticados por apartarse del derecho positivo.

    El ridículo de los «seres sintientes»

    La catalogación de René como «ser sintiente» abre una puerta peligrosa. ¿Qué es un «ser sintiente»? ¿Dónde se traza la línea? Si el criterio es la capacidad de experimentar dolor o sufrimiento, entonces no solo los caballos, sino también los perros, los gatos, las vacas, los cerdos, las gallinas y, sí, las cucarachas, podrían reclamar ese estatus. ¿Vamos a declarar sujeto de derecho a una mosca? ¿A una hormiga?

    La pregunta no es retórica. Si el criterio es la sensibilidad, cualquier ser vivo con sistema nervioso podría ser candidato. Y si cualquier ser vivo puede ser sujeto de derecho, entonces cualquier persona que mate una mosca podría ser técnicamente un delincuente. El absurdo al que se llega es evidente.

    El problema no es el animal, sino la falta de rigor jurídico. Los jueces no son biólogos ni filósofos. Su función es aplicar la ley, no crear categorías ontológicas. Al hacerlo, se convierten en legisladores sin mandato popular, y eso es peligroso para el Estado de derecho.

    Humanidad sí, disparate no

    Nadie en su sano juicio defiende el maltrato animal. René merecía ser rescatado, recuperado y protegido. El dueño, si se acredita la responsabilidad, debe ser sancionado conforme a la ley. Pero nada de eso requiere declarar al caballo «sujeto de derecho».

    La solución existía antes de este fallo: el secuestro preventivo del animal, la guarda en Fauna Urbana, la imputación por maltrato, todo eso podía hacerse sin necesidad de inventar una categoría jurídica que no existe. La ley ya provee herramientas para proteger a los animales del maltrato. La Ley 14.346 existe, y es suficiente.

    Lo que hizo la Justicia de Chubut fue un acto de activismo judicial disfrazado de progresismo. Y eso, por más buena intención que tenga, es un error. Porque el derecho no se construye sobre la emoción, sino sobre la norma. Y cuando los jueces se apartan de la norma, dejan de ser jueces para convertirse en otra cosa.

    El precedente peligroso

    El fallo de René sienta un precedente que, si se replica, puede generar una cascada de demandas y confusiones jurídicas. ¿Qué pasa si el dueño de un perro reclama que su animal es «sujeto de derecho» para impedir que se lo saquen? ¿Qué pasa con la industria ganadera? ¿Con la equinoterapia? ¿Con los caballos de carrera?¿Qué pasaría con la ejecución de un perro violento?

    El debate sobre el estatus legal de los animales es legítimo y necesario. Pero debe darse en el Congreso, con leyes que establezcan con claridad qué derechos se reconocen y a qué especies. No puede ser resuelto por un juez de Esquel en un fallo aislado, por más conmovedor que sea el caso de René.

    La humanidad con los animales no se demuestra inventando derechos que no existen. Se demuestra cumpliendo la ley que ya existe, y trabajando para mejorarla. Pero siempre dentro del marco institucional. Cuando los jueces se saltan ese marco, no están protegiendo a los animales: están erosionando la seguridad jurídica de todos.

    La fiscalía, nuevamente un desastre. La mentalidad «progre» de bajo coeficiente intelectual, vuelve a brillar por su incompetencia.

  • Leticia Huichaqueo obtiene salidas transitorias desde su arresto domiciliario

    Leticia Huichaqueo obtiene salidas transitorias desde su arresto domiciliario

    La exministra de Acción Social de Chubut, Leticia Huichaqueo, condenada por los casos de corrupción “Emergencia Climática” y “Royal Canin”, comenzará este domingo a gozar de un régimen de salidas transitorias desde su vivienda en Gaiman, donde cumple arresto domiciliario.

    La decisión fue adoptada por la jueza de ejecución Karina Breckle, quien hizo lugar al pedido presentado por la defensora particular Lorena Elisiancín, con el control y las observaciones formuladas por la funcionaria de Fiscalía Analía Acuña, en representación del Ministerio Público Fiscal que investigó y llevó adelante el proceso hasta la condena.

    Un régimen progresivo sin custodia

    Según la resolución judicial, Huichaqueo podrá salir de su domicilio todos los domingos durante un lapso de seis horas, sin custodia policial directa. El régimen será de carácter progresivo y constituye una etapa prevista en el proceso de ejecución de la pena. La Justicia dispuso además que la Policía realice un único control diario para constatar su permanencia en el domicilio y evitar cualquier riesgo de fuga.

    En cuanto a los traslados por motivos de salud fuera de la localidad de Gaiman, deberán efectuarse en un móvil policial con la menor cantidad posible de efectivos, para no afectar las tareas de prevención de delitos. Los desplazamientos dentro de la localidad podrán realizarse en vehículos de sus familiares.

    La mitad de la condena ya cumplida

    Huichaqueo cumplió la mitad de su condena en diciembre de 2025, gran parte de ella bajo la modalidad de arresto domiciliario por cuestiones de salud. De mantenerse el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia, en septiembre próximo quedará en condiciones de acceder a la libertad condicional, hasta completar la totalidad de la pena.

