Una denuncia ante la Oficina Anticorrupción de Chubut sacudiría al Frente Vecinal Esquel al cuestionar la adjudicación de una parcela fiscal a la concejal Evangelina Chamorro durante su mandato.
Una presentación anónima habría sido prersentada ante la Delegación Esquel de la Oficina Anticorrupción de la Provincia del Chubut podría convertirse en el golpe más fuerte que haya recibido el Frente Vecinal Esquel desde su llegada al Concejo Deliberante. La denuncia, que aún no tendría firmantes confirmados, apuntaría a una supuesta incompatibilidad legal en la adjudicación de una parcela de tierra fiscal municipal a favor de la concejal Evangelina Flavia Chamorro, integrante de ese mismo espacio político.
La información que llegó a Chubut Online reproduciría el texto completo de la denuncia. La fuente de información es muy relevante y la consideramos confiable. Oportunamente chequearemos la efectivización de la denuncia y los términos de ésta.
De acuerdo con el documento que tomaría estado público en las próximas horas, la operatoria se habría gestado en dos etapas claramente diferenciadas: una asignación individual de la parcela identificada catastralmente como Circunscripción 3, Sector 5, Manzana 84, Parcela 9, del barrio Ambrosio Ainqueo, que se habría concretado mediante el Acta Nº 01/2024, del 4 de enero de 2024; y una posterior adjudicación en venta a valor de fomento, dispuesta a través de la Resolución Municipal Nº 1857/2026, del 8 de octubre de 2026.
El punto central de la denuncia sería el momento en que se habrían producido ambos actos. Chamorro habría asumido su banca como concejal el 10 de diciembre de 2023, es decir, menos de un mes antes de la asignación individual de la parcela y casi tres años antes de la adjudicación formal. Para los denunciantes, esa circunstancia configuraría una posible transgresión al artículo 109 de la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, que prohíbe expresamente que los integrantes del Poder Legislativo municipal sean adjudicatarios, concesionarios o reciban permisos de ocupación sobre tierras fiscales, salvo las excepciones taxativas de adquisiciones por causa de muerte o a título oneroso mediante oferta pública a precio real.
La denuncia también pondría la lupa sobre el artículo 17 de la Ley I Nº 231 de Ética y Transparencia en la Función Pública, a la que la Municipalidad de Esquel adhirió mediante la Ordenanza Nº 49/04. En su inciso 4, esa norma establece la incompatibilidad de recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos o concesiones otorgados por la administración pública durante la gestión del funcionario. El texto que se radicaría sostendría que la adjudicación en venta a valor de fomento de un inmueble municipal, formalizada durante el mandato de la beneficiaria, encuadraría en esa prohibición.
Un elemento que los denunciantes considerarían clave es el antecedente económico. La resolución cuestionada mencionaría un convenio de pago Nº 15439, suscripto por Chamorro por la suma de 210.000 pesos, que habría sido cancelado el 29 de agosto de 2023, antes de su asunción como concejal. Sin embargo, la denuncia argumentaría que ese pago previo no implicaría la existencia de un derecho individual, definitivo y jurídicamente perfeccionado sobre la parcela. Por el contrario, sería el Acta Nº 01/2024 la que habría individualizado por primera vez el inmueble a nombre de la funcionaria, ya en ejercicio del cargo.
El texto también haría hincapié en la intervención de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que habría suscripto un convenio con la Municipalidad el 19 de diciembre de 2022 para la asignación de quince parcelas provenientes de un loteo. La denuncia solicitaría a la Oficina Anticorrupción que requiera a ATE la nómina original de beneficiarios, los requisitos de inscripción, los antecedentes de la selección de afiliados y la documentación relativa al sorteo que culminó con el Acta Nº 01/2024, a fin de determinar en qué momento exacto Chamorro habría sido incorporada como beneficiaria del programa.
El pedido de investigación también alcanzaría al Expediente Administrativo Nº 107/24, mencionado en la propia Resolución Nº 1857/2026. Se solicitaría la remisión íntegra, certificada y foliada de todas sus actuaciones, incluidos dictámenes jurídicos, informes técnicos y resoluciones, para establecer si los funcionarios intervinientes analizaron expresamente la condición de concejal de la beneficiaria y las incompatibilidades legales que de ella se derivarían. Asimismo, se requeriría un informe a la Dirección Municipal de Tierras Fiscales sobre la situación jurídica del inmueble antes del 10 de diciembre de 2023, al 4 de enero de 2024 y al 8 de octubre de 2026.
Para el Frente Vecinal Esquel, el impacto político podría ser mayúsculo. El espacio que supo construir un discurso crítico hacia los demás partidos, con reiterados cuestionamientos a la administración de tierras fiscales y a la falta de transparencia en la gestión municipal, quedaría ahora en una posición incómoda. La denuncia no solo apuntaría a una de sus referentes, sino que pondría en tensión la coherencia de un discurso que hizo de la defensa del patrimonio público y de la tierra fiscal una de sus banderas. En ese sentido, la presentación señalaría que la adjudicación individual a una concejal en ejercicio, lejos de ser un trámite administrativo más, habría colocado al bloque vecinalista al borde de un escándalo de proporciones.
La Oficina Anticorrupción de Chubut, que cuenta con una delegación en Esquel, tendría la facultad de recibir la denuncia, iniciar las investigaciones y, de advertirse elementos suficientes, remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal. El texto que se radicaría solicitaría expresamente que se determine la eventual responsabilidad de Chamorro y de los demás funcionarios que hubieran intervenido en el procedimiento. Hasta el momento, no se habría conocido una versión de la concejal ni del Frente Vecinal Esquel sobre los hechos que se le atribuirían.



































