Mientras CTERA convoca a un nuevo paro, provincias como Chubut, Mendoza y San Luis dictan clases con normalidad en la mayoría de las escuelas, según lo revelado hasta el momento. El Gobierno Nacional aplica la Ley de Modernización para garantizar la educación como servicio esencial, priorizando el derecho de los estudiantes por sobre las medidas de fuerza que, históricamente, solo han hundido a la educación pública.
El escenario educativo en Argentina vuelve a estar en el centro del debate público. Mientras la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) impulsa una nueva medida de fuerza con el argumento de reclamar mejoras salariales y la restitución del FONID, la realidad en las provincias patagónicas y del centro del país pinta un cuadro muy diferente. Gobiernos provinciales y el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, han decidido poner un límite claro a una práctica que, durante décadas, ha demostrado ser ineficaz y profundamente dañina para el sistema educativo: los paros docentes.
La Secretaría de Trabajo, en un operativo sin precedentes, ha desplegado agencias territoriales para relevar el acatamiento a la huelga. Los primeros informes, lejos de mostrar un apoyo masivo, revelan que en provincias como San Luis, Mendoza y, fundamentalmente, en la provincia de Chubut, las aulas permanecieron abiertas y las clases se dictaron con total normalidad, salvo raras excepciones. Este es un golpe contundente a la narrativa sindical que pretende instalar la idea de un «paro general docente».
La baja adhesión demuestra que una parte importante de la sociedad y de los propios trabajadores de la educación están comenzando a comprender que el camino de los conflictos gremiales eternos no conduce a ninguna parte.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue contundente al explicar el marco legal que hoy rige la actividad: «La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos». Esta declaración sintetiza el cambio de paradigma que impulsa el Gobierno Nacional.
La educación, declarada como servicio esencial, no puede quedar a merced de los intereses sectoriales de un puñado de dirigentes gremiales.
El derecho a la protesta es constitucional, pero no es absoluto. Colisiona directamente con otro derecho, quizás más fundamental en una sociedad que busca desarrollarse: el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad y en tiempo y forma.
El Fracaso Histórico de los Paros
Es imperativo realizar un análisis honesto sobre el impacto real de las huelgas docentes en la Argentina de las últimas tres décadas. Lejos de conquistar mejoras sustanciales en las condiciones laborales o en los salarios, los paros recurrentes han contribuido a desprestigiar la profesión y, lo que es peor, a deteriorar la calidad educativa. Argentina arrastra un déficit de aprendizaje alarmante. Las pruebas internacionales como PISA ubican al país en los últimos puestos de América Latina. Esta crisis educativa no es producto de la falta de recursos exclusivamente, sino de la inestabilidad y la pérdida de días de clase año tras año.
¿De qué sirvió entonces la «cultura del paro»? Solo sirvió para hundir a la educación pública en un pozo del que parece difícil salir. Cada día sin clases es una puerta que se cierra para un estudiante, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad que encuentran en la escuela no solo conocimiento, sino también contención social y alimentación. Decir que los paros «no sirvieron para nada» es un diagnóstico duro, pero real. Sirvieron para mantener a los líderes sindicales en un ring mediático, pero no para solucionar los problemas estructurales de la docencia, que requieren diálogo, planificación y una visión de país a largo plazo, no la lógica del enfrentamiento constante.
El argumento del gobierno nacional, es que un país no sale adelante con huelgas. El progreso económico y social de la provincia de Chubut, y de toda la Argentina, está intrínsecamente ligado a la formación de sus ciudadanos. No podemos permitir que el futuro de nuestros hijos sea rehén de un conflicto que, por su naturaleza, solo genera retraso y atraso. La postura de la ministra Sandra Pettovello, al resguardar «el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas», es la única que pone en el centro de la escena al verdadero protagonista del sistema educativo: el alumno.
La Ley y el Futuro
La aplicación del artículo 24 de la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) es una herramienta legal que llegó para quedarse. A pesar de las presentaciones judiciales de algunos sectores gremiales como la UDA, la administración libertaria ha logrado mantener vigente la reforma, que exige garantizar un mínimo del 75% de la actividad durante cualquier medida de fuerza. Esto no es una persecución a los trabajadores, es una garantía para las familias que necesitan saber que sus hijos tendrán clases.
El procedimiento es claro: la Secretaría de Trabajo realiza el muestreo, y la Secretaría de Educación analiza la información. Si se detectan incumplimientos, las sanciones se aplicarán a los gremios, no a los docentes de a pie, quienes en su gran mayoría son los primeros perjudicados por estas medidas. Al mismo tiempo, el Gobierno ha sido claro al recordar que el Estado Nacional no tiene competencia directa para fijar los salarios docentes, una responsabilidad que recae en las provincias, y ha instado a que las partes se sienten a «dialogar» en el ámbito que corresponde.
Chubut, con su rica historia y su potencial productivo, no puede darse el lujo de quedarse atrás. Mientras el mundo avanza hacia la economía del conocimiento, nosotros seguimos discutiendo si abrimos o cerramos las escuelas. La medida de fuerza convocada por CTERA y la concentración frente al Ministerio de Economía son imágenes del pasado. El futuro se construye con diálogo, pero también con firmeza para garantizar que el derecho a aprender no sea vulnerado. La educación es el cimiento de una sociedad libre y próspera, y debemos protegerla de quienes, aun creyendo luchar por la causa justa, terminan siendo cómplices del atraso.