    Los delitos que la llevaron a prisión

    La exfuncionaria fue condenada a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, tras unificar dos sentencias en su contra. Los casos de corrupción, conocidos como “Royal Canin” y “Emergencia Climática”, revelaron el uso indebido de donaciones y recursos destinados a asistir a los damnificados tras el devastador temporal que azotó Comodoro Rivadavia entre marzo y abril de 2017.

    En el marco de la causa “Emergencia Climática”, Huichaqueo fue hallada culpable de los delitos de defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta. Por la causa “Royal Canin”, fue condenada por peculado en carácter de delito continuado, tras comprobarse que comercializó clandestinamente 450 bolsas de alimento balanceado donadas por la firma Royal Canin para asistir a las personas y mascotas afectadas por el temporal. El Ministerio Público Fiscal comprobó que Huichaqueo y su esposo, Juan Carlos Gómez —también condenado en la causa—, vendieron estas donaciones a través de redes sociales.

    El fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, destacó que “fueron doce los jueces que confirmaron su culpabilidad en los hechos por los que fue procesada”, y subrayó la gravedad de los delitos cometidos “aprovechándose de los controles laxos del Estado en medio de urgencias y necesidades extremas que estaba atravesando la población de Comodoro Rivadavia”.

    Antecedentes de la prisión domiciliaria

    La exministra se encuentra cumpliendo su condena en su domicilio de Gaiman desde que se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud. La medida ha sido objeto de revisiones periódicas y controles por parte de la Justicia, que ha mantenido la modalidad de arresto domiciliario con estrictas condiciones.

  • Nació el primer cerdo genéticamente modificado para trasplantes en Argentina.

    Nació el primer cerdo genéticamente modificado para trasplantes en Argentina.

    Científicos de la UBA y la UNSAM logran el nacimiento del primer cerdo clonado de América Latina con triple knockout genético, un hito que abre esperanzas para los más de 7 mil argentinos en lista de espera de órganos.

    Un hito que desafía la escasez de órganos: Argentina ya tiene su primer cerdo genéticamente modificado para trasplantes humanos

    El pasado 8 de abril de 2026, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, ocurrió algo que hasta hace poco parecía reservado para los laboratorios de Estados Unidos y China. Nació un lechón clonado con tres genes desactivados, diseñado específicamente para que su cuerpo no active las defensas inmunes humanas. Es el primero de América Latina y el tercero del mundo en lograr esta modificación conocida como «triple knockout».

    Detrás de este logro hay un consorcio científico estratégico que reunió a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la startup CrofaBiotech. El equipo de la UNSAM, liderado por el investigador Adrián Mutto, se encargó de la clonación molecular y la edición genética de los embriones, desactivando tres genes —GGTA1, CMAH y B4GalNT2— responsables de desencadenar la respuesta inmune agresiva que suele destruir los órganos trasplantados de animales a humanos.

    El relevo lo tomó la UBA. El veterinario especialista en reproducción porcina Marcelo Acerbo, profesor de la Facultad de Veterinaria, lideró la preparación de la cerda receptora, la implantación quirúrgica de 120 embriones editados genéticamente mediante una técnica mínimamente invasiva, y el seguimiento de la gestación hasta el parto. «Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones», explicó Acerbo.

    Una respuesta a la crisis de donantes

    La magnitud del desafío que enfrenta este proyecto es abrumadora. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), más de 7 mil personas necesitan un trasplante en forma urgente en Argentina. En lo que va de 2026, se realizaron alrededor de 900 trasplantes en el país, y apenas existen nueve donantes por cada millón de habitantes. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que los trasplantes cubren apenas el 10% de la demanda.

    El cerdo se ha consolidado como el candidato ideal para el xenotrasplante —el trasplante de células, tejidos u órganos de animales a humanos— porque su anatomía y fisiología son sorprendentemente similares a las del ser humano, y además tiene una reproducción rápida. El gran obstáculo histórico ha sido el sistema inmune humano, que reconoce el órgano animal como un invasor y puede destruirlo en cuestión de minutos. La técnica del «triple knockout» está diseñada precisamente para sortear esa barrera.

    El camino hacia el quirófano

    El nacimiento de este primer lechón es apenas el comienzo. El equipo ya cuenta con dos cerdas preñadas con nuevos clones en desarrollo y planea alcanzar cinco clones más para fines de junio. Pero el objetivo final va mucho más allá: consolidar una línea genética de cerdos donantes aptos para xenotrasplantes, replicando las experiencias pioneras que ya se desarrollan en Estados Unidos.

    Las próximas etapas del proyecto incluyen la edición adicional de genes, una técnica conocida como «knock-in». El grupo de la UNSAM prevé incorporar hasta siete genes extra para aumentar aún más la compatibilidad de los órganos porcinos con los receptores humanos. Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño de órganos como el hígado o el corazón, que en un cerdo adulto de más de 200 kilos exceden la capacidad del cuerpo humano.

    Argentina en la vanguardia de la medicina regenerativa

    Este avance posiciona a la Argentina en el selecto grupo de países capaces de generar clones porcinos con modificaciones genéticas específicas para xenotrasplantes. Es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China, y representa un punto de inflexión en la medicina regenerativa de toda América Latina.

    Sin embargo, aún queda un largo camino. La validación regulatoria dependerá de estudios preclínicos a cargo del INCUCAI, que deberá certificar que los órganos porcinos modificados no desencadenan rechazo en los potenciales receptores humanos. Recién entonces se podrá avanzar hacia los ensayos en personas.

    Mientras tanto, el trabajo conjunto de la UBA y la UNSAM sigue adelante. En el plano institucional, la UBA aporta capital humano especializado, quirófanos adaptados para procedimientos complejos, instalaciones para la cría y recursos para el mantenimiento de los animales. La UNSAM, por su parte, lidera la edición genética y el desarrollo de la plataforma biotecnológica.

    La medicina humana enfrenta una demanda insatisfecha de órganos que no da tregua. Los avances en edición genética y clonación animal abren nuevas posibilidades para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Con este hito, la ciencia argentina demuestra que está a la altura de los desafíos más complejos de la medicina del siglo XXI.

  • Corrupción K: Corte Suprema ratifica decomiso de $685.000M a CFK y rechaza sus chicanas

    Corrupción K: Corte Suprema ratifica decomiso de $685.000M a CFK y rechaza sus chicanas

    La paciencia de la Justicia tiene un límite, y Cristina Fernández de Kirchner acaba de comprobarlo una vez más. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad, elevando el monto a la astronómica cifra de 685.000 millones de pesos, y de paso enterró los últimos recursos dilatorios que la ex presidenta y su socio Lázaro Báez intentaron utilizar para escapar de la ejecución patrimonial. Con esta resolución, el máximo tribunal no solo ratifica la condena por administración fraudulenta, sino que desnuda la estrategia de la ex mandataria: utilizar todos los trucos legales, planteos de nulidad y artilugios procesales para postergar lo inevitable, mientras agita el fantasma del “lawfare” para confundir a la opinión pública.

    La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó de plano los pedidos de nulidad y el intento de suspender las medidas de ejecución. La defensa de Cristina, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, había esgrimido argumentos tan endebles como la supuesta “litispendencia” o la pretendida incompetencia del Tribunal Oral Federal 2 para ejecutar el decomiso. Pero los ministros no compraron el relato: el decomiso es de naturaleza penal, y los bienes incautados, que incluyen 111 propiedades en el sur del país, ya están en proceso de tasación para su remate. La ex presidenta, que cumple arresto domiciliario desde hace un año, ve cómo su patrimonio se esfuma mientras sus abogados intentan ganar tiempo a costa del erario público y de la credibilidad del sistema judicial.

    No es la primera vez que Cristina Kirchner recurre a la chicana legal para torcer el brazo de la Justicia. En esta causa, que investiga el desvío sistemático de fondos de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, la condena a seis años de prisión ya es firme, y el decomiso solidario alcanza a todos los condenados, entre ellos Báez, cuyos bienes ya fueron rematados en otras causas. Pero la ex presidenta insiste en victimizarse, alegando que el monto actualizado –que pasó de 85.000 a 685.000 millones– es “excesivo” o que el período imputado debería ser más corto para ella. Sin embargo, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ya habían dejado en claro que el cálculo responde a un informe técnico del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y que el marco temporal es el de toda la maniobra defraudatoria, sin concesiones a los privilegios de la ex mandataria.

    Lo que realmente molesta a Cristina Kirchner no es el número, sino la pérdida de control. Sabe que la ejecución de su patrimonio es el paso previo a una posible prisión efectiva, y por eso no duda en sembrar dudas sobre la legitimidad del tribunal, denunciar una supuesta “persecución” o incluso insinuar que el decomiso debería tramitarse en el fuero civil para dilatar el proceso décadas. Pero la Corte Suprema, con esta resolución, ha enviado un mensaje claro: la ley no se negocia, y los recursos que solo buscan obstruir la acción de la Justicia serán rechazados sin contemplaciones. La estrategia de la ex presidenta de convertir cada fallo en un escándalo mediático para presionar al Poder Judicial ha fracasado estrepitosamente, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

    El fallo también desnuda el entramado de corrupción que durante más de una década saqueó las arcas del Estado en la provincia de Santa Cruz, pero que tiene réplicas en todo el país, incluido Chubut. La adjudicación de 51 licitaciones de obra pública al Grupo Austral, propiedad de Báez, no fue un acto aislado, sino la punta del iceberg de un sistema de negocios espurios que benefició a los kirchneristas más cercanos al poder. Mientras la ex presidenta se escuda en su fuero y en la retórica de la persecución política, los bienes que alguna vez ostentó como símbolo de su estatus están siendo tasados para saldar la deuda con la sociedad. El remate de esas propiedades, que incluyen terrenos y edificios en el sur, será un acto de reparación simbólica y material para todos los argentinos que vieron cómo se dilapidaban los recursos públicos en obras sobrevaluadas y contratos amañados.

    No hay excusa que valga. Cristina Kirchner ha intentado todo: planteos de nulidad, recursos de casación, pedidos de suspensión, y hasta la artimaña de la “unificación de condenas” para que el Tribunal Oral Federal 4 absorba el decomiso. Pero la Justicia, paso a paso, ha ido desmontando cada uno de sus argumentos. La Cámara de Casación ya había rechazado en octubre la competencia civil que esgrimían sus defensores, y ahora la Corte Suprema cierra la puerta definitivamente. La ex presidenta no es víctima de un complot, sino responsable de un fraude que perjudicó a todos los argentinos, y su intento de alterar el orden público mediante discursos inflamatorios y convocatorias a movilizaciones no hará más que agravar su situación judicial.

    El mensaje es contundente: en la Argentina, la corrupción tiene precio, y Cristina Kirchner lo está pagando. La actualización del decomiso a 685.000 millones de pesos no es un capricho, sino el resultado de un peritaje riguroso que refleja el daño causado a la administración pública. Y aunque la ex presidenta intente distraer con sus habituales diatribas contra el Poder Judicial, la realidad es que la Justicia ha actuado con independencia y firmeza, poniendo fin a décadas de impunidad. Los habitantes de Chubut, de Santa Cruz y de todo el país deben saber que los fallos no se doblegan con tuits ni con amenazas, y que tarde o temprano, los bienes malhabidos terminan siendo devueltos a su legítimo dueño: el pueblo argentino.

  • El gobierno da de baja contratos kirchneristas en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

    El gobierno da de baja contratos kirchneristas en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

    El Gobierno nacional aclaró que en la Comisión Nacional de Energía Atómica no hubo despidos de ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado, sino la no renovación de 61 contratos de personal que ingresó en 2023, durante la gestión kirchnerista de Adriana Serquis.

    Mientras los grandes medios de comunicación intentan instalar una falsa narrativa de «despidos masivos» y «represión» para generar caos social, la realidad es contundente: 42 de las 61 personas desvinculadas no contaban con estudios de grado, y el 100% había ingresado en 2023 bajo la presidencia de Adriana Serquis. Es decir, no se tocó ni un solo ingeniero nuclear ni personal altamente calificado que sostiene las operaciones estratégicas del organismo.

    Lo que los medios ocultan deliberadamente es que, como todas las instituciones públicas durante el kirchnerismo, la CNEA fue engrosada con contrataciones innecesarias que el Estado no puede ni debe sostener. La población no tiene por qué pagar sueldos a personas que ingresaron sin la formación requerida para cumplir funciones esenciales en una institución estratégica para el desarrollo nuclear argentino.

    El conflicto se agravó cuando el personal desvinculado ingresó ilegalmente al edificio de la CNEA y generó disturbios. Al tratarse de una institución estratégica, custodiada por Gendarmería Nacional, las fuerzas de seguridad solicitaron refuerzos, incluidos vehículos blindados, para restablecer el orden. Durante los incidentes, un efectivo resultó lesionado y se produjo la rotura de dos escudos.

    Lejos de la versión sensacionalista que difunden ciertos medios, lo que ocurrió fue un operativo de seguridad ante una ocupación ilegal, no una «represión» como falsamente se titula. El vocero presidencial Adrián Ravier informó que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos, dentro de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional.

    La decisión del Gobierno es clara y coherente: poner fin al despilfarro de recursos públicos heredado de la gestión anterior, sin afectar el conocimiento técnico y científico que la CNEA requiere para su misión estratégica. Mientras los medios masivos mienten, Chubut Online te informa.

  • El héroe que tapó al Che: Fattorello y la limpieza profunda que la UNPSJB necesita.

    El héroe que tapó al Che: Fattorello y la limpieza profunda que la UNPSJB necesita.

    Marco Fattorello, profesor de violín, ingresó a la UNPSJB y tapó con pintura gris el mural del asesino conocido como «Che Guevara». Un acto de valentía que expone la podredumbre política de las universidades argentinas.

    La semana que pasó en la Patagonia no fue una semana cualquiera. Mientras algunos argentinos miraba con indiferencia el calendario, un hombre de coraje decidió hacer lo que nadie se atrevía: plantar bandera en el corazón del monopolio ideológico de la universidad pública.

     Marco Fattorello, violinista, docente del IUPA, ingresó a la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y, con un rodillo y pintura gris, tapó el histórico mural de Ernesto «Che» Guevara para pintar encima la bandera argentina.

    Lo hizo en vivo, frente a una cámara, sin pedir permiso, sin pedir disculpas; tal como los bizarros arcaicos que pintaron el mural de un asesino despiadado en una universidad pública. Y por eso, hoy, debe ser celebrado como un héroe nacional.

    El mural del Che Guevara en la UNPSJB no es arte, es propaganda desubicada, bizarra y violenta. Es la cara de un asesino, de un homofóbico, de un fracasado que encontró en la violencia su única forma de trascendencia. Un «revolucionario» para los idiotas.

    Esa imagen no tiene nada que hacer en una casa de estudios superiores. No forma parte de la memoria histórica, como pretenden algunos decadentes docentes de Historia politizados y mediocres. Es, lisa y llanamente, un símbolo de odio y terrorismo que durante 28 años envenenó el pasillo de una universidad que debería formar profesionales, no adoctrinar militantes.

    La universidad pública, tomada por la militancia

    Fattorello no hizo más que señalar con un acto concreto lo que millones de argentinos ven con impotencia todos los días: las universidades públicas, lejos de ser templos del saber, se han convertido en feudos de la izquierda y del kirchnerismo, derrochadores de dinero público a los que nunca les alcanza el presupueso.

    La UNPSJB es el ejemplo perfecto de esta decadencia. Un reducto de militantes que muchas veces no van a estudiar, sino a hacer política, a ocupar espacios, a militar consignas que nada tienen que ver con la formación académica.

    Las autoridades universitarias, cómplices de esta farsa, también son decadentes y permisivas. Mientras el nivel educativo y formativo es paupérrimo en manos de estos operadores políticos, la UNPSJB ha entregado títulos a personas que jamás cursaron ciertas materias, con causas penales abiertas por estas irregularidades. La universidad se ha convertido en una fábrica de militantes, no de profesionales. Y quienes deberían garantizar la excelencia académica miran para otro lado, cuando son ellos mismos los que impulsan el adoctrinamiento.

    Un claro ejemplo fue la presencia, hace poco, de Guillermo Moreno, un condenado penalmente por su accionar como funcionario kirchnerista, que dio una cátedra abierta en esa misma universidad. Eso es lo que la UNPSJB considera un «acto académico». Un delincuente condenado dando clases en una universidad pública. Esa es la calidad moral e institucional que defienden los que hoy se rasgan las vestiduras por un mural.

    Fattorello, un ejemplo de coraje

    Los que critican a Fattorello son los mismos que defienden al asesino del Che. Los mismos que justifican la violencia, la persecución ideológica y el adoctrinamiento. Los mismos que condenan al que se anima a romper el molde y decir basta. Fattorello no cometió un delito, cometió un acto de justicia. Tapó con prolijidad la imagen de un terrorista para dar paso a la bandera argentina, el símbolo que nos une a todos. Eso no es vandalismo, es patriotismo.

    Los inmaduros que hacen política en las universidades, tanto militantes de izquierda como autoridades que permiten todo esto, no son aptos para estar en un establecimiento de ese tipo. La universidad no es una tribuna política, no es un espacio de militancia partidaria. Es un lugar para estudiar, para investigar, para crecer profesionalmente. Quienes ocupan esos espacios para hacer política están robando el futuro de los estudiantes y el dinero de todos los argentinos.

    Un video que lo dice todo.

    Fattorello es constantemente agredido física y verbalmente por energúmenos de izquierda que se adueñan de las universidades. El siguiente video es un simple ejemplo de lo que vive a diario en su trabajo.

    Su pecado: querer trabajar cuando todos hacen paros o asambleas y pretender una universidad de calidad.

    Vemos en esta toma la violencia alarmante de una docente que no muestra evidencia alguna de capacidad para estar formando parte de un staff de docentes universitarios, agrediéndolo e insultándolo de manera inimaginable, bestial, maleducada y repudiable.

    Fattorello, con tensa calma, se comporta como un señor con todas las letras, soportando a la maleducada con sabiduría y entereza.

    Un cambio de raíz es urgente

    La universidad pública merece un cambio de raíz. Todas las autoridades deben ser dadas de baja. No se puede seguir permitiendo que la militancia politique el destino de la educación superior. Las universidades deben profesionalizarse. Los cargos directivos deben ser ocupados por académicos de excelencia, no por punteros políticos. Los planes de estudio deben estar orientados a la formación profesional, no al adoctrinamiento ideológico.

    La imagen del Che Guevara no tiene por qué estar en una universidad pública. Esa es una batalla cultural que recién comienza. Y Marco Fattorello, con su rodillo y su pintura gris, dio el primer paso. Es un héroe porque se animó a hacer lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir. Porque plantó cara al establishment progresista y dijo: basta.

    Fattorello fue demorado por la Policía. La universidad lo denunció penalmente. Pero su gesto ya trascendió. Hoy, miles de argentinos lo aplauden. Mañana, serán muchos más. La limpieza de las universidades públicas ya comenzó. Y Fattorello es el primero en empuñar la escoba.

  • Mekotio: la estafa multimillonaria mediante un troyano bancario distribuido por e-mail.

    Mekotio: la estafa multimillonaria mediante un troyano bancario distribuido por e-mail.

    El ciberdelito financiero alcanzó niveles inéditos en Argentina cuando una sofisticada red criminal logró sustraer más de 600 millones de pesos mediante el troyano bancario Mekotio, afectando a más de 40 compañías en todo el país.

    El primer indicio del fraude no apareció en el lenguaje de internet, sino en la contabilidad de las empresas. En 2024, un frigorífico argentino detectó movimientos no autorizados en sus cuentas. Esa denuncia activó, dentro de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, la denominada Operación Tenevoy —»sombra» en ruso—. El 15 de abril de 2025, el patrón se repitió: una fábrica de envases plásticos de Beccar advirtió que desde una cuenta del Banco Provincia se habían realizado nueve transferencias por $42.650.000 hacia dos bancos privados.

    El modus operandi: un correo y una puerta abierta

    Los ataques se ejecutaron mediante correos electrónicos con archivos maliciosos que contenían Mekotio, un troyano bancario con activa presencia en América Latina. La trampa se camuflaba entre la rutina administrativa: facturas, vencimientos y comprobantes que alguien debía abrir para que el trabajo continuara. El archivo falso no necesitaba parecer extraordinario; su eficacia residía exactamente en lo contrario: adoptar la forma de una gestión más dentro del flujo laboral cotidiano.

    Una vez dentro del sistema, el malware monitoreaba la actividad financiera, accedía a cuentas y claves, y ejecutaba transferencias canalizadas a través de cuentas mula. A diferencia del ransomware, Mekotio no cifra archivos para exigir un rescate: se infiltra, captura información sensible y habilita la transferencia ilícita de fondos.

    El engaño se perfecciona

    En ataques anteriores en la región, Mekotio se asoció al robo de credenciales mediante formularios falsos que imitaban sitios bancarios legítimos. También intervenía operaciones con criptomonedas: al reemplazar billeteras copiadas al portapapeles por direcciones controladas por los atacantes, una acción tan automática como copiar y pegar un destino quedaba modificada sin que el usuario lo advirtiera.

    La variante más utilizada en Argentina, según la firma de ciberseguridad ESET, es el correo de factura impaga dirigido a Contaduría o Cuentas a Pagar. En 2023, Argentina concentró más de la mitad de las detecciones regionales de Mekotio. El troyano también circuló con correos que imitaban citaciones judiciales de la Policía Federal, invocando artículos del Código de Procedimiento Civil para intimidar a las víctimas.

    La ruta del dinero: de las cuentas empresarias a la cueva en Belgrano

    La parte digital de la maniobra necesitaba una salida financiera, y el tramo final de la cadena tenía nombre y apellido: Iván Materov, un ciudadano ruso de 42 años conocido como «el Oso Ruso». Según la Justicia, estaba detrás de Dólar Belgrano, una cueva financiera donde habrían sido derivados los 600 millones de pesos de la estafa.

    Materov había llegado a Argentina desde Rusia menos de un año antes, instalándose con su esposa e hija en el barrio de Belgrano. Externamente se presentaba como desocupado; internamente, según la investigación de la UFEIC a cargo del fiscal Alejandro Musso, ocultaba una actividad que le generaba ganancias millonarias.

    Dólar Belgrano operaba como una cueva cripto con servicio de delivery: recibía criptomonedas y entregaba dólares en efectivo, o realizaba el camino inverso. Sus anuncios circulaban en ruso por Telegram, dirigidos a la comunidad que había llegado al país desde 2022 por la guerra con Ucrania. La cueva prometía discreción y evitar las «preguntas innecesarias» sobre el origen del dinero.

    El circuito cripto para ofuscar el origen

    El dinero robado no se quedaba en pesos. Los delincuentes lo convertían en criptomonedas estables —USDT y USDC, atadas al dólar— y lo repartían entre cuentas mula mediante billeteras descentralizadas, que se abren en minutos y no exigen identificar al titular. La banda operó sobre la red Tron, más rápida, en lo que los investigadores describieron como un intento de «ofuscar» el origen del botín.

    «Todo el sistema financiero descentralizado no pasa por ningún control de riesgo de lavado de activos», explicó un detective con experiencia en este tipo de causas. A pesar de esa capa de ocultamiento, el fiscal Musso y su equipo reconstruyeron la trazabilidad del dinero hasta llegar a Dólar Belgrano, donde los criminales completaban el último paso: cambiar las criptomonedas por dólares físicos que la cueva entregaba a domicilio en moto.

    El operativo: 17 allanamientos y un botín móvil

    El operativo se concretó con 17 allanamientos —11 en la Ciudad de Buenos Aires y seis en la provincia— a cargo de la Policía de la Ciudad y de la DDI de San Isidro. Uno de los puntos allanados fue el domicilio de Materov, que se resistió a entregar sus dispositivos, agredió al fiscal Musso e intentó destruir uno de sus teléfonos antes de que los efectivos lo redujeran y accedieran al dispositivo desbloqueado para su peritaje.

    Como resultado fueron detenidas cinco personas y otras siete quedaron identificadas. Entre lo incautado figuran más de US$150.000 en criptomonedas, US$31.909 en efectivo, US$60.000 en cuentas de inversión, $1.912.300, 90 euros, 200 yuanes, 37 teléfonos celulares, 16 notebooks, 12 discos rígidos y otros dispositivos tecnológicos.

    El alcance regional del troyano

    La causa mostró una dimensión regional en dos planos: apuntó a desviar criptoactivos hacia Brasil, y análisis previos sobre Mekotio ya planteaban un posible origen brasileño de sus desarrolladores por la jerga del código fuente. Los troyanos bancarios siguen entre las amenazas más relevantes de la región: más del 75% de los países de un relevamiento con datos de Interpol los ubicó entre los cinco principales tipos de ciberdelito.

    Argentina ofrece condiciones propicias para este tipo de ataques: bancarización digital, pagos en línea y una administración cotidiana apoyada en archivos y enlaces. A esto se suman técnicas como el geofencing —que activa el malware solo si la IP corresponde a una ubicación determinada— y la segmentación por idioma.

    Prevención: un desafío que excede al antivirus

    Para las empresas, la lectura del caso excede el consejo de no abrir archivos sospechosos. Esa recomendación sigue siendo necesaria, pero no alcanza frente a una maniobra que combina ingeniería social, acceso remoto y logística financiera. La prevención también pasa por revisar qué herramientas de administración remota están permitidas, quién las instala y qué controles existen antes de aprobar transferencias.

    Esto obliga a cambiar el diálogo entre áreas: un ataque de este tipo involucra administración, finanzas, legales, cumplimiento, proveedores, bancos y dirección. La computadora vulnerada puede estar en un escritorio, pero el impacto llega a la caja, y la respuesta ya no depende solo del antivirus, sino de la capacidad de detectar operaciones anómalas, bloquear transferencias y seguir la ruta financiera.

    El mensaje falso que abre la puerta a la estafa no necesita parecer extraordinario para ser eficaz. Al contrario, su potencia depende de lo opuesto: debe parecer una comunicación reconocible, un trámite que no conviene demorar o un archivo que alguien debería revisar antes de que termine el día.

  • Revés judicial para «Chequeado»: presentó una vergonzosa acción judicial y se la rechazaron.

    Revés judicial para «Chequeado»: presentó una vergonzosa acción judicial y se la rechazaron.

    El autodenominado «verificador» de datos comete una torpeza jurídica mayúscula al pretender someter a YPF a una legislación que no le corresponde, para extraer información que no le compete solicitar. Mientras tanto, la credibilidad de esta organización payasesca sigue en caída libre.

    Chequeado: Un boomerang judicial que golpea a su propia incompetencia.

    Chequeado, la organización deplorable que pretende imponerse como árbitro de la verdad en el ecosistema mediático argentino, ha decidido llevar su cruzada contra YPF hasta la Corte Suprema. Pero el tiro le salió por la culata.

    Con el patrocinio de una Fundación Poder Ciudadano que ya no es lo que fue, el medio pretende que una empresa privada con participación estatal –pero sujeta a derecho privado– cumpla con una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública que fue diseñada para organismos del Estado.

    El error es tan evidente que sorprende que quienes se autoproclaman «verificadores» no hayan verificado, antes de lanzarse a esta aventura judicial, el más elemental principio jurídico: YPF es una sociedad anónima, no una repartición pública sujeta a la Ley de Acceso a la Información.

    El amparo presentado por Chequeado y Poder Ciudadano busca que la petrolera de mayoría estatal revele en qué medios, redes sociales y agencias distribuye su pauta publicitaria. Sin embargo, el reclamo choca con dos fallos judiciales adversos que ya dejaron en claro que YPF no está alcanzada por la ley 27.275. La Cámara Federal, con un criterio jurídico impecable, sostuvo que la empresa se rige por el régimen de oferta pública y que pretender equipararla a un organismo estatal es forzar una interpretación que la norma no contempla.

    Pero Chequeado no se rinde. En su desesperación por imponer su agenda, la organización recurre a la figura del «test de daño» como si se tratara de un comodín que puede jugarse en cualquier momento. ¿Qué daño concreto sufriría YPF por revelar sus gastos publicitarios? La pregunta es irrelevante porque el derecho a la información que invoca Chequeado no tiene asidero legal. No existe afectación de derechos constitucionales, y esa es la primera condición para que un amparo prospere. Lo que hay es un capricho ideológico disfrazado de defensa de la transparencia.

    La hipocresía de Chequeado alcanza niveles superlativos cuando se recuerda su papel durante la pandemia. Esta misma organización que hoy exige transparencia y certezas fue la misma que, con una soberbia digna de mejor causa, aseguró a la población que las vacunas eran seguras sin advertir los riesgos y afectaciones que después la justicia y la ciencia demostraron. Chequeado se convirtió en un megáfono de certezas que no eran tales, y la población pagó las consecuencias. ¿Dónde quedó su compromiso con la verdad cuando difundía información incompleta y direccionada sobre los tratamientos experimentales?

    La credibilidad de Chequeado se desmorona cuando se analiza su propio accionar. No tienen ningún aval que acredite su profesionalismo, su seriedad o su imparcialidad. Son un medio más, con una línea editorial clara, que se vende como juez de la verdad pero que actúa como parte interesada. Su alianza con Poder Ciudadano parece más un intento de revivir glorias pasadas que un verdadero ejercicio de control ciudadano. Poder Ciudadano brilló en otros tiempos, pero aquel esplendor quedó sepultado bajo el peso de la irrelevancia.

    El amparo es una vía de excepción, reservada para casos de afectación grave de derechos constitucionales. No existe tal afectación en este caso. Chequeado quiere convertir un capricho en una causa judicial, y para ello no duda en forzar interpretaciones legales, citar precedentes que no le asisten y descalificar a jueces que simplemente aplican la ley. La presentación incluso cuestiona el «Caso Zenarruza» porque, según ellos, no es aplicable. Pero la realidad es que los tribunales ya se pronunciaron en dos ocasiones: YPF no está obligada a entregarle esa información.

    La paradoja final es irresistible: Chequeado, que se autoproclama verificador de datos y defensor de la transparencia, no pudo chequearse a sí mismo. No chequeó la legislación antes de presentar un amparo sin fundamento. No chequeó su propia estrategia judicial antes de sufrir dos derrotas consecutivas en los tribunales. Y, sobre todo, no chequeó su credibilidad antes de exponerse a esta ridícula situación donde el único perjuicio concreto es el que se están infligiendo a sí mismos.

    Chequeado se aferra a una interpretación caprichosa que ni siquiera la Justicia avala. La Corte Suprema seguramente pondrá las cosas en su lugar, y entonces la organización deberá explicar por qué malgasta recursos judiciales en causas perdidas.

    Quizás Chequeado debería dedicarse a lo que dice hacer: verificar. Pero para eso, primero tendría que verificar su propia brújula, que parece haberse descalibrado en el camino de la soberbia y la falta de autocrítica.

  • Grabois procesado y embargado por la justicia. Otro k que se suma a la larga lista…

    Grabois procesado y embargado por la justicia. Otro k que se suma a la larga lista…

    El juez federal Sebastián Ramos dictó el procesamiento de Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de cinco millones de pesos, por su participación activa en la toma violenta del Instituto Perón. Pero más allá de la imputación penal, lo que realmente indigna es el cinismo de un dirigente que se viste de pobre para predicar contra los ricos mientras él y su familia nadan en la abundancia. La Justicia acaba de poner un freno a este farsante que utiliza la protesta como herramienta de ascenso personal y político, ocultando su verdadera naturaleza: la de un privilegiado de cuna que se disfraza de defensor de los excluidos.

    Grabois es el perfecto ejemplo del dirigente social de cartón: predica contra el capitalismo pero vive como un burgués. Mientras arenga a sus seguidores a ocupar propiedades ajenas, él disfruta de una vida que poco tiene que ver con la pobreza que dice combatir. Su padre, Roberto Arnoldo «Pajarito» Grabois, un histórico dirigente peronista, poseía nada menos que seis propiedades, algunas de dimensiones imponentes —de 700, 800 y hasta 1.508 metros cuadrados—, ubicadas en las zonas más exclusivas de Palermo. El propio Juan Grabois vive sobre la calle Malabia, en el corazón del coqueto barrio de Palermo, rodeado de lujo y comodidades.

    El procesamiento judicial por la toma del Instituto Perón no es un hecho aislado. Grabois tiene antecedentes en este tipo de prácticas violentas. Ya en 2020, cuando el conflicto con los hermanos Etchevehere por la estancia Casa Nueva en Entre Ríos, Grabois encabezó una caravana de militantes con palos y pancartas para ocupar el predio, mientras se presentaba como el defensor de los humildes. En esa ocasión, supo decir que «los Etchevehere son la expresión más clara de las minorías que manejan la Argentina como si fuera su estancia». Las mismas palabras que hoy usa para justificar sus acciones delictivas.

    Porque no nos engañemos: lo que hizo Grabois el 7 de junio de 2025 es un delito. Ingresó sin autorización a un edificio del Estado nacional que se encontraba cerrado, permaneció allí durante aproximadamente dos horas y alentó a los manifestantes a resistir la intervención policial. La Justicia federal, con todas las pruebas —testimonios, material audiovisual y documentación—, determinó que su conducta excedió el rol de mero observador o de abogado, como pretende hacer creer su defensa. El juez Ramos fue contundente: Grabois tuvo un rol activo en la ocupación y en la resistencia a la autoridad.

    Y no es solo Grabois. Su cómplice Valentín Peralta fue procesado por agredir físicamente a efectivos policiales durante el desalojo. Varios agentes sufrieron traumatismos craneales, contusiones múltiples y otras lesiones que fueron atendidas en el Hospital Churruca. Esta es la violencia que Grabois siembra y que después pretende justificar con su discurso de «lucha social». La misma violencia que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos, mientras él y los suyos viven como reyes.

    El embargo de cinco millones de pesos es apenas un anticipo de lo que se viene. Grabois deberá responder ante la Justicia por sus actos, y ojalá que esta vez no haya impunidad. No puede ser que un dirigente que vive de la pobreza ajena, que se llena la boca hablando de los «descartados» del sistema mientras él y su familia acumulan fortunas, siga burlándose de los argentinos de bien.

    Es hora de que Juan Grabois deje de usar el disfraz de dirigente social y muestre su verdadera cara: la de un privilegiado que utiliza la protesta violenta como trampolín político. La Justicia ha dado un paso importante. Ahora falta que la sociedad entera vea a este farsante tal como es: un delincuente de cuello blanco que se hace pasar por defensor de los pobres.

Seguinos en Facebook y también en X (ex-Twitter)